OPINIÓN
El dilema de subsidiar el transporte: Con «Mi Transporte» los más beneficiados son los empresarios camioneros
Por Daniel Emilio Pacheco //
Ya pasó un año del evento de presentación de «Mi Transporte», una parte del modelo de movilidad para del Gobierno de Jalisco para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). En esa ocasión el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, nos avisaba lo que venía para los jaliscienses: «A partir de este momento, el Gobierno de Jalisco retoma la rectoría del transporte público, pero lo hace no viendo a los transportistas como enemigos, sino como aliados. Queremos hacer las cosas bien, pero necesitamos poner todos de nuestra parte”.
Según el mandatario, el compromiso era que en un año se debería de tener el reordenamiento de las rutas del transporte público, además de cumplir con un programa de capacitación intensiva a choferes, así como el modelo del pago electrónico lo que daría pie al monitoreo, direccionamiento a subsidios focalizados y la política de trasbordos, que se diseñaría entre transportistas y gobierno.
En ese evento, se dio a conocer el primer beneficio que recibirían los dueños del transporte público ese mismo año 2019: De julio a diciembre, los transportistas que cumplan con el reglamento podrán participar para recibir un financiamiento hasta por 80 mil pesos para realizar el equipamiento en sus unidades con un sistema de pago electrónico, monitoreo cámaras y validadores en unidades.
Diego Monraz, secretario de Transporte, informó en esa ocasión, que el Gobierno de Jalisco destinaría 600 millones de pesos a fondo perdido para dar ese «apoyo» a los transportistas.
“Con este apoyo ya no hay pretextos ellos ya accederían al modelo empresarial que daría como beneficios a los usuarios mejor frecuencia, control y monitoreo de la flota; evitar las corretizas, tener a su personal mejor capacitado y vehículos con revista y su imagen homologada “, aseguró Diego Monraz.
El 24 de julio de 2019, Enrique Alfaro anunció el aumento al transporte público, pasando de $7.00 pesos a 9.50 pesos por viaje.
En esa ocasió Alfaro dijo: “Vamos a tener una tarifa y pago electrónico unificado, rutas y frecuencias y seguridad mediante de monitoreo de la Secretaría de Transporte y Seguridad, información abierta y combate a la corrupción”, afirmó Alfaro Ramírez.
La gran acción que le importaba destacar al Gobierno de Jalisco ese 24 de julio, era el «gran pacto para mejorar la movilidad del Estado de Jalisco», firmado por el Gobierno del Estado , la iniciativa privada y los organismos sindicales.
Así presentaba el gobernador el beneficio de ese pacto: “Acordamos con el sector privado un apoyo extraordinario a sus trabajadores para mitigar el impacto de la actualización de la tarifa, es decir, estamos en este proceso.
Al final del año el transporte público tendrá esta tarifa actualizada en general y lo que necesitábamos es un acuerdo porque de otra manera el costo cae directamente sobre los ciudadanos. Y plantear a las empresas de Jalisco un acto de solidaridad como este implica una muestra y un acto de voluntad enorme que yo reconozco de los empresarios de Jalisco. Nunca en la historia de nuestro estado se había dado un acuerdo de esta naturaleza”, indicó Enrique Alfaro Ramírez.
«Por eso hay que resaltar que todos somos conscientes de la situación que atraviesan las familias jaliscienses y asumimos un compromiso para mitigar el impacto de una decisión que se tiene que tomar porque si no vamos a reventar el sistema de transporte, porque tenemos ya dos sexenios que transcurren sin que nadie se atreva a actualizar las tarifas del transporte y eso no puede seguir así porque ya tenemos un sistema que está cercano al colapso financiero”, agregó el mandatario.
El apoyo al que supuestamente se comprometió el sector privado para sus trabajadores, con el fin de mitigar el impacto del alza al transporte, sería en general de 10 pesos diarios por trabajador a través de las tarjetas precargadas de Mi Transporte de un ajuste directo al salario. Los sindicatos tendrían la encomienda de diseñar, junto con las empresas, los mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de ese compromiso. En este esquema se sumarían los gobiernos municipales y el estatal, según lo dijo el Gobernador de Jalisco.
