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JALISCO

Se fortalece la Secretaría de Hacienda estatal: Reforma anticorrupción 2.0 crea unidad de inteligencia financiera

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Por Mario Ávila //

Autonomía técnica y de gestión para la Contraloría del Estado y sus entes municipales, la ampliación de las facultades de los órganos internos de control, la adición en el Código Penal de los delitos de defraudación fiscal, contra el ambiente y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como un sistema de profesionalización de los servidores públicos, son algunas de las modificaciones aprobadas por los diputados de la LXII Legislatura a 17 leyes y a la Constitución Política de la entidad para combatir la corrupción.

Punto destacado es la aprobación para que el Gobierno de Jalisco con los nuevos ordenamientos pueda crear la unidad de inteligencia financiera y se fortalecen las atribuciones de los órganos internos de control en donde se “genera la prevención tanto de malos procesos como de posibles actos de corrupción en tiempo presente, en todas las instancias, y de esta manera darle resultados a la sociedad civil.

Entre los cambios más sobresalientes a esta contrarreforma, destaca el hecho de que se permite la remoción de los integrantes del Comité de Participación Social por falta de probidad e indebido cumplimiento en el desempeño; se crea el Comité de Participación Ciudadana, con cargos que serán honoríficos y durarán dos años y se establece la obligación de los integrantes del Comité de Participación Social para informar al Poder Legislativo anualmente respecto a sus actividades.

Se establecen los principios de: rendición de cuentas, buenas prácticas, gobierno abierto y máxima exposición pública en la Ley de Compras; en casos de investigación para instaurar procedimientos de responsabilidad o auditoría, se permite a los órganos internos de control el acceso al Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales; se agrega el concepto de investigación de mercado para establecer precios máximos y mínimos de referencia de bienes, arrendamientos o servicios y deberá documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Aunado a ello, se evita la discrecionalidad y se impide que en la adquisición o arrendamiento de marcas determinadas; se faculta a la Secretaría de Hacienda Pública para que analice y genere reportes financieros de las entidades estatales para combatir recursos de procedencia ilícita; se modifican requisitos para ser titular de la procuraduría de Desarrollo Urbano; finalmente se actualizan las facultades a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

CONSEJEROS DEL CPS NO TENDRÁN SUELDO

Tres días antes, también el pleno de la LXI Legislatura local, con 25 votos a favor y 9 en contra, los diputados aprobaron reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, la cual especifica que los miembros del Comité de Participación Social no tendrán percepción alguna de ninguna naturaleza respecto a su nombramiento; la honorabilidad, trayectoria, independencia económica y capacidad probada, serán sus cartas acreditables; no gozarán de prestaciones garantizando así la independencia e imparcialidad a sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.

Lo anterior, con el fin de garantizar la veracidad e independencia del trabajo de los integrantes de dicho Comité, la reforma al artículo 16 de la Ley también contempla que los miembros no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité́ de Participación Social y a la Comisión Ejecutiva.

La iniciativa presentada por el diputado José de Jesús Hurtado Torres, en la sesión extraordinaria que encabezó el legislador Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, se dijo que de necesitar alguna modificación extra a lo aprobado, se realizará en lo subsecuente y en efecto, se formalizó en el segundo paquete de reformas aprobado el pasado viernes.

DOS AÑOS DE TRABAJO PREVIO

Para ejecutar esta trascendente reforma, se tuvo que realizar un importante trabajo dentro de las comisiones, particularmente en las de Puntos Constitucionales y Electorales, y de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, presididas por las diputadas Claudia Murguía Torres y Mirza Flores Gómez, en donde se acordaron previamente los dictámenes que reforman la Constitución y 17 leyes de Jalisco, a fin de establecer las nuevas normas de combate a la corrupción, que incluyen sanciones penales y multas, para lo que fue necesario un intenso trabajo legislativo durante casi dos años.

Resaltó particularidades en esta enmienda legal, como el hecho de que a quien adquiera o administre recursos de procedencia ilícita, se le impondrán de cinco a 15 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Insistió en la importancia que tendrán los órganos internos de control porque la reforma legislativa permite su habilitación en los municipios, a fin de que se incorporen a las acciones legales contra la corrupción, con las nuevas atribuciones que les permiten las reformas que dan origen al nuevo sistema y las facultades para que lo hagan.

Por su parte, Claudia Murguía Torres, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, así como los legisladores Mara Nadiezhda Robles Villaseñor y Manuel Alfaro Lozano, coincidieron en que las reformas también expresaron la importancia y utilidad que tendrán en la sociedad en general y particularmente en las instituciones públicas y privadas.

EL CPS DEBE TENER TOTAL INDEPENDENCIA

Particularmente el tema de quitar el sueldo a los 5 integrantes del Comité de Participación Social, fue una iniciativa impulsada por el diputado José de Jesús Hurtado Torres, quien refirió que “es importante que el comité tenga una total independencia de los otros órganos del poder y por ello sus integrantes no deberán tener ningún tipo de lazo, ni interés económico para ser vigilantes de los recursos públicos”.

De ahí que en sesión de trabajo, los legisladores aprobaron el dictamen que establece que los integrantes del Comité́ de Participación Social, no tendrán relación laboral alguna, por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva, y los nombramientos de las personas que lo integran serán de carácter honorífico, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la independencia e imparcialidad en sus aportaciones.

