Urge a Pensiones del Estado aumentar el número de afiliados: Ipejal y los supernumerarios

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Una vez más, Amanda está revisando el listado de pendientes por entregar las próximas semanas, otra vez, ella tendrá que moverse de lugar de trabajo, algo que ya le sucedió al término de las otras dos administraciones municipales, en el pomposamente llamado “Gobierno de Guadalajara”.

Amanda llegó a trabajar en el ayuntamiento como parte de un acuerdo, de un conocido de ella, con la administración de Ramiro Hernández.

Desde entonces, ha estado trabajando en diferentes labores administrativas municipales. La primera vez que tuvo que presentar su renuncia por anticipado fue al término de la administración de “el inge Ramiro” y la llegada de Enrique Alfaro.

Uno de sus jefes se la solicitó y así fue como Amanda volvió a firmar contrato con el ayuntamiento, esta vez en la administración de Alfaro Ramírez.

Ahora, con el fin de la administración de Ismael del Toro -quien finalizó desde hace meses su estancia en el Gobierno Municipal de Guadalajara-, ya le pidieron nuevamente a Amanda prepare su renuncia y la entrega de su puesto, pues será Pablo Lemus quien acomode a su gente.

Con casi seis años de trabajo Amanda deberá empezar a buscar trabajo o confiar en que alguno de sus jefes -si es que ellos también se quedan-, pida que siga trabajando en el “Gobierno de Guadalajara”, de no ser así, estará desempleada y sin ninguna prestación.

Al igual que Amanda, miles de empleados municipales se encuentran cada tres años ante la posibilidad de ser desempleados, la estabilidad laboral no existe para quienes son considerados simples empleados eventuales que cumplen meramente con un compromiso de apoyo político.

Y si hablamos de los empleados estatales, corren la misma suerte, solo que cada seis años.

Esta costumbre de cambiar empleados cada fin de administración favorece la existencia de aviadores, afecta el servicio profesional de carrera, resta oportunidad de mejores condiciones vía escalafón a los empleados públicos, y en Jalisco, han generado un boquete que afecta ya al IPEJAL.

Era el año del 2014, las reuniones de Consejo del IPEJAL se realizaban en completa camaradería y sin complicaciones, ahí se encontraban: el LEP. Francisco de Jesús Ayón López, Consejero Presidente en representación del Gobierno del Estado; la C. Pía Orozco Montaño, Consejera en representación del Gobierno del Estado; el C. P. Francisco Javier Padilla Villarruel, Consejero en representación del Municipio de Guadalajara; el Prof. Arnoldo Rubio Cárdenas, Consejero en representación de los servidores públicos de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); el C. Juan Pelayo, Consejero en representación de los servidores públicos de la Federación de Sindicatos de Empleados de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco (FSESEJ); el C. P. Fidel Armando Ramírez Casillas, en su carácter de Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL); el Lic. Hugo Albero Michel Uribe, en su carácter de Secretario de Actas; y el Lic. Luis Enrique Miranda del Rio, en su carácter de Director Jurídico del IPEJAL.

Todos los anteriores, fueron enterados por medio del estudio actuarial realizado por la actuaria Rosa María Farell Campa, del riesgo que corría el IPEJAL si se seguía descuidando la integración de nuevos afiliados al Instituto, pues cada vez la cantidad de pensionados iba en aumento y no así el número de afiliados.

Según la proyección de la actuaria Farell: “En términos absolutos se espera que el número actual de pensionados (23,680 casos al final del año 2014) se incremente a una tasa promedio del 10% anual los siguientes 5 años y del 6.2% en otros 5 años, de tal forma que se espera que su número sea de aproximadamente:

41,224 casos en el año 2020; 61,741 casos en el año 2030; 65,915 casos en el año 2040.

Derivado de las tasas esperadas de crecimiento, se espera que el número de pensionados represente: El 32% del número de trabajadores activos en el año 2020; el 45% del número de trabajadores activos en el año 2030; el 47% del número de trabajadores activos en el año 2035; el 47% del número de trabajadores activos en el año 2040.

Actualmente en el IPEJAL, hasta junio de 2021, están registrados 40, 404 pensionados y hasta esa misma fecha, el Instituto registra 122,463 afiliados. El estudio de Farell proyectaba tener en este año 2021, un aproximado de 144,000 afiliados, la diferencia entre lo proyectado y el número real, arroja un resultado negativo de casi 22, 000 afiliados menos.

La situación se complica cuando nos damos cuenta de que, dividir el número de pensionados real 40,404 entre le numero real de afiliados 122,463 da un aproximado de tres empleados activos pagando la pensión de un jubilado. Sin embargo, no es real, pues según la baja aportación de algunos afiliados, debido a su bajo sueldo, se llegan a requerir hasta casi ochenta aportaciones de afiliados para pagar una sola pensión dorada.

Una de las formas de apoyar la capitalización de IPEJAL sería considerar el incrementar el número de afiliados al Instituto, cosa que pareciera difícil para quien no sabe que, de los 125 Municipios de Jalisco solo 22 Municipios otorgan seguridad social vía IPEJAL a sus trabajadores. Es decir, 103 municipios de Jalisco no tienen afiliados a sus trabajadores al IPEJAL.

El Artículo 64 de la Ley de Servidores Públicos y sus Municipios dice: “La seguridad social será proporcionada por las Entidades Públicas, a los trabajadores y sus beneficiarios, a través de convenios de incorporación que celebren preferentemente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, o con las instituciones a que se refiere la fracción XII del artículo 56 de esta ley, siempre que aseguren cuando menos el mismo nivel de atención y cobertura territorial que el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que sean estas las que proporcionen a los servidores públicos los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios y asistenciales; así mismo, tendrán la obligación de afiliar a todos los servidores públicos al Instituto de Pensiones del Estado para el otorgamiento de las pensiones y jubilaciones correspondientes”.

Los gobiernos municipales, los organismos públicos descentralizados del gobierno estatal y el propio Gobierno del Estado, se pasan por el arco del triunfo la Ley de servidores públicos del Estado y sus Municipios, cuando ellos deberían de ser los primeros en hacer cumplir la ley que juraron respetar.

Como ejemplo están, el Ayuntamiento de Zapopan que no ha basificado a su personal desde hace mas de cinco años, o el Ayuntamiento de Guadalajara que fue demandado por trabajadores afiliados al Sindicato Guadalajara debido a que desde 2015, el municipio no ha respetado los derechos de preferencia de trabajadores pensionados y el de escalafón de empleados en general.

Por este motivo, se han presentado 52 demandas en contra del Ayuntamiento tapatío ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, a causa de la violación del derecho de preferencia que beneficia a jubilados, quienes podrán heredar su plaza a familiares directos.

La violación al derecho de escalafón ha originado 163 denuncias ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en contra del mismo Ayuntamiento de Guadalajara.

Ya viene el cambio de administraciones en los Ayuntamientos, el boquete financiero en el IPEJAL podría recibir un buen financiamiento si se cumpliera el Artículo 64 de la Ley de Servidores Públicos y sus Municipios.

Otorgar seguridad laboral a los empleados de los municipios, OPD´s y Gobierno del Estado, es otra de las opciones de apoyo a la crisis que vive el IPEJAL, deberían los representantes sindicales trabajar en ello, y las autoridades cumplir la ley, nomás eso, cumplir la ley que, juraron respetar y hacer cumplir.

Twitter: @DEPACHECOS