50 años de promesas; tandeos hoy

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz:

¡Qué gran problema está resultando la crisis del agua para todos! Las afectaciones a la sociedad, al gobierno local e incluso a la política estatal se están convirtiendo en una gran pesadilla. El suministro mediante tandeos no funciona: tras el cambio de estrategia y de fuente abastecedora, el agua no tiene la presión suficiente para llegar a las casas. Esta crisis es, en realidad, un tropezón mayor de la administración pública, a la que no le está saliendo la solución para garantizar que la ciudadanía cuente con agua limpia y ejerza su derecho humano al agua.

El racionamiento de agua mediante el sistema de tandeos ha derivado en que numerosos hogares se queden completamente sin suministro, debido a la falta de presión en la red y a una distribución inoperante. Esta situación configura una violación sistemática al derecho humano al agua y evidencia un servicio profundamente deficiente. Resulta indispensable comprender que atender el problema es un asunto de máxima urgencia, pues la crisis hídrica ya está desencadenando consecuencias graves en otros ámbitos.

Lejos de garantizar el vital líquido «para los próximos 50 años», como pregonó Enrique Alfaro, su administración dejó como herencia una infraestructura al borde del colapso y un organismo operador ineficiente. Escudarse en supuestos sabotajes o responsabilizar a las tuberías caseras por el agua sucia fue una evasiva inadmisible. Aquella complacencia oficial no solo postergó las soluciones de fondo, sino que condenó a los tapatíos a sufrir la peor crisis de abasto en décadas, demostrando que la propaganda política jamás sustituirá a la buena gestión pública.

El derecho humano al agua trasciende las fronteras locales porque está reconocido en el ámbito internacional: la Resolución 64/292 de la ONU, de 2010, reconoció el derecho humano al agua potable salubre y al saneamiento como esencial para la vida y para el disfrute de todos los derechos humanos, mientras que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —en particular, sus artículos 11 y 12— y la Observación General núm. 15 del Comité DESC fundamentan y desarrollan su alcance.

Este derecho implica que toda persona tenga acceso a agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible, y obliga a los Estados a respetarlo, protegerlo y garantizarlo sin discriminación.

En México, el artículo 4.º constitucional reconoce expresamente el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Por ello, aterrizar el problema del agua únicamente en lo local impide comprender su gravedad: la escasez, la contaminación, las fugas, la desigualdad en el suministro y la falta de rendición de cuentas no son solo fallas de un servicio público, sino posibles violaciones a un derecho humano cuya protección exige calidad, disponibilidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas, con responsabilidad de las autoridades competentes.

De lo general a lo particular, y de lo político a la responsabilidad institucional, existen miles de historias que documentan la afectación generalizada del suministro de agua y confirman que se trata de una crisis profunda en todos los sentidos. Los gobiernos local y estatal no han sabido ni podido atender esta gravísima situación: los tandeos se han manejado de manera improvisada y, según lo señalado, cerca del 80 por ciento de las colonias no recibe agua de forma adecuada.

Más allá de los problemas sociales ya generados por este enorme problema del agua, los tres poderes del Estado no están ofreciendo soluciones efectivas; en cambio, la crisis parece haberse convertido en un botín político.

Esto representa una oportunidad para que la ciudadanía evalúe y, en su caso, provoque un cambio en el poder, particularmente respecto de Movimiento Ciudadano. Mientras unos se lavan las manos, otros ven en esta crisis una vía para llegar al gobierno; por ello, no debe desaprovecharse la oportunidad de exigir respuestas.

Habría que preguntarse qué tendría que ocurrir durante la administración de Pablo Lemus para que esta grave situación no tenga consecuencias electorales en 2027, especialmente ahora que ya inicia la jornada electoral.