También, que los integrantes de dicho comité no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité́ de Participación Social y a la Comisión Ejecutiva.

COMBATIRÍAN MEDIDA EN LA SCJN

No obstante, en el futuro del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción de Jalisco seguramente ya se contempla la posibilidad de recuperar por la vía judicial, la remuneración de más de 88 mil pesos que venían devengando sus miembros, es decir la presidenta, Annel A. Vázquez Anderson y los consejeros, Nancy García Vázquez, Jesús Ibarra Cárdenas, David Gómez Álvarez Pérez y Pedro Vicente Viveros Reyes.

Otra opción que se tiene, es que tanto el CPS de Jalisco como la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana (CPC), han advertido que la determinación del Congreso de Jalisco de dejarlos sin sueldo, podrá combatirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde aseguran, existen antecedentes que se resolvieron a favor de las instancias anticorrupción.

Incluso el pasado 26 de agosto, el CPS de Jalisco informó: “Es inconstitucional eliminar las contraprestaciones a los integrantes del CPS. La SCJN declaró inconstitucional una reforma similar en Baja California, porque: a) hay una Ley General que regula el tema y la reforma es contraria a ella; b) los integrantes de estos órganos ciudadanos están sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, con lo cual no se les pueden reducir sus contraprestaciones, y c) va en contra de los derechos y principios protegidos por la Constitución Federal y diversos tratados internacionales”.

ANTECEDENTES SIMILARES EN OAXACA, VERACRUZ Y DURANGO

Jorge Alatorre, ex presidente del CPS del SEAJAL e integrante del CPC del SNA, expuso que ha habido muchos intentos similares, en diferentes congresos de los estados y recordó: “En el caso de Oaxaca lo que decidieron es para poder quitar a todos los integrantes del CPC, los integrantes del órgano garante de transparencia decidieron cambiarles el nombre, para entonces quitarlos y nombrar a los nuevos, ante un contexto que le fue adverso a Morena y así poder imponer a los suyos; en Veracruz Morena también les redujo a la mitad sus contraprestación y luego les bajó a la mitad de la mitad; en Durango también, en donde gobierna el PRI, están diciendo que hay corrupción porque hay un CPC y son esas mismas las intenciones.

Efectivamente, creo que se está buscando una especie de chivo expiatorio, pero además ha quedado claro que en algunos lugares los CPC han comprendido que un CPC cómodo es un CPC que solo está de paso. El CPC no debe ser necesariamente la piedra en el zapato de los gobernantes, pero de ninguna manera tampoco su plantilla. Tiene que estar en un equilibrio importante en donde se está buscando no el escándalo, pero sí llamar la atención de la forma suficientemente respetuosa, enérgica y fundamentada, cuando existan abusos y excesos”, expuso.

Además, en su participación en el programa “Los Sótanos del Poder”, planteó: “Hay que diferenciar la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad, son dos luchas paralelas, interconectadas pero diferentes. Si creemos que la lucha contra la corrupción va a ser exitosa por la cantidad de personas que metemos a la cárcel, están equivocados. Esa no es la lucha, la lucha no es cuántos metemos a la cárcel, aunque aquellas personas que traicionan la confianza pública merecen todo el castigo de la ley, sin embargo, la lucha y los resultados tiene que verse en las oportunidades que estamos cerrando para que abuse este gobierno, el que viene o el que sigue”.

Sobre el dejar sin sueldo a los integrantes del CPS, dijo que “es la única instancia del Sistema, que ni tiene presupuesto, ni tiene estructura, lo único que tenía era una contraprestación salarial para subrogar los gastos propios de su acción, para evitar sus conflictos de interés. Nada más caro que un consejero honorífico, aquellos que confunden honorífico con honorable, necesitan checar el diccionario o bajarle a su demagogia”, puntualizó.

SIN LA SOCIEDAD, FRACASO SEGURO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por su parte, Annel Vázquez, presidenta del CPS del SEAJAL, sentenció que es indispensable que exista el CPS “porque para eso se hizo la ley, combatir la corrupción, sentando en la misma mesa a las instituciones que ya tenían esa tarea y por otro lado era integrar a la sociedad civil en esta lucha. Si la corrupción es el sistema, la solución no puede venir del sistema mismo, tiene que venir de afuera del sistema, desde un ente ciudadano; por ello, si no existiera el CPS, no tendría ningún siendo que existiera el Sistema Anticorrupción, mejor nos quedamos como estábamos. El CPS es los ojos y la voz ciudadana, y si no se incluye a la sociedad en la lucha contra la corrupción, no se tendrá éxito de ninguna manera”, dijo.

EL PODER HA DESARTICULADO A GRAN PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

Andrés Barrios, activista e integrante de la plataforma de comunicación, Tómala, hizo una reflexión muy importante, que prácticamente se convirtió en una denuncia, al recordar: “Hay una desarticulación en la lucha contra la corrupción por parte de la sociedad civil, si vemos las mesas interinstitucionales de Aristóteles allá en el lejano 2017, veíamos reunidos a los representantes de 23 organismos de la sociedad civil y hoy, lamentablemente 10 ya son parte de la Refundación, ya están dentro del gobierno; esto se ve reflejado en que la lucha anticorrupción, hoy ya es parte de los que corrompen y eso es muy preocupante”.

