Por Pedro Vargas Ávalos //

A partir del cercano uno de septiembre, el Poder Judicial mexicano se renovará, a pesar de las oposiciones, las oligarquías privilegiadas, la mayoría de sus comentócratas y medios tradicionales, es decir, tope en lo que tope. Tendremos pues, juzgadores emergidos del voto popular y no de cúpulas de predominio.

Los enjuiciadores que integren el innovado ramo jurisdiccional (en Jalisco seguiremos en espera, pues nuestros legisladores -y quizás el ejecutivo- no tienen prisa y al parecer ni simpatías para remozar nuestro aparato judicial) tendrán como norte aplicar la ley, siempre procurando imponer la justicia, lo cual les será fundamental porque simbolizan la pluralidad nacional y surgen de la voluntad popular, o sea , de la democracia, lo cual se ajusta a lo que ordena el artículo 39 de la Constitución: Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

Ministros, magistrados y jueces siempre deben sujetarse, en el ejercicio de sus funciones, a la ley o más ampliamente al Derecho, pues aquella es el mandamiento obligatorio escrito (por lo que si no se cumple es sancionable) expedido por la autoridad competente, en tanto que este -el Derecho- implica el conjunto de normas y principios que regulan la convivencia de las personas, con el fin de que imperen la justicia -saber separar lo justo de lo injusto y que se otorgue a cada quien lo que legal y razonablemente le corresponde- y el orden con armonía social.

El aparato judicial, por tradición, siempre se integró con matices clasistas; de hecho, no encontrábamos en el cuadro de juzgadores, representantes de los pueblos originarios, y solo en exiguo porcentaje miembros del ámbito social más pobre o carentes de apoyos poderosos. En consecuencia, la carrera judicial no cumplía sus objetivos, debido a que ordinariamente se alteraba por influencia de los factores hegemónicos. Todo lo anterior es contrario a la pluralidad de la sociedad mexicana y al mandato constitucional que se funda indiscutiblemente en la soberanía nacional que reside en el pueblo.

Consecuente con lo antedicho, son los juzgadores resultantes de la reforma judicial que ahora es parte de la suprema ley de la república. Y si tales funcionarios no se ciñen al sentido de ley, derecho y justicia, para bien de la población, ahora habrá el Tribunal de Disciplina Judicial. Sobre el tema, declaró Celia Maya García, virtual presidenta de ese organismo: “se busca crear un nuevo sistema de justicia con juzgadores preparados, pero también con sensibilidad social y que sea cercana a la gente.” Agregando que, nunca serán persecutoras, pero eso sí: “El Tribunal de Disciplina Judicial, la única misión que tiene es que la justicia se imparta conforme a lo que dice la Constitución.

Entonces todo eso que ocurría antes de que había desviaciones, y siempre que te desvías de la ley implica una corrupción, pues que si eso se da se pare a tiempo, no se deje correr, no exista. Que se den resoluciones rápidas cuando haya quejas en este sentido para que no se hable de impunidad”. (El Universal, 16/06/2025).

Por lo que ve a la pluralidad étnica de México, esta se reflejará en la Suprema Corte de Justicia luego de la histórica elección del uno de junio pasado, pues quien obtuvo la mayoría de los votos y que por ende será quien presida al más alto tribunal de la nación, es el jurisconsulto de raza mixteca Hugo Aguilar Ortiz; esto además de que fueron electos varios juzgadores de ascendencia indígena en varias entidades federativas.

El citado Aguilar Ortiz, se describe: “soy indígena mixteco del estado de Oaxaca, he dedicado mis conocimientos, ejercicio profesional y experiencia en la promoción y defensa de los derechos indígenas en los últimos 30 años, en los que, en conjunto con otros abogados, hemos sistematizado la realidad y aspiraciones de los pueblos, las hemos transformado en conceptos jurídicos que recientemente fueron incorporados en el artículo 2º de la Constitución Federal”. (Diario Red, 9/05/25).

