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REPORTAJES

Opera alianza Leones Negros-Alfarismo: Renovación del TAE sentencia la caída de Juan Pelayo

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Por Mario Ávila //

Tras 19 años al frente de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios (FESESEJ) como la organización mayoritaria de los trabajadores al servicio del Estado, ha llegado a su fin, una vez que mediante un recuento de las agrupaciones agremiadas y el número de trabajadores adheridos, el pleno del TAE determinó que la nueva federación mayoritaria es la que hoy encabeza Juan José Hernández Rodríguez, líder de la naciente Federación de Sindicatos Independientes de Jalisco (FESIJAL), organización que apenas obtuvo su registro oficial el pasado 30 de abril del 2019.

El nacimiento de esta nueva federación mayoritaria, se gesta bajo el cobijo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), con el Sindicato del Hospital Civil como punta de lanza y bajo la tutela de César Antonio Barba Delgadillo “El Chicho”, director general del Sistema de Educación Media Superior de la UdeG y ex presidente de la FEU, quien operó políticamente la presión para que algunos sindicatos de las otras cuatro federaciones de servidores públicos, traicionaran a las filas a las que pertenecían, para sumarse a la naciente FESIJAL.

De ahí que la Federación que más perdió sindicatos fue la que encabeza Juan Pelayo Ruelas, también perdió a un par de sindicatos la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (FEDETJAL) que encabeza Martha Elia Naranjo Sánchez y prácticamente pulverizó a las federaciones que operan bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Peña Cortés y la de Sergio Alberto Padilla Pérez, etiquetado con el mote del “Multichambas” luego de que se le detectó que cobraba en cuatro lugares al mismo tiempo, ya que estaba en la nómina del ayuntamiento de Zapopan, en los Servicios Médicos de Zapopan, en el Congreso del Estado y en la Universidad de Guadalajara.

Vale la pena mencionar que en la recta final del recuento que hizo el TAE, prácticamente estaban empatadas las federaciones de Juan Pelayo, la de Martha Elia Naranjo y la de Juan José Hernández, sin embargo la gran diferencia fue cuando de último momento el sindicato del Ayuntamiento de Guadalajara, que lidera José Miguel Leonardo Cisneros, el pasado 23 de junio del 2019 determina salirse de la federación de Juan Pelayo y enrolarse en la de Juan José Hernández.

Con ello los 4 mil 300 trabajadores hicieron la diferencia en favor de esta sorpresiva federación, que parece haber sido creada justamente para abrir nuevos espacios de gobierno, de manejo presupuestal y de toma de decisiones, al grupo de la Universidad de Guadalajara, toda vez que la federación mayoritaria tiene entre otros derechos designar a uno de los tres magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 

EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA ERA DE JUAN PELAYO

Juan Pelayo Ruelas, líder del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara asumió el cargo en una elección efectuada en el año 2000 en donde se sustituiría a Maximino Acosta Estrada y venciendo por una frágil diferencia de 5 votos, en un universo de poco más de 100 votantes, al candidato Jesús Casillas Romero, sindicalista de Zapopan y quien encabezaba a un grupo de jóvenes dirigentes sindicalistas que resultaban incómodos por su estilo muy alejado de la sumisión al patrón, entre ellos Cuauhtémoc Peña Cortés, Martha Elia Naranjo Sánchez, Sergio Alberto Padilla, Julián Sánchez y el hoy secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Manuel Sánchez Orozco.

Así fue como Pelayo Ruelas llegó y se convirtió en líder de la burocracia de Jalisco durante los gobiernos de Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, pero además podrá mantenerse al frente de la FESESEM, toda vez que en el año 2016 fue reelecto por un sexenio más, lo que quiere decir que su cargo vence hasta el 2022.

Sin embargo será muy difícil mantenerse toda vez que ha perdido el apoyo institucional que sostenía a esta federación desde hace más de medio siglo, lapso en el que solo ha tenido tres líderes como la federación mayoritaria, situación que perdió en el mes de junio del 2019 en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, en el que vale la pena mencionar que comparte el poder con su aliado político Raúl Padilla López. 

DESARTICULAN “EQUIPO” DE JUAN PELAYO EN EL TAE

La primera determinación que se toma en detrimento del liderazgo de Juan Pelayo Ruelas, consistió en la designación de uno de los tres magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE), ya que la federación mayoritaria tiene ese privilegio, uno más lo designa el gobernador del Estado y el tercer magistrado lo nombran entre los dos primeros, de una lista de aspirantes que presentan los colegios y barras de abogados, así como las universidades y entes de la sociedad civil organizada.

Fue así como a partir de este lunes 1 de julio toman posesión como nuevos magistrados del TAE, Víctor Salazar Rivas, Felipe Gabino Alvarado Fajardo y Rubén Darío Larios García, quienes sustituyen a José de Jesús Cruz Fonseca, Jaime Ernesto de Jesús Acosta Espinoza y la que fuera presidenta del tribunal, Verónica Elizabeth Cuevas García.

