Candados al poder

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

En Jalisco, en materia legislativa, destacan dos temas de gran relevancia actual: por un lado, la aprobación de la reforma que busca evitar que las contrataciones públicas obedezcan al compadrazgo y no a las aptitudes técnicas; por el otro, la propuesta para exigir exámenes de control antidoping, polígrafo y la obligatoriedad de la carta de no antecedentes penales para los futuros candidatos en periodos electorales. Ambos son filtros necesarios que generan certeza tanto en los procesos electorales como al interior de las instituciones u organismos públicos.

Es fundamental entender que la transparencia y la rendición de cuentas son el eje central de estas dos iniciativas legislativas. Quienes pretenden postularse a un cargo de elección popular deben acreditar su idoneidad, con la misma exigencia que se le aplica a quien ingresa a la administración pública. Al final del día, el servicio público debe estar integrado por perfiles eficaces para la sociedad y no por designaciones que den como resultado una vergüenza institucional.

El escándalo de Elizabeth Castro en el SIAPA desnudó una práctica de corrupción y discrecionalidad solapada por décadas, donde las contrataciones «a modo» por compadrazgo dañan profundamente al erario y a las instituciones. Sin embargo, este atropello mediático dejó un fruto innegable en materia de transparencia: la obligación legal para que todas las paraestatales y Organismos Públicos Descentralizados (OPD) de Jalisco implementen un Catálogo de Perfiles Obligatorio.

Con un plazo no mayor a 90 días para publicar los requisitos específicos de cada puesto, esta reforma evidencia que, tanto en el ámbito público como en el privado, las contrataciones deben regirse por estándares estrictos. El servicio público debe asegurar un beneficio real para los destinatarios finales de la gestión, que, en este caso específico, somos nosotros como sociedad.

Sin embargo, aunque la reforma representa un avance para transparentar futuras contrataciones, queda incompleta si no va acompañada de una verdadera rendición de cuentas. La ley puede corregir el futuro, pero no debe dejar intactas las responsabilidades del pasado: es necesario identificar a los funcionarios y administraciones que permitieron estas prácticas, pues una jubilación prematura no puede convertirse en premio a la omisión ni en una carga injustificada para el erario.

En el mismo sentido regulatorio, y respondiendo a las facultades del Poder Legislativo, se encuentra la controvertida propuesta para exigir exámenes antidoping, pruebas de polígrafo y la obligatoriedad de la carta de no antecedentes penales para los futuros candidatos en periodos electorales. Si bien estos controles deben tener límites claros —estar previstos en la ley, perseguir un fin legítimo, respetar la privacidad y no convertirse en una exclusión automática o discriminatoria—, también pueden ser una herramienta preventiva para fortalecer la confianza ciudadana y elevar la calidad ética de quienes buscan representar a la sociedad.

Esta iniciativa podría evitar muchas de las situaciones críticas y vergonzosas que la ciudadanía ya ha tenido que atestiguar en legisladores y gobernantes. Si bien es cierto que este filtro es urgente para contener uno de los problemas más graves del país —la infiltración del crimen organizado en el poder público—, también lo es que resulta indispensable probar la idoneidad integral de quienes aspiran a representarnos. El riesgo de no hacerlo es exactamente el mismo que en el caso del SIAPA: sin ética ni integridad, el compromiso social es imposible.

Elevar la calidad de los perfiles públicos no es un lujo, sino una necesidad para asegurar los resultados que el país necesita; la historia reciente nos da de sobra ejemplos y escándalos nacionales que justifican estos controles. Incluso, no resultaría ocioso anexar a estas pruebas un test de trastornos de personalidad, pues servir a la sociedad debe ser una función sujeta a los estándares más altos. Si se midiera la estabilidad y la salud mental de la clase política, el rumbo de nuestras instituciones cambiaría sin duda.

En el Jalisco de hoy, donde demasiadas decisiones siguen sujetas a colores, cuotas y alianzas, llevar estos temas a la tribuna ya representa un acto de valentía. Pero no basta con discutirlos: el cambio debe ser generacional, estructural y verificable.

La sociedad exige representantes que entiendan que la ética no es un adorno discursivo, sino la base mínima del servicio público; que la prioridad social debe estar por encima del cálculo electoral, y que los privilegios blindados solo producen descomposición institucional.

Es momento de dejar de idealizar partidos y políticos, y de asumir una ciudadanía más madura, más exigente y menos complaciente. Al final, la democracia también consiste en recordarles, una y otra vez, que ellos son los empleados y nosotros los mandantes.