El miedo en la ciudad

Opinión, por Iván Arrazola

¿Por qué creció el miedo en la ciudad? Para responder a esta pregunta es necesario comprender las causas que han detonado el aumento en la percepción de inseguridad, más allá de los datos oficiales. Los resultados recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en la Zona Metropolitana de Guadalajara muestran un incremento significativo en prácticamente todos sus municipios, lo que evidencia que no se trata de un hecho aislado, sino de un fenómeno que impacta de manera generalizada en la vida cotidiana.

En primer lugar, los datos muestran un panorama poco alentador. Guadalajara registró un incremento significativo en la percepción de inseguridad, al pasar de 78% a 90%, colocándose entre las ciudades con mayores niveles en el país. De manera similar, otros municipios de la ZMG experimentaron aumentos relevantes: Zapopan pasó de 43% a 70%; Tonalá, de 51% a casi 70%; mientras que Tlaquepaque y Tlajomulco se mantuvieron en niveles cercanos al 60% y 70%, respectivamente. Incluso, fuera de la metrópoli, Puerto Vallarta registró un incremento drástico, al pasar de 20% a 59%.

Ahora bien, ¿qué explica este aumento? En gran medida, uno de los factores detonantes fueron los hechos ocurridos el 22 de febrero, tras un operativo en el que fue abatido un líder del crimen organizado. Este evento desencadenó una serie de acciones violentas coordinadas, entre ellas la quema masiva de vehículos y negocios, lo que generó un fuerte impacto en la percepción ciudadana. Las imágenes difundidas en tiempo real a través de redes sociales y medios de comunicación —con cientos de vehículos incendiados y escenas de caos urbano— reforzaron la idea de que las autoridades fueron incapaces de contener la situación de manera oportuna.

Además, estos hechos no solo evidenciaron la capacidad operativa de los grupos criminales, sino también la vulnerabilidad institucional. Si bien las autoridades intervinieron, en muchos casos su respuesta fue tardía o poco visible, lo que alimentó la percepción de descontrol. El saldo de los acontecimientos —más de mil vehículos y cientos de negocios dañados, frente a un número reducido de detenidos— contribuyó a consolidar una sensación de impunidad y abandono entre la población.

Por otro lado, la percepción de inseguridad también se ve influida por la persistencia de símbolos de violencia en la vida cotidiana. Elementos como los “ponchallantas”, utilizados por grupos delictivos y aún presentes de forma esporádica, refuerzan el temor de que episodios similares puedan repetirse. Este tipo de señales contribuye a instalar una narrativa de normalización de la violencia en el imaginario colectivo.

En este contexto, también resulta relevante analizar el papel de las instituciones de seguridad. Si bien el despliegue de fuerzas federales —como la Guardia Nacional y el Ejército— suele generar una percepción de mayor control, su presencia es generalmente temporal. En contraste, las policías municipales y estatales, responsables de la seguridad cotidiana, enfrentan niveles de confianza más bajos. Esta brecha entre confianza y responsabilidad operativa genera una disonancia que impacta directamente en la percepción ciudadana.

Asimismo, la estrategia de seguridad basada en la centralización de recursos y decisiones a nivel federal ha debilitado las capacidades locales. Esto provoca que, aunque las fuerzas federales cuenten con mayor legitimidad, no sean las encargadas de la atención directa de los problemas diarios de seguridad, lo que limita su impacto real en la percepción social.

A lo anterior se suma un problema de credibilidad institucional. Las autoridades suelen enfatizar la disminución de ciertos delitos, como los homicidios dolosos, para sostener que la estrategia de seguridad está funcionando. Sin embargo, esta narrativa contrasta con la experiencia cotidiana de la población, donde persisten delitos como la extorsión y la desaparición forzada.

Esta discrepancia entre discurso y realidad debilita la confianza en las instituciones y refuerza la percepción de inseguridad. A esto se debe agregar la lentitud con la que operan las instituciones de procuración de justicia, lo que genera pocos incentivos para que las personas denuncien.

Finalmente, la lógica de combate al crimen, centrada en la detención de líderes de los grupos del crimen organizado, sin desarticular completamente sus estructuras, ha demostrado ser insuficiente. Como quedó evidenciado tras los eventos de febrero, estos grupos mantienen la capacidad de reorganizarse y generar episodios de alto impacto, lo que proyecta una imagen de fragilidad institucional.

El aumento en la percepción de inseguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) responde a una combinación de factores: eventos violentos de alto impacto, debilidades en la respuesta institucional, persistencia de símbolos de violencia, desconfianza en las autoridades y limitaciones en la estrategia de seguridad.

Ante este panorama, recuperar la confianza ciudadana requiere no solo de acciones eficaces, sino también de transparencia en la información y de una narrativa realista sobre los alcances y límites de la política de seguridad.