Vale la pena mencionar que justamente Verónica Cuevas se desempeñaba el cargo desde el año 2007 impulsada por la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de Estado de Jalisco y sus Municipios que lidera Juan Pelayo Ruelas.

Y es precisamente García Cuevas, la magistrada que ha sido denunciada ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por la presunta actuación irregular en la manipulación de laudos, ha sido señalada por bloquear la toma de nota de sindicatos que pretendían independizarse y por “inflar” resoluciones a favor de trabajadores despedidos, a costa del recurso de los gobiernos municipales, el Congreso y las dependencias del Poder Ejecutivo.

Pero la principal acusación que pesa sobre Verónica Elizabeth Cuevas García, es en el sentido de encabezar una red de corrupción, en contubernio con ex magistrados del mismo Tribunal (Adán Valdivia Sotelo y Salvador Pérez Gómez), con un despacho de abogados en donde destacan según la denuncia de la que Conciencia Pública tiene copia, los nombres de Raúl Arellano Guzmán y José Flores Martínez y la Federación de Juan Pelayo, para impartir tendenciosamente la justicia laboral en el estado, causando pérdidas millonarias para el erario público.

Una bisagra importante en el grupo y a interior del TAE -según dice la denuncia-, es Silvia López Godínez, administradora y jefa de Recursos Humanos, nombrada por el entonces magistrado Salvador Pérez Gómez y ratificada por la magistrada Verónica Elizabeth Cuevas García.

Un caso que pone en evidencia la corrupción que existía al interior del TAE y que se encuentra dentro del expediente, tiene que ver con el daño que se le causó al municipio de Jilotlán de los Dolores, uno de los más pobres de Jalisco, en donde el 4 de agosto del 2006 el TAE lo obligó a pagar una indemnización de 1 millón 200 mil pesos y la reinstalación inmediata del trabajador Lorenzo Mendoza Licea, que había sido despedido el 9 de febrero del 2004.

Al margen de las cifras que se alcanzaron en un juicio que solo duró poco más de 2 años, lo novedoso es que este juicio lo inició Verónica Elizabeth Cuevas Corona, en su calidad de abogada defensora y lo concluyó ella misma en su calidad de magistrada del TAE, cuando había sustituido ya al magistrado Salvador Pérez Gómez que era antes de ella, el representante de la Federación de Juan Pelayo Ruelas.

LOS MAGISTRADOS QUE LLEGAN AL CARGO

La primera designación corrió por cuenta del Gobierno del Estado, desde donde se designó como titular a Víctor Salazar Rivas, quien fue director del área jurídica-laboral del Ayuntamiento de Guadalajara en el 2015.

Tocó el turno a la representación mayoritaria de los trabajadores y fue así como Felipe Gabino Alvarado Fajardo, fue electo como representante de la Federación de Sindicatos Independientes de Jalisco (FESIJAL), que se acreditó como el colectivo mayoritario de servidores públicos.

Anteriormente Gabino era el comisionado obrero de los organismos públicos descentralizados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y fue además secretario del Sindicato Único de los Hospitales Civiles.

El tercer asiento fue para el ahora magistrado, Rubén Darío Larios García, nombrado de común acuerdo entre los dos primeros y seleccionado de un listado de candidatos que proporcionan los colegios, barras y universidades. Desde el 2013, Larios García era el secretario general del TAE además de magistrado suplente honorífico (sin derecho a sueldo) y previamente se había desempeñado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco desde el 2009.

ENTREVISTA AL MAGISTRADO RUBÉN DARÍO LARIOS: OPERA EL TAE CON 35 MDP ANUALES Y PIDEN 50% MÁS

Conciencia Pública.- ¿Será usted el magistrado imparcial, el fiel de la balanza, el más experto y por ello el más comprometido?

Rubén Larios. Ahora a demostrar como parte del Pleno del TAE, de que habrá garantías, de que se actuará en pleno apego a derecho y conforme a las normatividades que la ley establece en cada uno de los asuntos que ahí se tramitan. Ahí donde se conoce de los asuntos individuales y colectivos de los servidores públicos, todo aquel trabajador de una dependencia municipal o estatal. Y sobre tu pregunta en concreto, somos el punto de equilibrio, porque efectivamente hay una representación de los trabajadores y una representación del Gobierno del Estado y un servidor que representa las propuestas de universidades, colegios y barras de abogados.

Conciencia Pública.- ¿Ya tienen una radiografía de lo que están recibiendo?