Explicó en esa ocasión Enrique Alfaro porqué se pensó en 10 pesos por trabajador: “¿Por qué 10 pesos? Porque el ajuste, la actualización tarifaria son 2.50, lo que pensamos es que, si hablamos de 4 viajes diarios, este ajuste de 2.50 sería o implicaría 10 pesos por día por trabajador. Creo que es un apoyo que va a ayudar y que la flexibilidad para su implementación nos va a permitir también que pueda aterrizar de manera rápida. Cada empresa tendrá que hacer una revisión a fondo de qué trabajadores reciben a este apoyo, no se trata de dárselo a los que no usan transporte público, se trata de que sea un apoyo que vaya a quienes necesiten”.
Un dato curioso de ese día fue la operación del «Weren», uno de los encargados de la comunicación del Gobierno de Jalisco, para que lo que se destacara en medios fuera el apoyo de los 10 pesos a los trabajadores y no el aumento de la tarifa al transporte, que, por cierto, no se habló de alza, se le llamó «ajuste».
Circularon en esa fecha capturas de pantalla donde se presionaba para cambio de encabezados en un periódico local, pues el acuerdo en un desayuno previo así se había establecido. Cheque usted las primeras planas de los periódicos del 25 de julio de 2019 y notará la cargada a favor del «pacto».
Del dichoso apoyo de 10 pesos a los trabajadores, nada queda. Ni siquiera los trabajadores de los Ayuntamientos Mcistas lo recibieron.
Los empresarios tampoco le entraron a la aportación de 10 pesos para el trabajador; Rubén González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras de Industriales de Jalisco (CCIJ), consideró días después, como apresurado el anuncio hecho por el Gobernador Enrique Alfaro en ese tema, ya que no firmaron ningún compromiso y el pacto es voluntario.
Los líderes sindicales ocasionalmente algunos mencionan el tema de los 10 pesos, más como ocurrencia de presión que como verdadera preocupación.
Así se dio el segundo apoyo a los empresarios transportistas de Jalisco por parte del Gobierno de Jalisco, un aumento de transporte que terminó siendo un ajuste a su favor, teniendo como escenario un «pacto» solamente mediático para distraer al trabajador.
El tercer apoyo financiero para los camioneros es por omisión.
Los empresarios del transporte público han recibido un apoyo económico del que no se tienen datos concretos, me refiero a los 50 centavos que diariamente roban a los usuarios de camión. Pues se quedan con lo que no es suyo: 50 centavos de cambio por cada pasaje que no regresan cambio.
LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA CAMIONERA
Este viernes pasado, 28 de febrero de 2020, el gobernador de Jalisco anunció:
“Hoy estamos ya viendo la luz al final del túnel, estamos ya dando un paso decisivo porque si el año pasado regularizamos concesiones, reorganizamos las rutas del transporte con el IMEPLAN, si logramos ya consolidar los apoyos para tener ya en abril listo y operando al 100 nuestro sistema de pago electrónico y consolidado también el modelo de ruta-empresa en la totalidad del transporte en la ciudad, pues hoy viene la siguiente etapa que va a ser este año: la gran apuesta de renovación de nuestra flota de camiones”, indicó el mandatario.
Para esa, «renovación de nuestra flota de camiones», el Gobierno de Jalisco, invertirá desde 440 hasta 500 millones de pesos, monto que servirá para generar anticipos de unidades que serán financiadas en su totalidad por las empresas transportistas. Este será un fondo permanente con piso fijo de 500 mdp, ya que la sustitución de unidades será hasta consolidar la flota renovada para los empresarios. Ese, pues, será el tercer «apoyo» que recibirán los concesionarios del transporte público, parece que por lo menos en esta ocasión no se otorgará a fondo perdido.
Hasta aquí, me gustaría saber, ¿En que se ha beneficiado el usuario de transporte público en esta administración? ¿El que funcionarios de gobierno y diputados tengan concesiones de transporte público, influye en el trato preferencial a los empresarios camioneros? ¿Por qué esos servidores públicos no buscan devolver al usuario su cambio?
Los dueños de las unidades del transporte o concesionarios deben hacer un análisis real del negocio que tienen, si no es negocio deben dejarlo, y el Gobierno de Jalisco debe dejar de estar financiando con dinero público un negocio privado de solo unos cuantos.
Twitter: @depachecos
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
Guillermo del Toro cumple su sueño: “Frankenstein” debuta en Venecia
Desaparecen objetos de valor en la SCJN; la oficina de Norma Piña, la más impactada
Premier League: goles, drama y polémica en jornada vibrante
¡Charros ‘arrebata’ juego a Laguna y va a la Serie de Campeonato!
