OPINIÓN
De la esperanza a la duda
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
El resultado electoral de 2018 fue sin duda resultado de la esperanza de un cambio. Un cambio difuso y no definido con claridad, pero alentada su expectativa por la exacerbación de la ostentación y el dispendio de la clase gobernante, su evidente corrupción y su incapacidad para instrumentar políticas que disminuyeran la creciente desigualdad social. Una plataforma política impulsada más por la retórica del líder que por una oferta política estructurada y coherente, fue suficiente para que treinta millones de mexicanos se decidieran por la alternativa electoral diferente que garantizaba un cambio.
Ya en el poder, las acciones de gobierno se han centrado en el cumplimiento de esos postulados retóricos, enmarcados en una llamada “cuarta transformación” construida también desde la plataforma de una conferencia mañanera que impone agenda mediática y que distrae del fondo de los más importantes asuntos nacionales. El fondo de ellos forma parte de los contenidos editoriales de la mayoría de los comentaristas y formadores de opinión en los medios, que han formado una masa crítica desdeñada y vilipendiada por el propio Presidente de la república que no tiene empacho en denominar “fifís”, adversarios, conservadores, nostálgicos del poder, añorantes de los moches y otros calificativos similares en los que engloba a todos los que piensan diferente o critican sus acciones.
El primer año de gobierno se ha caracterizado más por ello que por la profundidad del cambio prometido. En los hechos, el único gran cambio es que la autoridad presidencial ya no tiene acotaciones, los poderes están colonizados, los organismos autónomos disminuidos y despreciados y en síntesis, se ha instalado el presidencialismo imperial en todo su esplendor.
Sin embargo, el pobre desempeño del gobierno ha empezado a sentirse ya en la opinión ciudadana. Nótese que hablo del desempeño del gobierno y no del Presidente, puesto que él sigue encantando al pueblo con formas sencillas y austeras de conducirse, sin perder el contacto con la gente, hablándoles en los mismos términos para comunicarles su visión de la realidad y venderles un cambio que huele a gatopardismo.
Por ello, su aprobación se muestra estable, en un 68 %, con una ligera tendencia a la baja. Según una encuesta publicada por “El Universal” y levantada entre el 6 y el 11 de noviembre, el 65.5% piensa que el Presidente se preocupa por la gente, más sin embargo un 52.1 cree, que el Presidente utiliza la conferencia mañanera para distraer.
El apoyo empieza a mostrar grietas. Según un análisis de El Financiero, basado en sus propias encuestas, los niveles de apoyo están moviéndose entre los diversos segmentos poblacionales. Los hombres jóvenes se muestran más críticos y han variado su apreciación.
Al inicio del sexenio los estudiantes de nivel básico, y medio superior tenían un nivel similar de aceptación y en la actualidad, la brecha entre ellos ha crecido y los de nivel medio superior desaprueban por 20 puntos. Por edades, la juventud (18 -29) está disminuyendo su apoyo, mientras que los mayores (50 y +) se mantienen firmes en su respaldo. En resumen, debajo del promedio de aceptación presidencial (68 puntos), hay corrientes que se mueven considerablemente, en particular cuando se evalúa su actuación ante los grandes problemas nacionales y aspectos específicos de su gobierno.
La prensa sigue escribiendo casi unánimemente censurando, evidenciando inconsistencias, desatinos, empecinamientos y terquedades del actual gobierno federal, pero esta cantidad de tinta en contra, parece no encontrar eco pues los niveles de aceptación, como se ve, no han sido en esa drástica proporción modificados.
Sin embargo, como se menciona anteriormente, en el fondo, las percepciones si se mueven sobre aspectos específicos y parece que la ciudadanía está tornando de la esperanza a la duda. Un reflejo de ello se encuentra en las redes sociales. Son las redes un escenario panfletario en el cual, el fanatismo y el dogmatismo señorean en ambos lados, mostrando una sociedad polarizada con alto grado de intolerancia. Sin embargo, tanto los medios tradicionales como las redes, confirman que el humor social se mueve rápidamente, aunque por desgracia no es en la misma dirección.
Es grave, que el polarizado estado de ánimo de la sociedad sea alentado por el discurso oficial. Que la retórica presidencial, se empeñe en fomentar las diferencias invocando episodios históricos que nunca fueron resueltos, de otra forma, que con la supresión o el avasallamiento del adversario.
Nuestra sociedad ya es otra. Es cierto que está lastimada por la desigualdad y la falta de oportunidades pero demostró que se puede unir para conseguir un cambio. Ojalá que el Presidente entienda que el bono democrático que ahora usufructúa es una oportunidad para unir y que escuchar y rectificar no es claudicar. Es tiempo de pensar como un hombre de estado, no como militante y construir una patria donde quepamos todos, los fieles seguidores y los que ahora están pasando de la esperanza a la duda.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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