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JALISCO

Se fortalece la Secretaría de Hacienda estatal: Reforma anticorrupción 2.0 crea unidad de inteligencia financiera

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Por Mario Ávila //

Autonomía técnica y de gestión para la Contraloría del Estado y sus entes municipales, la ampliación de las facultades de los órganos internos de control, la adición en el Código Penal de los delitos de defraudación fiscal, contra el ambiente y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como un sistema de profesionalización de los servidores públicos, son algunas de las modificaciones aprobadas por los diputados de la LXII Legislatura a 17 leyes y a la Constitución Política de la entidad para combatir la corrupción.

Punto destacado es la aprobación para que el Gobierno de Jalisco con los nuevos ordenamientos pueda crear la unidad de inteligencia financiera y se fortalecen las atribuciones de los órganos internos de control en donde se «genera la prevención tanto de malos procesos como de posibles actos de corrupción en tiempo presente, en todas las instancias, y de esta manera darle resultados a la sociedad civil.

Entre los cambios más sobresalientes a esta contrarreforma, destaca el hecho de que se permite la remoción de los integrantes del Comité de Participación Social por falta de probidad e indebido cumplimiento en el desempeño; se crea el Comité de Participación Ciudadana, con cargos que serán honoríficos y durarán dos años y se establece la obligación de los integrantes del Comité de Participación Social para informar al Poder Legislativo anualmente respecto a sus actividades.

Se establecen los principios de: rendición de cuentas, buenas prácticas, gobierno abierto y máxima exposición pública en la Ley de Compras; en casos de investigación para instaurar procedimientos de responsabilidad o auditoría, se permite a los órganos internos de control el acceso al Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales; se agrega el concepto de investigación de mercado para establecer precios máximos y mínimos de referencia de bienes, arrendamientos o servicios y deberá documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Aunado a ello, se evita la discrecionalidad y se impide que en la adquisición o arrendamiento de marcas determinadas; se faculta a la Secretaría de Hacienda Pública para que analice y genere reportes financieros de las entidades estatales para combatir recursos de procedencia ilícita; se modifican requisitos para ser titular de la procuraduría de Desarrollo Urbano; finalmente se actualizan las facultades a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

CONSEJEROS DEL CPS NO TENDRÁN SUELDO

Tres días antes, también el pleno de la LXI Legislatura local, con 25 votos a favor y 9 en contra, los diputados aprobaron reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, la cual especifica que los miembros del Comité de Participación Social no tendrán percepción alguna de ninguna naturaleza respecto a su nombramiento; la honorabilidad, trayectoria, independencia económica y capacidad probada, serán sus cartas acreditables; no gozarán de prestaciones garantizando así la independencia e imparcialidad a sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.

Lo anterior, con el fin de garantizar la veracidad e independencia del trabajo de los integrantes de dicho Comité, la reforma al artículo 16 de la Ley también contempla que los miembros no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité́ de Participación Social y a la Comisión Ejecutiva.

La iniciativa presentada por el diputado José de Jesús Hurtado Torres, en la sesión extraordinaria que encabezó el legislador Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, se dijo que de necesitar alguna modificación extra a lo aprobado, se realizará en lo subsecuente y en efecto, se formalizó en el segundo paquete de reformas aprobado el pasado viernes.

DOS AÑOS DE TRABAJO PREVIO

Para ejecutar esta trascendente reforma, se tuvo que realizar un importante trabajo dentro de las comisiones, particularmente en las de Puntos Constitucionales y Electorales, y de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, presididas por las diputadas Claudia Murguía Torres y Mirza Flores Gómez, en donde se acordaron previamente los dictámenes que reforman la Constitución y 17 leyes de Jalisco, a fin de establecer las nuevas normas de combate a la corrupción, que incluyen sanciones penales y multas, para lo que fue necesario un intenso trabajo legislativo durante casi dos años.

Resaltó particularidades en esta enmienda legal, como el hecho de que a quien adquiera o administre recursos de procedencia ilícita, se le impondrán de cinco a 15 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Insistió en la importancia que tendrán los órganos internos de control porque la reforma legislativa permite su habilitación en los municipios, a fin de que se incorporen a las acciones legales contra la corrupción, con las nuevas atribuciones que les permiten las reformas que dan origen al nuevo sistema y las facultades para que lo hagan.

