OPINIÓN
Herramientas de persecución política
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Cercano el plazo para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de egresos ambos para el año 2020, y por consiguiente las recaudatorias y peligrosas reformas fiscales planteadas por el señor Lopez, el pasado 10 de octubre el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, después de reunirse con empresarios reveló los avances de las reformas a las diversas leyes fiscales, ofreciendo hacer cambios en algunas.
Recordemos que de acuerdo a la “Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendari”, la Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre; y el Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre, sin embargo vemos poca voluntad de suavizarlas, incluso en su presentación enumeró como iniciativa en materia fiscal la ya aprobada “Ley de Extinción de Dominio”, a pesar de que juraban que esta ley no tenía nada que ver con lo fiscal, argumentando que la misma sería destinada a atacar a los narcotraficantes, se nos dijo que su fin era tutelar la Seguridad Pública, insisto, y nunca expoliar contribuyentes. Los otros dos ejes de acción planteados por el Secretario son las iniciativas contra las llamadas empresas factureras y la mal llamada ‘Miscelánea Fiscal 2020’. Debo insistir que todas ellas tienen un tono eminentemente recaudatorio y algunas propuestas se pueden calificar como Terrorismo Fiscal.
De acuerdo a la citada conferencia, Hacienda por conducto del SAT, seguirá acertadamente la línea de combate a las empresas que comercializan comprobantes fiscales que amparan bienes o servicios que nunca fueron prestados o entregados, situación que aplaudo, ya que la iniciativa prevé sanciones graves para aquellos que expidan o utilicen comprobantes fiscales amparando operaciones falsas o simuladas, ya que además de establecer una pena corporal de dos a nueve años de prisión, si el monto de lo facturado es superior al equivalente actual de poco menos de ocho millones de pesos, ese delito se configura también contra la Seguridad Nacional y cometido como Delincuencia Organizada, lo que nos lleva a que se aplique en su contra la Ley de Extinción de Dominio. Sin olvidar que además es muy probable que se esté en los supuestos del delito de “Lavado de Dinero” señalado en el art. 400 bis del Código Penal Federal. Pero no para ahí, ya que además el imputado será sujeto a “prisión preventiva oficiosa”. Debemos aclarar que ese monto no debe interpretarse como el valor de cada factura, sino la suma de facturas expedidas, enajenadas, adquiridas o compradas, sin limitar, escuche bien, la temporalidad a un ejercicio fiscal, esto según el Dictamen de la Comisión de Hacienda.
Sin embargo, en forma aberrante, esas mismas penas serán aplicables a quien cometa el simple delito de defraudación fiscal, cuando su importe sea también superior a los casi 8 millones señalados como límite, situación que solo provocará la aprehensión de empresarios, muchos inocentes, quienes tendrán que enfrentar en prisión su acusación, ignorando abiertamente el derecho humano contenido en nuestra Carta Magna de “Presunción de Inocencia”, no obstante ser en todo caso, un delito culposo. Esta determinación de aplicar penas tan exageradas contra probables evasores fiscales deja en manos de funcionarios menores una abierta discrecionalidad que puede afectar el nivel de inversión en el país.
La evasión no demostrada no puede ser materia de “prisión preventiva oficiosa” y puede ser usada, como estoy seguro que ocurriría, para acallar, vía fiscal, a incómodos adversarios. Además y lo digo por experiencia profesional, el SAT en muchísimas ocasiones considera delitos cuando no los hay, y meses después le dirán al empresario acusado de todos estos delitos, “usted disculpe”, pero a lo mejor por la celeridad del procedimiento ya le vendieron sus bienes al aplicar la Ley de Extinción de Dominio.
Un proceso penal es normalmente lento, ya que contempla muchos plazos para investigación complementaria, pruebas, audiencia de imputación, audiencias orales, etc., mientras, el empresario está desde dentro del reclusorio tratando de demostrar su inocencia, tipo de proceso penal que ya habíamos superado en el país. Surge las preguntas, ¿qué los empresarios contribuyentes no tienen Derechos Humanos? ¿Es más importante la recaudación para cumplir con las exageradas y populistas promesas del presidente, que la Seguridad Jurídica? ¿No se dan cuenta que el factor confianza es imprescindible para el crecimiento económico y con planteamientos de esta naturaleza no la generan? Ya todo es Seguridad Nacional, desde la evasión fiscal hasta construir un aeropuerto.