El senador Antonino Morales Toledo, también de origen autóctono (zapoteco) declaró complacido: “Más de siglo y medio después, un hijo de los pueblos originarios, esta vez de raíz mixteca, asume la más alta responsabilidad del Poder Judicial. Su elección representa un paso firme hacia una justicia más incluyente, cercana al pueblo y con rostro indígena”. En cuanto a su actuación, indicó Aguilar Ortiz, en una entrevista, que él no había llegado con transacciones con alguna agrupación, sindicato, poder político, etcétera, enfatizando: “llego con los votos que la ciudadanía depositó el 1 de junio; no tengo más que compromiso con ellos, con la Constitución, con el marco jurídico, con garantizar certeza para todos, porque este para mí es el objetivo central.” (Público, 2025-06-18).

El experimentado letrado agregó, en el encuentro predicho, que estaba consciente del lugar al que llegaría, y del “reto que tenemos, las dificultades que ha tenido la Corte, por decirlo de manera suave, en los últimos años” así como de la condición que tienen grandes sectores de la ciudadanía en relación a la justicia.

Al respecto expuso: «Hay un sector de la población que cuenta con los recursos suficientes para contratar un abogado calificado y ellos seguirán llegando a la Corte y se les va a administrar justicia siempre que tengan la razón, pero también hay otro sector que no tiene esas condiciones; y para los cuales el sistema de justicia no ha existido, por lo que vamos a equilibrar ahora la condición de estos sectores sociales tradicionalmente excluidos para que accedan a la justicia». Seguidamente enfatizó que defendería la división de poderes, pero invariablemente atendiendo el bien de la República.

Finalmente precisó que será el enlace entre a los nueve ministros para “que tomemos decisiones trascendentes”; el objetivo es “darle un nuevo enfoque y visión a ese órgano y al sistema de justicia del país.” En cuanto al padrón que encontrará en la SCJ, dejó claro que “reconocerán la experiencia del personal que actualmente labora en la Corte y advirtió que a quien se detecte haciendo cosas indebidas, se dará vista al Tribunal de Disciplina Judicial… y tendrá que dejar el espacio, pero quien contribuya a encontrar una justicia real, verdadera, que realmente sirva a la nación, será bienvenido».

No dejaron de haber expresiones racistas sobre el virtual guía de la SCJ, (incluyendo temas anodinos como el uso de la toga) pero contra esas críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum lo encomió:” Me da mucho gusto que el próximo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un indígena mixteco de Oaxaca, muy buen abogado, muy buen abogado; tengo el privilegio de conocerlo” y adicionó su comentario al asegurar que domina no solamente “temas relacionados con los pueblos originarios, sino en general, tiene un amplio conocimiento; es un hombre modesto, sencillo,…con una enorme inteligencia y sensibilidad social, entonces nos da mucho gusto” que sea quien presida la Corte. (Mañanera del pueblo, 04/06/2025).

Y junto a la mandataria de la patria, nosotros y millones de connacionales, nos congratulamos de la renovación democrática del Poder Judicial, lo cual anuncia una etapa en la cual, la justicia por fin estará cerca del pueblo, y será básica para edificar un genuino estado de derecho.

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Dicen que la política, como la basura, suele acumularse en los márgenes. Y es justamente en esos márgenes donde este viernes se empujó una decisión que, aunque técnica en apariencia, tiene un peso político mayor del que sus impulsores quieren admitir.

En sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana —una de esas instancias que a ratos parece decorativa y a ratos cobra forma de suprapoder— se aprobó, por mayoría calificada, la creación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos.

El salón del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo (Imeplan) olía más a alineación institucional que a innovación. Y, sin embargo, allí ocurrió algo digno de mención: once votos a favor, uno en contra. Y un viejo anhelo reciclado: que la basura deje de ser una vergüenza dispersa y se convierta en una política pública compartida.

Había muchas caras conocidas: Karina Hermosillo, orquestando el discurso de la cooperación desde la Coordinación de Gestión del Territorio; Patricia Martínez Barba, la directora del Imeplan, jugando su papel de arquitecta técnica del acuerdo; y Sergio Chávez Dávalos, alcalde de Tonalá, quien no se guardó el crédito: “Yo propuse esto desde 2022. Hoy lo logramos.”

