Punto de inflexión

Opinión, por Miguel Anaya

Cada elección en México viene acompañada del mismo sermón solemne: que si “es la más importante de la historia”, que si “nos jugamos el futuro del país”, que si “ahora sí se define el rumbo de la nación”. Lo repetimos tanto que termina sonando como esas ofertas eternas de liquidación que duran todo el año. Y, sin embargo, hay ocasiones en que el cliché resulta cierto.

La elección de 2027 parece ir precisamente en ese camino.

No solamente estarán en disputa más de una decena de gubernaturas y el control de la Cámara de Diputados —ese lugar donde, entre gritos, acuerdos oscuros y discursos patrióticos de utilería, se aprueban las leyes que moldean la vida cotidiana del país—; también estará en juego algo más profundo: la definición del tipo de Estado que quiere ser México en medio de una presión internacional inédita y una crisis interna que ya dejó de poder maquillarse con mañaneras, spots o campañas de propaganda.

Hace apenas un año, el panorama parecía bastante claro. Morena lucía como una maquinaria electoral prácticamente invencible. La oposición caminaba como un boxeador mareado en el duodécimo round: desorganizada, sin narrativa y sobreviviendo únicamente gracias al desgaste natural del poder. En muchos estados se daba por hecho que el oficialismo arrasaría sin demasiada dificultad. Parecía más un trámite administrativo que una competencia democrática.

Pero algo cambió.

Las recientes acusaciones y señalamientos provenientes del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios ligados al Cártel de Sinaloa —y las versiones periodísticas que apuntan a investigaciones similares sobre políticos de otros estados, incluido Jalisco— sacudieron la conversación pública. No porque revelaran algo completamente desconocido, sino porque confirmaron oficialmente lo que durante años funcionó como un secreto a voces: que el crimen organizado no solamente infiltró partes del gobierno; en algunos casos, terminó convirtiéndose en el propio Estado.

Y ahí es donde la elección de 2027 deja de ser una disputa ordinaria entre partidos para convertirse en un momento delicado para el país.

Porque hoy ya no solamente participan los actores políticos mexicanos. También hay intereses internacionales moviendo piezas en el tablero. Estados Unidos, preocupado por el tráfico de fentanilo, el control territorial de los cárteles y la presión interna derivada de su propia crisis de seguridad, dejó de observar a México como un vecino intrascendente para comenzar a tratarlo como un problema estratégico.

Eso altera todo.

Las estructuras políticas locales que durante años sobrevivieron gracias al financiamiento criminal, la protección mutua o la complicidad silenciosa, hoy tiemblan ante la posibilidad de investigaciones, sanciones o incluso procesos judiciales del otro lado de la frontera. Y cuando el dinero, el miedo y la impunidad comienzan a fracturarse, también se fracturan los partidos.

Morena, que parecía un bloque monolítico, empieza a mostrar grietas visibles. Por un lado, permanece el sector duro, profundamente ideológico, dispuesto a justificar cualquier cosa bajo el discurso de la soberanía nacional, incluso cuando la realidad huele demasiado a corrupción, complicidad o descontrol territorial. Por otro, emerge una corriente más técnica, más institucional y más consciente de que un país no puede gobernarse eternamente desde la polarización emocional y la narrativa épica.

La pregunta es si esa fractura alcanzará para redefinir el rumbo político del país o solamente para redistribuir cuotas de poder entre los mismos grupos de siempre.

Porque tampoco conviene romantizar a la oposición. Muchos de los perfiles que hoy intentan venderse como alternativa fueron precisamente quienes construyeron buena parte del sistema que permitió el crecimiento del crimen organizado durante décadas. Sería ingenuo pensar que la podredumbre tiene un solo color partidista. En México, la corrupción suele ser bastante democrática.

Por eso, el verdadero desafío recae en los ciudadanos.

México no puede normalizar que existan representantes populares financiados por grupos criminales. No puede aceptar que quienes extorsionan comerciantes, desaparecen personas o controlan territorios terminen después redactando leyes, administrando presupuestos públicos o decidiendo desde una silla judicial quién merece castigo y quién protección política.

Eso ya no es solamente corrupción. Es captura del Estado.

Y un país capturado deja de ser plenamente libre, aunque siga organizando elecciones cada tres o seis años.

La ciudadanía tendrá que dejar de votar como si se tratara de una afición futbolera y comenzar a exigir perfiles limpios, capacidades reales y trayectorias defendibles. Porque el problema de elegir delincuentes disfrazados de políticos es que después gobiernan exactamente como delincuentes… solo que con fuero, presupuesto y conferencias de prensa.

México todavía puede rescatarse. Pero primero necesita dejar de fingir que no ve lo que tiene enfrente.