EU acusa a Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa; Sheinbaum señala que sin pruebas, es político

Por Redacción Conciencia Pública

La relación entre México y Estados Unidos entró en una nueva zona de tensión luego de que el gobierno estadounidense hiciera pública una acusación por presuntos vínculos con el narcotráfico contra el mandatario sinaloense y un grupo de funcionarios en activo y retirados.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura clara: su gobierno no encubrirá a nadie, pero tampoco actuará sin pruebas sólidas que sustenten los señalamientos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que la información difundida por Estados Unidos carece de evidencia suficiente, al señalar que las imputaciones se sustentan, hasta ahora, en testimonios no verificados, lo que abre la posibilidad de que se trate de un caso con tintes políticos.

“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”, expresó al dar lectura a un posicionamiento oficial, en el que también subrayó que México actuará conforme a su marco legal y no por presiones externas.

En ese sentido, lanzó un mensaje directo en materia de soberanía: no se permitirá la intromisión o injerencia de gobiernos extranjeros en asuntos internos, marcando una línea firme frente a Washington.

El eje jurídico del caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República, institución que deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar procedimientos legales en territorio nacional.

Sheinbaum precisó que solo ante pruebas “contundentes e irrefutables”, y conforme a la legislación mexicana, se podrá proceder contra cualquier funcionario señalado, ya sea mediante investigaciones propias o a partir de información aportada por autoridades extranjeras.

Del lado estadounidense, la acusación fue presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, instancia que sostiene que los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa.

Según ese documento, los funcionarios señalados habrían participado en una red de protección al grupo criminal, facilitando el tráfico de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

La lista de implicados incluye, además de Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, así como mandos de seguridad, exfuncionarios estatales y mandos policiales.

Tras darse a conocer la acusación, Rocha Moya rechazó de manera categórica los señalamientos y los calificó como falsos, además de asegurar que forman parte de un ataque político en su contra y contra el movimiento al que pertenece.

En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que recibió solicitudes de extradición relacionadas con el caso, mismas que ya fueron turnadas para su análisis a la autoridad competente.

No obstante, la cancillería mexicana también anunció el envío de una “nota de extrañamiento” a Estados Unidos, al considerar que la difusión pública del expediente vulnera los acuerdos de confidencialidad en procesos judiciales internacionales.

Más allá del expediente judicial, el caso ha provocado un sismo político que se inscribe en un contexto de creciente presión de Washington sobre México por el tráfico de fentanilo y el combate al crimen organizado.

El desenlace dependerá de si Estados Unidos presenta pruebas formales que resistan el escrutinio legal en México, o si el caso se diluye en el terreno político, donde ya se perfila como un nuevo punto de fricción en la compleja relación bilateral.