Incluso reclamó que se debe replantear qué significa tener al CPS, al INAE, al ITEI, para que la gente en la calle pueda responder cuando le preguntes si le sirve para algo o si se desaparece a tal o cual organismo. “Ahí tenemos la necesidad de traducir todo este sistema, para que a la gente le haga sentido y se apropie de ellos. Debemos bajarlos y platicarlos con la sociedad, qué significa lo que estamos haciendo, nos hace falta mucho explicarle al ciudadano común”.

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ENTREVISTAS

Alfaro solo busca reflectores y popularidad; para salirse del Pacto Fiscal no se requiere una consulta: Javier Hurtado

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Por Mario Ávila // 

El Convenio de Coordinación Fiscal sí se debe revisar, pero la manera de hacerlo no es con consultas populares, sino buscando la realización de una Convención Nacional Hacendaria. Eso es lo razonable”, así se expresó el doctor Javier Hurtado González, a casi dos meses de distancia de la realización en Jalisco de la consulta popular, en la que se preguntará a los ciudadanos: “¿Estás de acuerdo en que cada seis años, se revisen los términos de la Coordinación Fiscal y la manera en la que la federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o sale de Pacto Fiscal?”.

El académico de la Universidad de Guadalajara y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política, dijo que con este proceso, el gobernador Enrique Alfaro solo busca reflectores y popularidad, “pero lo hace con un mecanismo inconveniente y en un momento inoportuno”.

Hacerlo ahora -expuso-, para el gobernador resultará dañino, porque con la nueva época de relaciones que está estableciendo con el presidente de la República, es como recordar un tema que ya estaba apagado, no conviene; cuando surgió el tema fue cuando Alfaro traía su pleito álgido con el presidente, pero ahorita no hay pleito, hay entendimiento, por eso esa consulta es completamente inoportuna en términos políticos, porque eso va a dañar las buenas relaciones que hoy tiene el gobernador con el presidente, es regresarnos al inicio de su periodo de gobierno, cuando había pleitos con el presidente y para qué resucitar eso.

La consulta popular que tendrá un costo de 22.5 millones de pesos, se habrá de realizar por recomendación del propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, según lo expuesto por el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

En cuanto a las fechas de realización para la consulta, se establecieron cuatro fines de semana: 20 y 21 de noviembre, Regiones: Alto Sur, Altos Norte, Ciénega y Sureste; 27 y 28 de noviembre, Regiones SUR, Lagunas, Sierra de Amula y Valles; 04 y 05 de diciembre, Costa Sierra y Centro, Norte y Costa Sur y 11 y 12 de diciembre, Área Metropolitana de Guadalajara.

LA ENTREVISTA

P.- ¿Por qué es necesaria la revisión del Pacto Fiscal?

R.- Hay que distinguir, en primer lugar la revisión y la adecuación o actualización del Pacto Fiscal o del Convenio de Coordinación Fiscal, es completamente necesario, es impostergable que se revise y se actualice, pero es innecesaria la pregunta y la consulta, porque de eso no se va a derivar absolutamente nada, es un ejercicio parecido al de la consulta popular sobre los expresidentes que hizo el presidente de la República, es tirar dinero a la calle para tener un pretexto para construir un discurso hueco sin sustento jurídico y sin sustento constitucional y yo diría que hasta sin viabilidad financiera e incluso aritmética. Las cuentas no dan por ningún lado.

P.- ¿De qué números hablamos?

R.- Mira, con la nueva decisión que se tomó la consulta empieza el 20, 21 de noviembre y termina el 11 o 12 de diciembre en la Zona Metropolitana de Guadalajara, costará 22.5 millones de pesos porque lo ampliaron, se habrán de instalar solamente 970 mesas receptoras o centros de votación en todo el estado, no me queda muy claro 970 cada fin de semana o 970 por todas. No les dan las cantidades porque por ejemplo van a contratar 400 personas a razón de 9 mil pesos por un mes en las cuatro regiones, más 150 adicionales por 15 días para la Zona Metropolitana. Yo pienso que las 400 personas las van a traer rolando en las 4 regiones.

Si multiplicábamos, si fueran 3 mil 980 centros de votación en el mejor de los casos, contra 10 mil 209 casillas que se instalaron en junio de este año en las selecciones pasadas, es decir una tercera parte y si en junio participaron solamente el 47.5% de los electores de 6 millones 200 mil de la lista nominal, significa que votaron 2 millones 948 mil ciudadanos. Bueno, la consulta de acuerdo a lo que está establecido en la ley exige la participación de al menos el 33% de los habitantes, ojo hay una gran diferencia, no de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

Los habitantes de Jalisco son 8 millones 348 mil de acuerdo al censo de 2020, es la cifra que se va a considerar y el 33% son 2 millones 754 mil, es decir, como nos damos cuenta, habría una diferencia de solamente 200 mil personas menos que serían necesarias en la consulta que se pretende organizar sobre el Pacto Fiscal para que esta sea válida, con relación a las personas que votaron en junio del 2021, sin embargo estamos hablando de 970 centros de votación, que ojalá fueran multiplicados por 4 y que aunque así lo fueran, no significaría más que una tercera parte de los 10 mil 209 casillas que se instalaran en Jalisco en el 2021 y por ello yo no veo cómo piensan sacar la cantidad requerida de gente con esa cifra de centros de votación, es imposible, definitivamente.