Y es que, en política, lo que se logra no siempre es lo que se construye. Pero Chávez no es de los que deja pasar la oportunidad. Frente a cámara, con fondo institucional y gesto de conquista, marcó territorio: Tonalá está puesto, dijo, y puso su bandera antes de que sus regidores dieran el siguiente paso. Un gesto que revela algo más que entusiasmo: anticipa la contienda, y con ella, las urgencias por mostrar resultados metropolitanos para causas locales.

EL VOTO QUE INCOMODA

El único municipio que votó en contra fue Tlaquepaque. No es casualidad. En el juego de tensiones políticas, Tlaquepaque ha optado por marcar distancia, incluso en temas donde la lógica técnica sugiere lo contrario. El portavoz de este voto fue el síndico del Ayuntamiento alfarero, José Luis Monterde Ramírez, especialista en llevar la contra y sacar buenos resultados. El “no” aislado, como todo disenso, incomoda a quienes apuestan por la unanimidad como sinónimo de legitimidad. Pero también sirve de recordatorio: no hay consenso sin condiciones.

Lo que se aprobó no compromete recursos, no sube tarifas, no delega funciones inmediatas. Es, dirán algunos, apenas un convenio marco. Pero los marcos son también declaraciones de intenciones. Y en este caso, la intención es clara: quitarle a la basura su carácter de asunto municipal y vestirla con traje de política de Estado.

TECNÓCRATAS Y BASURA

Karina Hermosillo lo dijo con tono firme: “El reto de los residuos rebasa los límites municipales”. Y no le falta razón. Cada día, el AMG genera más de 5 mil toneladas de basura. Toneladas que nadie quiere en su patio, pero que todos generan. Patricia Martínez -la exactivista ciudadana ahora fiel burócrata alfarista-, por su parte, se encargó de ensalzar la posibilidad de revalorizar lo que hoy se entierra, apilando argumentos técnicos en favor de la eficiencia y la economía circular.

Pero detrás de cada tecnócrata que propone está el político que se alista. Y esa es la clave. Este acuerdo no solo pavimenta la creación de un OPD con buenas intenciones; también se convierte en una herramienta de articulación regional para quienes buscan dejar huella más allá de sus municipios. Tonalá, por ejemplo, intenta despegar del estigma periférico para hablar con voz metropolitana. Y lo está logrando.

En el papel, la Agencia buscará coordinar recolección, tratamiento, normas técnicas, políticas públicas y criterios ambientales. Promete ser flexible, no imponer ni sustituir a los municipios, y alinearse con modelos como Barcelona o Medellín.

Una carta de presentación impecable para foros, indicadores y cooperación internacional. Pero, como suele pasar, lo difícil no será redactar los programas, sino aplicarlos en territorios donde la corrupción de los residuos huele más fuerte que los discursos, porque aquí no somos Barcelona. Aquí, los camiones siguen sin GPS, los basureros se incendian y los contratos se firman en lo oscuro.

Pero mientras las autoridades celebran, lo fundamental sigue sin respuesta: ¿Qué pasará con las concesiones turbias? ¿Quién pondrá orden en los tiraderos ilegales? ¿Dónde está la voluntad política para transparentar el verdadero negocio de los residuos?

Porque hablar de gestión integral sin hablar de los intereses que han hecho de la basura un negocio multimillonario es, en el mejor de los casos, ingenuidad. Y en el peor, complicidad.

EL ROMPECABEZAS APENAS COMIENZA

Falta aún que al menos dos cabildos municipales aprueben el convenio para que la Agencia comience su vida jurídica. Falta también que los municipios decidan a qué servicios se adhieren, con qué atribuciones, bajo qué modelo operativo. Pero el primer paso ya está dado. Y como en todo buen entramado político, el diseño es lo de menos. Lo que importa es quién lo opera y con qué fines.

Porque no hay política pública que no huela a intereses cuando se trata de basura. Y porque, como decía aquel cínico del viejo régimen, “todo poder se prueba en la capacidad de gestionar lo que nadie quiere ver”.

La basura, en este caso, une. Pero también revela.

En X @DEPACHECOS

Análisis, por Víctor Hugo Celaya Celaya //

«Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla». Esta frase, atribuida a diversos pensadores, resuena con una fuerza particular cuando observamos el difícil camino de México en las últimas décadas. Recientemente, el país fue invitado, junto con otras naciones, a la reunión del G7 en Canadá.

