Medida insensible: Cerrar el Tribunal Agrario 16 en Guadalajara

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

En los pasillos del poder, donde las decisiones se toman con frialdad burocrática y se disfrazan de eficiencia administrativa, ha ocurrido un hecho grave y revelador: el Tribunal Superior Agrario ha ordenado el cierre operativo del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 con sede en Guadalajara, mediante el Acuerdo General 11/20-26.

Bajo el argumento de la austeridad republicana y una supuesta redistritación “técnica”, se suprime una instancia especializada de justicia en una de las entidades con mayor densidad de propiedad social del país. La medida no solo es desafortunada, es profundamente insensible.

En un gobierno que presume defender a los más pobres, se le da la espalda a quienes históricamente han sido los más abandonados: ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y, especialmente, las comunidades indígenas de Jalisco.

El doctor Luis Octavio Cotero Bernal, director del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, no se quedó callado. Con la autoridad moral que le da su vocación académica y su compromiso con la justicia social, lanzó un pronunciamiento claro y contundente. Calificó la decisión como “desafortunada” y de origen opaco, pues no fue consensuada, ni estudiada con seriedad, ni discutida con los sectores directamente afectados.

“Desde nuestra vocación académica y nuestro compromiso con la justicia social, no podemos guardar silencio frente a una determinación que afecta directamente a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y comunidades indígenas del estado”, afirmó Cotero Bernal.

Y tiene razón. Detrás de los fríos números del acuerdo hay una realidad dolorosa: la redistribución de 587 expedientes que involucran a 29 municipios, 253 ejidos y 12 comunidades agrarias. Cada expediente no es un simple trámite. Representa familias enteras, generaciones de esfuerzo, disputas territoriales que se arrastran por años, a veces décadas, y un vínculo profundo con la tierra que va más allá de lo económico: es identidad, es historia y es dignidad.

Particularmente grave resulta la contradicción entre el discurso y los hechos. El acuerdo invoca el artículo 17 constitucional y los principios de prontitud, completitud e imparcialidad. Sin embargo, en la práctica los viola de manera flagrante. Suprimir un tribunal en una entidad como Jalisco, con alta densidad de propiedad social y complejos conflictos agrarios —especialmente en la zona metropolitana donde la expansión inmobiliaria devora tierras ejidales—, no acerca la justicia al ciudadano, la aleja dramáticamente.

A esto se suma otra irregularidad grave: el acuerdo cita el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, pero la decisión se tomó sin consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias. Es decir, invocan la norma internacional para proteger a los indígenas, pero la violentan en el procedimiento.

Esto ya no es un error técnico, es una contradicción ética.

El Gobierno de Jalisco, a través de la Dirección General de Asuntos Agrarios, también alzó la voz. Su titular, Óscar Eduardo Zaragoza Cerón, lamentó la decisión y exigió su revocación. “Esta determinación genera incertidumbre entre quienes ya enfrentan procesos largos para defender su tierra, su patrimonio y su historia comunitaria”, señaló.

Advirtió que la sobrecarga que sufrirán los tribunales restantes (el Distrito 13 pasará de 38 a 64 municipios, un incremento del 68%) comprometerá seriamente el acceso a la justicia agraria. “La austeridad no debe aplicarse a costa del acceso a la justicia”, enfatizó con razón.

Aquí surge el doble discurso que resulta cada vez más evidente y molesto. La presidenta Claudia Sheinbaum ha construido gran parte de su narrativa política en la defensa de los pueblos originarios, la justicia histórica y el supuesto humanismo mexicano. Sin embargo, mientras en los discursos se exalta la reivindicación indígena y campesina, instituciones del propio Poder Judicial Federal toman decisiones que golpean directamente a estos sectores tan postergados.

Esta desconexión entre el relato oficial y la realidad cotidiana del México rural ya no puede calificarse como simple contradicción. Es un doble discurso que erosiona la credibilidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

Porque si realmente se quisiera reivindicar al campo mexicano, no se cerraría un tribunal especializado en materia agraria. No se haría sin diálogo amplio. No se haría sin escuchar a quienes viven y defienden la tierra.

La austeridad es un principio válido, pero no puede convertirse en la excusa perfecta para seguir negándole justicia a quienes menos tienen. Una justicia que ya tarda hasta seis años en llegar, ahora tardará aún más. Y una justicia que llega tarde no es justicia: es desamparo institucional.

El Observatorio de la UdeG y la Dirección General de Asuntos Agrarios de Jalisco han cumplido con su responsabilidad: levantar la voz y poner el dedo en la llaga. Ahora corresponde al Tribunal Superior Agrario demostrar que está a la altura de su investidura: reconsiderar y revocar el acuerdo, publicar el estudio de viabilidad que supuestamente sustenta la medida y abrir un diálogo genuino con comunidades, litigantes y academia.

También es momento de que el Gobierno Federal, si realmente cree en su discurso, intervenga para proteger los derechos de los más vulnerables.

Al final del día, la justicia agraria no es un tema menor ni técnico. Es un tema de dignidad nacional. Cerrar tribunales a quienes menos tienen es, simple y llanamente, darles la espalda a quienes históricamente han sostenido este país con su trabajo y su paciencia infinita. Ya es hora de que los discursos bonitos se traduzcan en acciones concretas, o al menos, de que dejen de contradecirse de manera tan descarada.

¿Qué pasa, presidenta Sheinbaum? ¿Qué pasa, Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo federal? ¿Estaban al tanto de esta decisión? ¿Van a permitir que esta acción tan inhumana, fría, que parece venir de una mente burocrática que solo ve números, se imponga sobre el anhelo de justicia?

La comunidad jurídica y los grupos de defensores de derechos humanos deben pronunciarse ante esta decisión absurda y que contradice los principios que dice enarbolar un gobierno y que presume estar con los más marginados.