Opinión, por Fernando Plascencia //

Pablo Lemus será recordado por ser el empresario que llegó a ser gobernador de Jalisco. Carismático para algunos, buenondés para otros o con exceso de romantizar el trabajo político. No sabemos si se cumple la vieja teoría platónica que sostiene que, si los mejores no gobiernan, estamos destinados a que lo hagan los peores.

Lo que sí muestra – como una forma central de su estilo – es el diálogo con las partes y esto es una continuidad de sus anteriores aventuras municipales, porque ya sabíamos que en sus redes sociales encontraríamos autoelogios.

Su empresariado se ha visto disminuido con su labor política, ello se debe a que poco sabemos de sus negocios. Empresario desde joven, heredó una tienda de instrumentos musicales por parte de su familia; su padre nunca estuvo cerca de la política, pero eso le permitió sentarse en mesas con otros empresarios y, por qué no, con políticos. Se le vio con una labor de presidir a los patrones, que si bien o mal, logró romper con ese esquema y colarse en la clase, que no se siente muy de ella, pero que le rodea.

En la esfera de la política, a decir verdad, Lemus no es el tipo de actor que requiere de un rival. Alfaro lo requería para su supervivencia política y mediática; el propio Andrés Manuel, lo llevó al extremo y logró polarizar al país entre un bando y otro. Por ahora, se dice que es lo que necesita Claudia y que su rival debe estar en su propio partido. Como quiera que sea, Lemus no ha pretendido eso, sino montar una estrategia de cercanía con quien pueda o no pueda favorecerle.

Por otro lado, se le avista un pensamiento socialdemócrata, pero con ligero desprecio hacia las personas que piden desde la pobreza una mejor posición social. Quizás es heredero de una tradición de occidente, de permanecer con el estatus, pero sí dar dádivas a la gente que lo necesita; así se piensa de este lado. Es curioso que Lemus entienda el problema de la desigualdad como el nulo acceso a servicios, pero no como una mejor repartición de la riqueza individual.

Se sabe poco de por qué Lemus incursionó en la política, y no me refiero a la invitación que le hizo Alfaro en 2015, como tantas veces lo ha expresado, sino a sus verdaderos motivos. Un empresario exitoso difícilmente vendría a mejorar el mundo, un mundo que no es de él y en el que no ha tenido dificultades.

Existen historias al revés de dejar lo público para irse al empresariado, porque aunque Lemus no pertenezca a la clase política de cepa, ha convivido una década y ha sobrevivido a embates, a descortesías y más importante, a enfrentamientos directos con Alfaro, capitán de su partido. Sin embargo, con los suyos de Zapopan mantiene una relación fresca; ¿será que la distancia une más?

Existen dos Lemus. Uno que tiene amigos y aliados por todo Jalisco y otro que no conocemos, porque no entendemos cómo es su empresariado. Él ha sido el primero en separarlos, en no mezclar sus negocios en sus declaraciones, aun cuando no niega su origen, COPARMEX.

Pero el que sí conocemos, se dice que recibió en su gobierno a traidores, viejos enemigos del alfarismo – Esquer es uno – y que mantiene una relación de poder con este y otros más. No ha sido el único, Alfaro lo hizo, Aristóteles también con gabinetes amplios y variados, que a la larga rompieron con el anterior dueño y se transformaron en secuaces; no había de otra.

Lemus es apasionado por tomar el control de las situaciones y que extrañamente está mezclada con su característica central de no rivalidad y tejer puentes. Toma primero la palabra, la usa, la rebota y luego permite que los demás sumen. Por supuesto, que en estos tiempos es difícil de entender, porque la confrontación y la oposición están de moda. Pero ¿qué te parece si usamos la oposición como palanca? Debí haber escuchado a uno de sus asesores.

Pablo Lemus quizás rompe con el patrón de político por sí mismo, el que vino de una tradición familiar, y lo hace con mecanismos aparentemente antisistémicos que, con palabra dulce, mejor explicación de los hechos y cercanía ciudadana, se mantiene como un gobernador prometedor. Siguen siendo meses apabullantes, sacando agenda propia, pero también con agendas nacionales que le exigen hígado. Ojalá pudiera concluir que a los dos Lemus los une el pragmatismo, porque lo que verdaderamente importa es que el Lemus visible aplique racionalidad y determinación para resolver problemas públicos, que más que nunca lo requiere, porque los conocemos, los vivimos y padecemos.

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

La integración de la Suprema Corte y del Poder Judicial, en los términos en que fue concebido por la mente de un expresidente que gobernó por impulsos, haciendo leyes por sus caprichos y venganzas, privilegiando su popularidad y paso por la historia por encima del interés nacional, merece sin duda un repaso por los desatinos que le siguieron.

