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ENTREVISTAS

«Nos llena de orgullo publicidad de traidores a la patria; si Morena quiere cambio constitucional tiene que negociar»: Diputado Manuel Herrera

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Qué eres un traidor a la patria? -le pregunto a Manuel Herrera-. Carcajadas. Nos están haciendo publicidad como traidores a la Patria por haber votado en contra de la reforma eléctrica, hasta nos llena de orgullo”, contesta.

Es la primera vez que en la historia de un proyecto de reforma constitucional de un Presidente de la República es rechazado”, subraya el empresario jalisciense que fuera presidente nacional de la Cocamin.

Que quede claro y demostrado, si Morena quiere hacer un cambio constitucional, tendrá que sentarse a negociar, tendrá que escuchar las propuestas”, expresa el diputado federal jalisciense Manuel Herrera Vega, quien se ha distinguido por ser de los caballitos de batalla en el debate parlamentario de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro.

Tiene una justificación el rechazo, se trataba de un proyecto de reforma que no favorecía la competitividad, ni el desarrollo del mercado eléctrico, tampoco el desarrollo o transición a las energías limpias y renovables que es un tema importante”, agrega.

Entrevistado por Conciencia Pública, el líder empresarial convertido hoy en legislador, señala que la reforma no tenía el apoyo, como se demostró en los 28 foros que conformaron el Parlamento Abierto, el 75% de las personas que acudieron a defender el proyecto de reforma eran funcionarios del Gobierno Federal o de la Comisión Federal de Electricidad.

Esto nos indica que era un proyecto de reforma que no querían los mexicanos, ni los expertos que forman parte del mercado eléctrico, ni de los empresarios y emprendedores, ni los académicos, realmente era un proyecto del señor Bartlett, presentado por el Presidente de la República que no tenía ni pies ni cabeza”.

Al mismo tiempo, el legislador jalisciense está convencido que el sistema eléctrico nacional se tiene que seguir desarrollando, se tiene que garantizar la cobertura del mercado eléctrico, los apagones que hemos tenido son resultado de la ineficiencia de la CFE. “A todos nos conviene que la Comisión esté bien, le vaya bien, el tema -aclara- no es contra una empresa productiva del Estado, es el mal manejo que ha tenido actualmente”.

Con el rechazo a la propuesta de reforma del Presidente se evita que el Director General de la CFE se convierta en un hombre más poderoso que un secretario de Estado, en el que se concentrara todo el poder del sector eléctrico, en una entidad que es juez y parte, ya que sería el que marcaría las reglas y que inhibiría la inversión privada tan necesaria para el desarrollo del país, ya que el Estado no tiene capacidad para atender la demanda.

CERRAR ESPACIOS A LA CORRUCIÓN

Manuel Herrera tiene claro que la corrupción es un peligro que está presente.“Tenemos que acabar con cualquier área donde se permitan abusos, donde se permita corrupción. Visité a los pequeños propietarios y ejidatarios, hay un gran conglomerado de empresas del sector eólico, están los testimonios de que están preocupados, que si la ley pasa se cancelan los contratos les darán en la torre”.

El mercado eléctrico hay que seguir desarrollando y es parte de la propuesta de la bancada naranja que va en tres sentidos, explica Manuel Herrera: Sí consideramos que el gobierno debe tener el eje rector eléctrico, pero no siendo juez y parte, no debe ser CFE, debe ser un órgano autónomo como era la Comisión Reguladora de Energía; segundo, se tiene que seguir desarrollando el mercado, es fundamental la convivencia del sector público generando certeza jurídica para el sector privado; la tercera, es la transición de energías renovables a energías libres, si se calienta el planeta dos grados más seremos una catástrofe.

Algo que me frustraba en el parlamento abierto es por qué nos comparan con países como China, que es uno de los más contaminantes, por qué nos vamos a comparar con un contaminante, por qué mejor no con los sustentables con energías limpias, más del 60 por ciento de proyectos de la CFE es a base de combustibles fósiles, de la lista de proyectos estratégicos está un parque solar, pero nada más, todo es a base de contaminantes”.

LA ENTREVISTA

Después de la derrota de la reforma eléctrica de la 4T, ¿cuál es el panorama para la industria eléctrica en el país?