HACER MAGIA E INFLAR RESULTADOS

P.- ¿En qué se parece a la consulta de los expresidentes?

R.- Es lo mismo que lo que ocurrió con la consulta sobre los ex presidentes, los números no salen ni yendo a bailar a Chalma, a no ser que hagan magia e inflen los resultados. Aunque vale la pena mencionar que el dictamen final de los resultados y el cómputo final lo tiene que hacer el famoso Consejo Estatal de Participación Ciudadana y le va a dar los datos el IEPC, y en ese Consejo yo no sé quienes están, yo me reservo mi confianza y credibilidad en esas personas, no sé quienes son, yo no puedo entregar un voto en blanco de confianza, yo entiendo que pueden ser gentes filo gobiernistas, es decir gentes ligadas a Movimiento Ciudadano y en consecuencia pueden hacer cosas para favorecer al gobernador y su partido.

PONDRÍAN A NIÑOS A VOTAR

P.- ¿Mencionó usted que hoy serán ciudadanos los votantes, no solo mayores de edad con credencial del INE?

R.- Lo que pasa es que las figuras de participación ciudadana se aprobaron en junio de 2016 en el gobierno del extinto Aristóteles Sandoval, con el nuevo gobierno lo que hace es pasar a una nueva ley, sacando de la Constitución las especificaciones que había, e hicieron cosas muy raras, como el hecho de haber desaparecido las figuras de Juntas Municipales y entre otras cosas modificaron o tergiversaron la figura de la Consulta Popular. La Consulta Popular con la participación de habitantes, estaba básicamente prevista para asuntos municipales, yo me acuerdo que en los debates se ponía el ejemplo de si instalaba una ciclovía, se sugería que los niños votaran; si se quiere instalar un parque o construir un templo, no pasaba nada, pero para esos temas… y estos amigos cuando pasan lo que estaba en la Constitución, a la nueva ley, lo pusieron generalizado, para cualquier tema pueden participar los niños y no sé si también los residentes extranjeros no mexicanos, por ejemplo toda la gente que vive en la ribera de Chapala pueden votar, estaba previsto así, pero para temas municipales, que pudieran votar si quieren una ciclovía en Ajijic, una calle, un andador, una ruta para correr, pero no para estos temas. Ahora, yo no sé de dónde sacan que un niño va a poder entender la pregunta ¿Estás de acuerdo en que cada 6 años se revisen los términos de la coordinación fiscal… bla, bla, bla? Hazme el favor, los niños no saben lo que es Federación, ni qué es coordinación fiscal, la distribución de impuestos… por favor, esto no lo puede entender ni siquiera una persona que tiene licenciatura, cómo ponen a los niños a preguntarles esto, por favor.

P.- Sobre el resultado que arroje esta consulta, ¿qué nos puede comentar?

R.- Mira, vamos pensando en dos escenarios. El realista, a no ser que pasen raras como las que ya expliqué, que inflen la participación de los niños, el realista es que no se juntan los 2 millones 755 mil personas que se requieren para que sea válido, porque si con trabajo se juntaron 2 millones 948 mil en las elecciones constitucionales y con más de 10 mil centros de votación, cómo vas a juntar 200 mil personas menos, con dos terceras partes menos de centros de votación. Lo más viables es que no se va a juntar, cuando mucho habría 1 millón de participación, pero no será válida, es lo lógico y lo que el sentido común y los números te dicen, lo demás podría ser hasta magia o lo que tú quieras. Lo más seguro es que eso sea igual que el resultado de la consulta de los expresidentes. Segundo escenario, algunos duendecillos vinieron e hicieron que aparecieran muchos votos en las urnas y se juntaron los 2 millones 740 mil votos y la consulta resultó vinculante, con todos los votos a favor. ¿Qué se puede derivar de eso?, nada.

UNA PREGUNTA CON TRES CUESTIONES

P.- ¿Está mal planteada la pregunta?

R.- Aquí la respuesta es sí o no a esta pregunta, pero se trata de una pregunta que aglutina tres o cuatro cuestiones, incluso puede pensarse que hay varias cuestiones implícitas, porque si yo contesto que sí, estoy contestando que sí, a que se revisen los términos de la coordinación fiscal, a la manera en que la Federación distribuye los impuestos, o estoy contestando sí a que salga del Pacto Fiscal. Vamos siendo radicales, la gente votó sí y eso implica salir del Pacto Fiscal, un suicidio completo, total y absoluto.

P.- ¿No debería salir Jalisco del Pacto Fiscal?

R.- Yo no sé si el gobernador esté dispuesto a hacer eso, eso sería el acabose para Jalisco, completamente. Y mientras no se reforme la Constitución, Jalisco sí tiene todo el derecho y toda la libertad para salirse del Convenio de Coordinación Fiscal según lo dice la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 10°, basta con que vote la mayoría de los diputados presentes en la sesión del Congreso local, para que Jalisco se salga del Pacto Fiscal, es decir entre Movimiento Ciudadano y el voto del PAN se logra sacar a Jalisco del Pacto Fiscal.

P.- ¿Qué se derivaría de eso?