El primero: la aprobación de la reforma constitucional que permitió la elección por voto popular en forma irreflexiva, apresurada y por lo tanto defectuosa. Tanto que ya requirió una reforma para corregir la temporalidad del ejercicio del presidente de la Corte y además 307 acuerdos del INE para ajustar el procedimiento y poder llevar a cabo la elección mandatada.

El segundo: ante el desinterés por la elección y la falta de registros de aspirantes, de alguna de las áreas del oficialismo ─sospeche de la que quiera… Atinará─ surgió una instrucción y en solo un fin de semana se registraron más de 10 mil, particularmente en las áreas de los comités de selección del Poder Legislativo y del Ejecutivo; un sospechoso alud de solicitudes que volvió imposible el escrutinio de antecedentes.

Tercero: el comité del Poder Judicial se declaró impedido de seleccionar candidatos por existir recursos legales en curso y por lo tanto, el comité legislativo insaculó por tómbola, sin calificar atributos ni revisar antecedentes, lo que llevó a integrar en sus listas hasta delincuentes.

Cuarto: el INE los registró sin cribar, pese a advertencias y solicitudes, y mandó imprimir boletas confusas e inmanejables. Eliminó el escrutinio ciudadano, el conteo inmediato y aprobó no eliminar ni manifestar las boletas sobrantes, quedando el proceso en manos de trabajadores del Instituto. Con ello, la transparencia y confiabilidad quedaron eliminadas.

Quinto: el INE otra vez, permitió la difusión de “acordeones” e hizo oídos sordos de las denuncias de participación del partido oficial y sus seguidores en la distribución. Se incluyó también al gobierno en dicha operación a través de los servidores de la nación, empleados públicos. Ante las denuncias y evidencias, el instituto electoral emitió un acuerdo tardío e ignorado.

Sexto: En la votación hubo concordancia en más de un 70 por ciento entre los candidatos señalados en los “acordeones” y los que resultaron electos. Se detectaron irregularidades como boletas planchadas, rebase de votantes superior al listado y otras mapacherías en 1,322 casillas y la insólita cifra de 3.7 millones de votos nulos. Cinco consejeros fueron certeros y enfáticos en señalar las causales diversas para anular la elección; seis votaron en contra, pese a que una de ellas razonó favorablemente los argumentos para la anulación y, sin embargo, votó en sentido contrario a su opinión. Oficialmente, la elección fue aprobada en el INE, aunque de panzazo.

Séptimo: Pasado el proceso han encontrado que más de 70 candidatos que fueron electos no reúnen las condiciones que la constitución exige para su elegibilidad y el INE se prepara para, ahora sí, declararlos inelegibles. Curiosamente la mayoría de los señalados tienen carrera judicial o están en funciones y cuentan con maestrías y doctorados, pero pueden ser inhabilitados, tal vez por ser parte del “engranaje corrupto” y buscarán la forma de que sean sustituidos y no declarar vacante el puesto, existiendo una laguna procesal pues la improvisada reforma no contempló el supuesto.

Conclusión: la Suprema Corte ha quedado integrada por los ministros “acordoneados” con un presidente que se niega a usar la toga y convierte su origen étnico en mérito suficiente. El Tribunal de Justicia Judicial, también consecuencia del acordeón votado, integrado por afines al partido oficial y por ende al Poder Ejecutivo; los magistrados y jueces en proceso de criba y será cuestión de tiempo y procedimientos para que el Poder Judicial quede totalmente colonizado por el movimiento y quien lo encabeza.

No sin tropiezos, salvados a la moda vieja, por consignas y siguiendo instrucciones, el golpe de Estado al Poder Judicial está consumado. Se lleva en el camino a las instituciones encargadas del proceso democrático de elección de autoridades (INE Y TSJE) que han perdido confiabilidad, entregadas ostensiblemente a la voluntad del Poder Ejecutivo. Elecciones limpias con resultados indiscutibles no las veremos en este país en los próximos años.

La tendencia a convertir el sistema judicial en un instrumento de reivindicaciones sociales, sumiso al Ejecutivo, y no en un imparcial y justo protector de los derechos individuales, especialmente frente a los excesos y abusos del poder a lo que se han manifestado tan proclives ─anoten las últimas resoluciones y leyes en contra de periodistas y la libertad de expresión─ delinean un Estado autoritario con el poder concentrado en un grupo sin controles ni equilibrios institucionales.

La Suprema Corte se ha quedado sin toga y sin mallete, ese ya está en otras manos.

*Mallete: mazo de madera utilizado en contextos judiciales.

