Pensiones y privilegios

Luchas Sociales, or Mónica Ortiz

Históricamente, el sector público ha contado con privilegios que se apartan de la realidad de nuestro país. Aunque se podrían enumerar un sinfín de casos, las denominadas pensiones “doradas” —otorgadas durante años por acuerdos políticos, sindicales o de tabulador— representan una desproporción frente a los salarios mínimos de la clase trabajadora.

Estas prestaciones no solo merman la viabilidad económica de los presupuestos de los entes públicos, sino que, al contrastarlas con el régimen de Afores de un trabajador promedio, evidencian una brecha enorme que perpetúa una profunda desigualdad laboral en México.

Resulta imperativo señalar que, incluso con la reciente aprobación que topa las pensiones “doradas” a un máximo de 70 mil pesos, la brecha de desigualdad en México sigue siendo un agravio institucionalizado. Mientras que la reforma de 2024 presume un “equilibrio” al garantizar un mínimo básico de apenas 17,300 pesos para el trabajador promedio bajo el régimen de Afores, para la alta burocracia el “techo” se fija cuatro veces por encima de esa cifra.

Todo esto sin olvidar la odisea que representa transitar por un servicio público plagado de obstáculos o intentar permanecer en el sector privado bajo empresas cuya ética es, en el mejor de los casos, cuestionable. Al final, obtener una pensión digna se convierte en una carrera de resistencia donde la integridad y el esfuerzo rara vez se ven reflejados en un retiro justo. No hace falta mayor análisis para concluir que el sistema de retiro sigue operando bajo una estructura de castas.

Es fundamental distinguir el momento procesal de ambas normatividades. Mientras que el Fondo de Pensiones para el Bienestar es una realidad jurídica plenamente vigente tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de mayo de 2024, la reforma que impone el tope de 70 mil pesos a las pensiones de la alta burocracia se encuentra en una etapa distinta. Esta última, al ser una reforma constitucional al artículo 127, acaba de ser aprobada por el Senado en marzo de 2026 y requiere ahora la ratificación de la mayoría de los congresos locales para completar el proceso legislativo y proceder a su promulgación definitiva.

En este contexto, debemos entender que la brecha salarial de retiro en México no es solo un indicador de desigualdad, sino una manifestación clara de corrupción. Las denominadas pensiones “doradas” o millonarias, otorgadas históricamente por el Estado —incluyendo Pemex, CFE y organismos autónomos—, encajan en la definición de corrupción cotidiana: el uso de lo público para el beneficio de unos pocos. La discrecionalidad en su otorgamiento, los acuerdos opacos y los tabuladores internos validados por sindicatos han permitido retiros con montos ajenos a la realidad nacional.

Este sistema de privilegios y “caminos cortos” hacia una vida holgada es, en esencia, corrupción. No obstante, si bien su regulación era imperativa para sanear las finanzas públicas, esta debió ejecutarse mediante el rigor de la ley y no a través de la exposición pública de nombres y apellidos, vulnerando el derecho a la protección de datos personales.

Al abrir la “Caja de Pandora” de las pensiones millonarias, la Federación ha destapado una estrategia que va más allá de la regulación financiera. Es evidente que tanto los programas sociales como el Fondo de Pensiones para el Bienestar de 2024 requieren de un flujo presupuestario masivo, y la narrativa oficial ha encontrado en el recorte a los privilegios la fuente ideal de financiamiento.

Sin embargo, no podemos ignorar el marcado tinte político-electoral de esta maniobra: se construye una percepción de combate a la corrupción para legitimar el sistema de apoyos sociales y mantener el ánimo del electorado.

Tristemente, nos encontramos ante una estrategia de “quitar aquí para poner allá” con fines políticos. Las pensiones doradas eran, efectivamente, un acto de corrupción, pero debieron atacarse con visión de Estado hace décadas y no como una herramienta de oportunidad en tiempos de urnas.

En este sentido, es imperativo aterrizar el debate de las “pensiones doradas” en Jalisco. Ante la inminente reforma al artículo 127 constitucional, el Estado se encuentra frente a un espejo que revelará el grado de corrupción enquistada en su propio sistema de retiro.

Es momento de que Jalisco pase de la retórica a la acción y demuestre si existe una voluntad real para disminuir la brecha pensionaria de sus trabajadores. Por años, la opinión pública ha sido testigo de casos insultantes: pensiones que desafían cualquier lógica económica y personajes de la vida política cobrando retiros millonarios tras trayectorias que fueron, a la vista de todos, meras simulaciones.

La “Caja de Pandora” se ha abierto a nivel federal; queda por ver si en Jalisco habrá el valor de enfrentar los fantasmas de sus propios privilegios o si seguiremos siendo rehenes de una élite que se jubila a costa del esfuerzo ciudadano.