R.- Un caos completo y total, porque Jalisco no va a poder cobrar todas las contribuciones que están contempladas en el artículo 73, fracción 10 y fracción vigésima primera y segundo, lo que es peor, no va a poder cobrar ni el IVA ni el ISR porque la fracción séptima del 73 constitucional, aunque no dice textualmente de manera implícita se asume que esos son impuestos federales y la constitución ordena desde 1917 que el Congreso tiene facultades para imponer las contribuciones para cubrir el presupuesto de egresos. Revisando el 117 constitucional, sobre las prohibiciones que tienen los estados, nos damos cuenta que los estados no tienen facultades para grabar las mercancías que circulen por su territorio, tanto nacionales como extranjeras; ni tienen facultad para establecer aduanas. Entonces de qué va a vivir Jalisco si se sale del Convenio de Coordinación Fiscal.

P.- ¿Ni del dinero petróleo?

R.- Exacto. Un rubro muy importante de ingresos para la Federación, ha sido los ingresos petroleros y aunque han ido decreciendo, llegaron a representar hasta el 40% del presupuesto de Egresos o más, en el 2021 representaron tan solo el 16% presupuestado, más los excedentes petroleros que hubo porque finalmente el precio del barril se cotizó más caro de como se presupuestó y quedó en el 20% ese ingreso federal participable que la Federación lo distribuye a los estados. Acuérdate con Fox y con Calderón que los excedentes petroleros era dinero a manos llenas que les llegaba a los estados. Ese dinero ya no llegaría porque si tú te sales de ese Convenio no puedes grabar por ejemplo el consumo de gasolina, tú no puedes hacer que las gasolineras cobren un impuesto estatal.

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JALISCO

La alternativa más firme que apoyan pobladores: El Zapotillo ni hoy ni mañana ni nunca, afirma Gabriel Espinoza, líder comunitario

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Por Mario Ávila //

Que la presa El Zapotillo no operará ni hoy, ni mañana ni nunca, es lo que daría certeza a los habitantes de las comunidades afectadas y que se tumbe, que se cancele, que se demuela la obra, es una de las alternativas más firmes que se han presentado entre las deliberaciones que toman los pobladores de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, según lo hizo saber el padre, Gabriel Espinoza, líder comunitario en la región.

Hace un mes, el pasado 14 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo presente en el poblado de Temacapulín, para dar la cara a los habitantes que se inconforman con la construcción de la presa que se construye sobre el cauce del río Verde; ahí anunció la determinación que el agua es exclusivamente para Jalisco y puso a consideración de los vecinos, un proyecto de Conagua para que la altura de la cortina de la presa se quedara en 80 metros y se realizaran acciones para evitar la posibilidad de que se inundaran las tres comunidades.

Incluso dejó en manos de los pobladores la determinación final de aceptar o no la operación de la presa en esas condiciones y para tener elementos que les pudieran ayudar a tomar la determinación, una semana después se les presentó a detalle el proyecto de la obra por parte de Conagua.

HABLA EL LÍDER COMUNITARIO GABRIEL ESPINOZA

De ello habló el activista Gabriel Espinoza, en la entrevista múltiple realizada por el periodista Jorge Zul de la Cueva, a través de la plataforma informativa “Los Sótanos del Poder”, en la que además del ex sacerdote, tomaron parte también, María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el periodista Gabriel Ibarra Boujarc, director general del semanario Conciencia Pública.

El líder social más activo en la defensa de los tres pueblos de la región de Los Altos de Jalisco, que estaban destinados a inundarse con la construcción de la presa en territorio de Cañadas de Obregón, desde sus inicios en el 2006, aclaró su dicho, “aunque sabemos que el presidente ha dicho el 14 de agosto pasado, que no sería conveniente demoler y que podría operar con ciertas condiciones para que no se inunden las comunidades.

Nosotros estamos en las comunidades justamente en ese proceso de análisis con quienes nos acompañan en el tema de derechos humanos, en el técnico, en el jurídico, para analizar la propuesta de la Conagua que el 21 de agosto pasado Germán Martínez nos hizo; la propuesta la hace Conagua y las comunidades deciden si aceptan que opere la presa a cierto nivel y se salven las comunidades o la otra opción es no estar de acuerdo y todo se queda como está y cada quien nos hacemos responsables de las decisiones”, planteó.

Hasta este momento -dijo-, estamos en las deliberaciones, no hemos asumido una postura final, de los dos lados hay riesgos. El presidente tiene buena voluntad y es muy inteligente, ha dejado a los pueblos la decisión final, pero a la vez eso te da la oportunidad de ganar o ponerte en riesgo, porque si la presa se queda como está y o se mete ningún peso para la seguridad de los pueblos, esto nos pondría en riesgo en próximas administraciones, porque siempre estaría la tentación de nuevos gobernantes que eventualmente revivirían el proyecto.

Es desgastante -abundó-, estar soportando todas las tensiones de un trabajo serio. En Temaca, Acacico y Palmarejo hemos descubierto que la lucha por el agua, no es tanto por defender tres ranchitos o tres pueblitos y sus intereses sociales, patrimoniales y culturales, sino que hemos logrado la visión de que la oposición a El Zapotillo, a la privatización del agua, es a favor de la sociedad en general, es descubrir que cualquier obras de infraestructura lleva en el corazón dobles intereses, un doble discurso, ya que se pone en la discusión pública la importancia del agua, pero en el fondo se están acuñando grandes negocios económicos.