En otro tema, cuando estas líneas ya estén en la edición semanal en circulación ya sabremos el resultado de la audiencia de imputación llevada en contra de Salvador Rizo Castelo, Miguel Castro y otro, todos ellos ex-Secretarios de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) el sexenio pasado.
Estoy seguro que la errónea imputación por un supuesto delito de “Desvió y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades” será este próximo lunes desestimada por el juez de control.
Quedó probado en autos de que no existió desvió alguno, ni aprovechamiento de recursos por parte de estos, y que los recursos económicos señalados en la imputación sí fueron utilizados en los fines de las Asociaciones Civiles beneficiadas por los comités que asignaban los recursos y que recibieron los cheques, después de un proceso debidamente reglado, desde la Secretaria de Planeación y Finanzas, por lo que los ex-funcionarios no tuvieron injerencia alguna en la asignación de esos recursos. Además las cuentas publicas del Gobierno del Estado por los periodos en que eran funcionarios Salvador Rizo y Miguel Castro ya fueron aprobadas.
NACIONALES
El juego de las vencidas en el Infonavit
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Vamos a ver en qué termina la intentona del gobierno federal que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum por controlar el Infonavit, que tiene un fondo de ahorro de 2.2 billones de pesos, que representa más del 20% del presupuesto de este año de 9.3 billones del gobierno federal.
Tengamos presente que estos recursos son única y exclusivamente de los trabajadores. Y no pueden por ley destinarse a otros campos, ni el gobierno puede disponer de estos recursos. Si el gobierno se empecina en hacerlo van a presentarse problemas. Los sindicatos no van a entregar al gobierno el manejo de los mismos.
El pasado viernes la Cámara de Senadores en la madrugada, sin consensos, ni sociabilización reformó la ley, haciendo cambios, pero la reacción fue muy fuerte de los sindicatos y empresarios, de allí que se frenó la discusión y aprobación de la misma Ley en la Cámara de Diputados, se dijo que podría haber un periodo extraordinario para su aprobación, pero finalmente se determinó extenderlo hasta marzo.
La doctora Sheinbaum salió en la semana a defender la reforma a la Ley del Infonavit para precisar que “el ahorro de los trabajadores en el Infonavit está completamente seguro y protegido. No hay riesgo alguno”, aseguró.
Al mismo tiempo los estrategas del gobierno de la 4T despliegan una campaña mediática para tratar de justificar la reforma al afirmar que por muchos años se taparon grandes actos de corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Para la presidenta Sheinbaum las reformas pretenden proteger el ahorro de los trabajadores, construir vivienda -en particular social- y transparentar su labor. Eso es lo que dice. Y si es así, nadie se lo puede rebatir.
Sobre los actos de corrupción habrá que establecer que éstos de corroborarse, se deben sancionar, pero ello no justifica que el gobierno federal decida cómo debe manejarse y conducirse esta institución que es de los trabajadores y que ha operado durante más de 50 años con un modelo de gobierno tripartita, donde son las tres partes, representadas en esa proporción, sin que uno esté arriba de otro.
La jefa del gobierno federal insistió que se propone cambiar la ley para que el director general del instituto pueda tener la rectoría del mismo, además para eliminar dos direcciones sectoriales que no tienen sentido y son la de la representación de los trabajadores y empresarios. Cabe aclarar que el gobierno ya tiene la suya que es el director general.
Otro argumento de la presidenta es que los que en su momento hicieron negocio con los recursos de los trabajadores fueron los que obstaculizaron las auditorías y la fiscalización con el argumento de que, como se trata de fondo de los trabajadores, éstos son privados. “Esta investigación y alguna que ya venía de la administración anterior, y ahora la que está haciendo Octavio Romero -actual director general- va a derivar en seguir informando lo que se está encontrando y las demandas penales que tengamos que presentar”.
Bien que se investigue y se sancione la corrupción en el Infonavit , que no haya impunidad, pero eso no justifica que el gobierno decida el manejo del instituto, desde la imposición de su director, ya que buscan que éste por seis años presida el Consejo de Administración, toda vez que actualmente el cargo es rotativo.
La reforma establece que den más espacios al gobierno federal en el Comité de Vigilancia, en el que tendría cinco plazas, mientras el de los trabajadores y el empresarial se quedarían con dos cada uno, o sea, 5 del gobierno y 4 de trabajadores y empresarios. ¿Por qué la supremacía? Aquí se pierde el carácter tripartita.