Rubén Larios. Sí, evidentemente hay mucho trabajo por hacer, trabajadores e instituciones piden todos los días que acuden en busca de un servicio, que los juicios que ahí se tramitan, sean más fluidos. El TAE como muchos otros tribunales, a veces nos vemos rebasados con el cúmulo de asuntos que hay, pero este no será el pretexto para no tomar medidas y dar un mejor servicio a los servidores públicos del Estado y municipio.

Conciencia Pública.- ¿Hay denuncias en contra de magistrados, estos vicios que se han denunciado son ya historia con el nombramiento de este nuevo tribunal?

Rubén Larios. Algo se ha hablado de eso y definitivamente está en manos de las autoridades penales que llevan esa investigación y bueno, independientemente de que termina esta gestión el último día de junio no es motivo de que no se siga haciendo una investigación a fondo y si hay alguien que haya cometido errores, cada quien tendremos que asumir las consecuencias.

Conciencia Pública.- ¿Es tiempo de mostrar un nuevo estilo para impartir la justicia laboral?

Rubén Larios. Los dos compañeros magistrados y tu servidor hemos tenido algunas reuniones, el pacto de tener total comunicación, de tratar de ser lo más transparentes y objetivos posibles en la impartición de justicia y de alguna manera reconstruir el buen ambiente entre los compañeros del Tribunal para involucrarlos a trabajar mejor, no obstante algunas carencias, pero a generar mejores condiciones para que esto se vea reflejado en un mejor servicio.

Conciencia Pública.- ¿Cuánto tiempo dura un juicio en promedio?

Rubén Larios. Híjole es muy efímero, porque cada juicio es muy diferente, hay asuntos en donde las partes llegan y en la primera audiencia llegan a un acuerdo conciliatorio y se termina el juicio en cuestión de uno o dos meses, pero hay asuntos que tienen hasta 10 años peleándose. Pero algo muy importante que me gustaría apuntar, es que no todo ese tiempo es atribuible a la autoridad, muchas veces las partes promueven incidentes, presentan amparos, hay un sinfín de circunstancias que se pueden dar, a veces el domicilio de un testigo es erróneo, a veces uno de los absolventes está enfermo y se presenta un justificante médico.

Conciencia Pública.- ¿Y si no es el tiempo que duran los juicios, cuál podría ser el parámetro para medir la eficiencia del Tribunal?

Rubén Larios. En la medida de audiencias señaladas, pero no por la cantidad de las audiencias iniciales, en la medida de pruebas desahogadas, en la medida de resoluciones dictadas por el Tribunal, pero además no solamente tenemos el compromiso de tener más resoluciones, sino de hacerlo con mayor calidad, mejor fundadas y razonadas. Vamos a apostar mucho por la capacitación del personal del Tribunal y en las reuniones constantes para la unificación de criterios.

Conciencia Pública.- ¿El personal y el presupuesto es suficiente?

Rubén Larios. Nunca es suficiente, pero estamos trabajando en un proyecto para presentarle a las autoridades el justificar la necesidad de más recursos, pero en base a un proyecto bien establecido donde se especifique en qué se va a utilizar ese personal y ese recurso, en caso de que nos lo concedan.

Conciencia Pública.- ¿Cuánto pedirán como incremento?

Rubén Larios. Actualmente el TAE tiene alrededor de 160 trabajadores y un presupuesto de 35 millones de pesos al año y la propuesta es apostar a una cantidad de 50% mayor.

JALISCO

Prevén bloque Futuro, Hagamos, Morena y MC, para legalizar el aborto en Jalisco

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Por Mario Ávila //

Si bien en los 45 días que le quedan de vida a la presente legislatura, ya se advirtió que no se atenderá la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para adecuar las leyes estatales y despenalizar el aborto, la presidenta del partido político estatal, Futuro, Susana de la Rosa, prevé que en la LXIII Legislatura local que inicia el primero de noviembre, se podría confirmar un bloque entre Futuro, Morena y MC, y no solo para dejar de criminalizar a las mujeres por esa acción, sino para legalizar el aborto en Jalisco.

Después de escuchar la declaración del presidente en turno del Congreso del Estado, el diputado Eduardo Sánchez Carrillo (PAN), que en la semana declaró que ellos no van a armonizar las leyes con la resolución que la tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no al menos mientras él sea el presidente, De la Rosa Hernández, dijo que era de esperarse.

La verdad de la legislatura actual -dijo-, no sorprende, porque no han querido avanzar en ninguna de las agendas relevantes para el Estado, lamentablemente; al contrario, han sacado sorpresas como esta última del Comité de Participación Social en la que les eliminan el ingreso dejando a la gente desprotegida, de hecho, fue una iniciativa inconstitucional y ahora la veta el gobernador. La verdad no sorprende lamentablemente el desempeño que ha habido en este Congreso actual.

Y sí -abundó-, esperemos que en la siguiente legislatura que arranca el 1 de noviembre salga adelante, especialmente por una mayoría notable de mujeres que ahí vamos a estar, aunque también hay hombres diputados que están a favor de esta agenda y que seguramente serán aliados para sacarla adelante.

