Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.

Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.

¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum

La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.

En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.

Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.

Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.

El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.

Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.

La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.

El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.

En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Pablo Lemus quiso jugar a la diplomacia. Se colocó su traje de “estadista internacional”, abrió su cuenta de X y decidió pronunciarse —veinticuatro horas después— sobre un conflicto que ni le competía ni le concernía directamente, pero que olía a oportunidad política: una funcionaria menor de Morena, Melissa Cornejo, fue cancelada —en redes y en visa— por el exembajador Christopher Landau, actual vicecanciller estadounidense. Lemus, con más cálculo que convicción, tomó aire, y escribió: “Eso no es Jalisco”.

Pero, ¿qué es Jalisco para Lemus? ¿Es acaso ese estado ejemplar que presume ante los diplomáticos gringos mientras, al mismo tiempo, sufre una de las tasas más alarmantes de desapariciones en el país? ¿Es ese “pueblo hermano” que, según él, mantiene relaciones respetuosas con los Estados Unidos, mientras la impunidad se pasea libremente entre sus aliados políticos, como Enrique Alfaro en Madrid, sin rendir cuentas por los más de 17 mil desaparecidos?

En su intento por desmarcarse de Melissa Cornejo —una joven militante que se inmoló en un tuit rabioso contra el imperio migratorio estadounidense— Lemus no midió que estaba exponiendo su propia desnudez política. Porque es muy cómodo condenar un mensaje soez desde la altura del poder, pero es más difícil responder cuando la diputada Itzul Barrera le devuelve el golpe con los datos que Lemus no publica en sus redes: alcaldes de su partido presos por crimen organizado, crisis hídrica en medio estado, y una Mesa de Seguridad donde el gobernador prefiere scrollear a intervenir.

Lemus no defendió a Jalisco. Se defendió a sí mismo. Se posicionó como el “buen mexicano”, el que sabe hablar inglés, el que presume relaciones internacionales y que, como todo buen político tecnócrata, se sube a los trending topics con frases bien medidas para caerle bien a los de afuera.

Pero en casa, su voz suena hueca. ¿Dónde está el mismo Lemus para condenar las ejecuciones extrajudiciales que policías municipales han protagonizado en su administración? ¿Dónde está para exigir justicia para las madres buscadoras hostigadas o desaparecidas? ¿Dónde estaba cuando Itzul Barrera le respondió con datos y él no supo replicar más que con silencio?

Este es el verdadero problema: Lemus no ve el fondo, solo la forma. Mientras Melissa Cornejo borra sus redes, él limpia su imagen con trapos ajenos. Mientras el vicecanciller Landau pontifica sobre los “glorificadores de la violencia”, el gobernador guarda silencio sobre los desaparecidos del 5 de mayo, los cuerpos embolsados en el río Santiago o los feminicidios en la zona metropolitana.

Y todo, para quedar bien con Washington.

Como decía un viejo columnista —al que esta pluma sigue rindiendo tributo—, “los políticos no son lo que dicen, sino lo que callan”. Y Lemus, al callar frente a los escándalos reales que le competen, pero alzar la voz solo cuando hay reflector extranjero de por medio, se pinta de cuerpo entero: es un gobernador de redes, no de gobierno.

En X @DEPACHECOS

Opinión, por Fernando Núñez //

Las elecciones judiciales, así como la marcha en contra de ellas, fueron un rotundo fracaso. Lo anterior nos dice que la lucha en torno a uno de los Poderes de la Unión es un proyecto –y contraproyecto– de las élites políticas del país, sin interés alguno por parte de la población. La cooptación de los juzgadores es un hecho consumado, y solo se habrá de revertir en un futuro un tanto lejano y después de una considerable e inevitable inestabilidad política.

“Nada es más peligroso que un pueblo que ha renunciado a su derecho a pensar por sí mismo”, afirmaba la estudiosa del totalitarismo político, Hannah Arendt. La desaparición de la capacidad crítica y la entrega ciega a un proyecto político, así como la instauración de la apatía y la indiferencia ante los sucesos políticos, son condiciones indispensables para la implantación de regímenes autoritarios/totalitarios.

La elección judicial en México deja claro que lo que existe no es una creencia ciega en un proyecto político, sino una muy peligrosa apatía política. Porque, por una parte, solo 13% de los electores mexicanos acudieron a votar, y el número sería considerablemente menor de no haber habido una operación nacional de acarreo político; pero, por otra parte, solo 3 mil personas se congregaron en el Ángel de la Independencia para protestar contra las elecciones, y en el resto de las principales ciudades del país los números fueron aún más raquíticos.

La lucha política en torno al Poder Judicial es un proyecto de las élites políticas. La captura de uno de los Poderes de la Unión no es un proyecto de las bases morenistas, porque estas no acudieron a votar. Pero mantener la independencia judicial tampoco es un proyecto de las bases opositoras, porque estas no acudieron a marchar. Tiene sentido: el Poder Judicial resulta muy abstracto –inclusive para las clases medias y medias-altas del país– como para querer ver su destrucción o su sostenimiento.

Lo anterior cobra más sentido aún ante el decrépito número de juzgadores que tenemos, y la falta de estado de derecho, trayendo como resultado una muy baja exposición de la población ante la impartición de justicia.

Y, sin embargo, el Poder Judicial resulta fundamental para el funcionamiento de la política, la economía y la sociedad. Además de la sepultura de la democracia y el fin de una era política, la elección judicial abrirá la puerta a los poderes fácticos, traerá aún más el debilitamiento del Estado mexicano y, con ello, la disfuncionalidad en el país. Eso ya lo vemos en una diversidad de indicadores que nos dicen que hay un continuo y creciente pesimismo entre la clase empresarial, y un constante y creciente estancamiento económico.

¿Cuándo comenzarán las protestas? Cuando comience a faltar dinero en los bolsillos de los mexicanos, y muy especialmente en los bolsillos de las clases medias del país. Eso, inevitablemente, viene.

Hay una peligrosa apatía política, y queda claro que las élites políticas son las únicas que se encuentran polarizadas. El sexenio de López Obrador comenzó con un capricho mayor al cancelar el NAIM, pero terminó con uno mayúsculo, sin precedente en la historia de la humanidad: la destrucción del Poder Judicial a través de elecciones populares. El futuro luce sombrío.

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