Otro punto que se cuestiona de esta reforma es que el Comité de Auditoría y el de Transparencia, la reforma aprobada por el Senado establece que el gobierno federal tenga asignados tres lugares y uno al obrero y uno al empresarial, respectivamente. Aquí también se pierde el carácter tripartita.
EL PRESPUESTO APRETADO
Hemos publicado que el presupuesto de egresos del gobierno federal para el 2025, es menor en términos reales al del 2024, además de que está comprometido a concluir los compromisos de las grandes obras del gobierno del presidente López Obrador.
Los programas sociales, el pago del servicio de la deuda, absorben la mayor parte del presupuesto y deja muy poco margen para desplegar el programa de infraestructura que pretende realizar el gobierno de la doctora Sheinbaum, así como sus compromisos en campaña como pensiones mujeres bienestar, la beca “Rita Macedo” y salud casa por casa.
A diferencia del gobierno de AMLO, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene guardaditos que permitan solventar sus compromisos, por lo que genera ya un estrés en torno al manejo del gasto público de este gobierno, cómo salir adelante con menos recursos, es el gran desafío.
Y viendo este panorama, hay preocupación que recursos del Infonavit se pudieran canalizar al gasto del gobierno federal, cuando el mismo gobierno tiene mayoría en dos áreas que son muy importantes: primero, el nombramiento del director general quitándole el carácter rotativo y que puede ser por seis años, de acuerdo a la reforma aprobada por la Cámara de Senadores.
La Ley no permite que estos recursos se inviertan fuera de lo que es el Infonavit, pero es válida la preocupación de los representantes de los trabajadores y de los empresarios de que el carácter tripartita de este organismo no se pierda.
En este juego de vencidas vamos a ver cómo termina, si al final el gobierno entra en razón y continúa el carácter tripartita que debe existir en todos los comités o éste impone los cambios que le den una supremacía en las decisiones fundamentales del instituto.
Esto lo sabremos hasta el mes de marzo cuando se discuta la ley aprobada por la Cámara Alta en la Cámara de Diputados.
Beisbol
Charros en play offs: Enfrentaría a Algodoneros de e Guasave
Deporte Rey, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Estamos a dos series de que concluya el rol regular de la temporada 2024-25 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y prácticamente ya están definidos los 7 de 8 equipos que pasarán al play-off.
Todo parece indicar que Naranjeros de Hermosillo quedarían de líderes generales con mayor número de puntos con 18 (sumando los 8 de la primera vuelta y los 10 de la segunda, en el entendido que queden en primer lugar de esta segunda mitad y es Charros y Cañeros los que están en el segundo y tercer escalón).
De los 10 equipos que forman parte de la LMP, ocho pasarán a postemporada y dos quedarán eliminados. Sultanes de Monterrey está liquidado sin posibilidad alguna de entrar al play-off, al tener una temporada desastrosa, sotaneros en las dos vueltas. Y los dos equipos que pelean por el octavo boleto son Venados de Mazatlán y Mayos de Navojoa. Es más factible que a este último la canten las golondrinas el último juego del rol regular.
Los otros siete que ya tienen boleto para postemporada son: Naranjeros de Hermosillo, Cañeros de Los Mochis, Tomateros de Culiacán, Charros de Jalisco, Algodoneros de Guasave, Águilas de Mexicali, Yaquis de Obregón y Venados de Mazatlán, considero, tendrá el octavo boleto.
CHARROS IRÍA CONTRA GUASAVE
De acuerdo al sistema de puntos y eliminados los dos últimos lugares, ocho equipos pasan al play-off y se enfrentarán el primer lugar contra el octavo, el segundo lugar contra el séptimo y viceversa.
¿Contra quién iría Charros en la primera ronda del play-off? Si hoy concluyera el rol regular, a Charros iniciaría el play-off en casa y le tocaría enfrentar a Algodoneros de Guasave, conjunto al que los expertos como Eliseo Villarreal, lo ven como un equipo aguerrido con peloteros veteranos de valor, entre ellos el gran Jessy Castillo, Yadir Drake, Keven Lamas, Alexis Wilson y Jorge Flores.
El problema de Guasave es que su pitcheo es muy endeble, a lo que le añadiríamos que su cerrador Peyton Garry no hizo gira a Hermosillo este fin de semana al quedarse en Guasave bajo tratamiento por leve fatiga en su brazo derecho, nada grave.
