Las cifras del miedo y la incertidumbre

Opinión, por Gerardo Rico

Jalisco presume ser primer lugar nacional agroalimentario, líder agrícola en diferentes cultivos y referente en innovación tecnológica. Se jacta de su liderazgo económico y de posicionarse en primer lugar en la generación de nuevos patrones formales ante el IMSS. Ostenta también el primer lugar en la Olimpiada Nacional de la CONADE y presume ser el referente cultural de México, con el mariachi y la charrería como símbolos de identidad y turismo.

Sin embargo, hay un primer lugar que nunca presume y que, si no se oculta, simplemente no se menciona: el de los desaparecidos. Título otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De acuerdo con el organismo internacional, hay más de 128 mil desaparecidos o no localizados en México, situación que considera una “crisis humanitaria de derechos humanos”.

En un reporte dado a conocer hace unos días y publicado en diferentes medios de comunicación locales y nacionales, la CIDH concluye: “La desaparición en México es un fenómeno indiscriminado, pero con patrones claros por género, edad y condición estructural. Afecta a todos los estratos sociales, aunque con impacto diferenciado en grupos en situación de vulnerabilidad. La crisis de desaparición está profundamente vinculada a la incapacidad estatal de identificar los más de 70 mil cuerpos bajo su custodia”.

Los estados con mayor concentración de casos son, en primer lugar, Jalisco con 15 mil 530; Estado de México con 14 mil 048 y Tamaulipas con 13 mil 431, seguidos de Veracruz, Nuevo León y Michoacán.

En el perfil por género, el 76.83 por ciento de las personas desaparecidas son hombres (98 mil 788), predominando el rango de 25 a 29 años. Sin embargo, en el segmento de 12 a 16 años, la desaparición de mujeres supera a la de hombres. Otro dato que llama la atención es la desaparición de niños y adolescentes: un total de 18 mil 192. En este rubro, el Estado de México lleva la delantera con 4 mil 113 casos, seguido de Tamaulipas con mil 589 y la Ciudad de México con mil 583 desaparecidos.

El informe de la CIDH detalla que, en el rubro de mujeres desaparecidas, el total asciende a 29 mil 503 y las entidades más afectadas son Estado de México, con 5 mil 648 casos; Tamaulipas, con 2 mil 686, y Jalisco, con 2 mil 287. Los grupos en mayor vulnerabilidad son mujeres, personas migrantes, personas LGBTIQ+, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes enfrentan dinámicas de alto riesgo.

Las desapariciones, precisa el organismo internacional, son cometidas por tres tipos de actores: agentes estatales, particulares con consentimiento del Estado y grupos del crimen organizado de forma independiente. El corredor del Pacífico —Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa—, así como la carretera 85D Monterrey-Nuevo Laredo, presentan alta incidencia vinculada al crimen organizado.

“Los grupos criminales usan la desaparición para controlar territorios, castigar a la población civil y eliminar rivales. El propio Estado reconoció en 2018 que su expansión solo es explicable por niveles equivalentes de corrupción en órganos estatales”.

Precisa el organismo de derechos humanos que la guerra contra el narcotráfico, iniciada durante el sexenio del panista Felipe Calderón en 2006, “agravó la violencia”. Además, señala que la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador consolidó un modelo cuya relación con el aumento de desapariciones resulta preocupante.

“En varias entidades federativas, la distribución porcentual entre autores estatales y no estatales de desapariciones es casi equivalente en ciertos periodos, lo que apunta a una connivencia estructural. El alto número de desapariciones en zonas con fuerte presencia del crimen organizado indica que es imposible que las autoridades no conocieran de esas operaciones”, de acuerdo con la CIDH.

Añade: “Las desapariciones en México no pueden analizarse sin considerar la complicidad institucional. La macrocriminalidad opera en un entorno de corrupción sistémica que el Estado ha reconocido, pero no logra neutralizar. La anuencia estatal en múltiples territorios debe ser atendida, esclarecida y sancionada”.

A pesar de que México ha adoptado medidas formales de prevención, la CIDH concluye que estas son insuficientes: no combaten las causas estructurales de la violencia, no miden su efectividad y no distinguen entre prevención proactiva y respuesta reactiva. La información aportada no permite determinar el impacto real de la Estrategia Nacional de Informe sobre Desapariciones en México —CIDH/OEA 2026—.

El informe de la CIDH deja claro que el Estado mexicano enfrenta una grave crisis de desapariciones originada en la impunidad. Enfrentar el horror que se vive en Jalisco y a nivel nacional requiere visibilizar aún más este problema. Si bien es cierto que las autoridades estatales han reconocido la problemática y se han reunido con familiares de los ausentes, las desapariciones continúan en aumento, pese a las acciones del gobierno federal contra grupos de la delincuencia organizada.

En conclusión, la crisis de desaparecidos en Jalisco y en México no es solo una estadística que deba debatirse en escritorios de instancias gubernamentales. Cada nombre ausente es una herida abierta en el tejido social. La indolencia y la normalización de esta tragedia nos convierten a todos en espectadores pasivos.

El verdadero rostro de México no se encuentra en la narrativa oficial, sino en la lucha incansable de las familias que, ante la omisión del Estado, cargan con el peso de la búsqueda y la exigencia de justicia. Hasta que no haya verdad ni regreso a casa, la memoria seguirá siendo la principal resistencia.