OPINIÓN
«Somos el grito de las que no están»
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Días muy álgidos vive el país en cuanto al tema de la violencia que golpea a las mujeres y que las ha llevado a actuar para empujar una agenda común que se plasme en acciones y programas de gobierno contra este flagelo de la violencia.
La lucha de las mujeres contra la violencia es un movimiento muy legítimo que ha recibido el apoyo y solidaridad de diversos sectores sociales, empresariales, académicos, de periodistas y comunicadores que han entrado a la reflexión no sólo contra la violencia sistemática que tanto golpea a las mujeres, sino la violencia en general que destruye el tejido social.
La Marcha del 8M y el paro del 9M ya ganó, porque se ha logrado lo que no recuerdo habíamos vivido con un movimiento social que en esta época nos haya tocado presenciar. El tema ha llegado a diversas mesas y lugares por más heterogéneos que sean, coincidiendo en un punto fundamental: el valor de la mujer y el trato de respeto que debe recibir por el hecho de serlo.
Si algo en la vida he valorado, es precisamente a la mujer, la mayor deuda que tengo en la vida es precisamente con una mujer: Mi Madre, la que nos formó y sacó adelante, ejemplo de lucha, movida precisamente por ese amor para que sus hijas e hijos pudiéramos ser gente de bien, formada en valores, como la solidaridad, la laboriosidad, la honestidad, siempre con el sentido de la justicia.
Las experiencias laborales que he tenido con las mujeres han resultado muy gratas.
Seguro estoy que este movimiento trascenderá más allá del 8M y 9M, con la toma de conciencia de la sociedad en general y los cambios deberán reflejarse en los próximos días, semanas, meses y años. Tenemos que entender que la mujer debe de recibir un trato muy distinto al que se le ha brindado hoy, destacando el respeto en primer orden, respeto que todos los seres humanos debemos de darnos.
El movimiento de las mujeres no debe ser contaminado por las voces radicales feministas que enarbolan banderas y un discurso violento, no se trata de una guerra de sexos, hombre y mujer nos necesitamos, como hay quienes la han querido ver.
En el caso de los feminicidios que se cometen todos los días en el país, independientemente del número que se registre, el que sea uno, es motivo para exigir justicia. Y en esto es donde las mujeres nos han puesto el ejemplo a los masculinos que nos hemos acostumbrados a vivir con violencia, a que desaparezcan a miles de personas cada año, a que sean decenas de miles los homicidios y nos acostumbremos a ello.
En la marcha para celebrar el Día Internacional de la Mujer, al margen del número que tomaron la calle (las agencias noticiosas indican que en Santiago de Chile, fueron 150 mil chilenas las que particiáron; en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad calcula que participaron 80 mil, en tanto en Guadalajara los Bomberos consideran que 35 mil mujeres salieron a manifestarse).
Sobre la manifestación en la capital del país, la mayor parte de la marcha se desarrolló en paz, sin incidentes mayores, sin embargo se hizo sentir un grupo que se cubrió el rostro y que utilizó pistolas de agua con gasolina y artefactos explosivos caseros para prender fuego en diferentes puntos del recorrido, incluida la puerta Mariana de Palacio Nacional, todo esto generó 52 atenciones médicas por lesiones menores con 13 traslados a hospitales con tres civiles lesionados y cuatro policías (tres con quemaduras y una posible fractura).
En Guadalajara más allá de las amenazas de que había gene infiltrada con artefactos explosivos, no pasó de ello y las manifestaciones se dieron en forma pacífica.
Mi amiga Laura Beatriz Chávez me envío estos pensamientos que expresan esa violencia cruda y salvaje que han vertido los feminicidas contra las mujeres que se han convertido en víctimas, pero hoy convertidas en el estandarte de la lucha. Desconozco la autoría, pero es el grito de las que no están.
Para los y las que no han entendido bien por qué el paro…
Las mujeres asesinadas no llegan al trabajo.
Las mujeres asesinadas no llegan a clases.
Las mujeres asesinadas no llegan a la escuela por sus hijas, hijos.
Las mujeres asesinadas no van a hacer el súper.
Las mujeres asesinadas no van al cine.
Las mujeres asesinadas no salen por un café.
Las mujeres asesinadas no van a visitar a sus familias.
Las mujeres asesinadas no van a pasear.
Las mujeres asesinadas no contestan los correos ni publican en redes sociales.
Las mujeres asesinadas no salen a correr, al gym ni a entrenar.
Las mujeres asesinadas no contestan las llamadas.
Algunas mujeres asesinadas ni siquiera llegaron a un féretro.
Están botadas en un canal, en una barranca o al lado de una carretera.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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