Todo este debate que se ha dado en el país lanza un mensaje negativo al exterior, la inhibición, la desaceleración en términos del ambiente para invertir en México está clarísimo, claro que se caerán proyectos de inversión, va acompañado de la resolución de la Suprema Corte en términos del manejo de la energía, con amparos por este debate en términos de la inconstitucionalidad del debate de la reforma que era una aberración.

¿Qué van a hacer para contrarrestar esta situación negativa para la inversión?

Lo que nosotros haremos, es presionar al poder judicial para lanzar ese mensaje de certeza jurídica, tendremos que sentarnos a dialogar con las demás fuerzas políticas, no nos podemos quedar así, sí hay cosas que mejorar, sí tenemos que sentarnos a dialogar, sí se debe modificar la ley, pero quedó claro que no era en los términos que planteaba el gobierno federal en una reforma que favorecía a los ideales del señor Bartlett, concentrando el poder en un solo hombre en el país, hay que trabajar en eso, el panorama no es sencillo, el mensaje de inseguridad en términos de inversión está ahí, hay que cambiar la percepción, ajustar la regulación para que las inversiones fluyan de nuevo”.

¿Cuál es la situación del sistema eléctrico en el país?

Es bien importante precisar que ese proyecto de reforma nada más por haberse presentado como se presentó ya detuvo muchos proyectos de inversión, estaban en juego más de 70 mil millones de dólares de inversiones que definitivamente se iban a ver afectadas si se aprobada el proyecto de reforma, pero muchos proyectos ya generaron una incertidumbre y un mensaje de falta de seguridad jurídica para invertir en México, que frenó proyectos de inversión.

¿Qué pasó tras la reforma energética que impulsó el gobierno del Presidente Peña Nieto?

Hay que reconocer que como la mayoría de las cosas, todo es perfectible, en realidad, sí hay un campo de mejora en el sistema eléctrico actual, en el sentido que sí se generaron distorsiones en el mercado eléctrico, hay que entender que evolucionó en una reforma agresiva en términos de desarrollar el mercado de las energías renovables, algunas venía desde antes de la reforma de 2013 y fueron parte del debate de todo este tiempo.

Se denunció que hubo corrupción en licitaciones, inversiones en el ramo eléctrico…

Algo que nosotros puntualizamos de manera clara, que estamos en contra de la corrupción, en contra de los abusos, reconocimos que se pudieron haber generado distorsiones, para eso se necesita aplicar la ley, segundo, algunas modificaciones que no requerían un cambio constitucional como el que se presentó, la realidad esta reforma aunque no haya pasado, de facto, desde meses anteriores, ha habido un bloqueo en el país de muchos proyectos de energías limpias, hay un altero de expedientes que no se han logrado destrabar, eso es importante que no suceda así.

¿Y sobre el papel de la CFE que nos dices, su situación financiera presente y futura?

A mí, algo que me preocupaba mucho es que se dijera que la culpa de la crisis económica de la Comisión Federal de Electricidad fuera de la legislación actual, eso forma parte del mercado eléctrico, porque cuando hicimos la pregunta en los foros de parlamento abierto, donde dicen que la rectoría del sector eléctrico en su totalidad incluyendo la transición a energías renovables lo tenga la CFE, que nos expliquen de dónde saldrán los recursos si en el presupuesto de egresos etiquetamos 73 mil millones de pesos para subsidios de la CFE, que está endeudada, que en 2017 tuvo utilidades, en 2018 tuvo utilidades, en 2019 ya no tuvo utilidades, en 2020 tuvo pérdidas, en 2021 tuvo más pérdidas, es muy fácil tapar ese tipo de agujeros e inconsistencias diciendo que los abusos y las empresas, que son antipatriotas, no poder sobre la mesa las malas decisiones del pasivo laboral que se tomaron en términos del sistema de pensiones de la CFE, el mal manejo financiero, que tiene hundido en una situación financiera riesgosa, por un mal manejo general”.

Lo que era una empresa productiva del estado mexicano, se convertía en un órgano del estado mexicano. Cuando preguntamos qué es un órgano del estado mexicano, dónde está en la constitución, qué figura es, nadie sabia qué es, lo que se convertía era en un ente donde se eliminaban todos los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, todos los capítulos que venían de respeto a los derechos humanos.

PROYECTOS DE ENERGÍA LIMPIA

En energías limpias, ¿cómo vislumbras el futuro de México?

