OPINIÓN
La agenda presidencial
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
El primer trimestre del año no ha sido favorable para los empeños del presidente López Obrador de conducir la agenda pública. La realidad se ha impuesto sobre el discurso gubernamental y se ha manifestado en voces de diverso sello, que han relanzado los temas de su interés por encima de los asuntos que le interesan al gobierno. Han coadyuvado a la pérdida del control sobre la agenda mediática, los desaciertos de la administración gubernamental, que encarnada en un solo hombre, empieza a mostrar profundas limitaciones.
El improvisado lanzamiento del Instituto para la salud y el bienestar, INSABI, sin reglas de operación, sin recursos suficientes y sin una estrategia de sustitución ordenada del Seguro Popular, revirtió la intención de capitalizar el postulado presidencial de un sistema de salud universal y rompió, en el primer mes del año, el esquema temático de las conferencias cotidianas.
La rifa del avión presidencial actuó como un eficaz distractor, apoyado en el tema en el que mejor le va al presidente que es el del combate a la corrupción, pero tampoco ese recurso tuvo un impacto positivo, sino de chunga, de vacilada.
A estos errores, le siguió la rebeldía de algunos gobernadores, y en las calles, las mujeres se hicieron presentes exigiendo mayor atención del estado para su protección por la violencia imperante en casi todo el territorio nacional, cada vez más frecuente y más cruel, misma a la que el presidente ha respondido con una inexplicable indiferencia y hasta con arrogancia. La pérdida del control sobre la agenda ha llegado al punto de que hasta las diferencias entre los asistentes a las conferencias se imponen sobre los temas gubernamentales. Un pleito verbal entre dos “periodistas,” envió a segundo término los anuncios de la Unidad de Investigación Financiera.
Sin embargo, el que se haya perdido el control de la agenda pública no es lo más importante a señalar, sino el hecho de que la agenda gubernamental corre en dirección distinta a la del interés general. Dick Morris, en su libro “El nuevo Príncipe” (p.101 Ed. El Ateneo), enuncia lo siguiente: “El liderazgo es una tensión dinámica entre dónde piensa un político que debe ir el país y dónde quieren ir sus votantes. Las iniciativas osadas que dejan a los votantes detrás no son actos de liderazgo sino de arrogancia pretenciosa.” Es innegable que el presidente ha construido un liderazgo sólido. Las recientes encuestas muestran que su popularidad no disminuye, afianzada por su imagen de austeridad, franqueza y sencillez, no obstante, la aprobación a su mandato se deteriora y muestra ya, en solo un año, un descenso de 22 puntos según “El Universal” y de 19 según “Reforma”, acelerándose la tendencia a la baja en este primer trimestre.
Pasado el impacto de sus primeras decisiones para hacer realidad algunas de sus promesas de campaña, la gente espera ver resultados en políticas públicas más allá de los apoyos directos en programas sociales y eso se ha reflejado en los estudios de opinión. Estos, aparentemente no le son importantes para la toma de decisiones, impelido como está a imponer su ideología y conceptos, pero negar sus resultados lo puede llevar a un divorcio real respecto a la opinión popular. Por lo pronto, el no atender y menospreciar las muestras de inconformidad ya le arrebataron el control de la agenda. Sorprende que un político con el instinto de López Obrador, que supo integrar su discurso para llegar al poder, con base en la irritación social, hoy se muestre distante o desaprensivo del humor social que está generando su gestión. Es un político pragmático, que seguramente sabe que muchas de sus acciones no gustarán, pero es su deber trabajar para articularlas de tal forma que resulten aceptables, sin embargo, parece ser que le interesa más trascender como un idealista convencido de su proyecto, dispuesto al martirio, como uno más de los héroes nacionales a los que alude con frecuencia.
El futuro inmediato no es promisorio para la situación del país y enfrentar lo que viene va a requerir de una mejor actuación de la que ahora se ha exhibido por el gobierno. La política monetarista que ha seguido el Banco de México puede amortiguar por un tiempo los efectos del estancamiento económico y los factores externos, pero tarde o temprano trasladará los costos a la economía popular. Por otra parte las finanzas nacionales tienen demasiada presión para mantener el equilibrio presupuestal, ante la falta de ingresos y el crecimiento de las dádivas de los programas sociales.
Por el momento, el gobierno ha perdido el control de la agenda mediática y ha mostrado falta de reflejos ante legítimas demandas sociales, mientras la inversión pública y privada siguen retraídas y los proyectos para reactivar la economía detenidos y para colmo, ahí viene el corona virus a presionar a un sistema de salud endeble. Ojalá puedan reaccionar a tiempo.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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