Desde el 2010 -expuso-, se habla de la revolución del agua, cómo logramos que no solo Temaca, sino que todos los pueblos, todas las familias, hombres y mujeres, de todas las edades, todos los ciudadanos, tengan agua y sean accesible de manera justa. Aquí, no son 30 años de proyectos sin solución para el abasto de agua, son 70 años, porque Temacapulín sabe de presas desde 1950 cuando Guadalajara apenas tenía 500 mil habitantes y se proyectó La Zurda para salvaguardar el lago de Chapala y después de un buen temporal que llenó la laguna, se abandonó La Zurda en 1955, hasta que Salinas de Gortari la resucitó en 1989 y quedó ahí abandonada.

Durante su intervención el padre Gabriel Espinoza, valoró en toda su dimensión, la participación de las mujeres en la historia que se está escribiendo en la región. “Las mujeres son las que se han encargado de las estrategias más importantes para que los pueblos sobrevivan. En el caso de Temacapulín, todos participamos, pero sí es de destacar la participación de las mujeres porque han sido las más afectadas en el tema psicosocial, son las mujeres las que más identificación tienen con el territorio, con la tierra, con la vida, con la salud, con la educación, porque estamos en territorio migrante en donde muchos hombres se han ido al extranjero y han sido las mujeres las que sacan adelante incluso el trabajo del campo, del hogar, de la iglesia y por ello la decisión de las mujeres pesa mucho más que la de los hombres.

VAN INVERTIDOS 35 MMDP Y FALTARÍA OTRA CIFRA SIMILAR

Por su parte, María González Valencia, representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), destacó la lucha de 16 años, en donde las tres comunidades de Los Altos han defendido su derecho al agua, a la tierra y su defensa a su río Verde y han demostrado que El Zapotillo no es la alternativa que podrá solucionar el abastecimiento de agua para las grandes ciudades como la Zona Metropolitana de Guadalajara y León, Guanajuato.

Destacó que en esta lucha social a través de campañas y movilizaciones y en los tribunales, han demostrado que los pueblos tienen la razón “y hoy entran a una nueva etapa de lucha con la determinación de AMLO”.

Las presas como tal -dijo-, son infraestructura ya obsoleta a nivel de tecnología, en muchos países del mundo las presas ya no son alternativa por sus impactos económicos ambientales y sociales. Al final está demostrado que destruyen los ríos, los cauces y cuando hablamos de los ríos hablamos de la sangre que corre por el planeta y que al ponerle un tapón, genera otra serie de impactos y más en estos tiempos de emergencia climática. Es un asunto de fondo, la hidráulica mexicana sigue basada en tecnología no funcional y eso lo podemos demostrar.

Estamos haciendo presas -planteó-, porque evidentemente la construcción de una presa genera corrupción y ganancias, al imponer una presa más allá de intentar solucionar un dilema, como generar electricidad o abastecer de agua a ciertas regiones; el primer interés es el negocio, es decir quién construye y en qué calidad se construye. El caso de El Zapotillo es un caso comprobado de ir hacia la mercantilización de agua y hacia su privatización porque la operación de la presa se le destinó por 25 años y eso la ley lo permite, quien construye puede operar.

La documentación que tenemos como organización -aseveró-, y que es documentación oficial, nos dice con datos de Hacienda, que a la fecha se han gastado alrededor de 35 mil millones de pesos en esta obra para construir El Zapotillo desde 2006 a la fecha y se necesitarían 35 mil millones de pesos más para que entrara en operación. Hoy los datos que está manejando la CNA, el presidente o el gobernador, no son los datos correctos, esto es lo que aparece en el presupuesto actual del 2022, pero todo lo que está documentado en la Presa El Zapotillo, el acueducto, la presa derivadora el Purgatorio, las indemnizaciones y la construcción de los centros a donde han querido desplazar a las comunidades, los estudios, lo que se han llevados las empresas, es una lista de recursos grandísima de presupuesto tirado a la basura, 35 mil millones de pesos es lo que nos ha costado hasta el momento El Zapotillo.

La activista, María González Valencia, lamentó que “definitivamente la gestión del agua en la ciudad (ZMG) es fallida, tenemos alrededor de 400 mil personas que no tienen agua en sus hogares y se encuentran en los lugares más marginados de la ciudad y son curiosamente las zonas que están inundadas, porque hay una gestión obsoleta del agua, ya que se ha hecho una serie de obras hidráulicas o el crecimiento salvaje y desordenado de la ciudad que hace que por ejemplo, La Huizachera en El Salto, esté bajo el agua en estos momentos por la presa que tienen muy cerquita entre Tlaquepaque y el Salto.

Estamos hablando de una política de desigualdad en el acceso al agua que atenta contra la vida de las personas, porque el derecho humano al agua y al saneamiento es un derecho en nuestro país y en esos momentos tienen agua segura las zonas más ricas o en realidad el agua del Zapotillo es en realidad para las empresas inmobiliarias, las constructoras y eso está documentado. Esa agua no es para los habitantes de las colonias que quedaron cuatro meses sin agua en la ZMG y eso es algo que mencionó el presidente López Obrador en su visita a Temacapulín.