El sector de las energías limpias ahora tenemos la ventaja y gran noticia que los proyectos que están llevándose a cabo seguirán funcionando. Hay un golpe importante en las finanzas de algunos proyectos, porque al declararse con la decisión de la Suprema Corte, muchos proyectos que tenían beneficios, en la modificación del modelo de despacho, que no es más que el orden como llegan a la CFE las energías, ahora no será el mismo sistema, sin embargo, sí hay una posibilidad de una gran demanda de la distribución de energías a otras empresas que no están consumiendo energías verdes, hay un mecanismo para compensar el daño que se podría dar. La buena noticia es que los proyectos tienen viabilidad de seguir adelante, tendremos que trabajar en modificaciones para evitar las distorsiones en el mercado eléctrico y para generar certeza jurídica y un sistema regulatorio con velocidad, transparencia, que permita los proyectos de energías verdes y las inversiones vuelvan a llegar, en eso trabajaremos en los próximos días”, puntualizó.

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Cielo Aguamarina Verdín: Candidata a magistrada por el Tercer Circuito

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

Mi experiencia en materia civil (familia, contratos, hipotecas) me da una base sólida para asumir el cargo de magistrada en el Tercer Circuito, específicamente en materia civil. “He complementado mi trabajo con estudio continuo: investigaciones en extinción de dominio, una tesis próxima a publicarse y formación en derecho comparado”.

Como mujer de mérito, sin padrinos, enfrentaré este reto con rigor y sensibilidad hacia los justiciables, siempre estudiando y aplicando la ley con profundidad”.

Es la jueza Cielo Aguamarina Ledezma Verdín, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en Jalisco, respaldada en una trayectoria impecable de 26 años en el Poder Judicial. Desde meritoria hasta jueza, su especialización en materia civil y su compromiso ético la posicionan como una voz para transformar la justicia y busca el voto ciudadano del electorado jalisciense el próximo 1 de junio.

OPORTUNIDAD PARA DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA

GIB: La elección del 1 de junio, impulsada por la Reforma Judicial, es histórica. ¿Qué opinas de esta reforma y su impacto en la independencia judicial?
CALV:
Es una oportunidad para democratizar la justicia y acercarla a la gente. Las presiones al Poder Judicial no son nuevas, pero mi trayectoria intachable demuestra que actúo con independencia. Pido a los ciudadanos que analicen los perfiles de los candidatos. Mi compromiso es mejorar la justicia para grupos vulnerables —niños, mujeres, comunidades rurales— con resoluciones que reflejen las necesidades reales de Jalisco, especialmente en el interior del estado.

GIB: ¿Qué ventajas tienes frente a otras candidatas y candidatos?
CALV: Mi ventaja es mi trayectoria integral: he pasado por todos los escalones del Poder Judicial, desde meritoria hasta jueza. No soy improvisada; tengo 26 años de experiencia, especialización en materia civil y sensibilidad forjada en el contacto con la gente. Como jueza, ya dicto sentencias; como magistrada, supervisaré y mejoraré resoluciones con transparencia y cercanía.

GIB: ¿Cómo garantizarás estándares éticos para evitar sanciones del Tribunal de Disciplina Judicial?
CALV: La ética es mi pilar. Garantizaré transparencia con resoluciones públicas y accesibles, apoyaré decisiones disciplinarias colegiadas para evitar arbitrariedades y me mantendré actualizada en leyes y principios éticos. También votaré por perfiles sólidos en el Tribunal de Disciplina. La rendición de cuentas es clave para un Poder Judicial confiable.

GIB: ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos como jueza?
CALV:
Los casos de custodia de menores son los más complejos emocionalmente. He implementado programas para que los padres prioricen el interés superior del menor, resolviendo con análisis profundo, apoyo multidisciplinario —psicólogos, trabajadores sociales— y decisiones basadas en la ley y la conciencia. Juzgar con sensibilidad y firmeza es mi sello.

GIB: En disputas por custodia, ¿favoreces al padre o a la madre?
CALV:
No favorezco a nadie por género. Juzgo con equidad, aplicando perspectiva de género para reconocer desventajas históricas, pero decidiendo según el bienestar del menor: quién ofrece estabilidad y seguridad. Uso estudios socioeconómicos y psicológicos para garantizar justicia.

