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ENTREVISTAS

A 100 años del conflicto: La historia de la Cristiada, más allá de los mitos

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Entrevista al historiador Jean Meyer:

Por Francisco Junco:

El historiador Jean Meyer sostiene, en entrevista con Conciencia Pública, que las decisiones de suspender el culto en 1926 y firmar los arreglos de 1929 fueron tomadas por el papa Pío XI, no por los obispos mexicanos; también reivindica la resistencia pacífica y matiza el papel del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez.

La conmemoración del centenario de la Guerra Cristera abrió en Jalisco un espacio de reflexión histórica con la inauguración, el pasado 19 de octubre, del Congreso Internacional “A 100 años de la Cristiada”, un encuentro académico que reunió a especialistas de México y otros países para analizar las causas, el desarrollo y las repercusiones de uno de los episodios más complejos de la historia nacional.

En ese contexto, el historiador Jean Meyer revisó algunas de las interpretaciones que durante décadas marcaron la comprensión del conflicto religioso y armado.

A cien años del inicio de la Cristiada, Meyer considera que los historiadores cuentan con elementos suficientes para esclarecer decisiones que alimentaron controversias durante generaciones. La apertura de archivos de la Iglesia mexicana, de las diócesis, de la Secretaría de la Defensa y de la Santa Sede permitió documentar responsabilidades y desmontar versiones que atribuían a los obispos mexicanos decisiones que, de acuerdo con esos documentos, correspondieron directamente al papa Pío XI.

El investigador también cuestionó las explicaciones que presentan a los cristeros como campesinos manipulados por el clero o por los hacendados para frenar la reforma agraria.

Según explicó, buena parte de la jerarquía católica se opuso a la lucha armada y la reforma agraria todavía no había comenzado cuando estalló el conflicto. Del mismo modo, rechazó la versión de que los obispos Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz engañaron al pontífice durante las negociaciones que condujeron a los arreglos de 1929, pese a que la legislación anticlerical permaneció vigente.

En la conversación con Conciencia Pública, Jean Meyer amplió la mirada más allá de los enfrentamientos armados y destacó la resistencia pacífica de los católicos que sostuvieron la vida religiosa durante los años de persecución. También matizó la participación del arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, a quien describió como una figura fundamental para la resistencia católica, aunque no como dirigente militar de los cristeros.

La entrevista

En los cien años transcurridos desde el inicio de la Guerra Cristera, ¿qué considera que todavía no hemos terminado de comprender sobre este conflicto?

Creo que los historiadores ya han entendido casi todo. Cuando empecé mi investigación, hace 60 años, no teníamos las mismas posibilidades de acceso a los documentos que existen ahora. Hoy están abiertos los archivos de la Iglesia en México, los de las diócesis, el de la Secretaría de la Defensa, que es inmenso e interesantísimo, y, más importante todavía, el archivo de la Santa Sede.

Las dudas se concentraban especialmente en dos decisiones: la suspensión del culto público en el verano de 1926, anunciada por el Episcopado mexicano, y los arreglos de junio de 1929 entre el presidente interino Emilio Portes Gil y los obispos Leopoldo Ruiz y Flores, de Morelia, y Pascual Díaz, quien al día siguiente sería promovido a arzobispo de México.

Ahora sabemos que ambas decisiones fueron tomadas por el papa Pío XI. No fueron los obispos mexicanos quienes decidieron suspender el culto. Había una minoría que defendía esa medida y que acudió directamente al pontífice, incluso saltándose el procedimiento diplomático habitual de la Santa Sede. Lo convencieron de que en México no había otra solución que una huelga sacerdotal y la suspensión del culto público.