Por su parte, Claudia Murguía Torres, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, así como los legisladores Mara Nadiezhda Robles Villaseñor y Manuel Alfaro Lozano, coincidieron en que las reformas también expresaron la importancia y utilidad que tendrán en la sociedad en general y particularmente en las instituciones públicas y privadas.

EL CPS DEBE TENER TOTAL INDEPENDENCIA

Particularmente el tema de quitar el sueldo a los 5 integrantes del Comité de Participación Social, fue una iniciativa impulsada por el diputado José de Jesús Hurtado Torres, quien refirió que “es importante que el comité tenga una total independencia de los otros órganos del poder y por ello sus integrantes no deberán tener ningún tipo de lazo, ni interés económico para ser vigilantes de los recursos públicos”.

De ahí que en sesión de trabajo, los legisladores aprobaron el dictamen que establece que los integrantes del Comité́ de Participación Social, no tendrán relación laboral alguna, por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva, y los nombramientos de las personas que lo integran serán de carácter honorífico, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la independencia e imparcialidad en sus aportaciones.

También, que los integrantes de dicho comité no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité́ de Participación Social y a la Comisión Ejecutiva.

COMBATIRÍAN MEDIDA EN LA SCJN

No obstante, en el futuro del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción de Jalisco seguramente ya se contempla la posibilidad de recuperar por la vía judicial, la remuneración de más de 88 mil pesos que venían devengando sus miembros, es decir la presidenta, Annel A. Vázquez Anderson y los consejeros, Nancy García Vázquez, Jesús Ibarra Cárdenas, David Gómez Álvarez Pérez y Pedro Vicente Viveros Reyes.

Otra opción que se tiene, es que tanto el CPS de Jalisco como la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana (CPC), han advertido que la determinación del Congreso de Jalisco de dejarlos sin sueldo, podrá combatirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde aseguran, existen antecedentes que se resolvieron a favor de las instancias anticorrupción.

Incluso el pasado 26 de agosto, el CPS de Jalisco informó: “Es inconstitucional eliminar las contraprestaciones a los integrantes del CPS. La SCJN declaró inconstitucional una reforma similar en Baja California, porque: a) hay una Ley General que regula el tema y la reforma es contraria a ella; b) los integrantes de estos órganos ciudadanos están sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, con lo cual no se les pueden reducir sus contraprestaciones, y c) va en contra de los derechos y principios protegidos por la Constitución Federal y diversos tratados internacionales”.

ANTECEDENTES SIMILARES EN OAXACA, VERACRUZ Y DURANGO

Jorge Alatorre, ex presidente del CPS del SEAJAL e integrante del CPC del SNA, expuso que ha habido muchos intentos similares, en diferentes congresos de los estados y recordó: “En el caso de Oaxaca lo que decidieron es para poder quitar a todos los integrantes del CPC, los integrantes del órgano garante de transparencia decidieron cambiarles el nombre, para entonces quitarlos y nombrar a los nuevos, ante un contexto que le fue adverso a Morena y así poder imponer a los suyos; en Veracruz Morena también les redujo a la mitad sus contraprestación y luego les bajó a la mitad de la mitad; en Durango también, en donde gobierna el PRI, están diciendo que hay corrupción porque hay un CPC y son esas mismas las intenciones.

Efectivamente, creo que se está buscando una especie de chivo expiatorio, pero además ha quedado claro que en algunos lugares los CPC han comprendido que un CPC cómodo es un CPC que solo está de paso. El CPC no debe ser necesariamente la piedra en el zapato de los gobernantes, pero de ninguna manera tampoco su plantilla. Tiene que estar en un equilibrio importante en donde se está buscando no el escándalo, pero sí llamar la atención de la forma suficientemente respetuosa, enérgica y fundamentada, cuando existan abusos y excesos”, expuso.

Además, en su participación en el programa “Los Sótanos del Poder”, planteó: “Hay que diferenciar la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad, son dos luchas paralelas, interconectadas pero diferentes. Si creemos que la lucha contra la corrupción va a ser exitosa por la cantidad de personas que metemos a la cárcel, están equivocados. Esa no es la lucha, la lucha no es cuántos metemos a la cárcel, aunque aquellas personas que traicionan la confianza pública merecen todo el castigo de la ley, sin embargo, la lucha y los resultados tiene que verse en las oportunidades que estamos cerrando para que abuse este gobierno, el que viene o el que sigue”.