Incluso desde ahorita ya estamos en conversaciones con diferentes colectivos, con expertos, con diputados y diputadas electas de las distintas fuerzas política, para ir viendo como en qué momento se habrá de presentar esta iniciativa, que tiene como objetivo principal promover una política pública integral, partiendo de un diagnóstico.

Habría que ver -expuso-, qué hacer para que realmente en Jalisco pueda ser una política pública de vanguardia y entregar una iniciativa completa, bien integrada y para ello estaré la siguiente semana en la Ciudad de México.

Anticipó que sí se podría convencer a algunos personajes del PRI “y entiendo que en el PAN hay principios y programas que desde ahí no están de acuerdo con esa postura, pero habrá que ver que opinan ya en el sentido desde un estado laico, democrático y plural”.

Y en el caso de los diputados de Movimiento Ciudadano, entre quienes se encuentran muchos con un origen panista, Susana de la Rosa se limitó a puntualizar: “Yo la verdad creo que debe haber una congruencia de lo que este partido dice a nivel nacional, ya que celebraron a nivel nacional lo que hizo la SCJN, entonces ojalá y esa congruencia se vea aquí, aunque sinceramente yo esperaría algunas diferencias, tal vez algunas personas de la fracción de MC no la apoyarían, pero yo creo que sí hay otras diputadas electas que sí. Ojalá y se permita esa diversidad que dice que hay al interior de ese partido para realmente poder estar a favor de esta agenda”.

Pero sobre quienes no dudó, en que apoyarán su propuesta, se expresó de la siguiente manera: “Hoy con su determinación, la SCJN ayuda a empujar todo, desde la modificación a la Constitución, la modificación a los Códigos Penales y eso viene muy bien y ojalá y Jalisco sea vanguardia en ese sentido, porque hay tres fuerzas políticas, tanto Hagamos, como Movimiento Ciudadano y Morena, en sus programas y en personajes que tienen a nivel nacional, están a favor de la garantía de los derechos de las personas y de ampliarlos. Entonces ojalá y haya esa congruencia para que en Jalisco también avancemos con esa agenda”.

VAN POR REFORMAS A DIVERSAS

Lo ambicioso de la propuesta de la futura diputada, Susana de la Rosa, presentada públicamente hace un par de semanas, se fortaleció con la participación histórica que tuvo en el tema la SCJN, por lo que la iniciativa en Jalisco, habla de la integralidad. “Estamos tomando en cuenta reformas a la Ley Estatal de Salud, en la Ley de Educación, en el Código Civil, en el Código Penal e incluso en la propia Constitución, esperando a ver qué otra cosa nos dicen los expertos y expertas, con los que vamos a estar platicando para ver qué más haría falta integrar a nuestra propuesta”.

Es decir, irían por una votación de mayoría calificada en la siguiente legislatura, lo que significa que contemplan la posibilidad de obtener al menos el voto a favor de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados.

Para fundamentar cada una de las propuestas, anticipó que ya envió oficios a diferentes secretarías del gobierno estatal, para tener la información suficiente y hacer este diagnóstico de las mujeres jaliscienses, esperado que haya colaboración en las secretarías de Salud, Igualdad Sustantiva, Planeación, entre otras.

Pretenden de una vez integrar despenalización, armonizando las leyes con la determinación de la SNJN, “pero esto no queda ahí, vamos también por la legalización del aborto, especialmente desde el enfoque de salud pública”.

Susana de la Rosa tiene dentro de su trayectoria, el ser psicóloga y pedagoga, con maestría en Ciencias Sociomédicas por la UdeG “y desde hace algunos 19 o 20 años cuando yo estaba en la universidad me tocó estar atendiendo casos que pasaban por estas dificultades, se les asesoraba, se les acompañaba para que tomaran una decisión, se les presentaban tres escenarios, su situación económica, su situación familiar y su red de apoyo y sobre ellos, ellas mismas decidían si podían continuar con el embarazo una vez que hablaban con su familia y encontraban apoyo para salir adelante; pero también había quienes tomaban la decisión de mejor sí intervenir el embarazo y a ellas se les daba el apoyo de ir hasta la Ciudad de México, porque lamentablemente en Jalisco no es legal la interrupción a partir de la toma de decisión.

Y aunque se ha avanzado en el caso del delito de violación, no se ha ejecutado como se debería desde la NOM 046, que se impulsó con nuestra fuerza política cuando Pedro Kumamoto estaba en la diputación, fue él junto con otro diputado, quienes propusieron que ya no fuera necesario que la infante o la adolescente tuviera que depender de una firma de su tutor para poderla intervenir a partir de este delito de violación”.