LOS EXTRANJEROS DE CHARROS
Por cierto, esta temporada la directiva de Charros le atinó a las contrataciones. A la ofensiva el equipo de casa ha contado con cuatro peloteros de alta calidad como son Michael Wielansky, que va de líder bateador con .352 de porcentaje de bateo (hasta antes del juego de ayer domingo); líder también en triples con 6; tercero en dobles con 13; cuarto en carreras con 41; noveno en robo con 11; primero en OBP .445 (porcentaje de embasamiento); segundo en SLG (porcentaje de slugging: total de bases dividido por hits) con 541 y primero en OPS con .996. (porcentaje de embasamiento más slugging)
En los diez años en que Charros ha participado en la Liga Mexicana del Pacifico, no había contado con un pelotero tan explosivo, que batea, corre y fildea, dándole ese toque alegre y espectacular, como es junto Michael Wielansky. Con otro gran pelotero como es Bill Hamilton suelen robarse el show por su velocidad en los senderos; Hamilton es el líder robador de bases con 37, superando al segundo lugar, Rudy Martin, de Tomateros con 31 estafas. También es líder en carreras anotadas con 45; en esta temporada estos dos jugadores se han robado cada uno el home plate.
Otro extranjero sobresaliente es Jack Mayfield que juega segunda base y que batea .312 de average, con 30 carreras producidas, 4 HR y que junto con el colombiano Reynaldo Rodríguez, son tal vez la mejor cuarteta de la legión extranjera en esta temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Reynaldo que se ha visto afectado por una infección gastro intestinal en el mes de diciembre, en la primera mitad y parte de la segunda ha sido la bujía del equipo con 7 jonrones y 48 carreras remolcadas con .279 de average.
LOS LANZADORES EXTRANJEROS
En el cuerpo de pitcheo la legión extranjera ha contado en esta segunda vuelta con Ronald Medrano que tiene 6-4 en ganados y perdidos con un muy aceptable 2.25 en PCL al iniciar 11 encuentros. Es en el relevo donde los extranjeros le dan más fortaleza a Charros: Trevor Clifton es el cerrador estelar que tiene un 1.82 PCL con 10 salvamentos.
Un lanzador ya muy conocido por la afición es el norteamericano Jared Wilson que suele subir a la lomita en el séptimo u octavo inning y ha sido esta temporada muy efectivo al subir a lanzar en 14 ocasiones con un excelente 1.17 de PCL. Wilson junto con Trevor Clifton son el cerrojo en los últimos dos episodios.
Pero Charros tiene solidez en el cuerpo de lanzadores con los inicialistas mexicanos Luis Iván Rodríguez, Luis Payán y Manny Bañuelos. Luis Iván ha lanzado muy buenos juegos pero no ha contado con el apoyo de la ofensiva, ya que sus buenas actuaciones no lo reflejan los números, en 12 juegos iniciados, tiene marca de 3-2, pero con un PCL de 3.32 que es muy bueno, lanzando 65 innings con 51 ponches.
Luis Payán por su parte se integró a Charros en esta temporada y tiene marca de 4-3 con 3.10 en PCL. Sus actuaciones muestran que es un lanzador confiable.
Y el que ha sido sobresaliente es Adrián Gusman quien en 21 innings solamente 1 carrera le han anotado. Y cerramos con el relevista Mario Meza con 3-2, subiendo a la loma de lanzar en 29 juegos con 1.30 de PCL en 27.2 innings.
Charros, pues, se ve muy sólido en el pitcheo y en la postemporada es uno de los equipos con serias posibilidades de llegar a la final y hasta de representar a México en la Serie del Caribe que en febrero se jugará en Mexicali.
NACIONALES
El fin de los contrapesos: La desaparición de los organismos autónomos en México
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
El viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum oficializó un decreto que marcará un antes y un después en la historia política y administrativa de México. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el documento consuma la extinción de siete órganos autónomos de ámbito federal y 32 estatales dedicados a la transparencia.
Bajo el amparo de una reforma constitucional de «simplificación orgánica», las funciones de estas entidades pasarán a depender de dependencias del Ejecutivo, mientras sus recursos se dirigirán al Fondo de Pensiones del Bienestar.
