Fosas de la indiferencia: Las Pintitas, el campo santo de la impunidad

Por Daniel Emilio Pacheco

A seis kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara —donde cada día aterrizan funcionarios, empresarios y turistas que presumen de vivir en la “Perla de Occidente”— la tierra guarda un secreto que ya no puede seguir callando. En una colonia periférica del municipio de El Salto llamada Las Pintitas, el suelo ha comenzado a devolver lo que el crimen y la omisión del Estado enterraron a escondidas: bolsas negras, huesos calcinados, ropa de mujer, ropa de hombre, y el nombre impreso en una credencial estudiantil entregada del Tecnológico Nacional de México. Karla Janet González Martínez, estudiante de ingeniería en agronomía en Sayula, desaparecida desde noviembre de 2023.

No fueron las instituciones del Estado mexicano quienes encontraron este cementerio clandestino. Fue Norma Alexia Moya Solórzano, una mujer que busca a su propio hijo —Luis Fernando Cervantes Moya, detenido presuntamente por policías municipales el 26 de febrero de 2024 en la carretera Arandas-Cerro Gordo— y que, pese al dolor que le parte el alma, todavía tiene fuerzas para excavar la tierra ajena. Eso es lo que hace el Estado cuando falla: convierte a las víctimas en peritos forenses, a las madres en investigadoras y al duelo en oficio.

LO QUE LA TIERRA REVELÓ

El 25 de abril de 2026, las Madres Buscadoras de Jalisco comenzaron los trabajos en un predio baldío de Las Pintitas. Al remover la primera capa de tierra apareció una colchoneta mal oliente, al sacarla, aparecieron al menos, cinco cráneos. Lo que creyeron que era un punto aislado de restos calcinados resultó ser la cubierta de algo más profundo y oscuro: un depósito sistemático de cadáveres. Para el 8 de mayo contaban 31 bolsas con restos humanos, 17 lotes óseos calcinados y dos cuerpos completos en avanzado estado de descomposición. Al 12 de mayo, la cifra escaló a 51 bolsas, 19 lotes óseos, tres indicios, fragmentos calcinados y un cuerpo íntegro.

Los forenses que han procesado los hallazgos detectan dos temporalidades en los restos: algunos tienen apenas dos o tres meses de evolución cadavérica; otros llevan mucho más tiempo enterrados. Es decir, Las Pintitas no fue un crimen único ni una tragedia accidental. Fue un sitio de uso recurrente. Alguien —o varios— regresaban a ese terreno. Lo elegían. Lo conocían. Y nadie los detuvo.

LA FISCALÍA Y EL ARTE DE LA INDIFERENCIA

Debemos saber que, el sábado 25 de abril, el colectivo Madres Buscadoras —ese cuerpo civil al que la desgracia obligó a hacer de policía, de perito y de sepulturero— halló otra fosa clandestina. Y la reportó. Y esperó.

Esperaron horas. Esperaron hasta que cayó la noche sobre la tierra removida, sin que un solo agente estatal se dignara aparecer. La Fiscalía, que suele ser puntual para los boletines y ahora hace videos de sus detenciones, pero, sigue siendo morosa para llegar cuando hay muertos, llegó tres días después. Tres. No es un detalle: es una radiografía.

Mientras tanto, las madres no se movieron del sitio. Y han anunciado que seguirán removiendo la tierra, todos los días, hasta agotar la última sospecha. Lo harán ellas, claro. ¿Quién más?

El colectivo de Madres Buscadoras ha acusado públicamente a la Fiscalía General del Estado de Jalisco de desatención y falta de interés en el procesamiento de esta fosa. No es una acusación nueva ni sorprendente. Es el patrón que se repite en cada hallazgo, en cada municipio, en cada administración.

Jalisco acumula casi 16,000 personas desaparecidas —la cifra más alta del país— y entre diciembre de 2018 y febrero de 2025, las autoridades procesaron 186 sitios de inhumación clandestinos donde recuperaron 1,882 cuerpos. Pero esa estadística tiene un dato más revelador: durante la administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, la cantidad de personas fallecidas sin identificar a disposición de las autoridades se multiplicó más de cinco veces, llegando a 4,771 personas físicas sin identificar al 14 de noviembre de 2024.

Cinco veces. No es un error administrativo. Es una política de olvido.

Tlajomulco de Zúñiga encabeza el mapa de la vergüenza con 75 fosas clandestinas localizadas; le siguen Zapopan con 40, San Pedro Tlaquepaque con 20 y El Salto con 12 —cifra que aún no contempla Las Pintitas—, según datos de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas al mes de marzo de 2025. El área metropolitana de Guadalajara, esa zona que sus promotores turísticos llaman “ciudad de innovación», es en realidad el escenario de una tragedia humanitaria silenciada.

EL ESTADO QUE NO BUSCA

Un viejo maestro del periodismo escribió alguna vez que, en México, la impunidad no es un accidente del sistema, sino su lubricante más eficaz. Las Pintitas lo confirma cuatro décadas después.

¿Por qué un predio baldío a seis kilómetros del principal aeropuerto del occidente del país pudo convertirse en cementerio clandestino de uso recurrente sin que ninguna autoridad lo detectara? ¿Quién patrulla El Salto? ¿Qué hace la Fiscalía de Jalisco con los reportes de desaparición? ¿Cuántas Karla Janet González Martínez esperan, con su credencial enterrada en algún otro predio, a que una madre con las manos llenas de tierra las encuentre?

Norma Alexia Moya busca a su hijo, mientras le da nombre a los muertos ajenos. Eso no debería ser posible en un Estado de derecho. Pero en Jalisco —y en México— el Estado de derecho es, con frecuencia, una aspiración redactada en papel y enterrada junto con las víctimas.

Las cifras seguirán creciendo, como advierte la propia coordinadora de las Madres Buscadoras: prácticamente todos los días aparece algo nuevo. La tierra habla. La pregunta es si las instituciones tienen la voluntad de escucharla.

O si prefieren, como hasta ahora, esperar a que otras madres hagan su trabajo.

En X @DEPACHECOS