GIB: ¿Cómo ves el incumplimiento de pensiones alimenticias tras los divorcios?
CALV:
Es un problema grave, agravado tras el aumento de divorcios en la pandemia. Muchas mujeres enfrentan dificultades al no recibir la pensión. El Buró de Deudores Alimentarios es un avance, pero insuficiente. Promoveré sanciones más ágiles y campañas de concientización para asegurar que los menores reciban el apoyo que merecen.

GIB: La Reforma Judicial ha sido criticada por posibles fallos en su implementación. ¿Qué estrategias propones?
CALV: En el Tercer Circuito, los magistrados debemos generar precedentes sólidos. Propongo capacitación continua en escuelas judiciales, mantener independencia con una conducta intachable y fomentar el diálogo institucional para aclarar roles en el federalismo. Mi experiencia como jueza foránea me prepara para esta transición.

GIB: ¿Qué papel deben jugar los magistrados en derechos emergentes como el cambio climático o la privacidad digital?
CALV: Debemos estar a la vanguardia, resolviendo con un enfoque contextual y aplicando estándares internacionales. En privacidad digital, priorizaría la protección de datos; en cambio climático, consideraría el impacto social de las decisiones. Colaboraré con expertos y estudiaré casos globales para crear precedentes sólidos.

GIB: ¿Qué opinas del Poder Judicial actual en Jalisco?
CALV:
Tiene jueces excepcionales, pero enfrenta retos como corrupción y opacidad. La Reforma Judicial abre oportunidades para personas sin conexiones políticas, como yo. En Jalisco, el presupuesto constitucional es una fortaleza, pero debe invertirse mejor en infraestructura y personal para elevar la calidad del servicio.

GIB: ¿Cómo contrarrestar el rezago judicial?
CALV:
El rezago es estructural. Manejé 3,000 casos al año como jueza familiar, cuando el estándar es 800. Propongo más presupuesto para crear plazas, selección por mérito, digitalización de procesos y capacitación para nuevos juzgadores. Un Poder Judicial con recursos puede ofrecer justicia pronta.

GIB: ¿Por qué la justicia debe verse como una inversión, no un costo?
CALV:
La justicia genera certeza jurídica, clave para el desarrollo. Una resolución justa protege contratos, derechos e inversiones, fomentando empleo y estabilidad. Aunque decisiones como embargos sean impopulares, son necesarias para cumplir la ley. Invertir en justicia es invertir en un México próspero.

GIB: ¿Crees en el nuevo modelo de justicia de la Reforma Judicial?
CALV:
Sí, es un experimento valioso que democratiza la justicia. La vigilancia ciudadana y el Tribunal de Disciplina elevarán la rendición de cuentas. Su éxito dependerá de elegir perfiles preparados y de la participación activa de los justiciables. Estoy lista para dar lo mejor de mí.

GIB: ¿Cuál es la diferencia entre justicia y legalidad en tus resoluciones?
CALV: La legalidad aplica normas linealmente; la justicia resuelve con principios, valores y contexto, considerando tratados y la dignidad humana. Uso el neoconstitucionalismo: en casos familiares, integro estudios psicológicos y perspectiva de género para garantizar equidad y humanidad.

¿QUIÉN ES CIELO AGUAMARINA LEDEZMA?

Cielo Aguamarina Ledezma Verdín es una jurista jalisciense con 26 años de trayectoria en el Poder Judicial, donde ha destacado por su compromiso con la legalidad, la equidad y los derechos humanos. Inició como meritoria y avanzó como auxiliar, secretaria y actualmente es jueza en materia civil en el Consejo de la Judicatura de Jalisco.

Su formación académica es sólida: Licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara (titulada por excelencia), Maestra en Derecho Civil y Familiar, y doctorante en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Tiene posgrados en derecho mercantil, civil, contratos, constitucional y amparo, además de diplomados en sistemas anticorrupción y análisis de prueba científica (Girona, España).