Los arreglos de 1929 provocaron desconcierto entre los católicos porque la Ley Calles seguía vigente. Se preguntaban por qué, cuando el movimiento armado cristero tenía tanta fuerza, se consideraba que ya no había motivos para continuar y se aceptaba un acuerdo. De ahí nació la leyenda de que los obispos habían engañado al papa. Los archivos demuestran que fue una decisión del propio Pío XI: el mismo pontífice que en 1926 había respaldado una postura de confrontación con el gobierno mexicano consideró, tres años después, que el remedio podía ser peor que la enfermedad.

Si el gobierno mexicano necesitaba la paz y estaba dispuesto a negociar, el papa aceptó los arreglos. Hoy, más que descubrir nuevas explicaciones fundamentales, hace falta difundir los hallazgos que permiten comprender mejor lo sucedido.

¿Cuál cree que es la idea equivocada más común que tienen los mexicanos sobre la Guerra Cristera?

Depende del lugar desde donde se mire. Hay quienes piensan que los cristeros eran pobres diablos, ignorantes, manipulados por el clero o por los hacendados. Sin embargo, la mayoría de los obispos y sacerdotes no estaba de acuerdo con la lucha armada. Existían razones religiosas y éticas para rechazarla: hacía mucho que había terminado el tiempo de las cruzadas y no se podía matar en nombre de Cristo.

También había una consideración pragmática. México ya había vivido conflictos entre la Iglesia y el Estado, así como persecuciones religiosas. Algunos consideraban que el problema terminaría en dos o tres años y confiaban en que el expresidente Álvaro Obregón contribuiría a resolverlo.

La idea de que el clero manipuló a los católicos tampoco se sostiene. Y la explicación de que los hacendados los utilizaron para frenar la reforma agraria es igualmente equivocada, porque esa reforma todavía no había comenzado cuando estalló la Cristiada.

Del otro lado, entre algunos católicos persiste la leyenda de que los obispos engañaron al papa. Esos prelados quedaron con la fama de haber traicionado a la Iglesia, cuando los documentos demuestran que no fue así. Algunos sectores católicos integristas todavía sostienen esa versión, aunque otros la abandonan cuando conocen las pruebas históricas.

Hay otro episodio que permite comprender las decisiones de Pío XI. En 1932, cuando el gobierno mexicano dejó de aplicar los arreglos, el pontífice denunció la ruptura y condenó las acciones gubernamentales, pero prohibió a los católicos tomar las armas para defender a la Iglesia. Fue una decisión personal del papa; ningún obispo mexicano tuvo que ver con ella.

Cuando estudiamos historia en las escuelas, suelen presentarnos a buenos y malos. Para algunos, los buenos son los cristeros y, para otros, el gobierno. ¿Cómo entender los matices del conflicto?

No los llamaría grises, porque esa palabra puede dar la impresión de que eran personas tibias, situadas a medio camino entre dos posiciones. Hubo una resistencia pacífica muy importante que permitió a la Iglesia perseguida, en condiciones de clandestinidad parcial o total, sobrevivir y administrar los sacramentos durante esos años.

Esa resistencia no se limitó a los tres años de la Cristiada. También fue fundamental durante la persecución de 1932 a 1938, que en algunos lugares resultó todavía más severa.

A partir de 1936, bajo la orientación política de Lázaro Cárdenas y con el respaldo del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, la persecución disminuyó progresivamente. Si uno observa el calendario y el mapa del restablecimiento de la paz religiosa, encuentra que el proceso comenzó en la Ciudad de México y avanzó conforme cambiaban los gobernadores identificados con el callismo por otros cercanos al cardenismo.

Los últimos lugares en normalizar su situación fueron Chihuahua, Chiapas y Sonora. En este último estado, el gobernador Rodolfo Elías Calles, hijo de Plutarco Elías Calles, mantenía una postura profundamente anticlerical. Sin embargo, en 1937, con el respaldo de Cárdenas y del general federal Román Yocupicio, se produjo un cambio. El obispo Juan Navarrete, quien desde 1931 recorría las montañas con sus seminaristas para evitar que lo capturaran, recibió el mensaje de que podía regresar. Reabrieron los templos y volvieron los sacerdotes.

