La glosa: preguntas que no encuentran respuestas

¿Y si platicamos…?

Por Francisco Junco:

¿Para qué sirve una glosa si los funcionarios no responden lo que les preguntan los diputados? ¿Qué utilidad tiene reunir durante horas a secretarios del gabinete estatal con legisladores que terminan escuchando cifras, presentaciones y explicaciones que poco tienen que ver con los cuestionamientos planteados? ¿Y qué gana la sociedad con un ejercicio del que no necesariamente salen compromisos, aclaraciones o consecuencias?

La glosa del Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro vuelve a poner sobre la mesa una discusión que no es nueva: ¿realmente funciona este mecanismo de rendición de cuentas o se ha convertido en un procedimiento que se cumple por obligación, pero que cada vez aporta menos a la fiscalización del Poder Ejecutivo?

La respuesta no es alentadora. El formato está agotado. No porque carezca de importancia que los funcionarios comparezcan ante los representantes populares, sino porque la mecánica actual parece privilegiar el intercambio político sobre la revisión puntual de los resultados gubernamentales.

Hay algo que no termina de funcionar. Los diputados preparan preguntas, los secretarios presentan sus argumentos y, cuando llega el momento de responder, no siempre existe correspondencia entre lo que se pregunta y lo que se contesta. Se pueden invertir varias horas en una comparecencia y terminar con los mismos cuestionamientos que había al principio.

Entonces, ¿cuál fue el resultado? Quizá el problema comienza con el propio diseño del ejercicio. Si se trata de revisar el desempeño de cada dependencia, lo razonable sería que buena parte del análisis se desarrollara en las comisiones legislativas correspondientes, donde participan los diputados que conocen los asuntos y pueden profundizar en las materias que les competen.

Cuando comparece el secretario de Gobierno, por ejemplo, tendrían que tener un papel central los integrantes de la Comisión de Gobernación; cuando se revisa el campo, quienes forman parte de la Comisión de Desarrollo Rural, y así con cada dependencia.

No tiene demasiado sentido que legisladores que no pertenecen a esas comisiones permanezcan durante horas en el recinto sin intervenir, mientras otros concentran las preguntas y los intercambios. La fiscalización no debería ser un ejercicio de asistencia, sino de análisis, contraste y exigencia.

Eso no significa que deban desaparecer las comparecencias ante el Pleno. Hay asuntos que, por su trascendencia, merecen una discusión abierta, con la participación de todas las fracciones parlamentarias, sin restricciones para interpelar y con funcionarios obligados a responder puntualmente.

El agua, por ejemplo, es uno de esos temas. También lo son los acontecimientos del 11 y 18 de octubre, particularmente las actuaciones policiales durante las manifestaciones ciudadanas. Son asuntos que rebasan una dependencia y merecen una revisión política e institucional de mayor alcance.

Las comparecencias en materia de seguridad dejaron una muestra de lo que ocurre cuando las respuestas no satisfacen las preguntas. Los legisladores insistieron en conocer quién dio las órdenes, cuál fue la cadena de mando y qué responsabilidades se habían determinado. Sin embargo, después de varias horas, las explicaciones no consiguieron despejar las principales dudas.

Y ahí está el problema: preguntar no equivale a obtener respuestas. En contraste, otras comparecencias transcurren sin mayor sobresalto. La de Priscilla Franco, titular del Sistema de Asistencia Social, también merece una revisión desde la perspectiva de los resultados. No basta con enumerar programas y beneficiarios. La pregunta es cuántas personas necesitadas están siendo atendidas y qué impacto tienen esos apoyos.

Presentar cinco mil beneficiarias de un programa puede ser un dato positivo, pero, sin conocer el universo de mujeres que requieren ese respaldo, los criterios de selección y los resultados obtenidos, la cifra dice poco sobre la eficacia de la política social. La asistencia no puede evaluarse únicamente por los programas anunciados, sino por su capacidad para modificar las condiciones de vida de quienes necesitan apoyo institucional.

Y, mientras tanto, el propio Congreso ofrece otro ejemplo de las contradicciones de este ejercicio. La comparecencia del fiscal estatal tuvo que cancelarse por falta de quórum. Dieciséis diputados no asistieron y no se alcanzó el mínimo necesario para sesionar. ¿Con qué autoridad puede exigirse rendición de cuentas cuando los responsables de fiscalizar tampoco cumplen con su obligación de acudir?

La glosa debería servir para algo más que llenar una agenda legislativa. Tendría que permitir contrastar cifras oficiales con la realidad, identificar omisiones, establecer compromisos y dar seguimiento a las respuestas. De lo contrario, seguiremos viendo funcionarios que acuden, diputados que preguntan y ciudadanos que esperan resultados que no necesariamente llegan.

A lo mejor llegó el momento de revisar el modelo, con las comisiones encargadas del análisis especializado y comparecencias abiertas ante el Pleno para abordar los grandes temas del estado. Menos protocolo, menos discursos y más respuestas. Porque si al terminar una glosa las preguntas siguen siendo las mismas, algo está fallando. Y no es precisamente la falta de micrófonos.

COLOFÓN

Y hablando de agua, el diputado César Madrigal propondrá el jueves 19 de noviembre reformar el artículo 292 del Código Penal de Jalisco para endurecer las sanciones por descargas ilegales en cuerpos de agua de jurisdicción estatal. En Las Pintas se han identificado cerca de 150 descargas. Falta conocer cuánto aumentarían las penas y cómo se garantizará que las autoridades investiguen y finquen responsabilidades.

Resumen editorial:

• La glosa del Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus exhibe las limitaciones de un formato en el que las respuestas de los funcionarios no siempre corresponden a los cuestionamientos legislativos.
• Se plantea fortalecer el análisis especializado en las comisiones del Congreso y reservar las comparecencias ante el Pleno para asuntos de mayor trascendencia, como la crisis del agua y la seguridad pública.
• La falta de respuestas concretas, resultados verificables y seguimiento a los compromisos pone en duda la eficacia del ejercicio como mecanismo de rendición de cuentas.