Sobre el dejar sin sueldo a los integrantes del CPS, dijo que “es la única instancia del Sistema, que ni tiene presupuesto, ni tiene estructura, lo único que tenía era una contraprestación salarial para subrogar los gastos propios de su acción, para evitar sus conflictos de interés. Nada más caro que un consejero honorífico, aquellos que confunden honorífico con honorable, necesitan checar el diccionario o bajarle a su demagogia”, puntualizó.

SIN LA SOCIEDAD, FRACASO SEGURO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por su parte, Annel Vázquez, presidenta del CPS del SEAJAL, sentenció que es indispensable que exista el CPS “porque para eso se hizo la ley, combatir la corrupción, sentando en la misma mesa a las instituciones que ya tenían esa tarea y por otro lado era integrar a la sociedad civil en esta lucha. Si la corrupción es el sistema, la solución no puede venir del sistema mismo, tiene que venir de afuera del sistema, desde un ente ciudadano; por ello, si no existiera el CPS, no tendría ningún siendo que existiera el Sistema Anticorrupción, mejor nos quedamos como estábamos. El CPS es los ojos y la voz ciudadana, y si no se incluye a la sociedad en la lucha contra la corrupción, no se tendrá éxito de ninguna manera”, dijo.

EL PODER HA DESARTICULADO A GRAN PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

Andrés Barrios, activista e integrante de la plataforma de comunicación, Tómala, hizo una reflexión muy importante, que prácticamente se convirtió en una denuncia, al recordar: “Hay una desarticulación en la lucha contra la corrupción por parte de la sociedad civil, si vemos las mesas interinstitucionales de Aristóteles allá en el lejano 2017, veíamos reunidos a los representantes de 23 organismos de la sociedad civil y hoy, lamentablemente 10 ya son parte de la Refundación, ya están dentro del gobierno; esto se ve reflejado en que la lucha anticorrupción, hoy ya es parte de los que corrompen y eso es muy preocupante”.

Incluso reclamó que se debe replantear qué significa tener al CPS, al INAE, al ITEI, para que la gente en la calle pueda responder cuando le preguntes si le sirve para algo o si se desaparece a tal o cual organismo. “Ahí tenemos la necesidad de traducir todo este sistema, para que a la gente le haga sentido y se apropie de ellos. Debemos bajarlos y platicarlos con la sociedad, qué significa lo que estamos haciendo, nos hace falta mucho explicarle al ciudadano común”.

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Deportes

Se pospone el primer partido de Chivas en el Torneo Apertura de la Liga MX

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-Por Redacción Conciencia Pública con datos de ADN40

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX comenzó el viernes 11 de julio con varios partidos, pero uno de los encuentros más esperados, Chivas vs Tigres, no se disputó como estaba programado para la Jornada 1.

La ausencia del partido llamó la atención, ya que ambos equipos son protagonistas habituales del futbol mexicano. Desde el calendario oficial ya se había informado que este encuentro quedaría pendiente.

El motivo principal por el cual no se jugó el duelo entre Chivas y Tigres fue debido a remodelaciones en el Estadio Akron, casa del Club Guadalajara. Estas obras forman parte de los preparativos para el Mundial 2026, en el que dicho recinto será una de las sedes.

Las autoridades del estadio informaron que mantendrán sus puertas cerradas durante algunos días para garantizar que el inmueble cumpla con los estándares exigidos por la FIFA.

Ante esta situación, la Liga MX reprogramó el partido para el 17 de septiembre de 2025 a las 19:05 horas. Mientras tanto, tanto Chivas como Tigres pospondrán su debut oficial en el torneo hasta la segunda jornada, cuando se enfrenten a León y Juárez respectivamente, bajo la dirección de sus nuevos entrenadores, Gabriel Milito y Guido Pizarro.

 

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JALISCO

Una policía de proximidad con los ciudadanos permite cifras alentadoras en seguridad: Verónica Delgadillo

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– Por Francisco Junco

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó un balance de seguridad que, aunque reconoce la ausencia de números positivos en un tema tan sensible, destacó avances alentadores.

