Las elecciones intermedias: ¿México lo hace mejor?

Opinón, por Emeka John Eni:

Este 3 de noviembre, los votantes de Estados Unidos volverán a las urnas para las elecciones intermedias, en las que se renovará aproximadamente una tercera parte del Senado, integrado por 100 miembros, y la totalidad de la Cámara de Representantes. El actual ciclo electoral expone las entrañas de un sistema político disfuncional y nos obliga a preguntarnos: ¿el problema es el sistema mismo? ¿Podría México, pese a sus propias imperfecciones, contar con un sistema que ofrezca ventajas políticas significativas frente al estadounidense?

El Pew Research Center y el Centro de Políticas Públicas Annenberg han realizado numerosas encuestas sobre el conocimiento de la población estadounidense acerca del proceso legislativo y las instituciones de gobierno. Entre los resultados destaca que el 35% no pudo distinguir entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que más de dos terceras partes no pudieron responder correctamente preguntas básicas sobre la estructura y el funcionamiento del gobierno.

En seis de las últimas siete elecciones intermedias, el partido de oposición ha obtenido el control de al menos una de las cámaras del Congreso. Ha sido común que una proporción nada insignificante del electorado cambie de bando después de tan solo dos años. Al modificar su voto y cambiar quién ejerce el poder en Washington en un periodo tan breve, los electores pueden impedir la instrumentación de una agenda política efectiva.

Los cambios en las políticas públicas y las decisiones políticas a menudo no producen resultados tangibles que la población pueda percibir de inmediato. Algunos ejemplos permiten ilustrarlo. La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos evalúa los efectos de los proyectos de infraestructura sobre el crecimiento del producto interno bruto y la recaudación pública en un horizonte de 30 años. Asimismo, un estudio de la Universidad de California en Berkeley señala que los cambios en las tasas impositivas repercuten en el PIB a lo largo de dos a tres años. Las inversiones en educación tienen efectos reales sobre el consumo, los salarios y la capacidad económica, pero sus resultados se manifiestan a lo largo de toda una generación.

El desconocimiento del proceso político, combinado con los plazos poco evidentes que requieren las políticas públicas para producir resultados concluyentes, podría explicar —al menos en parte— los cambios persistentes en el control de las cámaras del Congreso. La población estadounidense tiende a sobredimensionar la autoridad del presidente para establecer e impulsar directamente una agenda legislativa. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los cambios sustanciales, la orientación de las políticas y las transformaciones deben emanar de las facultades del Congreso. En este contexto, existen diferencias institucionales importantes entre los sistemas políticos de México y Estados Unidos que permiten identificar ventajas de uno frente al otro.

Ciertos elementos del sistema político mexicano generan un entorno propicio para alcanzar objetivos políticos. El propósito de este artículo no es analizar la eficacia o la pertinencia de una ley o política en particular, sino comparar objetivamente las instituciones políticas de ambos países. En México, los mandatos del presidente y de los senadores duran seis años, frente a los cuatro años del mandato presidencial estadounidense. Además, en México se elige a la totalidad del Senado al mismo tiempo que al presidente. Esto no sucede en Estados Unidos, donde aproximadamente una tercera parte del Senado se renueva cada dos años. Por su parte, la Cámara de Diputados mexicana se elige cada tres años, mientras que su equivalente estadounidense se renueva cada dos.

Esto significa que, mediante las elecciones ordinarias, la posibilidad de cambiar simultáneamente el control de ambas cámaras se presenta cada seis años en México, frente a cada dos años en Estados Unidos. Además, existe la percepción —justificada o no— de que Estados Unidos se encuentra en una campaña electoral permanente que distrae de las tareas del buen gobierno.

Los críticos del Congreso estadounidense suelen afirmar que, en el caso de la Cámara de Representantes, son los representantes quienes eligen a sus votantes, en lugar de que los votantes elijan a sus representantes. Cada diez años, después del censo nacional, los legisladores estatales determinan cómo se redibujan los distritos electorales para la Cámara de Representantes. Este proceso suele seguir divisiones políticas, económicas y raciales diseñadas, cuando menos, para consolidar la posición de un partido o favorecerlo abiertamente frente al otro.

Aunque ambos partidos recurren a esta práctica, conocida como gerrymandering, buena parte de la investigación académica concluye que la manipulación partidista de los distritos reduce la competitividad de las elecciones legislativas y tiende a generar una ventaja neta para el Partido Republicano.

Si bien México no es inmune a la manipulación partidista de los distritos electorales, el riesgo de estas prácticas se ve contrarrestado por el hecho de que su delimitación corresponde a una autoridad formalmente independiente: el Instituto Nacional Electoral.

De ninguna manera pretendo afirmar que el sistema mexicano sea perfecto. Actualmente se encuentran en marcha cambios institucionales importantes que, según ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, podrían debilitar las instituciones democráticas, como la reforma judicial y las modificaciones recientes al Instituto Nacional Electoral. No obstante, la evidencia sí sugiere que el sistema político mexicano ofrece al menos algunas ventajas frente al estadounidense para instrumentar y ejecutar cambios de política pública de mayor alcance.