Cielo combina experiencia y sensibilidad: creó el curso “Escuela para Padres” para apoyar a familias en conflictos judiciales, priorizando el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Actualmente, es candidata a Magistrada Civil del Poder Judicial de la Federación en Jalisco (Distrito 01: distritos federales 01, 05, 17, 18 y 19). La encontrarás en la boleta rosa (magistraturas), lado izquierdo (mujeres), como Ledezma Verdín Cielo Aguamarina, número #09. Conoce más en sus redes:

  • FB: Cielo Aguamarina Ledezma Verdín
  • IG: ledezmacielo2025
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ENTREVISTAS

Elecciones judiciales: Carlos Corona Martín del Campo, busca reconstruir la credibilidad del Poder Judicial

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

Aspiro a humanizar la justicia, haciéndola sensible, gratuita y accesible para todos”, declara con firmeza El Mtro. Carlos Corona Martín del Campo, candidato a Magistrado de Tribunal Colegiado en Materia del trabajo del Tercer Circuito.

Mi compromiso es fortalecer el prestigio del Poder Judicial como garante de la Constitución y los derechos ciudadanos. Para lograr esta transformación, necesito el voto de confianza de quienes comparten mi visión de un Poder Judicial renovado y al servicio del pueblo”, resalta.

Representando el distrito judicial 4, que abarca los distritos electorales 7 (Tonalá), 8 y 11 (Guadalajara), 14 (Tlajomulco) y 16 (Tlaquepaque), Corona aparece en la boleta rosa con el número 15.

Su campaña, marcada por las restricciones al proselitismo impuestas por las autoridades electorales, lo ha llevado a recorrer casa por casa, mercados, tianguis y reuniones vecinales, donde ha escuchado de primera mano el clamor ciudadano por un sistema judicial libre de corrupción, eficiente y al servicio del pueblo. “Mi compromiso es separar los intereses económicos y políticos de la justicia, actuando con honor, responsabilidad y eficiencia”, asegura, posicionándose como un candidato que busca renovar la confianza en las instituciones judiciales.

Garantiza independencia judicial

Frente a las posibles presiones del Ejecutivo, Legislativo, partidos políticos o grupos de interés, como el crimen organizado, Corona subraya que su independencia será inquebrantable. “Actuaré con transparencia, autonomía e incorruptibilidad, aplicando la ley sin distinciones”, afirma.

Explica que la Reforma Judicial busca liberar a los juzgadores de influencias políticas y económicas, y él se compromete a ser un pilar de esa transformación. Sus resoluciones estarán basadas en la Constitución, los tratados internacionales y la defensa de los derechos humanos, incorporando una perspectiva de género y un enfoque de apoyo a grupos vulnerables.

“No cederé a influencias externas; mi lealtad será con los ciudadanos que me elijan, y responderé con resultados tangibles y un ejercicio ético de la justicia”, promete, enfatizando que su prioridad será mantener la imparcialidad en cada caso que resuelva.

Principios constitucionales en sus resoluciones
Corona detalla que sus fallos se guiarán por principios fundamentales como la igualdad jurídica y sustantiva, la equidad, la paridad de género, el principio pro homine —que prioriza la protección de los derechos humanos—y la sujeción estricta a la ley. Estos principios, asegura, son esenciales para garantizar un sistema judicial que no discrimine, proteja a los más vulnerables y limite el abuso de poder.

En un caso hipotético de derechos humanos, como la discriminación laboral contra una persona indígena, Corona aplicaría la Constitución y los tratados internacionales, que forman parte de la Ley Suprema de México, siguiendo los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Garantizaré un análisis con perspectiva cultural y de género, asegurando una resolución que repare el daño y promueva la igualdad sustantiva, siempre priorizando la dignidad humana”, explica, subrayando su compromiso con la justicia social.

Transparencia y accesibilidad para la ciudadanía
Como juez electo por el pueblo, Corona reconoce su deber de rendir cuentas. “Publicaré mis resoluciones y criterios en medios de comunicación y redes sociales, usando un lenguaje claro y sin tecnicismos”, asegura.

Además, planea crear canales de comunicación directa, como líneas de atención o plataformas digitales, para resolver dudas y acercar la justicia a la gente.

Su objetivo es construir un sistema judicial comprensible, accesible y cercano, donde cada ciudadano sienta que sus derechos están protegidos. “Seré un magistrado proactivo, que escucha y resuelve con compromiso, garantizando que la justicia sea entendible para todos”, afirma, destacando la importancia de la transparencia en un sistema donde la desconfianza ciudadana es un obstáculo significativo.

