OPINIÓN
Legitima Sección 47 inversión de riesgo para Ipejal
Metástasis, por Flavio Mendoza //
¿El magisterio respalda el proyecto de Ciudad Judicial Laboral? Así lo afirma el Secretario General de la Sección 47 del SNTE, Arnoldo Rubio Cárdenas, a nombre de uno de los gremios con más socios afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. En entrevista para Tela de Juicio, aseguró que el votó a favor porque “es un negocio bueno, que puede abonarle un poquito al fondo de pensiones”.
Pero los trabajadores de la Educación agremiados a la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no fueron notificados por su representación sindical en ningún nivel, ni siquiera el Comité Ejecutivo de la Sección es notificado antes o después de las decisiones que se toman en el Consejo Directivo, donde el Secretario General en turno tiene voz y voto. Es además una práctica recurrente del dirigente sindical en turno, que si bien no consulta porque para eso fue electo, lo que si no hace es informar a manera de rendición de cuentas las decisiones que toma a nombre de más de 50 mil agremiados trabajadores activos y jubilados del magisterio.
En la misma entrevista dice que esto no resuelve el problema que enfrenta el Ipejal respecto a su solvencia económica en los próximos años y acepta que él mismo cuando habla con sus trabajadores ha aceptado que se han hecho negocios en el pasado que no han rendido los frutos o hasta han fracasado totalmente tipo “Abengoa” donde se invirtieron 600 millones de pesos y hoy esas acciones valen 4 pesos, por fin hoy acepta además el caso de Transportes Marítimos Mexicanos, que en el pasado aseguraba no estaba perdido y que hoy dice que no está en ceros pero que les urge acomodar el papel para “no perder tanto”, son las declaraciones de quien hoy es Consejero titular en el Ipejal en representación de uno de los gremios más importantes para el Instituto, pero no es poca cosa esta declaración que hiciera en radio con Becky Reynoso, Zayra Yael Ramírez y Gabriel Ibarra Bourjac, pues admite parte de su responsabilidad en estos desfalcos, siendo consejero suplente cuando se llevaron a cabo algunas de estas inversiones ya declaradas por la Contraloría Estatal como desfalco por un monto de 2,000 millones de pesos y la investigación de cuando menos otras 24 operaciones financieras por un monto de 700 millones de pesos.
Resulta increíble entonces que el representante del magisterio en un periodo aproximado de 10 años como consejero suplente y titular no fuera capaz de darse cuenta de estas inversiones que fueron aprobadas por la representación de la Sección 47 del SNTE y que incluso excedían limites fijados en la propia normativa para inversiones, es decir, aprobaron ilícitos, recordemos que sigue siendo facultad del Consejo Directivo todo lo referente a las inversiones del IPEJAL.
En este caso de Ciudad Judicial el principal problema radica en que vuelve a ser el Ipejal la caja chica del Gobernador, que tiene mayoría en el Consejo del Instituto y que encontró en la representación del magisterio la legitimación de otro abuso al Ipejal. Uno de los principios normativos para toda inversión es verificar criterios de rentabilidad y que no sean vulnerandos los principios de seguridad, rendimiento y liquidez para el portafolio de inversiones del propio Instituto, para ello hacen falta más estudios de viabilidad, incluso para el caso de la Sección 47, vale la pena invertir del recurso de los trabajadores por concepto de cuota sindical, en estudios que permitan contrastar los que presenta el Ipejal para el proyecto.
Nuevamente se le resuelve al Gobierno del Estado, porque en ningún terreno particular que se rente para alguna empresa el arrendatario permite las condiciones que imponga el arrendador, es en todo caso un acuerdo expreso en el contrato de arrendamiento que se entregan permisos para la construcción y/o adecuación del bien para la utilidad del arrendatario, mismo que una vez termine el contrato toda modificación de infraestructura y servicios básicos queda en propiedad del arrendador como parte del bien arrendado. La inversión inicial del proyecto del Ipejal ronda en los 400 millones de pesos, de un terreno que recibió el Ipejal a mediados del año 2020, como Dación por deuda de una entidad que no pagaba lo correspondiente a la aportación de los trabajadores, Servicios y Transportes OPD, por lo que el valor de ese terreno ya representa pérdidas para el Ipejal, pues no se recaudó en tiempo y forma para hacer uso del rendimiento respectivo; para considerarse como ganancia se debería primero recuperar la inversión inicial, es decir los 400 millones de pesos, hasta después del año 13 de arrendamiento se podría decir que se comenzaría a recaudar ganancias del proyecto de inversión; si el contrato es por 20 años de arrendamiento, entonces las ganancias serían de aproximadamente de 200 millones de pesos, esa cantidad en cualquier cartera de inversión bancaria a plazo fijo daría 3 veces más de ganancias corriendo menores riesgos.
O bien, si tenemos en este momento capacidad de invertir 300 millones de pesos en infraestructura, porqué no pensar que en ese mismo terreno se desarrolle un proyecto inmobiliario del que podríamos obtener 5 veces o más la inversión inicial del Ipejal, es por eso que entonces este nuevo proyecto de inversión vuelve a representar un riesgo para el endeble fondo del Ipejal y que además irresponsablemente se aprobó por el Secretario General de la Sección 47, porque al Consejo se presentó un proyecto conceptual, para una aprobación apresurada y planchada que da lugar a pensar en acuerdos en lo oscurito, sin un rigor técnico respecto a proyectos técnicos de inversión, arquitectónicos, de integración urbana, de integración vial e incluso de impacto ambiental, mismos que mencionó Juan José Hernández, Secretario General de Fesijal, el único voto en contra del proyecto y que se atrevió a denunciar públicamente lo que pasó en la Sesión de Consejo donde se aprobó este proyecto de inversión.
Después de la larga historia de desfalcos al Ipejal, de una reforma que sigue perdiendo terreno en los tribunales y la promesa de una reforma integral como demagogia para calmar la aguas cuando menos al interior del magisterio, llega hoy otra propuesta de inversión que no se ve para nada rentable y que parece sólo resolverle un problema a un gobierno endeudado y sin grandes resultados
Pero se haría con el fondo de los trabajadores, que no vería rendimiento en el plazo que tiene proyectado de viabilidad, es decir, puede quebrar el instituto con base en las proyecciones de los últimos estudios actuariales y no alcanzaría a recuperar lo invertido, claro que debe considerarse como un riesgo, es momento de pensar en un proyecto integral, mismo que pasaría necesariamente por una reforma integral, lo demás es más de lo mismo.
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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