OPINIÓN
En tiempos del coronavirus: A apretarnos el cinturón por la recesión económica
Comuna México, por Benjamín Mora Gómz //
“Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan ya haberla encontrado”.
NAPOLEÓN BONAPARTE
“Érase una vez…” así iniciaban las historias que me acompañaron mi creciente amor por lo libros. Hoy les contaré una historia que quizá ya conozcan: “Érase una vez un pueblo que debió elegir entre abrirse al mundo o cerrarse a él. Era un pueblo al que llegaban viajantes de todos los rincones el mundo. Entonces eligió cerrarse y se quedó solo, y así fue que nadie más lo visitó y, de poco en poco, se murió de inanición, soledad y aburrimiento. Se llamaba Tijuana».
Mi madre me decía: “A nosotras, las mujeres, nos encantan los hombres que saben tomar sus propias decisiones, es decir, que miden sus alcances, sus consecuencias, y se hacen responsables para todo marche lo mejor posible”.
Todos y todas debemos tomar decisiones a cada instante. La vida en sí misma es ya una decisión. Tener miedo a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones lleva a la aboulomanía que es el trastorno mental incapacitante para la toma de decisiones y sus causales pueden ser muchas: vergüenza, inseguridad extrema, falta de confianza o temor a perder lo que se tiene. En política y gobierno la aboulomanía detiene a una nación y a su pueblo. Creo que nuestro presidente sufre de aboulomanía, de ahí sus encuestas sobre los temas a los que teme y busca que sea el pueblo quien cargue con las culpas y los costos.
Encuestas con tan solo dos preguntas y una ínfima participación ciudadana han cancelado obras como el aeropuerto de Texcoco y la fábrica de cerveza en Tijuana. Los resultados degradan la confianza en los mercados y serán muy desagradables.
Anthony Robbins ha dicho: “la falta de claridad más que cualquiera otra cosa, es la principal causa del fracaso de la gente”, y le doy toda la razón. Creo que la oscuridad de los otros datos que nadie conoce y los enojos que todos sabemos han estado presentes en el actual gobierno.
¿Qué alentará a nadie a invertir en Tijuana o en Baja California por los siguientes seis años… o por más años si no se olvida lo que en un fin de semana, una minoría extrema, decidió cancelar con valor de cientos de millones?
Andrés Manuel López Obrador se reconoce necio… y en los hechos de mayor trascendencia y obligación, es indeciso.
Cuco Sánchez decía al cantar: “Así nací y así soy, si no me quieren, ni modo”. Nescius, de donde proviene la palabra necedad, significa ignorante o carente de conocimiento, y tal es la identidad de las conferencias mañaneras. Muchas veces divorciadas de la razón y la verdad.
Dicen que Andrés Manuel es cristiano, y por ello, de ser verdad, debiera saber que en la Biblia se lee del necio: “Labios de necio traen discordias, y su boca trae la querella. La boca del necio es su ruina, y sus labios, trampa mortal” [Prov. 18, 6-7]; “Las esperanzas vanas y engañosas son propias del necio” [Sir. 34,1]; “El necio se divierte haciendo trampas” [Prov. 10,23].
Ojalá lo entienda y cambie.
Hemos entrado en la fase dos del coronavirus en México y el gobierno federal se niega a aprender de los países que han comprendido que su atención tiene dos vertientes, el de la salud y el de la economía. En el primero, el subsecretario Hugo López-Gatell ha dado buenos resultados, aunque su programa a futuro me parece bien intencionado, está en extremo limitado en recursos médicos, infraestructura y dinero, comparado con lo que se hace en el resto de los países con mejor rumbo; además, las conductas del presidente, muy criticadas, han sido omisas, atrevidas e seriamente irresponsables. En el segundo de ellos, la pifias y fobias del presidente podrían llevarnos a una grave depresión económica de la que no saldremos en el resto de su mandato y, si así fuese, él pasará a la historia como quien quiso ser presidente hasta la necedad y fracasó en su gobierno, hundiendo a México por varios años.
Andrés Manuel López Obrador parece desconocer que el 95 por ciento de todas las empresas mexicanos son pequeñas y medianas, y que dan empleo a la inmensa mayoría de la gente que trabaja. Tampoco entiende que las grandes empresas generan confianza global y atraen trascendentes inversiones, competitividad y liderazgo económico a México, y que somos parte del G-20 por aquellas y estas empresas, y no por el gobierno únicamente, aunque sea el gobierno quien en actúe en el G-20. Apoyar y rescatar a las empresas es salvar los empleos que generan y, con ello, los ingresos del pueblo. Debe entenderse que las pymes son pueblo y que las grandes empresas dan empleo al pueblo.
San Juan de la Cruz nos habla de “la noche oscura del alma”: hoy que vivimos una larga noche oscura para el mundo entero, no se vale que se prolongue por nuestra ceguera y pesadumbre. México no se puede exiliar del resto del mundo ni su presidente negarse a dialogar con todo el pueblo a quien gobierna: fifís y chairos. Al presidente no le toca darnos una estrategia ante la pandemia porque no le entiende; esa la construiremos todos. A él solo le queda liderarla, aunque, hasta hoy, no imagina ni el cómo ni el cuándo ni el por qué.
Quiero tomar el sentir de Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos, conocido como Francisco de Quevedo, cuando dice: “El que pasa el tiempo arrepintiéndose del pasado, pierde el presente y arriesga el futuro”. Andrés Manuel vive anclado en el pasado de otros gobiernos, no remedia el presente que le toca atender y arriesga nuestro futuro como nación y pueblo. Es tiempo de actuar de manera coherente. Hasta en Macuspana las cosas deben ser como en el resto del mundo.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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