Opinión, por Iván Arrazola //

Durante una de sus conferencias mañaneras, el expresidente López Obrador expresó que gobernar “no tiene mucha ciencia”. Tal afirmación, aparentemente inofensiva, cobra nuevas dimensiones cuando se observa cómo algunos funcionarios han intentado llevar esa lógica a la práctica.

Un ejemplo reciente fue el del director general del Infonavit, Octavio Romero, quien —también en una conferencia mañanera— presentó una propuesta para regularizar viviendas abandonadas que se encuentran bajo control del Instituto.

El planteamiento es sencillo en apariencia, pero de gran complejidad en sus implicaciones: aquellas personas que actualmente habitan viviendas desocupadas y no tienen vínculo legal con el instituto podrían regularizar su situación mediante el pago de una renta o la adquisición de la propiedad. Es decir, quienes hayan ocupado una vivienda del Infonavit sin tener derechos sobre ella podrían, eventualmente, convertirse en propietarios si se someten a un esquema de regularización.

Esta propuesta, expuesta sin mayor detalle técnico ni jurídico, provocó una inmediata ola de reacciones. Aunque la secretaria de Gobernación y la presidenta Claudia Sheinbaum intentaron contener las críticas y asegurar que la propiedad privada está protegida en México, se ha generado un amplio debate. Organizaciones empresariales y representantes del sector inmobiliario reaccionaron con firmeza. En comunicados públicos, señalaron:

Diversas organizaciones empresariales manifestaron su firme rechazo a la propuesta anunciada por el director del Infonavit, que plantea la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, ofrecidos además a precios subsidiados.

Consideran que este tipo de iniciativas representan un incentivo a la ocupación ilegal de inmuebles y, por tanto, rechazaron categóricamente cualquier intento por premiar estas prácticas. Asimismo, exigieron a las autoridades competentes —y en particular a la Asamblea del Infonavit— que frenen cualquier esfuerzo orientado a legalizar la tenencia irregular de viviendas.

Las organizaciones también señalaron que el Instituto no cuenta con facultades legales para otorgar créditos, contratos de arrendamiento ni escrituras a personas que no sean derechohabientes, y recordaron que la atención a la población no afiliada corresponde a otras instancias del Estado, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Los datos del propio gobierno muestran la magnitud del problema: de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar, en un universo estimado de 843 mil —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86 % están ocupadas por personas sin vínculo jurídico con el Instituto ni con los propietarios originales.

Es cierto que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y que se trata de una problemática social urgente. El gobierno de Sheinbaum ha anunciado su apuesta por la construcción de un millón de viviendas como parte de su estrategia para garantizar el derecho a una vivienda digna, un objetivo prioritario para millones de personas.

Sin embargo, la gran interrogante no radica solo en si existen los recursos económicos suficientes, sino en si el Estado cuenta con la capacidad institucional y operativa para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud. Esta duda se acentúa considerando los antecedentes de gestión del actual director del Infonavit, Octavio Romero, cuya administración en Pemex fue ampliamente cuestionada por su falta de resultados, así como el historial de un gobierno poco habituado a rendir cuentas de manera transparente y eficaz.

Gobernar —aunque lo niegue López Obrador— sí tiene ciencia. Requiere planeación, conocimiento, responsabilidad institucional y, sobre todo, respeto al estado de derecho. Presentar una idea de regularización sin una estructura normativa sólida ni una estrategia clara para evitar incentivos perversos —como la ocupación ilegal de viviendas— es irresponsable.

Con esta propuesta, el gobierno parece haber creado un nuevo paradigma: el del populismo inmobiliario, una fórmula que privilegia las decisiones de alto impacto mediático sin sustento técnico, legal o presupuestal.

Además, la medida ignora causas estructurales de fondo: muchas de estas viviendas fueron abandonadas por carecer de servicios básicos, por ubicarse en zonas con altos índices de inseguridad, o porque sus propietarios originales no pudieron continuar pagando ante condiciones laborales precarias. El problema, por tanto, no es solamente de propiedad, sino de habitabilidad y de política pública de desarrollo urbano.

La verdadera discusión debería centrarse en cómo rehabilitar esas viviendas, cómo hacerlas atractivas para nuevos compradores, y a quién deben dirigirse: personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, madres jefas de familia o personas con discapacidad. Eso implica diseñar políticas públicas serias, bien focalizadas y evaluables, no generar expectativas basadas en promesas vagas o mal diseñadas.

La idea de que “gobernar no tiene ciencia” es peligrosa. Revela una visión simplista de la administración pública que puede conducir a decisiones con efectos negativos duraderos. Lo que se presentó, más que una propuesta articulada y reflexionada, parece una ocurrencia que busca aplausos fáciles y simpatías electorales. Tal vez, y lamentablemente, eso es lo que algunos entienden por gobernar sin ciencia.