Incluso lo que pasó ahí hace un mes fue muy relevante a nivel nacional, no es una decisión solo del presidente, es una victoria de la lucha de estos pueblos campesinos que por 16 años no solo se han opuesto, sino que han propuesto una nueva política de gestión integral del agua. Lo que sucede ahí es que el presidente decide que el agua del río Verde se queda en Jalisco, ya no irá a Guanajuato y eso significa que el acueducto queda cancelado y esa es una gran noticia. Y sobre la propuesta, habrá que revisar que tan segura es la propuesta de la Conagua de que los pueblos no corran ningún riesgo y que el presidente no le meta dinero bueno a un proyecto plagado de corrupción, que debe de ir inmediatamente a una auditoría porque no es un dinero tirado a la basura, sino dinero tirado a los bolsillos de empresarios y de políticos y eso se tiene que esclarecer, se tiene que recuperar esa inversión, para que realmente se invierta en una política eficiente y no en una política nociva.

AUDITORÍA, SANCIÓN A CORRUPTOS Y REPARACIÓN DEL DAÑO, GRADES PENDIENTES

Al plantear cuál a su juicio sería el resultado más satisfactorio. Expuso: “El desenlace ideal sería, que independientemente de la decisión que tomen las comunidades sobre El Zapotillo, que se haga una auditoría técnica y financiera, porque necesitamos saber en dónde está toda esa fuga de dinero y que se castigue a los responsables; también a estos pueblos se les tienen que reparar integralmente los daños materiales e inmateriales, los impactos psicosociales y psicoemocionales que han vivido con esta amenaza por 16 años”.

Dijo que “no se vale que un presidente, que aun reconociendo la voluntad política histórica, solamente plantee dos alternativas, se tienen que reparar los daños y se tiene que auditar, decidan una cosa o la otra, son 16 años de violaciones comprobadas a los derechos humanos, más de 20 derechos humanos han sido violados en el caso de El Zapotillo, eso está documentado”, sentenció.

El tema de la gestión del agua en las grandes ciudades, particularmente en el caso de la ZMG, dejó en claro: “Estamos hablando de una política de desigualdad sobre quienes abren la llave y tienen agua de manera permanente y segura; pero también hay una política ya muy instalada de las pipas y los tandeos, parece normal y legal que no tengan agua, cuando es un derecho”.

También hay una política de derroche del agua, pero no hablamos de derroche del que lava el coche o el que riega su jardín, hablamos del derroche de las tuberías, del agua subterránea del tren ligero, del agua de lluvia y hablamos del acaparamiento del agua, en realidad en esta ZMG quienes más tienen acaparada el agua son las empresas constructoras, las cerveceras, las refresqueras y las empresas que están en los grandes corredores industriales, ahí están los grandes volúmenes”.

Tampoco se vale que los gobiernos responsabilicen a los ciudadanos por disponer de 200 litros de agua en promedio por día, ahí no está el problema, tenemos que entrar a una nueva cultura del agua, de su cuidado, de su prevención de un recurso que es finito, pero no es un asunto de responsabilidad personal, sino políticas que favorecen a grandes acaparadores”, apuntó.

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ENTREVISTAS

“Es el reto más importante de mi vida; me propuse gobierno de 6 años con método, estrategia y resultados”: Salvador Zamora, alcalde de Tlajomulco

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Por Diego Morales //

Más que un informe, es un corte de caja de lo que se ha realizado en tres años y la perspectiva de lo que se viene en la siguiente administración, así lo indicó en su tercer informe de actividades el Presidente Municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, quien aseveró que desde 2018 trazó una ruta a seis años para atender los temas de fondo de la región.

Este ha sido el reto más importante de mi vida. Desde 2018 nos planteamos un proyecto a 6 años, un trabajo que me propuse a hacer con método, estrategia y resultados. La pandemia llegó de manera sorpresiva, nos dejó muchas enseñanzas, nos cambió la vida cotidiana a que estábamos acostumbrados, nos hizo crear nuevas estrategias para salir adelante, tanto en salud, como en la afectación económica que tuvimos en la pandemia. Es un corte de caja de lo que hemos hecho en tres años, pero es la perspectiva de lo que viene en los siguientes años”.

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Uno de los temas de fondo del municipio es el abastecimiento de agua potable en la región, al respecto, Salvador Zamora resaltó la construcción de plantas potabilizadoras y la ampliación de la red de agua en Tlajomulco, proyectos que serán afianzados durante la próxima administración.

Construimos la planta potabilizadora de El Zapote, iniciamos la construcción de una más en Real del Valle, habilitamos una en Toluquilla para crear líneas de impulsión, tanques de almacenamiento y redes de agua potable no solamente en el corredor Chapala, sino también en San Sebastián el Grande y cabecera municipal, donde logramos hacer una red de interconexión de pozos y plantas de tratamiento. Trabajamos en tres proyectos centrales, la captación con políticas que nos permitan recargar nuestros mantos acuíferos, rehabilitar vasos reguladores, canales, arroyos. Trabajamos de la mano con el gobierno del estado en un proyecto histórico de saneamiento donde se invirtieron más de 100 millones de pesos para la construcción de una red de colectores de la Cuenca del Ahogado que aportan la contaminación más importante al Río Santiago, somos el único municipio que ha cumplido con las macro recomendaciones de Derechos Humanos”.

