SIAPA, empresa quebrada: El fracaso de la “mentalidad empresarial”

A título personal, por Armando Morquecho Camacho

Desde 2015 comenzó a instalarse en Jalisco una idea que poco a poco terminó convirtiéndose en un dogma político: el gobierno debía manejarse como una empresa. La frase empezó a repetirse con insistencia en campañas, discursos y foros empresariales, hasta volverse una explicación aparentemente simple para los problemas del aparato público.

Si el Estado era lento, burocrático o ineficiente, la solución consistía en aplicar la lógica empresarial a la administración pública. Gobernar con mentalidad de empresa prometía decisiones más rápidas, finanzas más ordenadas y una gestión menos atrapada en las inercias de la política tradicional.

Frente al estereotipo del político profesional, el empresario aparecía como la figura capaz de introducir disciplina administrativa, visión estratégica y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Bajo ese discurso, la frontera entre el sector público y el sector empresarial comenzó a diluirse gradualmente.

No se trataba únicamente de adoptar ciertas prácticas administrativas del mundo privado, sino de abrir cada vez más espacios para que las cámaras empresariales participaran en el diseño y la ejecución de políticas públicas.

El empresariado dejó de ser únicamente un interlocutor económico para convertirse en un actor con influencia directa en la toma de decisiones del gobierno, y la narrativa de la eficiencia sirvió para justificar una presencia cada vez mayor del sector privado en áreas estratégicas de la administración pública.

Por eso, la comparecencia del director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado ante el Congreso de Jalisco esta semana debería obligarnos a revisar esa premisa con más cuidado. Durante su intervención reconoció que el organismo enfrenta una crisis financiera severa y utilizó una expresión que por sí sola describe la magnitud del problema: el SIAPA tiene “cero pesos” en sus finanzas.

Es la admisión de que la institución responsable de administrar el agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara atraviesa una situación de insolvencia que incluso podría obligarla a contratar nueva deuda para financiar proyectos básicos de infraestructura hidráulica.

La gravedad del dato se entiende mejor si se considera la naturaleza del servicio que administra el organismo. El SIAPA no gestiona un programa marginal dentro del aparato gubernamental. Administra el suministro de agua potable y el sistema de alcantarillado en la segunda área metropolitana más grande del país.

Su funcionamiento impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas. Cuando una institución con esa responsabilidad reconoce que no tiene liquidez para operar con normalidad, el problema deja de ser un asunto administrativo y se convierte en una señal preocupante sobre el estado de la gestión pública.

Durante casi una década se insistió en que la mentalidad empresarial permitiría ordenar las finanzas del gobierno y mejorar la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, si tomamos en serio esa analogía, el panorama actual resulta difícil de defender.

Una empresa sin liquidez, con deudas acumuladas y que contempla endeudarse aún más para sostener su operación básica no suele presentarse como un ejemplo de gestión eficiente. En el lenguaje empresarial, un escenario así se describe con una palabra bastante clara: insolvencia.

El problema de fondo, sin embargo, no se limita a las finanzas de un organismo público. Tiene que ver con la lógica política que permitió construir este modelo de gestión.

Bajo la promesa de eficiencia administrativa, muchas funciones que históricamente formaban parte de la operación directa del gobierno comenzaron a delegarse a empresas privadas mediante contratos, concesiones y esquemas de subcontratación. El Estado dejó de ejecutar directamente algunas de sus responsabilidades para convertirse, cada vez más, en un administrador de contratos financiados con recursos públicos.

La externalización de funciones no solo redujo la capacidad operativa del gobierno; también generó un entorno donde proyectos financiados con dinero público se convirtieron en espacios de participación privilegiada para ciertos sectores empresariales que, poco a poco, aumentaron su presencia en la ejecución de obras, servicios y proyectos estratégicos.

Cuando el Estado pierde capacidad técnica, operativa y de planificación, los servicios públicos comienzan a deteriorarse. La dependencia de contratos externos fragmenta la responsabilidad institucional y vuelve más difícil sostener proyectos de largo plazo.

En áreas como la gestión del agua, donde la infraestructura requiere inversión constante, mantenimiento especializado y planificación que trascienda los ciclos políticos, esa debilidad institucional termina produciendo consecuencias evidentes.

Por eso, la situación del SIAPA no debería verse únicamente como un problema financiero aislado. Es el síntoma de una manera de concebir el gobierno que, en nombre de la eficiencia empresarial, terminó debilitando la capacidad del propio Estado para administrar servicios públicos esenciales.

El agua no puede gestionarse con la lógica de una línea de negocio. No es una actividad que pueda suspenderse porque el balance financiero dejó de ser favorable. Es una infraestructura vital que requiere planeación pública, responsabilidad institucional y una visión que no dependa exclusivamente de criterios de rentabilidad.

Después de casi una década escuchando que el gobierno debía manejarse como una empresa, el balance empieza a mostrar contradicciones difíciles de ignorar. Tenemos organismos públicos con problemas financieros, servicios que siguen generando inconformidad ciudadana y una administración que ahora contempla endeudarse para sostener funciones básicas.

Cuando el gobierno se administra como empresa, la lógica del negocio termina desplazando al interés público.

Y cuando ese experimento falla ocurre lo que hoy vemos: algunos ya hicieron negocio, pero la administración quedó quebrada y los ciudadanos seguimos pagando por servicios que simplemente no funcionan.