OPINIÓN
El Estado Fallido lo impulsan los malos gobiernos: Bancarrota moral
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Nuestra República, tras larga hegemonía de gobiernos antipopulares, entreguistas y corruptos, ahora se debate en profunda crisis sobre si continúa su titánica lucha para recobrar la plenitud de la soberanía, abatir la corrupción que la atrasó, volver al campo de la democracia y autentificar el goce de los derechos humanos.
Para lograr esos objetivos, ciudadanos e instituciones debemos conducirnos con integridad plena y ajustarnos a las exigencias de la justicia, cuyas bases se sostienen en la legitimidad, es decir, la coincidencia de la razón y la ley.
Un Estado nacional que no logra sus fines esenciales, es un Estado fallido, aunque no aniquilado. Para recobrar su destino, necesita reandar su trayecto a partir del momento en que se extravió, recuperando sus metas genuinas y ampliando sus horizontes.
Desde luego que nuestra patria no es un Estado fallido, aunque estuvo a punto de llegar a serlo, de haberse continuado su marcha hacia el abismo, según lo acredita nuestra historia reciente (señaladamente desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto).
Un aspecto fundamental que se debe superar para que México sea fuerte, soberano, justo y próspero, es lo moral, que, de acuerdo a la Academia de la Lengua, es lo “Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia”, lo cual complementa el diccionario Oxford, esto es, “saber sobre la bondad o maldad de los actos humanos, no solo de carácter teórico, sino también práctico, ya que se orienta a dirigir las conductas al bien”.
En relación a lo precedente, debemos hacer un recuento de como se actúa por particulares y servidores públicos, así como sectores público y privado, en nuestro país y su entorno. En este ámbito (que es internacional), debemos al menos mencionar a Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala y España.
Utilizando la concepción del periodista Antonio Rosas Landa, cuando un país usa efectivos entrenados para detener a individuos o familias que huyen desesperadas de la pobreza, la violencia, la persecución y el hambre, es la bancarrota moral de esa nación: este es el caso típico de la nación del Tío Sam en la actualidad.
Ah, pero no se trate de apreciar el contexto mundial, porque allí, el bifronte Estados Unidos, que en su moneda tiene moldeado en inglés “en Dios confiamos”, en los hechos lleva hambre, muerte, destrucción o al menos obstrucciones, a los regímenes que “no tienen sus intereses en su forma de gobernar”.
En la vecina del sur, Guatemala, la penuria, el atraso social y los desgobiernos que ha padecido, la han sumido en una crónica quiebra socio-económica y política, semejante a la triste situación de varios países del Caribe y Centroamérica, por no citar otros lugares del orbe.
Por lo que ve a España, la entrañable “madre patria” de muchísimos mexicanos, su gobierno se comporta de tal forma que no podemos dejar de considerarlo hipócrita: siendo un Estado que por naturaleza debería ser federativo, se obstina en ser centralista, y siendo totalmente plural es arbitrariamente unitario.
En consecuencia, no fue sensible a la petición de que ofreciera disculpas por los tres siglos de asesinatos, pillaje y ultrajes que asestó a nuestros indígenas, mestizos y connacionales en general. Lo cual sí hizo el gobierno catalán y a nombre del catolicismo lo ha hecho el Papa a los sudamericanos.
En ese renglón, los países antedichos, sufren de bancarrota moral. No así nuestro México, que se ha disculpado ante pueblos oriundos, chinos avecindados en el país o descendientes de africanos.
Empero, hoy por hoy vivimos un delicado momento. Miguel de la Madrid, neoliberal pero no tonto, en diciembre de 1982 afirmaba que en “el México de nuestros días, nuestro pueblo exige con urgencia una renovación moral de la sociedad que ataque de raíz los daños de la corrupción en el bienestar de su convivencia social”. Lástima que, como político falaz, faltó a su deber y nos impuso al nefasto Carlos Salinas, no solo por medio del afrentoso “dedazo”, sino propiciando en las elecciones la “caída del sistema”, suceso paradigma de inmoralidad.
Salinas, el ultra-neoliberal, ignoró a la izquierda (decía al respecto: ni los veo ni los oigo), desconoció gobernadores a su capricho, hizo arreglos “en lo oscurito” con los panistas, y se dio el lujo de recetarnos dos dedazos, lo que implicó el sacrificio de Luis Donaldo Colosio. Así arribó al poder Ernesto Zedillo, quien entre otras lindezas cometió “el error de diciembre” y de allí estuvimos los mexicanos en un vórtice que desembocó en el maldito FOBAPROA, deuda casi impagable que sigue haciendo estragos a las finanzas públicas, y con ello atrancando el desarrollo nacional.
Zedillo, el de la “sana distancia” con su partido (el PRI) tuvo que ver con la entrega de la estafeta presidencial al locuaz y frívolo Vicente Fox, proveniente del panismo, pero fiel ejemplo de lo que es el prianismo, excelente prototipo del gatopardismo: cambiemos todo para seguir igual. De esa manera se pudrió la esperanza del pueblo en la anhelada “transición democrática”.
Luego sobrevino la mascarada del desafuero a Andrés Manuel López Obrador, el robo de la elección presidencial de 2006, arribo de Felipe Calderón a la presidencia, “haiga sido como haiga sido”, lo cual es el colmo de indecencia. Y así prosiguió el quehacer público con el retorno priísta, cuyo abanderado Enrique Peña Nieto, y muchos gobernadores de su tiempo, hicieron de la corrupción, la impunidad y el entreguismo, una religión.
Por ello, para el pueblo, si un político en campaña promete hacer o no hacer, tal o cual cosa, y ya en el poder incumple o hasta actúa en contra de su compromiso, además de deshonesto, es lo esperado. Y lo mismo creen del juez o magistrado que omite aplicar la ley o peor, procede en contra de ella: es perverso. Lo mismo se puede decir de los fiscales o ministerios públicos que se conducen inducidos por la infidelidad, y son causa de la injusticia.
Los funcionarios al estilo de los consejeros del INE, la Comisión Federal de Competencia, el Banco de México, los del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros organismos autónomos donde se ampararon para ganar más que el Presidente de la República, es claro que abominan la constitución federal: ésta ordena que no ganen más que el Presidente, pero ellos, utilizan leguleyadas para cobrar casi el doble de lo que percibe el primer mandatario; son inmorales en grado sumo. Y así los cataloga la ciudadanía, la cual califica de parecida forma a los siguientes:
Los exgobernadores, casi una veintena, que saquearon sus estados y pisotearon las leyes, significan la quiebra moral de esa clase de funcionarios.
Los empresarios que en su afán de recobrar privilegios no reparan en medios para lograrlo, incurren en impudicia.
Los periodistas, que durante décadas medraron a la sombra del “chayote”, modo ignominioso del poder público para gobernar con omisiones y falacias, manteniendo al pueblo sumido en la ambigüedad, tienen en López Dóriga, Riva Palacio y Carlos Loret (Lord montajes), la máxima expresión del no ser lo que presumen.
La bancarrota es insolvencia por parte de una persona física o legal, para cumplir sus obligaciones o exigir sus derechos, y también lo es cuando disimula que las consuma. Lo moral está representado por costumbres y normas con que esas personas se realizan, mismas que se consideran beneficiosas para la comunidad, aun cuando sean favorecedoras de ellas mismas. La antípoda es lo inmoral.
Cuidemos de que México no se hunda en ese ignominioso nivel de la bancarrota moral, al cual casi llegamos, porque es paso anterior de la descomposición social y con ello, del Estado Fallido, situación que jamás habremos de permitir los que admiramos veneramos a la Patria.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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