Visión de la justicia y lucha contra la impunidad
Corona tiene una visión clara: un Poder Judicial renovado, libre de corrupción, eficiente y accesible, que recupere la confianza ciudadana y garantice la paz social. Propone tres ejes para lograrlo: primero, erradicar la corrupción, asegurando que no haya sentencias a la medida ni favores; segundo, agilizar la justicia respetando los plazos legales para eliminar el rezago; y tercero, democratizar el acceso, para que la justicia no sea un privilegio de quienes tienen recursos o influencias.

“Ser electo por voto popular me compromete a responder a los intereses de la sociedad por encima de los personales o de grupos”, señala. Su meta es reconstruir la credibilidad del Poder Judicial, una institución que, según él, debe ser el principal garante de la estabilidad social en un país donde la impunidad y la desconfianza institucional son problemas estructurales.

Atención a grupos vulnerables
Para garantizar que sus resoluciones reflejen las necesidades de grupos vulnerables como mujeres, indígenas o personas con discapacidad, Corona propone un enfoque inclusivo. “Aplicaré criterios con sensibilidad cultural, de género y de derechos humanos en cada resolución”, explica.

Facilitará intérpretes, formatos accesibles y ajustes razonables para comunidades indígenas o personas con discapacidad, y se mantendrá actualizado en estándares internacionales de protección a grupos vulnerables. “Mi prioridad será proteger la dignidad humana, eliminando barreras y asegurando una justicia efectiva y respetuosa para todos”, afirma, subrayando que la justicia debe adaptarse a las necesidades de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Preparación y experiencia
Corona se dice preparado para el cargo gracias a su trayectoria como litigante, donde enfrentó de primera mano las fallas del sistema judicial: procesos lentos, resoluciones injustas, nepotismo y corrupción. “Conozco las necesidades de los justiciables y las reformas que el sistema requiere”, asegura.

Su formación jurídica, combinada con su contacto directo con ciudadanos, lo ha hecho más empático y consciente de las demandas de un sistema eficiente y humano. “He visto el impacto de juicios interminables y criterios arbitrarios; estoy listo para transformar el Poder Judicial desde dentro, con integridad y dedicación”, concluye, destacando su experiencia como una ventaja para abordar los desafíos del puesto.

Reflexión final
La candidatura de Carlos Corona representa una oportunidad para repensar el rol del Poder Judicial en México. Su enfoque en humanizar la justicia, priorizar a los grupos vulnerables y recuperar la confianza ciudadana responde a las demandas de un país cansado de la impunidad y la corrupción.

Sin embargo, el éxito de su propuesta dependerá de su capacidad para mantenerse independiente en un contexto político complejo y cumplir con las altas expectativas que genera su discurso. La elección judicial de junio será un termómetro para medir si los ciudadanos están listos para apoyar una transformación desde dentro del sistema judicial.

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Elecciones del Poder Judicial: Joseph Olid Aranda, candidato a juez penal del distrito 2

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Por Diego Morales Heredia //

Joseph Olid Aranda, candidato a juez penal del Distrito 2 Judicial en las elecciones del Poder Judicial Federal del 1 de junio de 2025, aspira a transformar un sistema que considera «injusto» y alejado de los ciudadanos.

Con experiencia como abogado penalista en los sectores público, privado y en causas sociales, Olid apuesta por una justicia más humana, transparente y completa, erradicando vicios y malas prácticas.

En entrevista con Conciencia Pública, comparte su visión para acercar el derecho a la sociedad y garantizar la independencia judicial en un proceso inédito de elección popular.

LA IMPORTANCIA DEL CONTACTO CIUDADANO

En lo que va de campaña, resalta que lo más importante es el contacto directo con los ciudadanos, pues con esta interacción se está generando conciencia sobre el derecho y la impartición de justicia en el país.

Las campañas están diseñadas al contacto ciudadano, el que sea directo con la ciudadanía nos facilita la comunicación, el problema es que no podemos llegar a la mayoría de la población por los límites de tiempo y presupuesto, pero con las personas que interactuamos estamos generando conciencia sobre el derecho”.

LLEGAR SIN COMPROMISOS

Para garantizar la independencia del Poder Judicial, Joseph Olid expresó que es indispensable que los actores lleguen sin compromisos generados en campaña, con el único respaldo de ser electos por los ciudadanos en la elección.

Lo principal es que durante la campaña uno no debe generar compromisos que puedan generar más adelante que alguien se sienta con el derecho de intervenir en las decisiones que uno va a tomar, por otro lado, el que ahora esté una elección popular implicará que las personas que lleguen tendrán un respaldo ciudadano, atender a la noción de justicia colectiva”.