Agregó: “En los próximos tres años vienen retos importantes. Resolvimos parcialmente el tema de algunas localidades en el municipio, algunos polígonos sin agua, vendrá la segunda parte de la planta potabilizadora El Zapote, que irá al doble de su capacidad, vendrán más construcciones de plantas potabilizadoras, más interconexión de redes y tanques de almacenamiento de agua”.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Los avances en cuestión de infraestructura educativa fueron significativos en estos primeros tres años de gobierno, en donde destaca la construcción del Centro Universitario en Tlajomulco y los proyectos de construcción de una preparatoria y dos escuelas primarias en el municipio.

En materia educativa, donamos un terreno donde se construye el centro universitario de Tlajomulco, reconozco el trabajo y la solidaridad de todos los regidores que participan en el ayuntamiento, porque tendrán el orgullo de decir que su aportación le dará la oportunidad a muchos jóvenes del municipio para estudiar una carrera universitaria sin salir de casa. Donamos un terreno también para construir una nueva preparatoria, la más grande del estado en Villas de la Hacienda, que nos ayudará a ir solventando el rezago y la falta de infraestructura educativa. Gestionamos la construcción de dos nuevas primarias en Valles de los Encinos, es un acuerdo que tenemos con la Secretaría de Educación para que se construyan”.

Subrayó: “Viene más infraestructura educativa, más infraestructura cultural, para que vivan mejor las personas en Tlajomulco. Seguiremos impulsando el programa de uniforme y útiles escolares, adicionamos zapatos”.

LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

Respecto a la defensa del medio ambiente en Tlajomulco, Salvador Zamora habló sobre las acciones que implementaron, como la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y la creación del corredor biológico “Tlaxomulli”, así como el reordenamiento de las viviendas en el municipio.

Nos pusimos a trabajar y actualizamos los instrumentos jurídicos de planeación, actualizamos nuestro Atlas de riesgo, no solamente para identificar las zonas de riesgo en el municipio, sino para construir infraestructura, un avance importante gracias al trabajo de nuestro equipo técnico que nos permitió lograr solventar los momentos más difíciles de agua. Creamos el corredor biológico, que ampara el 50 por ciento de nuestro territorio, el otro 50 por ciento tendrá que ser para aprovechamiento, de los cuales el 25 por ciento será destinado para el sector primario tan importante, para el desarrollo de cualquier economía mundial”.

Añadió: “Vamos a prohibir las actividades productivas en la zona de amortiguamiento del Bosque de la Primavera, no queremos más gente sin casa, tampoco queremos más casas sin gente. En estos tres años, implementamos la política de vivienda, donde logramos inspeccionar más de dos mil viviendas, intervenimos 400, logramos colocar más de 200 y beneficiar a más de 200 familias, logramos por primera vez en la historia demoler casas que no estaban en condiciones para ser habitadas. Frenamos la construcción de viviendas sin condiciones en polígonos donde no se puede hacer vivienda, además cancelamos el 56 por ciento de hectáreas destinadas a construir casas en el municipio. Nuestro objetivo es rescatar del abandono 35 mil de las 70 mil viviendas en los siguientes tres años, para garantizar el derecho de los ciudadanos a una vida digna”.

LA SEGURIDAD

Uno de los temas más álgidos no solamente de Tlajomulco sino de todo el estado, es la cuestión de la seguridad, en la cual el alcalde indicó que aumentaron los elementos policiacos y se invirtió en más cámaras de videovigilancia, lo que ha permitido reducir los índices en delitos patrimoniales, en donde se tiene claro que hay mucho trabajo por hacer en este rubro.

Aumentamos nuestros elementos policiacos en Tlajomulco, pasamos de 600 a 900 elementos. Construimos una nueva comisaría, que tiene todas las condiciones técnicas, todas las condiciones humanas de trabajo para la corporación, duplicamos las cámaras para llegar a mil 200, logramos equiparnos con más infraestructura, más patrullas y más motocicletas, logramos recuperar más de 5 mil vehículos, tenemos el C4 más moderno no solamente de la zona metropolitana, sino de todo el país. Logramos reducir los delitos patrimoniales, reconocemos que hay presencia del crimen organizado pero estamos trabajando fuerte en coordinación para enfrentar una problemática que no solo es de Tlajomulco, es de todo el estado y todo el país”.

Subrayó: “Nuestro planteamiento es llegar a mil 200 elementos policiacos, llegar a mil 700 cámaras de videovigilancia, establecer una academia de policía para poder dar servicio a todas las corporaciones del sur de la ciudad. Estamos en proceso de construcción, haremos la nueva base de Protección Civil y Bomberos, donde se podrá atender de manera eficaz y rápida las emergencias en el municipio”.

Para cerrar con su informe, Salvador Zamora agradeció a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de cabildo y a su familia el apoyo otorgado durante los primeros tres años de gobierno, externando su compromiso que lo que viene en la próxima administración será para seguir tomando los temas de fondo de Tlajomulco y dar una mejor calidad de vida a sus habitantes.

Viene más para Tlajomulco en los próximos tres años, además de que impulsaremos proyectos estratégicos para mantener a Tlajomulco como el primer municipio del Área Metropolitana, es un informe de todo un equipo de trabajo que pudo sacar adelante el trabajo a pesar de las circunstancias”, puntualizó.

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