Durante la conferencia, la edil enfatizó que, mientras haya víctimas de violencia o pérdida de vidas, no se pueden celebrar las cifras, pero sí valorar el progreso logrado en los últimos nueve meses como un paso hacia una ciudad más segura.

Delgadillo detalló una estrategia integral que combina coordinación con el estado y la federación, con la policía de proximidad como eje central. Esta iniciativa ha fortalecido la comunicación mediante chats vecinales y corredores comerciales, además de incorporar y capacitar a nuevos policías.

Los resultados incluyen el desmantelamiento de 21 bandas delictivas, la detención de 7,831 presuntos delincuentes (6,072 por faltas administrativas y 1,759 por delitos), y el aseguramiento de 725 vehículos, 282 motos y 259 armas de fuego, según informó.

La alcaldesa citó datos de la Fiscalía en temas de delitos registrados:

La incidencia delictiva ha disminuido: homicidios (-16%), robo a cuentahabientes (-70%), robo a negocios (-46%), robo a personas (-36%), robo a autos (-20%), robo a casa habitación (-17%) y robo de autopartes (-30%).

La edil subrayó que estos resultados trascienden Guadalajara, impactando toda el área metropolitana, y no se limitan a más patrullas, sino a mejorar servicios y espacios públicos.

Con 1.4 millones de habitantes y una población flotante de tres millones diaria, además del 94% de las manifestaciones y la concentración de poderes gubernamentales, Guadalajara enfrenta dinámicas únicas que exigen un enfoque especial.

La estrategia se sustenta en cuatro pilares: seguridad ciudadana con proximidad, servicios y espacios públicos, política social con enfoque de cuidados, y generación de condiciones de seguridad.

Delgadillo destacó el cambio a un modelo de “comunidades” (antes polígonos), que fomenta la convivencia y descentraliza servicios, optimizando recursos. “Hemos consolidado un modelo que dialoga entre comisarios, comandantes y servicios públicos por comunidad”, explicó.

Ante los retos pendientes, Delgadillo llamó a la corresponsabilidad ciudadana. “No basta con el gobierno; necesitamos que todos cuidemos Guadalajara. Este cambio de paradigma, frente a un enfoque asistencialista federal, pone a las personas al centro”, concluyó, invitando a líderes y ciudadanos a sumarse para enfrentar los desafíos compartidos.

Estas cifras no son positivas, son alentadoras: Verónica Delgadillo

Este jueves 10 junio, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó los avances que se han realizado en materia de seguridad, donde aseguró que no es solamente presentar datos en esta materia, sino de varios rubros que contribuyen a una estrategia global que realiza el ayuntamiento y contribuyen a tener una comunidad mas segura, y resaltó que las cifras presentadas no son positivas, sino alentadoras.

“Sé que nunca hay números positivos cuando hablamos de seguridad. Mientras hay una persona que pierda la vida, que es afectada por un producto, que sea lastimada por un acto de violencia, nunca hay números positivos. Pero estos son números alentadores, no positivos. Sabemos que no para aquí y que tenemos que seguir trabajando para que avance y demos todavía mejores resultados”, aseguró.

Para cuidar de los tapatíos, el Gobierno de Guadalajara, dijo, ha impulsado una estrategia integral de seguridad basada en una coordinación efectiva con el Estado y la Federación. Uno de los pilares principales del Gobierno es la Policía de Proximidad, donde los vecinos conozcan a quienes los están cuidando, por ello se han fortalecido los chats vecinales y en los corredores comerciales para mantener una comunicación cercana con los habitantes.

También, se ha fortalecido a la policía con la contratación de nuevos policías, a quienes se les capacita en el tema de la proximidad. La primera edil destacó que, en estos primeros nueve meses de gestión, han logrado desmantelar a 21 bandas delictivas que operaban en la ciudad, y de acuerdo con los datos proporcionados, se han detenido a 7 mil 831 presuntos delincuentes, 6 mil 72 por faltas administrativas y 1 mil 759 por diversos delitos.

Además, informó se aseguraron 725 vehículos, 282 motos y 259 armas de fuego, esto dijo, “ha permitido que la incidencia delictiva vaya a la baja, según datos de la Fiscalía. El periodo es de 1 de octubre al 30 de junio.