Otro momento fundamental llegó en 1938, con la expropiación petrolera. El arzobispo de Guadalajara respaldó la decisión y anunció que la colecta del domingo siguiente se destinaría a contribuir al pago de la indemnización petrolera. Otros obispos siguieron el ejemplo.

Es significativo que Jalisco, considerado el epicentro de la Cristiada, protagonizara ese acercamiento. Por eso hablo de lo que yo llamo el segundo abrazo de Acatempan, una reconciliación entre actores que habían estado enfrentados.

Después, la Conferencia Episcopal invitó al presidente Cárdenas a la Basílica de Guadalupe, recién restaurada. Él respondió cortésmente que, como presidente, la Constitución no le permitía asistir, pero agradeció la invitación y felicitó al episcopado por la restauración.

Desde entonces, aunque la Ley Calles permaneció formalmente vigente, dejó de aplicarse. La reforma constitucional llegó en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se modificó el marco jurídico de las relaciones entre el Estado y las iglesias y se establecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano. Para mí, marzo de 1938 representa un momento decisivo de la paz religiosa en México.

¿Cómo interpreta la participación del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez? ¿Se puede entender el conflicto sin su intervención?

Hay que matizar su papel. A pesar de la fama que después le atribuyeron como un radical intransigente, Orozco y Jiménez no estaban a favor de la lucha armada. Estaba dispuesto a hacer concesiones importantes al gobierno para evitar el conflicto.

Cuando las autoridades amenazaron con cerrar los colegios católicos por la presencia de crucifijos y la enseñanza religiosa, ordenó retirar los crucifijos y trasladar la instrucción religiosa a los templos los domingos.

En el verano de 1926 comenzaron levantamientos espontáneos en distintas regiones. El arzobispo convocó a Anacleto González Flores, quien había encabezado una resistencia cívica no violenta contra el carrancismo y fundado la Unión Popular, una organización con presencia en pueblos de Jalisco y estados vecinos.

Orozco y Jiménez le pidió que no permitiera que la Unión Popular se incorporara a la guerra y que se distanciara de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que convocaba a las armas desde la Ciudad de México.

Anacleto organizó entonces una reunión clandestina con alrededor de cien dirigentes de distintas regiones de Jalisco. Les planteó que estaba en contra de la lucha armada y preguntó qué opinaban. La votación fue contundente: 99 se pronunciaron a favor de la guerra y solamente Anacleto votó en contra.

Esa noche, Anacleto acudió con el arzobispo, quien ya se encontraba oculto en Guadalajara, y le comunicó que la organización había optado por las armas. Aunque su modelo era Gandhi y confiaba en la resistencia no violenta, terminó aceptando, con tristeza, la decisión de sus compañeros. Después fue torturado y asesinado.

Cuando el gobierno detuvo a varios obispos y los trasladó a Estados Unidos, Orozco y Jiménez no se presentó ante las autoridades. Se internó en el campo, en las inmediaciones de San Cristóbal de la Barranca. Durante los tres años de guerra, el gobierno lo buscó porque suponía, equivocadamente, que él dirigía militarmente a los cristeros de Jalisco.

Nunca hubo alguien que lo delatara. La población lo protegió a tal grado que un periodista de The New York Times pudo entrevistarlo. El arzobispo manifestó entonces su solidaridad con su pueblo, pero negó tener participación directa en la lucha armada.

Incluso Enrique Gorostieta, el jefe militar de los cristeros, se quejó de que el arzobispo no quisiera recibirlo, pese a que sus hombres arriesgaban la vida en nombre de los católicos. Esa anécdota ayuda a distinguir entre el liderazgo religioso y la conducción militar.

Orozco y Jiménez fue el alma de la resistencia católica por su ejemplo, tanto para los cristeros como para quienes mantuvieron su fe sin tomar las armas. Acompañó la decisión de una parte del pueblo, pero nunca fue partidario de la defensa armada.