En caso de recibir presiones externas, dijo: “En algunos de los casos, el juez debería ser expulsado, es importante cuidar la imparcialidad en lo material y en la apariencia. Cuando se generan dudas sobre si la persona es imparcial o no, tiene que haber ciertos límites con los actores políticos y con los propios litigantes para que eso no ocurra”.

JUSTICIA COMPLETA

Sobre los que considera los principios constitucionales más importantes, destaca: “Creo que conforme al derecho a la justicia hay cuestiones fundamentales, la transparencia, que va relacionada con la cercanía, la justicia pronta y además la justicia completa, son los tres pilares que todos debemos aplicar”.

En cuanto a los posibles conflictos con los tratados internacionales y la Constitución, argumentó: “Lo que dice la Constitución es que cuando se trate de derechos humanos, tenemos que atender a la noción integral de lo que establece la Constitución como los tratados, desafortunadamente hay ciertos criterios que nos limitan, como si hay restricciones en la Constitución tenemos que seguir la Constitución y no los tratados, el ejemplo es la prisión preventiva oficiosa”.

TRANSPARENCIA ES PRIORIDAD

La transparencia debe ser prioridad en el actuar de un juez, así lo aseveró Olid. “Dicen que los jueces hablan a través de las sentencias, creo que lo importante es acercar las sentencias a las personas en diferentes formas, no basta publicar la sentencia como tal, hacer uso de redes sociales, participar de pronto con los medios de comunicación para llegar a más personas”.

Sobre los dilemas éticos que pudieran atravesarse en el camino judicial, refirió: “La carrera está llena de dilemas éticos, desde el sector académico, lo importante es guiarse por valores y nociones que vamos reforzando momento a momento. En el caso de la defensa, existe la noción que los defensores de pronto llegan a defender, entre comillas, criminales, cuando no siempre es así, los defensores defienden personas inocentes, son decisiones momento a momento apegándose a la ley y a los valores de cada persona”.

EL DERECHO NO ES VENGANZA

El candidato a juez penal del Distrito 2 Judicial, critica la desconfianza ciudadana hacia un sistema de justicia que califica de «injusto». Para él, la solución pasa por elegir mejores perfiles no solo en el Poder Judicial, sino también en fiscalías, policías y defensorías.

La noción de justicia popular, influenciada por medios y un deseo punitivo, busca venganza, pero el derecho no es eso; es un conjunto de herramientas para reparar el tejido social”, enfatiza.

Olid aboga por una justicia que proteja a grupos vulnerables, aplicando efectivamente las leyes existentes. “Un juez debe conocer a fondo sus casos para apoyar a estas comunidades, garantizando una defensa técnica que no dependa de barreras económicas, sino de la justicia misma”, explica.

Además, insiste en mantener la independencia judicial, estableciendo límites claros para evitar cooptaciones o influencias externas: “No debemos ser permisivos ante intentos de acercamiento indebido al Poder Judicial”. Su visión apunta a una justicia completa, cercana y reparadora, que restaure la confianza ciudadana.

LA OPORTUNIDAD DE LA ELECCIÓN

Joseph Olid Aranda ve en la elección judicial del 1 de junio de 2025 una oportunidad clave para enriquecer el Poder Judicial con perfiles diversos, un factor que lo motiva al cierre de su campaña. “Los espacios están para ocuparlos. Antes, la carrera judicial ofrecía una sola visión; ahora, con personas del sector social y privado, se integran nuevas perspectivas que mejoran los criterios y responden mejor a las necesidades de la ciudadanía”, destaca el candidato a juez penal del Distrito 2 Judicial.

¿QUIÉN ES JOSEPH OLID ARANDA?

Joseph Olid Aranda es un abogado penalista mexicano con experiencia en los sectores público, privado y causas sociales, candidato a juez penal del Distrito 2 Judicial (Tercer Circuito) en las elecciones del Poder Judicial Federal de 2025.

Ha trabajado en defensa y acusación penal, mostrando una visión integral del sistema judicial, y ha intervenido en iniciativas sociales, reflejando un compromiso con grupos vulnerables

En campaña, promueve una justicia humana, transparente y completa, priorizando la independencia judicial y el acercamiento ciudadano mediante sentencias accesibles.

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