“El trabajo de inteligencia para el control delictivo nos ha permitido desarticular 21 células detenidas. Quiero que veamos lo que esto significa. Son 21 bandas, no hay ningún municipio en el área metropolitana que haya desarticulado tantas bandas delictivas. Pero ellos no sólo robaban en Guadalajara, no sólo cometían delitos en Guadalajara, lo hacían en toda el área metropolitana, lo que quiere decir que el trabajo que hemos emprendido en Guadalajara también impacta en el resto de los municipios”, puntualizó.

En sus datos, que compartió en la presentación aseguró que los homicidios han disminuido un 16 por ciento, el robo a cuentahabientes, se ha logrado disminuir hasta en un 70 por ciento, el robo a negocios es menor en 46 por ciento, robo a personas ha bajado en 36 por ciento, mientras el robo a autos señala que ha disminuido e 20 por ciento, el robo a casa habitación y el robo de auto partes, también han disminuido en un 17 y 30 por ciento respectivamente.

“El Gobierno de Guadalajara trabaja para fortalecer a su policía, pero también en mejorar los servicios y espacios públicos, ya que la inseguridad no se combate sólo con más patrullas o policías, sino con una estrategia integral de cuidados que fomenta la construcción de comunidad y el apoderamiento de los espacios”, insistió Verónica Delgadillo.

La primera edil señaló que se debe tener claridad el contexto en que se encuentra la capital de Jalisco, y apuntó que Guadalajara no es igual que el resto de los municipios de la zona metropolitana, ya que tiene una dinámica particular, “lo que vivía hace un año en nuestra ciudad,

cuando nosotros recibimos el gobierno Guadalajara, estaba atravesando por una crisis de basura, que la experimentábamos en todas las calles”.

Agregó que la ciudad cuenta con un millón 396 mil habitantes, pero todos los días hay una población flotante que alcanza los tres millones de personas, lo que quiere decir que se duplica la población que llega y requiere los servicios de la ciudad, además refirió que el 94 por ciento de las manifestaciones se realizan en Guadalajara, y concentra los tres poderes de los tres órdenes de gobierno, “estas dinámicas son particulares de la ciudad para, poder evaluar a Guadalajara, hay que mirarlo desde este punto”.

Destacó que la disminución de los delitos y el desmantelamiento de los grupos delictivos, no es más que el reflejo de la coordinación interinstitucional y operativos que tienen para crear entornos más seguros la capital de Jalisco y agregó que también tiene que ver la armonización de un enfoque que está basado en la nueva ley general del sistema nacional de seguridad pública, que se basa en los qué y en los quiénes.

“Estamos reforzando la seguridad ciudadana, o como algunos expertos llaman, la seguridad humana. Y esta seguridad se enfoca en los cómos, en los objetivos que se sustentan en cuatro pilares fundamentales. El primero tiene que ver con la seguridad ciudadana con proximidad, “lo que buscamos con esto, es reducir la incidencia delictiva, por ejemplo, reducir los conflictos comunitarios”.

“El segundo pilar, son los servicios y espacios públicos. Porque esto nos permite mejorar la presencia de seguridad, y también trabajar con un plano, para poder construir dinámicas mucho más sanas por la ciudadanía. El tercer pilar, es la política social, en nuestro caso, con enfoque de cuidados. La política social sin las brechas de desigualdad, que son las causas, en gran medida, de la violencia, de las conductas delictivas, de las faltas administrativas, y también de muchos conflictos comunitarios”.

“En el cuarto pilar, ese es un plus de nuestra visión y nuestra estrategia, se basa en la generación de condiciones de seguridad. Es decir, todos y todas tenemos que participar en la generación de condiciones de seguridad”, precisó.

También, explicó que un fator que ayuda a la disminución e incidencia delictiva , fue el haber coordinado el “lenguaje territorial”, ya que antes se hablaba de zonas o distritos para los servicios o polígonos en temas de seguridad, pero ahora se habla de 11 comunidades, que eran los polígonos.

“Decidimos llamar comunidades, porque le ajustamos a la fortaleza de lo que significa tejer, como la base social para la mejor convivencia y para la prevención de las violencias. Y es así también que, este modelo nos permite concentrar capacidades, descentralizar los servicios donde más se necesita, y trabajar comunidad por comunidad. De esta manera, a lo largo de estos nueve meses, hemos sido consolidando un modelo que nos permite mejorar los recursos y los procesos, para que dialoguen en principio, para que el comisario, el comandante, los de servicios públicos, puedan totalizar por comunidad esos esfuerzos”, explicó.

