JALISCO
Juan Partida deja un Ipejal más débil y con más dudas
Por Mario Ávila
Más que un salvador, Juan Partida Morales dejó un saldo negativo tras año y medio al frente del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).
La inercia hacia la quiebra persiste. Los problemas estructurales que arrastra el organismo desde hace varios sexenios no solo continúan, sino que se profundizan.
Partida Morales llegó al cargo como un “favor” de Pablo Lemus al exgobernador Enrique Alfaro. No era un desconocido. Fue responsable de las finanzas municipales en Tlajomulco, acompañó a Alfaro en Guadalajara, fue secretario de Hacienda estatal y, al final, heredó la dirección del Ipejal.
El argumento oficial era que su experiencia en finanzas públicas lo convertía en el perfil ideal para enderezar las cuentas de un instituto que vive de las aportaciones de trabajadores activos, jubilados y pensionados.
Llegó como el hombre que rescataría al Ipejal. Se va envuelto en reclamos de jubilados y pensionados, quienes lo describen como un funcionario autoritario y prepotente. Se les cerraron las puertas a quienes pedían medicinas y servicios médicos. Algunos incluso denunciaron persecución.
A partir del 30 de junio, Partida Morales deja el cargo argumentando “motivos personales y familiares”.
En su carta de renuncia ante el Consejo General, y que trascendió a la opinión pública, Partida Morales asegura que deja al instituto “en mejores condiciones, con un rumbo claro y un equipo humano capaz”.
Sin embargo, no presenta una sola cifra que respalde sus afirmaciones. Ni un estudio actuarial actualizado. Ni datos duros sobre viabilidad financiera. Nada.
Si le preguntamos a los pensionados, la respuesta es diametralmente opuesta. La opinión pública sigue sin saber si durante su gestión los egresos dejaron de superar a los ingresos, si se generó alguna dinámica positiva o si simplemente administró la crisis con opacidad.
El diagnóstico que duele
El último estudio actuarial, elaborado por Valuaciones Actuariales del Norte (VAN), con corte al 31 de diciembre de 2023 y entregado en agosto de 2024, es claro y alarmante: el fondo de Ipejal solo tiene recursos garantizados hasta aproximadamente 2030. Seis años menos de lo proyectado anteriormente, cuando se estimaba viabilidad hasta 2036.
Los puntos más graves del informe son:
- Las aportaciones de los trabajadores activos ya no alcanzan para cubrir la nómina de más de 50 mil jubilados y pensionados, lo que genera una descapitalización progresiva.
- Inversiones de riesgo fallidas, como Abengoa y TMM, dejaron un boquete superior a los 2 mil 800 millones de pesos.
- El 90 por ciento de todos los recursos del instituto se destina únicamente al pago de pensiones.
- Recientemente se aprobó un incremento salarial retroactivo de hasta 4 por ciento para más de 53 mil pensionados, elevando aún más el gasto corriente.
- Existen riesgos de pérdida cercanos a los 300 millones de pesos por bonos de empresas de transporte que incumplieron pagos, incluyendo adeudos importantes de Grupo Herradura de Occidente.
- Varios ayuntamientos retienen las cuotas patronales y las utilizan para gasto corriente. Solo el municipio de Autlán adeuda más de 86 millones de pesos.
- Recursos del fondo se destinan a financiar obras del gobierno estatal, como el nuevo Hospital de Especialidades Médico-Quirúrgicas para 150 mil derechohabientes, poniendo en riesgo las reservas técnicas.
La reforma que nunca llegó
Los expertos coinciden: para salvar al Ipejal se necesita una reforma profunda a la Ley de Pensiones. El estudio de VAN señala que la prima media requerida debería elevarse a 50.31 por ciento de la nómina hasta 2070 y a 45.39 por ciento posteriormente.
Hoy apenas llega al 32 por ciento —11.5 por ciento del trabajador y 20.5 por ciento del patrón—, porcentaje que se alcanzó tras la reforma de 2009, cuando era únicamente del 13 por ciento.
Partida Morales tenía la tarea de impulsar esa reforma. Pero dio un paso en falso desde el principio: intentó aumentar el salario de 17 funcionarios de primer nivel, incluido el suyo, hasta en un 67 por ciento.
El escándalo fue inmediato. Perdió credibilidad moral y política. Ya no pudo convencer a nadie de la necesidad de que los trabajadores aportaran más recursos al sistema.
¿Y ahora qué?
La salida de Partida no resuelve nada. Solo confirma que el Ipejal sigue sin un liderazgo capaz de enfrentar la realidad.
Con la llegada de Fernando Quesada Gómez como nuevo director del Ipejal este 1 de julio, los derechohabientes le conceden el beneficio de la duda.
Sin embargo, Cuauhtémoc Peña, líder de la FEGTEM, advierte que su experiencia en la banca privada podría acelerar el desmantelamiento del instituto para llevarlo a la quiebra y migrar al sistema de cuentas individuales, objetivo que considera oculto desde la reforma de 2009.
Lo primero que deberá hacer Quesada Gómez será transparentar la información sobre los recursos que administra el Ipejal y que pertenecen a más de 100 mil trabajadores en activo y a más de 50 mil jubilados y pensionados.
Los trabajadores y pensionados de Jalisco no son culpables de esta crisis. Ellos cumplieron cotizando durante décadas. Los responsables son los gobiernos que durante años postergaron las soluciones por miedo político, quienes autorizaron inversiones riesgosas y quienes permitieron la opacidad.
Los pensionados y jubilados exigen:
• Transparencia total y publicación inmediata de estudios actuariales actualizados.
• Auditoría independiente externa.
• Castigo a quienes causaron los agujeros financieros.
• Una reforma seria, gradual y justa, que no cargue todo el peso sobre los trabajadores ni deje desprotegidos a los jubilados.
• Que ningún ayuntamiento ni el propio gobierno utilicen los recursos de pensiones como caja chica.
Juan Partida llegó como salvador y se va sin haber cambiado el rumbo. La bomba de tiempo sigue corriendo. Si no se actúa con responsabilidad y urgencia, serán las futuras generaciones de trabajadores y los actuales pensionados quienes paguen, con sufrimiento, el costo de tanta improvisación y opacidad.
Es momento de exigir cuentas claras. El Ipejal no es propiedad de ningún gobernador ni de ningún funcionario. Es de los trabajadores de Jalisco. Y su futuro está en juego.
