Soberanía política

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

Es ineludible abordar el caso de Rubén Rocha Moya, quien, abrumado por los señalamientos de vínculos con el narcotráfico, se ha visto obligado a retirarse. Sin embargo, en este escenario el destino personal del hoy gobernador con licencia es lo de menos; lo verdaderamente grave para la sociedad, para la Cuarta Transformación y para la presidenta es la validación de una sospecha sistémica: que el poder criminal ha rebasado al poder político en México.

El hecho de que las suposiciones sobre el dominio de los cárteles por encima del Estado se estén convirtiendo en realidad representa una crisis histórica para la vida pública del país.

Y es que hablar de soberanía, pedir pruebas y acusar una guerra mediática puede ser una estrategia útil para apagar fuegos y generar desinterés social sobre el tema; sin embargo, no diluye el impacto de que Estados Unidos acuse a un gobernador morenista por algo que ya era una sospecha generalizada.

Podrán muchos analistas centrarse en los costos políticos y en las consecuencias para el movimiento de la Cuarta Transformación, pero poco se habla del impacto social que genera que el país vecino venga a confirmar lo que sabemos, aunque nos resistamos a creerlo: que los cárteles mexicanos están posicionados en las altas esferas de los gobiernos que administran nuestras entidades; que no se combate el narcotráfico, sino que se le integra; que la forma de ganar elecciones puede estar ligada a su intervención, y que vivimos en una especie de realidad alterna, casi de película, justificada bajo el argumento de la soberanía nacional. Sin duda, es un tema profundamente grave para el país.

Lamentablemente para nuestra sociedad, esta situación, aun con los discursos minimizadores en los que no se reconoce la responsabilidad política de las personas y se sustituye por la presunción de inocencia, responde más a una estrategia de contención del daño y control político del escándalo.

Es la lógica de los gobiernos y de los actores políticos de la Cuarta Transformación, donde el punto central es construir una buena coartada: que la sociedad vea calumnias, dolo, guerra mediática y persecución política.

Se busca, por todos los medios, reducir el impacto que esto pueda trasladarse a las urnas y evitar una fractura interna del movimiento, pues sin duda debilita a figuras clave en la historia y sostenimiento del proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

Esto, además, coloca a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, en una posición particularmente incómoda, donde parece pesar más reparar políticamente que actuar con firmeza. Más que una jefa de Estado, se proyecta como una líder de partido. La prioridad es salvar el barco, porque el ataque fue contundente, directo y con la potencia de un misil estadounidense que impacta y desarma desde dentro.

En ese contexto, como sociedad nos toca analizar y, tristemente, entender cómo opera el poder en México. Somos una nación que sigue creyendo en transformaciones y en la promesa de bienestar, en un país lleno de vida y pensado para los mexicanos.

Sin embargo, casos como el de Rocha Moya no vienen a decirnos que la política no ha cambiado, sino que, en muchos sentidos, sigue siendo la misma de hace décadas: una sociedad que aún cree y una clase política que se adapta para mantenerse en el poder, ahora con mayores retos por el flujo de información, los derechos humanos y las nuevas tecnologías.

Lo verdaderamente preocupante es que las peores sospechas sobre la infiltración del crimen organizado están saliendo a la superficie, y eso debería indignación profundamente. Somos un país con altos índices de inseguridad, donde todo termina conectando con los cárteles: controlan territorios, reclutan, desaparecen personas, cobran piso, extorsionan, secuestran y arrasan con todo. Frente a esto, debería importarnos más.

Deberíamos tener claro que el gobierno federal no está para emitir discursos que lo protejan a sí mismo o a otros, sino para investigar y garantizar justicia. Con todo esto, ¿dónde queda la transparencia y la rendición de cuentas a la que están obligados quienes elegimos para gobernar? Detrás de frases de soberanía mal empleadas y acusaciones de guerra política, lo que hay es un escándalo de gran dimensión para los gobiernos de Morena, que inevitablemente debe tener impacto electoral, porque la gravedad de las acusaciones contrasta con lo absurdo de muchos de los discursos de defensa.

Antes de blindar al grupo bajo la lógica del control de daños y cerrar filas frente a este escándalo, habría que limpiar el entorno político. Como sociedad, también debemos dejar de ser idealistas en materia política y asumir, con realismo, el contexto —muchas veces surrealista— en el que se mueve el poder en México.

El narcotráfico no es una opción, ni debe normalizarse en ningún nivel. Quien gobierna de la mano de los cárteles incurre en una de las formas más crueles de corrupción, porque lo que imponen los grupos criminales es terror: someten territorios, controlan poblaciones y destruyen vidas.

No hay lógica ni excusa posible para defender lo indefendible, porque cuando el poder se defiende a sí mismo antes que a la ley, deja de gobernar y empieza a administrarse.