La reforma elimina organismos emblemáticos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. En el caso de Coneval, por ejemplo, sus funciones pasarán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La justificación del Poder Ejecutivo Federal se centra en la optimización de recursos y en la promesa de un modelo más eficiente. Los fondos ahorrados por la extinción de los órganos autónomos se destinarán al fortalecimiento del sistema de pensiones, una de las banderas de la administración actual. Sin embargo, detrás de esta narrativa de ahorro y bienestar social se esconde un mensaje que apunta hacia una preocupante centralización del poder.
La desaparición de estos organismos genera diversas preguntas sobre el futuro de la transparencia, la regulación económica y la garantía de derechos fundamentales. Estos entes fueron creados como contrapesos al poder presidencial, asegurando que decisiones claves se tomaran con independencia y especialización. Con su eliminación, se corre el riesgo de que estas funciones sean absorbidas por instancias que carecen de la autonomía necesaria para actuar sin presiones políticas.
El caso del INAI es particularmente ilustrativo. Durante más de dos décadas, este instituto permitió a los ciudadanos acceder a información clave sobre corrupción, derechos humanos y gestión pública. Expedientes como los relacionados con Ayotzinapa, Odebrecht y La Estafa Maestra fueron revelados gracias a su labor. Ahora, aunque los derechos de acceso a la información y protección de datos personales permanecen reconocidos en la Constitución, su ejercicio pleno parece cada vez más incierto.
Desde una perspectiva política, la medida de Sheinbaum no puede desvincularse del contexto más amplio de su administración. Este decreto es parte de una estrategia que busca concentrar el poder en el Ejecutivo, desarticulando los contrapesos institucionales que han sido fundamentales para la consolidación democrática del país.
La extinción de organismos como el INAI o la Cofece también envía un mensaje claro a los sectores privado y social: las decisiones en materia de regulación y transparencia ahora estarán bajo el control directo del gobierno. Esto podría desalentar la inversión, debilitar la competencia económica y abrir la puerta a decisiones opacas que beneficien a ciertos intereses políticos.
Otro impacto preocupante es la pérdida del conocimiento técnico y la experiencia acumulada en estos organismos. Miles de trabajadores especializados enfrentan la incertidumbre de despidos o reubicaciones en un aparato gubernamental que no necesariamente está preparado para absorber sus funciones. Este vacío de conocimiento podría tener consecuencias graves en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y educación.
En su comunicado respecto al tema de su desaparición, el INAI reafirmó su compromiso de trabajar hasta el último día para garantizar los derechos que dieron origen a su creación. Además, hizo un llamado a la sociedad para que continúe exigiendo transparencia y protección de datos personales como herramientas fundamentales para una democracia de calidad.
La sociedad civil también tiene un papel crucial en este escenario. La demanda ciudadana será clave para que los derechos a la información y a la privacidad no se conviertan en letra muerta. El reto es inmenso: sin instituciones especializadas que sirvan como mediadoras entre el gobierno y los ciudadanos, la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas dependerá en gran medida de la organización y movilización ciudadana.
La desaparición de los órganos autónomos representa un cambio profundo en el diseño institucional de México. Si bien la promesa de simplificación y ahorro puede resultar atractiva en el corto plazo, las implicaciones de largo plazo podrían socavar los avances democráticos logrados en las últimas décadas.
El gobierno señala que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales seguirán vigentes y serán tutelados por un nuevo modelo institucional. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad sobre las leyes secundarias necesarias para asegurar estos derechos, ni sobre el diseño que adoptará la futura estructura de garantía.
El reto para la administración de Sheinbaum será demostrar que esta centralización del poder no está destinada a consolidar un control absoluto, sino a fortalecer un gobierno más eficiente y transparente. Sin embargo, la ausencia de mecanismos claros que garanticen la independencia de las nuevas instancias genera dudas fundadas sobre la verdadera naturaleza de esta reforma.
Desde una perspectiva política, este movimiento revela una tensión entre la austeridad republicana y la necesidad de mantener instituciones robustas e independientes. Si bien los recursos obtenidos podrían ser destinados a programas sociales, la desaparición de estos órganos podría costar caro a la credibilidad democrática de México.
La crónica de esta decisión no termina con la publicación en el DOF. La historia se escribirá en los días, meses y años por venir, en cómo la sociedad y el gobierno aborden este cambio sin precedentes. Porque en política, como en la vida, las decisiones que centralizan el poder siempre tienen consecuencias; y en el caso de México, estas aún están por revelarse.
En X @DEPACHECOS
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