OPINIÓN
Crisis humanitaria: La tercera ola COVID
Bioética, por Omar Becerra Partida //
Como sabemos, se ha llegado la hora de enfrentar una nueva ola de contagios por COVID 19, en México y en el estado de Jalisco.
En cuestión económica observamos en el estado de Jalisco, según la SEDECO, a través del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) en el primer trimestre de 2021 repunta la economía del estado en un 2.2 %; se ubica en cuarto lugar nacional, y durante el primer trimestre de 2021 la actividad económica creció 2.19 % en comparación con el mismo trimestre de 2020.
Esto trajo consigo el crecimiento del 2.19% que ubica a la entidad en la cuarta posición entre las únicas ocho entidades del país que tuvieron un repunte, estas son: Chiapas con el 2.9%, Baja California con el 2.7%, Aguascalientes con 2.6%, Coahuila con el 1.5%, Tabasco con 1.3%, Durango con 0.96 y Oaxaca con 0.90%.
Que a nuestro parecer ha sido bueno, pero de poco empuje a frente a otras competencias territoriales de otros países, ya que observamos en las calles un panorama muy distinto, y no nos vayamos lejos solo basta darnos una vuelta recorrer la Calzada Independencia, gran parte de los negocios cerrados y también en plazas comerciales de las diferentes partes de la zona metropolitana de Guadalajara.
Según el indicador con respecto a las entidades de similar peso económico, Jalisco fue la única entidad que registró crecimiento económico en términos anuales; Nuevo León registró una contracción del -0.5%; Estado de México del -2.2%; Veracruz del -6.1% y Ciudad de México del -6.9%.
Respecto al crecimiento por tipo de actividad con cifras originales en Jalisco, las actividades primarias aumentaron 1.09%, las actividades secundarias crecieron 1.96% mientras que las actividades terciarias se redujeron -0.57% específicamente.
Los sectores que presentan mayor incremento en la entidad son: el sector construcción, el cual forma parte de las actividades secundarias, y presenta un aumento de 4.42% respecto al mismo trimestre de 2020, con cifras originales; las industrias manufactureras, con un aumento de 1.30% anual durante el primer trimestre de 2021; y el sector comercio, el cual registra un aumento de 3.42% anual.
En lo referente a dichos números que presenta el indicador, observamos una ausencia de un departamento de bioética que pueda dar opinión respecto a ello, como lo hacen en distintos países de la Unión Europea.
Es necesario implementar un departamento de bioética y de ética dentro de los distintos ámbitos de gobierno que avalaran la congruencia entre el estado y la sociedad para observar tanto las necesidades como las posibilidades de salir adelante como estado y como país.
Como sabemos la bioética corporativa y el bioderecho están en pañales en nuestro estado, las empresas se resisten a catalogar un departamento de bioética dentro de su acta constitutiva, y claro está, a la mayoría de los especialistas mercantiles les es ajeno.
La Bioética mediante sus cuatro principios podría generar un mejoramiento de la calidad de trabajo y el trabajo humano, dichos principios como lo son la justicia, la beneficencia, la no mal eficiencia y la autonomía sería grandes aliadas de la economía y del sistema corporativo en el estado.
LA TERCERA OLA Y LA ECONOMÍA
Traería consigo la humanización de leyes corporativas y de los órganos que la implementan.
Para ello nos dimos a la tarea de buscar al experto en estos temas al Maestro Pablo Roberto Christian Decentes Carrillo que estudio maestría en relaciones económicas internacionales y cooperación, docente del CUCS, centro universitario de ciencias de la salud de la Universidad de Guadalajara.
Nos comentó lo siguiente:
Los índices de contagios entorno al Covid 19 se han disparado en las últimas semanas y eso pone de nueva cuenta en alerta a los sectores productivos de las naciones, entre ellas México.
Han pasado 15 meses desde marzo del 2020 cuando se declaró la pandemia por parte de la OMS y para que los expertos del Banco Mundial la calificaran como la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), aunque hay quienes se atreven a decir que es incluso más fuerte que la de Gran Depresión de la década de 1930.
Ante este escenario, la economía no ha salido libre de afectaciones y seguramente será de nueva cuenta afectada de no tomarse medidas conducentes a establecer controles sanitarios en los diferentes comercios y actividades.
Hemos sido testigos de los profundos efectos económicos que se han presentados en los países que hemos sido afectados de manera fuerte por la enfermedad, sobre todo cuando la economía, como la mexicana, depende en gran medida del turismo y del comercio del internacional.
El Covid-19 ha afectado a la economía de tres maneras principales
-. Afectando directamente a la producción
-. Creando trastornos en la cadena de suministro y en el mercado
-. El fuerte impacto financiero en las empresas y los mercados financieros.
Además de repercusiones a largo plazo sobre el desarrollo del capital humano que es un factor que no se puede medir por el momento como en la educación, por ejemplo.
Ante la nueva oleada, la reacción de la población, así como de los gobiernos estatal y federal ha sido quizá poco afortunada o por decir lo menos mal, titubeante ya que de no tener un control real de los contagios y determinar políticas públicas acertadas podrían llevar a nuevos cierres y con ello no alcanzar los indicadores para salir de esta recesión
Los expertos del Banco Mundial esperan que la fortaleza de economías como China y Estados Unidos sean el ancla para soportar un nuevo impacto del Covid.
Además, esta crisis trajo el aceleramiento de tres grandes transformaciones: la inteligencia artificial, la automatización y la robotización y ha hecho que esos tres fenómenos lleguen masivamente a casi todas las economías del mundo, además del alza en el precio de los alimentos y de metales como el oro, el cobre o el alumno.
No somos ajenos a la dinámica mundial, así que una acertada aplicación en las políticas de vacunación, de salud pública permitirán que la economía no se estanque y permita alcanzar el desarrollo esperado.
Después de haber leído al experto nos damos cuenta que estamos ante una crisis humanitaria a nivel mundial pero que México está en los primeros lugares de mortandad por la pandemia y por otros factores.
La poca comprensión de la congruencia humana ha sido un factor detonante para ser un mal ejemplo a nivel mundial, tanto a nivel económico como humano en esta pandemia.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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