JALISCO, 4° ESTADO EN NÚMERO DE ABORTOS

Algunos de los datos en los que Susana de la Rosa ha basado su iniciativa, son los siguientes: “De acuerdo al INEGI, en 2019, Jalisco fue la cuarta entidad en abortos. En ese año hubo 509. Y ese dato desde información pública del sistema de salud del estado”.

El enorme problema es la cifra negra y la cantidad de mujeres que se ven solas y abandonadas por el Estado en esta situación. En una investigación de Frida Juárez en la revista Int Perspect Sex Reprod Health de 2019, se aplicó el método de estimación de aborto por complicaciones basado en el año 2009 y lo que se detectó y calculó es que en ese año hubo alrededor de 1 millón 25 mil abortos en todo el país, de los cuales alrededor de 70 mil sucedieron en Jalisco (de cada mil mujeres jaliscienses hubo 40 que abortaron) y de ese millón 25 mil abortos, solo fueron legales y bien atendidos 16 mil. Por eso es fundamental analizar este problema desde la perspectiva de la salud pública principalmente”, finalizó.

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JALISCO

Legalización del aborto: Postura ideológica vs un derecho humano; defensa legal y lucha social anticipan organismos provida 

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Por Mario Ávila //

A sabiendas de que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el caso de Coahuila, abre la puerta no solo para descriminalizar, sino para una eventual legalización de la práctica del aborto en México, las organizaciones sociales en favor de la vida, se alistan para lo que ellos saben, será la batalla más complicada de los tiempos modernos. 

Jaime Cedillo Bolívar, ex presidente y coordinador del Comité de Bioética del Frente Nacional por la Familia, analizó las consecuencias legales y sociales, de la resolución de la Corte y advierte que la defensa legal y la lucha social inicia ya, desde este lunes con una manifestación en el zócalo de la capital del país y por igual se replicarán movilizaciones en los próximos días, en diversas partes del país, especialmente en los 22 estados que tienen en sus leyes, asentado el concepto del respeto a la vida desde su concepción, entre ellos el estado de Jalisco. 

Sabemos -dijo-, que va a ser muy complicado, porque la postura ideológica de este gobierno es clara, van a favor del aborto, en contra de la vida, van por toda la carga ideológica en las leyes y entonces sí se nos viene un panorama difícil, yo creo que el más complicado de nuestra historia moderna aquí en el país, con respecto al respeto fundamental a la vida desde la fecundación; se nos viene el momento más complicado porque ciertamente han construido un andamiaje de interpretaciones que han subido a leyes a nivel internacional, porque debemos de considerar que este es un embate internacional y hay documentos que ponen en evidencia que Estados Unidos está presionando a México que le dé para adelante al supuesto derecho de la mujer para decidir, a través del aborto. Son temas internacionales que tienen agenda en México”. 

“Ante ello, vamos a hacer valer nuestra fuerza social, ya lo demostramos en varias ocasiones, simplemente en Jalisco el derecho a la vida existe en nuestra constitución por una iniciativa ciudadana que firmaron cerca de 60 mil personas, que se interpuso en el Congreso y fue votada por unanimidad. Es decir, la sociedad es la que llevó el derecho a la vida a la Constitución en Jalisco y varios de los estados, recientemente en Aguascalientes”, abundó.

“Aparte, nosotros hicimos marchas de protesta y de presión social e inclusive logramos frenar la iniciativa de Peña Nieto en el 2016 cuando salimos a la calle más de 1 millón de personas en todo el país, solamente aquí en Guadalajara fuimos 275 mil personas. Y con esa presión social logramos parar un paquete de reformas del mismísimo presidente”. 

Jaime Cedillo, quien fuera candidato a diputado federal por el PAN en el distrito 11 en la pasada elección, sabe que la sociedad va a jugar un papel fundamental en esta lucha. “Vamos a empezar con manifestaciones desde el próximo lunes 13 de septiembre frente a la SCJN, en el Zócalo y probablemente aquí en Jalisco también y vamos a preparar una serie de acciones sociales para hacerle sentir, tanto a la SCJN como a los legislativos de todo el país, que sepan que los mexicanos no queremos el aborto. La mayoría, es decir al menos 2 de cada 3 mexicanos estamos a favor de la vida y en contra del aborto. ¿Por qué nuestro presidente ahora no hace una consulta con este tema? Porque sabe que estaría perdido”, sentenció. 

Expuso Cedillo Bolívar, que el Frente Nacional por la Familia, ha diseñado la presentación de un proyecto en el que participan aquí en Jalisco alrededor de 150 organizaciones que habrán de salir a la calle en la defensa de la vida y a nivel nacional son más de mil agrupaciones y organismos de la sociedad civil que defienden la vida y la familia y que jugarán un papel fundamental haciendo valer esa fuerza.  