Verónica Delgadillo aseguró que ante la exigencia de la ciudadanía no le permite rendirse y que los retos siguen “y que son muchísimos”, por lo que este día más que presentar números y estrategia de seguridad, es una evaluación para observar que cada acción que prende el gobierno, “no es una ocurrencia, no es que sale bonito, no es que fuimos a ver lo que estamos viviendo, es que estamos atendiendo el tema más importante para las mexicanas y mexicanos que es la seguridad”.

“Aprovecho que están aquí líderes, lideresas, hombres y mujeres que valen muchísimo para la dinámica diaria de Guadalajara. Hoy les quiero pedir a nombre de nuestro gobierno que hagan equipo con nosotras y con ustedes. Ningún esfuerzo va a ser suficiente si no entendemos que esta ciudad se sostiene también por ustedes, que esta ciudad necesita que todas y todos lo cuidemos, que esta ciudad necesita de corresponsabilidad”, solicitó la presidenta de Guadalajara.

Y concluyó que el cambio de paradigma, frente a un gobierno federal que es meramente asistencialista porque no atiende las causas, la propuesta de Guadalajara es que poner a las personas al centro, “que ustedes nos ayuden a gobernar, que ustedes también nos ayuden a que las cosas cambien asumiendo su responsabilidad. El gobierno de Guadalajara tiene como pilar transversal la corresponsabilidad”.

“Este gobierno cree que cuando todas y todos cuidamos lo que es de todos, y lo que es de todas y todos, es Guadalajara. Esta ciudad puede seguir floreciendo con mejores oportunidades, los retos que están por venir tenemos que asumirlos como retos compartidos”, finalizó.

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JALISCO

Tortuguismo del INDAABIN frena justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán

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– Por Redacción Conciencia Pública 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) muestra una vez más su desprecio por la justicia al ignorar la orden del Tribunal Agrario, que le dio un plazo de 10 días para entregar el avalúo necesario para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) cumpla con un adeudo pendiente desde 2004 con la Comunidad Indígena de Mezquitán.

Este acto de tortuguismo burocrático perpetúa una espera de 21 años para los comuneros, quienes exigen justicia por la ocupación de sus tierras.

El plazo de 10 días ya venció, y el silencio de INDAABIN no solo desafía la autoridad del Tribunal Agrario, sino que retrasa aún más el pago que la SICT debe realizar a la comunidad por la ocupación de 269 mil metros cuadrados de tierras comunales, destinadas a la ampliación de la carretera federal Guadalajara-Ixtlahuacán del Río.

Este avalúo, que debe actualizar los valores catastrales a precio comercial, es la última barrera para que los indígenas de Mezquitán reciban la compensación ordenada por los tribunales.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente de la Comunidad Indígena de Mezquitán, expresó su indignación: “Es desesperante. Llevamos más de dos décadas luchando por nuestros derechos. Los tribunales nos han dado la razón una y otra vez, pero la SICT se ha negado a cumplir, y ahora INDAABIN nos pone otro obstáculo con su lentitud. Exigimos que cumplan con su deber para que se nos haga justicia”.

La sentencia del Tribunal Agrario es clara: INDAABIN debe actualizar los valores de los terrenos ocupados, ya que los montos de hace 21 años están completamente desfasados.

Sin este avalúo, la SICT no puede proceder al pago, prolongando una deuda que ya lleva más de dos décadas sin resolverse.

Los comuneros denuncian que esta demora no es más que una táctica dilatoria que perpetúa la injusticia y vulnera sus derechos.

El caso de Mezquitán es un ejemplo alarmante de cómo la burocracia puede convertirse en una herramienta para retrasar la justicia. La comunidad no solo ha ganado en los tribunales, sino que ha demostrado su paciencia y tenacidad frente a un sistema que parece decidido a ignorarlos.

¿Cuánto más tendrán que esperar los indígenas de Mezquitán para que INDAABIN deje de lado su tortuguismo y cumpla con su obligación?

La justicia no puede seguir siendo rehén de la ineficiencia.

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Tendencias

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