OPINIÓN
El cambio climático vendrá a agudizar la crisis migratoria
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
(Tercera entrega sobre migración) En las últimas tres semanas he tenido la oportunidad de hablar acerca de la migración, primero hablé un poco sobre el valor histórico que ha tenido este fenómeno, y posteriormente, abordé las políticas económicas que plantea implementar Estados Unidos en el triángulo norte de Centroamérica, esto con el objetivo de controlar la migración a través de grandes inversiones para generar empleo y mejores oportunidades.
Ciertamente la migración es uno de los retos más importantes de nuestra generación puesto que enfrenta fuertemente la idea de soberanía nacional y de seguridad nacional, con las ideas relacionadas con la dignidad y los derechos humanos, especialmente aquellos que involucran la posibilidad de los individuos buscar mejores oportunidades.
Pero también, este tema se vuelve complejo ya que está ligado de una manera íntima con otros dos de los problemas más grandes de nuestros tiempos: la corrupción (tema abordado la semana pasada) y el cambio climático, problema, que en más de una ocasión, a través de este espacio, he señalado que es uno de los retos más grandes a los que nos enfrentamos como generación, ya que éste, detonará una serie de problemas sociales importantes y a su vez, volverá aún más complejos a los ya existentes.
De hecho, en 1990, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático advirtió que la migración humana podría ser una de las consecuencias más graves del cambio climático, ya que millones de personas tendrían que desplazarse a causa de la erosión de la línea costera, de las inundaciones y de los estragos que las extremas temperaturas, tanto altas como bajas, podrían causar en la agricultura.
Asimismo, a mediados de los noventa, se difundieron otros estudios en los que se informaba que más de 25 millones de personas, se habían visto obligadas a abandonar sus hogares y sus tierras debido a la contaminación, la degradación del suelo, las sequías, y otros desastres naturales, también, el mismo informe detallaba que el número de ‘’refugiados medioambientales’’ sobrepasaba al número de refugiados por persecución política y por guerras.
Aunado a lo anterior, el ecologista británico Norman Myers, especializado en refugiados ambientales, estimó que el número de personas afectadas por alteraciones en el medio ambiente como pueden ser las precipitaciones o las sequías, puede aumentar hasta 200 millones para el año 2050, lo que significaría que el cambio climático sea la causa de desplazamiento de una persona de cada 45 en el mundo.
A su vez, el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, informó, en uno de sus estudios más recientes, que los desastres naturales, generaron 24.9 millones de desplazamientos en 145 países, siendo la India el primer lugar con 5, 018,000, mientras que en el caso de nuestro continente, se registraron 1, 545,000 desplazamientos por desastres naturales, superando por mucho al número de desplazamientos que genera la violencia.
Por lo general, cuando algunas situaciones se vuelven complicadas y por ende, nuestros objetivos se ven cada vez más lejanos, o cuando intentamos solucionar un problema e invariablemente terminamos exactamente donde mismo, tendemos a decir “todos los caminos conducen a Roma”, esto para dar a entender, primero, que hay muchas maneras de llegar a un objetivo y segundo, que hay un problema de fondo que debemos atender.
En el caso en concreto creo que podemos decir que al final del día, todos los caminos llevan a Roma, o más bien, todos los caminos nos conducen al cambio climático y sus catastróficas consecuencias que poco a poco, comienzan a manifestarse a través problemas sociales que desde hace tiempo son el dolor de cabeza de muchos gobiernos.
Ciertamente, si el deseo de los gobiernos es atender “la crisis” migratoria, es necesario que también, se entienda que las raíces de este problema están ligadas a otros fenómenos que no solo son complejos, sino que también requieren ser atendidos de manera urgente, pero también, de manera integral.
En ese sentido, ver los tres problemas más sensibles de nuestra sociedad como uno solo, nos permitirá acabar con esa visión simplista con la que nuestros representantes han querido construir soluciones, que ciertamente, no han hecho nada más que agravar las crisis humanitarias, sanitarias, económicas y ambientales a las que nos enfrentamos.
Un ejemplo importante de este cambio en la manera de concebir la migración, ya no como un fenómeno únicamente económico y político, sino como la consecuencia más sensible del cambio climático, lo podemos encontrar en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que ha estado al frente de los esfuerzos operativos y políticos para colocar la migración ambiental en el centro de las inquietudes internacionales, regionales y nacionales.
En el 2015, se creó una división dedicada a la migración, medio ambiente y cambio climático, justamente para abordar el nexo que existe entre estas problemáticas y hasta la fecha, esa división ha tenido la responsabilidad de supervisar y coordinar el desarrollo de una guía en materia de políticas públicas que plantean soluciones integrales para estos retos del milenio.
La OIM no solo reconoce la necesidad de aumentar los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para abordar los desafíos de la movilidad humana cuando se asocian con factores ambientales y con el cambio climático, sino que también, ha replanteado sus objetivos, volviendo sus principales prioridades: el facilitar la migración en el contexto de la adaptación al cambio climático y mejorar la resiliencia de las comunidades afectadas.
Una vez más, investigar sobre estos temas y a la vez, exponerlos en este espacio de opinión, hacen que me pregunte de nuevo: como país… ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿cómo es el futuro que nos depara?
Migración, cambio climático y corrupción son los problemas más sensibles a los que nos enfrentamos, pero antes de entrar de lleno al combate, debemos entender, como ya lo mencioné, que estos se deben atender en conjunto y no en lo individual toda vez que ellos representan una cadena de vicios.
Mientras exista la corrupción, la decadencia económica de los países seguirá impulsando a la ciudadanía abandonar sus naciones en busca de mejores oportunidades, a su vez, mientras exista la corrupción, podremos olvidarnos de recursos para implementar capacitaciones en materia de derechos humanos para los integrantes de los cuerpos de seguridad encargados de vigilar la manera en la que el transito migratorio se desarrolla.
Asimismo, mientras no pongamos en la mesa de debate una verdadera agenda ambiental con una serie de acciones especificas encaminadas no solo a disminuir la emisión de gases efecto invernadero, sino también encaminadas a consolidar una economía verde, el crecimiento económico y las oportunidades continuarán estancados, y ese factor, junto al deterioro de nuestro entorno, potencializará la migración.
El cambio climático hará que en algún momento, todos seamos migrantes, pero sin un entorno limpio ¿cuál será nuestro destino?
¿Estamos listos para replantear la manera en la que concebimos los problemas que nos rodean?
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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