EN JALISCO, RECHAZAN ARMONIZAR LA LEY 

Con relación a la defensa legal, Jaime Cedillo adelantó que va a empezar un debate sobre la soberanía de los estados y la división de poderes, “porque el Poder Judicial no legisla, el Poder Judicial emite resoluciones… y pongo un ejemplo, cuando se llevó a cabo la resolución sobre el matrimonio igualitario, donde la SCJN declara inconstitucional la definición del matrimonio en el Código Civil de Jalisco, el Legislativo de Jalisco simplemente pone una nota al calce, pero no modifica el Código Civil. Aunque si bien es cierto que la SCJN como cabeza del Poder Judicial modifica el Código Penal al respecto, que fue el de Coahuila, lo que manda es una resolución, que es obligatoria para los jueces al momento de decidir la pena del aborto, pero en el caso de la Constitución, el Legislativo de cada estado tiene la facultad, por su soberanía, de legislar o no, una resolución de la SCJN. 

En el caso del Congreso del Estado de Jalisco, el presidente de la mesa directiva, diputado Eduardo Sánchez Carrillo (PAN), hace tres días declaró que ellos no van a armonizar las leyes con la resolución que la tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no al menos mientras él sea el presidente. Por ello, vamos a apelar a nivel nacional, a defender las constituciones de los 22 estados y la soberanía; basta de interferencia de imposición ideológica en la vida soberana de los estados, sentenció. 

CONFRONTACIÓN ENTRE UN DERECHO HUMANO, CONTRA UNA POSTURA IDEOLÓGICA 

Sobre lo ocurrido en la SCJN, Jaime Cedillo dijo: “Lo que ocurrió, es que en Coahuila se atentó contra el derecho a la vida, en donde la legislación la protege desde la concepción y se suma este nuevo acontecimiento con la resolución de la Corte el día de ayer (el jueves), donde a través de un debate sobre el momento en que comienza la vida del ser humano y si un Poder Legislativo como el de Sinaloa, tiene facultad o no, de proteger la vida desde la concepción. 

Estamos ente una confrontación de un derecho, que es constitucional y que es humano, que es el derecho a la vida y vamos a decirlo claro, es humano porque aparte está definido y establecido claramente en los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado, particularmente la Declaración Internacional de los Derechos Humanos en su artículo 3°, que dice que todas las personas tenemos derecho a la vida. Pero además en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 4° va más allá, dice incluso que tenemos derecho a la vida desde la concepción, entonces no hay duda de que es un derecho humano, como tampoco hay duda de que es un derecho constitucional, porque en 23 estados, salvo el jueves que atentaron contra Sinaloa, digamos que en la inmensa mayoría de los estados, en un proceso legislativo se ha definido la protección de la vida como un derecho humano desde el momento de la fecundación, en el caso de Jalisco el artículo 4° nos considera nacidos desde el momento de la fecundación con todos los derechos”. 

Y concluyó: “Es un derecho humano y es un derecho constitucional, que hoy lo están confrontando contra una simple interpretación ideológica de parte de algunos ministros, de algunos derechos de la mujer. Esto quiere decir que si ponemos a confronto un supuesto derecho de la mujer a decidir, contra el derecho a la vida del nasciturus, tendría que prevalecer el del nasciturus, sobre todo porque si le quitas ese derecho ya no puede gozar de ningún otro, porque se acabó; en tanto que si le quitas a la mujer el derecho a decidir sobre abortar o no, no le quitas ningún otro derecho”. 

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JALISCO

Se fortalece la Secretaría de Hacienda estatal: Reforma anticorrupción 2.0 crea unidad de inteligencia financiera

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Por Mario Ávila //

Autonomía técnica y de gestión para la Contraloría del Estado y sus entes municipales, la ampliación de las facultades de los órganos internos de control, la adición en el Código Penal de los delitos de defraudación fiscal, contra el ambiente y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como un sistema de profesionalización de los servidores públicos, son algunas de las modificaciones aprobadas por los diputados de la LXII Legislatura a 17 leyes y a la Constitución Política de la entidad para combatir la corrupción.

Punto destacado es la aprobación para que el Gobierno de Jalisco con los nuevos ordenamientos pueda crear la unidad de inteligencia financiera y se fortalecen las atribuciones de los órganos internos de control en donde se “genera la prevención tanto de malos procesos como de posibles actos de corrupción en tiempo presente, en todas las instancias, y de esta manera darle resultados a la sociedad civil.

Entre los cambios más sobresalientes a esta contrarreforma, destaca el hecho de que se permite la remoción de los integrantes del Comité de Participación Social por falta de probidad e indebido cumplimiento en el desempeño; se crea el Comité de Participación Ciudadana, con cargos que serán honoríficos y durarán dos años y se establece la obligación de los integrantes del Comité de Participación Social para informar al Poder Legislativo anualmente respecto a sus actividades.