Existe una anécdota según la cual Plutarco Elías Calles exigió que su hija se casara por la Iglesia. ¿No resulta contradictorio con su anticlericalismo?

Es un tema interesante. Conocí bien a Hortensia, a quien llamábamos cariñosamente Tencha, la hija mayor del presidente Calles. Ella me decía que ella y sus hermanos nunca entendieron el odio de su padre hacia la Iglesia. Él se había casado por la Iglesia porque así lo quiso su esposa, y todos sus hijos fueron bautizados, confirmados y casados por el rito católico.

Hay otra versión que debo presentar con cautela. Un descendiente de Calles me contó que, hacia el final de su vida, el expresidente tuvo amistad con un sacerdote jesuita, con quien discutía, y que incluso participaba en sesiones espiritistas. Ese familiar atribuyó a Calles una frase según la cual, de haber sabido que en cada hogar mexicano había una Virgen de Guadalupe, no habría hecho lo que hizo.

No me consta que Calles pronunciara esas palabras y probablemente nunca tendremos pruebas suficientes para confirmarlas.

El historiador Enrique Krauze ha planteado una interpretación psicológica del anticlericalismo de Calles, relacionada con su condición de hijo natural. En aquella sociedad, esa condición representaba un estigma. Según los registros parroquiales, Calles era hijo de una mujer de apellido Campuzano y no habría sido reconocido por su padre biológico. Fue criado por un tío de apellido Elías, de quien tomó el apellido.

Krauze considera que ese antecedente pudo influir en el resentimiento de Calles hacia la Iglesia. Como contrapunto, el propio Calles impulsó una reforma del Código Civil para reconocer a los hijos nacidos fuera del matrimonio los mismos derechos que a los demás. Es una hipótesis que merece consideración, aunque conviene no abusar de las explicaciones psicoanalíticas para interpretar las decisiones políticas.

¿La masonería estuvo detrás del conflicto?

En aquel momento, particularmente en los países latinos, la masonería tenía una orientación marcadamente anticatólica. No siempre había sido así. En países anglosajones y en Alemania existieron tradiciones masónicas distintas, incluso con dimensiones espirituales o religiosas.

En Francia, antes de la Revolución, hubo sacerdotes que pertenecieron a la masonería. El conflicto se desarrolló después y, en Francia, España y América Latina, la organización adquirió una posición fuertemente anticatólica.

Contra los protestantes no necesariamente mantenía la misma actitud, pero frente a la Iglesia católica sí existía una confrontación abierta. Históricamente, esa oposición fue real.

En México todavía hay católicos que consideran que la masonería continúa siendo una fuerza poderosa y enemiga de la Iglesia. Sin embargo, las circunstancias han cambiado mucho. Para comprender el conflicto de hace cien años, debemos atender a las condiciones históricas de aquella época y evitar trasladar automáticamente sus antagonismos al presente.

A cien años de la Guerra Cristera, ¿cuál es la gran lección que deja este episodio?

La lección la aprendieron tanto la Iglesia como el Estado casi inmediatamente. En 1985, cuando el presidente Miguel de la Madrid hizo una visita oficial a París, el diario Le Monde lo entrevistó sobre el México de entonces y le preguntó cómo eran las relaciones con la Iglesia, recordando el conflicto que habían vivido ambas instituciones.

De la Madrid respondió que tanto la Iglesia como el Estado habían aprendido que no se puede jugar con la fe del pueblo mexicano.

Creo que lo que dijo en 1985 sigue siendo válido para comprender lo ocurrido en 1926. La historia de la Cristiada demuestra las consecuencias de un enfrentamiento en el que las decisiones políticas y religiosas afectaron profundamente la vida de millones de personas. Cien años después, el desafío consiste en comprender esas decisiones a partir de los documentos y los hechos, sin reducir el pasado a una disputa entre buenos y malos.


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