JALISCO
Crisis del agua en Guadalajara: Indigna que gobierno federal privilegie a CDMX
Por Gabriel Ibarra Bourjac
La crisis hídrica que azota a la Zona Metropolitana de Guadalajara no es solamente un problema de infraestructura técnica o de escasez natural; es, fundamentalmente, el síntoma de una profunda inequidad política.
El activista social y maestro investigador de la Universidad de Guadalajara, Jaime Hernández, ha puesto el dedo en la llaga al señalar que el deterioro de nuestros servicios públicos, y en particular la gestión del agua, tiene su origen en un federalismo fracturado.
Bajo la lupa del académico universitario, la federación ha abandonado su responsabilidad histórica, utilizando la distribución de recursos como un mecanismo de desigualdad que vulnera los derechos fundamentales de los jaliscienses.
“Resulta indignante observar cómo el gobierno federal privilegia sistemáticamente a la Ciudad de México sobre otras entidades. Mientras Jalisco, con una población que roza los 9 millones de habitantes, lucha por obtener presupuestos dignos para mantenimiento y obra pública, la capital de la República recibe un trato preferencial que desafía toda lógica de justicia social”, cuestiona.
La comparativa es devastadora: con poblaciones casi idénticas, la Ciudad de México dispone de una bolsa presupuestal que supera por más de 130 mil millones de pesos a la de Jalisco, consolidando un esquema de centralismo que asfixia a los estados productivos.
Jaime Hernández advierte que esta disparidad no es casual, sino una estrategia deliberada que condena a los habitantes de Jalisco a recibir un trato discriminatorio. Esta inequidad se traduce en servicios públicos deficientes y en una falta crónica de inversión para la modernización de redes de agua potable y plantas de tratamiento.
La federación, lejos de buscar un equilibrio en el desarrollo regional, perpetúa un modelo en el que la capital recibe aumentos presupuestales superiores a la inflación, mientras que, para Jalisco y otras entidades, los recursos apenas alcanzan para cubrir lo mínimo, relegando sus necesidades a un segundo plano.
Jaime Hernández hace un llamado urgente para cuestionar la legitimidad del modelo de gasto federal. “No es aceptable que el bienestar de los ciudadanos jaliscienses quede supeditado a los intereses políticos del centro del país. Es momento de exigir una revaloración del pacto federal y una redistribución justa de la riqueza nacional, donde el derecho humano al agua y a una vida digna no dependa de la geografía, sino de la equidad”, expresa en entrevista con Conciencia Pública.
La entrevista
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB): Jaime, primero que nada, ¿cómo ves la problemática que viven cientos de miles de personas respecto al acceso al agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara?
Jaime Hernández: El acceso al agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara es un drama humano y una angustia permanente para miles de familias. El problema, agravado en los últimos 15 o 20 años, no se limita a sequías o infraestructura deficiente: es técnico-político, por la falta de recursos para mantenimiento y el deterioro del federalismo en México.
GIB: ¿Por qué consideras que el problema es esencialmente federal?
Jaime Hernández: La Constitución establece la corresponsabilidad federal a través de organismos como la Conagua. Aunque los municipios se encargan de la distribución y el mantenimiento, la autoridad federal ha desatendido su papel. El origen está en la distribución presupuestal: Jalisco, con casi 9 millones de habitantes, recibe 182 mil millones de pesos, mientras que la Ciudad de México, con una población similar, obtiene 313 mil millones. La diferencia de 131 mil millones refleja un trato desigual y discriminatorio que obliga a los estados a subsidiar a la capital.
GIB: Mencionas que el tema es político, ¿qué sucede con el SIAPA y su gestión?
Jaime Hernández: El SIAPA ha sido utilizado como caja chica y agencia de colocaciones. Antes existía un sindicato combativo, luchador, que garantizaba condiciones mínimas de trabajo y capacidad técnica. Ese sindicato ha sido pulverizado, eliminando derechos laborales y expulsando a la gente con experiencia. Hoy, el SIAPA carece de operadores capacitados para atender emergencias, desazolves o reparaciones. Además, hay una crisis de gestión de recursos: mientras que en la Ciudad de México son efectivos en la cobranza, aquí hay una reticencia a transparentar los adeudos. ¿De qué tamaño es la deuda real del SIAPA? ¿Quiénes son los que deben? Las autoridades no han querido hacerlo público.
GIB: ¿Qué propones para revertir este caos?
Jaime Hernández: Se necesita una nueva planeación con carácter ejecutivo, no solo comisiones para la foto. Propongo lo siguiente:
- Diagnóstico real: Saber cuántas plantas de tratamiento existen, cuántas funcionan y cuál es su estado.
- Reingeniería total: Invertir en infraestructura —tuberías y drenajes— con una visión de 40 o 50 años. Estamos desperdiciando el 35 % del agua por fugas en tuberías viejas.
- Combate al “huachicoleo” del agua: Es un tema delicado, pero necesario.
- Desalinización: Jalisco tiene costas; es momento de instalar plantas desalinizadoras.
- Comisión de especialistas: Crear un órgano con expertos en la materia, ajeno a intereses políticos, cuyas recomendaciones sean vinculantes.
- Saneamiento: El río Santiago no puede seguir siendo un asunto meramente estatal; es una cuenca federal que requiere acción conjunta y sanciones reales a las industrias contaminantes.
GIB: ¿Qué le recomendarías al gobernador Pablo Lemus frente a este panorama?
Jaime Hernández: Primero, que acepte la realidad. El problema en Jalisco no es la falta de agua, sino la calidad del agua y su mala gestión. Necesitamos una reingeniería completa del modelo. No se puede seguir operando con ocurrencias; se requiere una inversión masiva —hablamos de decenas de miles de millones de pesos— orientada específicamente a infraestructura de calidad y saneamiento.
También es indispensable que la federación deje de concentrar los recursos en la capital y voltee a ver a Jalisco. Si hay adeudos en el SIAPA, que se transparenten y que todos paguen: gobierno, escuelas, iglesias y ciudadanos. La ley debe ser pareja. Solo con transparencia, presupuesto técnico y voluntad política podremos dejar de ver esa agua amarilla y sucia que tanto ha padecido nuestra zona metropolitana.