Se establecen los principios de: rendición de cuentas, buenas prácticas, gobierno abierto y máxima exposición pública en la Ley de Compras; en casos de investigación para instaurar procedimientos de responsabilidad o auditoría, se permite a los órganos internos de control el acceso al Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales; se agrega el concepto de investigación de mercado para establecer precios máximos y mínimos de referencia de bienes, arrendamientos o servicios y deberá documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Aunado a ello, se evita la discrecionalidad y se impide que en la adquisición o arrendamiento de marcas determinadas; se faculta a la Secretaría de Hacienda Pública para que analice y genere reportes financieros de las entidades estatales para combatir recursos de procedencia ilícita; se modifican requisitos para ser titular de la procuraduría de Desarrollo Urbano; finalmente se actualizan las facultades a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

CONSEJEROS DEL CPS NO TENDRÁN SUELDO

Tres días antes, también el pleno de la LXI Legislatura local, con 25 votos a favor y 9 en contra, los diputados aprobaron reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, la cual especifica que los miembros del Comité de Participación Social no tendrán percepción alguna de ninguna naturaleza respecto a su nombramiento; la honorabilidad, trayectoria, independencia económica y capacidad probada, serán sus cartas acreditables; no gozarán de prestaciones garantizando así la independencia e imparcialidad a sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.

Lo anterior, con el fin de garantizar la veracidad e independencia del trabajo de los integrantes de dicho Comité, la reforma al artículo 16 de la Ley también contempla que los miembros no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité́ de Participación Social y a la Comisión Ejecutiva.

La iniciativa presentada por el diputado José de Jesús Hurtado Torres, en la sesión extraordinaria que encabezó el legislador Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, se dijo que de necesitar alguna modificación extra a lo aprobado, se realizará en lo subsecuente y en efecto, se formalizó en el segundo paquete de reformas aprobado el pasado viernes.

DOS AÑOS DE TRABAJO PREVIO

Para ejecutar esta trascendente reforma, se tuvo que realizar un importante trabajo dentro de las comisiones, particularmente en las de Puntos Constitucionales y Electorales, y de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, presididas por las diputadas Claudia Murguía Torres y Mirza Flores Gómez, en donde se acordaron previamente los dictámenes que reforman la Constitución y 17 leyes de Jalisco, a fin de establecer las nuevas normas de combate a la corrupción, que incluyen sanciones penales y multas, para lo que fue necesario un intenso trabajo legislativo durante casi dos años.

Resaltó particularidades en esta enmienda legal, como el hecho de que a quien adquiera o administre recursos de procedencia ilícita, se le impondrán de cinco a 15 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Insistió en la importancia que tendrán los órganos internos de control porque la reforma legislativa permite su habilitación en los municipios, a fin de que se incorporen a las acciones legales contra la corrupción, con las nuevas atribuciones que les permiten las reformas que dan origen al nuevo sistema y las facultades para que lo hagan.

Por su parte, Claudia Murguía Torres, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, así como los legisladores Mara Nadiezhda Robles Villaseñor y Manuel Alfaro Lozano, coincidieron en que las reformas también expresaron la importancia y utilidad que tendrán en la sociedad en general y particularmente en las instituciones públicas y privadas.

EL CPS DEBE TENER TOTAL INDEPENDENCIA

Particularmente el tema de quitar el sueldo a los 5 integrantes del Comité de Participación Social, fue una iniciativa impulsada por el diputado José de Jesús Hurtado Torres, quien refirió que “es importante que el comité tenga una total independencia de los otros órganos del poder y por ello sus integrantes no deberán tener ningún tipo de lazo, ni interés económico para ser vigilantes de los recursos públicos”.

De ahí que en sesión de trabajo, los legisladores aprobaron el dictamen que establece que los integrantes del Comité́ de Participación Social, no tendrán relación laboral alguna, por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva, y los nombramientos de las personas que lo integran serán de carácter honorífico, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la independencia e imparcialidad en sus aportaciones.

También, que los integrantes de dicho comité no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité́ de Participación Social y a la Comisión Ejecutiva.

COMBATIRÍAN MEDIDA EN LA SCJN

No obstante, en el futuro del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción de Jalisco seguramente ya se contempla la posibilidad de recuperar por la vía judicial, la remuneración de más de 88 mil pesos que venían devengando sus miembros, es decir la presidenta, Annel A. Vázquez Anderson y los consejeros, Nancy García Vázquez, Jesús Ibarra Cárdenas, David Gómez Álvarez Pérez y Pedro Vicente Viveros Reyes.

Otra opción que se tiene, es que tanto el CPS de Jalisco como la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana (CPC), han advertido que la determinación del Congreso de Jalisco de dejarlos sin sueldo, podrá combatirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde aseguran, existen antecedentes que se resolvieron a favor de las instancias anticorrupción.

Incluso el pasado 26 de agosto, el CPS de Jalisco informó: “Es inconstitucional eliminar las contraprestaciones a los integrantes del CPS. La SCJN declaró inconstitucional una reforma similar en Baja California, porque: a) hay una Ley General que regula el tema y la reforma es contraria a ella; b) los integrantes de estos órganos ciudadanos están sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, con lo cual no se les pueden reducir sus contraprestaciones, y c) va en contra de los derechos y principios protegidos por la Constitución Federal y diversos tratados internacionales”.

ANTECEDENTES SIMILARES EN OAXACA, VERACRUZ Y DURANGO

Jorge Alatorre, ex presidente del CPS del SEAJAL e integrante del CPC del SNA, expuso que ha habido muchos intentos similares, en diferentes congresos de los estados y recordó: “En el caso de Oaxaca lo que decidieron es para poder quitar a todos los integrantes del CPC, los integrantes del órgano garante de transparencia decidieron cambiarles el nombre, para entonces quitarlos y nombrar a los nuevos, ante un contexto que le fue adverso a Morena y así poder imponer a los suyos; en Veracruz Morena también les redujo a la mitad sus contraprestación y luego les bajó a la mitad de la mitad; en Durango también, en donde gobierna el PRI, están diciendo que hay corrupción porque hay un CPC y son esas mismas las intenciones.

Efectivamente, creo que se está buscando una especie de chivo expiatorio, pero además ha quedado claro que en algunos lugares los CPC han comprendido que un CPC cómodo es un CPC que solo está de paso. El CPC no debe ser necesariamente la piedra en el zapato de los gobernantes, pero de ninguna manera tampoco su plantilla. Tiene que estar en un equilibrio importante en donde se está buscando no el escándalo, pero sí llamar la atención de la forma suficientemente respetuosa, enérgica y fundamentada, cuando existan abusos y excesos”, expuso.

Además, en su participación en el programa “Los Sótanos del Poder”, planteó: “Hay que diferenciar la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad, son dos luchas paralelas, interconectadas pero diferentes. Si creemos que la lucha contra la corrupción va a ser exitosa por la cantidad de personas que metemos a la cárcel, están equivocados. Esa no es la lucha, la lucha no es cuántos metemos a la cárcel, aunque aquellas personas que traicionan la confianza pública merecen todo el castigo de la ley, sin embargo, la lucha y los resultados tiene que verse en las oportunidades que estamos cerrando para que abuse este gobierno, el que viene o el que sigue”.

Sobre el dejar sin sueldo a los integrantes del CPS, dijo que “es la única instancia del Sistema, que ni tiene presupuesto, ni tiene estructura, lo único que tenía era una contraprestación salarial para subrogar los gastos propios de su acción, para evitar sus conflictos de interés. Nada más caro que un consejero honorífico, aquellos que confunden honorífico con honorable, necesitan checar el diccionario o bajarle a su demagogia”, puntualizó.

SIN LA SOCIEDAD, FRACASO SEGURO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por su parte, Annel Vázquez, presidenta del CPS del SEAJAL, sentenció que es indispensable que exista el CPS “porque para eso se hizo la ley, combatir la corrupción, sentando en la misma mesa a las instituciones que ya tenían esa tarea y por otro lado era integrar a la sociedad civil en esta lucha. Si la corrupción es el sistema, la solución no puede venir del sistema mismo, tiene que venir de afuera del sistema, desde un ente ciudadano; por ello, si no existiera el CPS, no tendría ningún siendo que existiera el Sistema Anticorrupción, mejor nos quedamos como estábamos. El CPS es los ojos y la voz ciudadana, y si no se incluye a la sociedad en la lucha contra la corrupción, no se tendrá éxito de ninguna manera”, dijo.

EL PODER HA DESARTICULADO A GRAN PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

Andrés Barrios, activista e integrante de la plataforma de comunicación, Tómala, hizo una reflexión muy importante, que prácticamente se convirtió en una denuncia, al recordar: “Hay una desarticulación en la lucha contra la corrupción por parte de la sociedad civil, si vemos las mesas interinstitucionales de Aristóteles allá en el lejano 2017, veíamos reunidos a los representantes de 23 organismos de la sociedad civil y hoy, lamentablemente 10 ya son parte de la Refundación, ya están dentro del gobierno; esto se ve reflejado en que la lucha anticorrupción, hoy ya es parte de los que corrompen y eso es muy preocupante”.

Incluso reclamó que se debe replantear qué significa tener al CPS, al INAE, al ITEI, para que la gente en la calle pueda responder cuando le preguntes si le sirve para algo o si se desaparece a tal o cual organismo. “Ahí tenemos la necesidad de traducir todo este sistema, para que a la gente le haga sentido y se apropie de ellos. Debemos bajarlos y platicarlos con la sociedad, qué significa lo que estamos haciendo, nos hace falta mucho explicarle al ciudadano común”.

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