Este gesto diplomático, si bien es un reconocimiento a nuestro peso en el escenario global, también nos coloca de nuevo frente al espejo y nos obliga a enfrentarnos a una pregunta tan incómoda como necesaria: ¿por qué, después de décadas de ser una «promesa», seguimos anclados en la categoría de «país en vías de desarrollo»?

La respuesta es compleja, pero se resume en una realidad ineludible: México se ha estancado. Más allá de los discursos triunfalistas, carecemos de una ruta clara, de un proyecto nacional que trascienda los ciclos políticos de seis años y que goce del consenso social indispensable para movilizar a la nación entera.

Nos hemos acostumbrado a vernos como una economía emergente, pero la verdad es que no estamos emergiendo con la fuerza que nuestro potencial, historia y gente demandan. Este no es un problema exclusivo de la administración actual; es el resultado de una tendencia de más de cuarenta años en la que no hemos logrado dar el salto cualitativo hacia el Desarrollo, con mayúscula.

Si nos comparamos con otros países que partieron de condiciones similares, la fotografía es aleccionadora y confirma este estancamiento. Mientras que entre 1980 y 2024, economías como China, India, Corea del Sur, Vietnam o Irlanda lograron tasas de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) de 9.1%, 5.8%, 5.7%, 5.4% y 4.7% respectivamente, México apenas alcanzó un modesto 1.8%. Nos hemos dramáticamente rezagados, no solo frente a las potencias consolidadas, sino también frente a nuestros pares, aquellos que sí encontraron la fórmula para transformar su realidad.

Desde mi experiencia en el servicio público y el análisis económico, este freno no es casualidad. Es el resultado directo de lo que hemos hecho y, sobre todo, de lo que hemos dejado de hacer, desgastando poco a poco las dos palancas clave para cualquier nación: una economía fuerte y una democracia que funcione.

EL LASTRE DEL CENTRALISMO Y LA ASFIXIA FEDERAL

En los últimos años, hemos visto un regreso a un presidencialismo que lo controla todo, concentrando el poder y el dinero de forma alarmante. Este fenómeno ha debilitado el pacto federal, esa columna vertebral de nuestra República que reconoce la diversidad y la fortaleza de las regiones.

Las entidades federativas y los municipios, que son los órdenes de gobierno más cercanos a los ciudadanos y, por ende, los que mejor conocen sus problemas y necesidades, han visto mermada su capacidad de acción hasta casi la parálisis.

El gasto federalizado, que agrupa los recursos que la federación está obligada a transferir a los estados y municipios para atender rubros esenciales como salud, educación, seguridad e infraestructura local, se encuentra en un punto crítico.

Según análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), para 2024 este gasto representará solo el 34.5% del gasto neto total. Esta es una de sus proporciones más bajas en la historia reciente, consolidando una tendencia a la baja que asfixia el desarrollo regional y nos hace más dependientes del humor y las prioridades de la capital.

Al mismo tiempo, esta concentración de poder viene acompañada de un panorama fiscal preocupante. El gobierno ha propuesto un endeudamiento público que, según sus propias estimaciones, alcanzó el 50.2% del PIB en el cierre de 2024, junto con el déficit fiscal más alto en más de tres décadas (Fuente: SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2024).

La deuda no es intrínsecamente mala cuando se utiliza como palanca para la inversión productiva. Sin embargo, se convierte en un lastre peligroso cuando no se traduce en un crecimiento económico tangible ni en un mayor bienestar para la población, sino que simplemente financia el gasto corriente o proyectos cuya rentabilidad social es, por decir lo menos, cuestionable.

SIN CONTRAPESOS NO HAY PARAÍSO DEMOCRÁTICO

Paralelamente a la asfixia financiera de las regiones, hemos asistido a un debilitamiento sistemático de las instituciones y los contrapesos democráticos. Un desarrollo sólido, equitativo y duradero es simplemente imposible sin un Poder Judicial plenamente independiente, sin órganos autónomos que vigilen y regulen al poder, y sin un Poder Legislativo que funja como un verdadero espacio de deliberación y construcción de acuerdos, en lugar de ser una mera oficialía de partes del Ejecutivo.

Cuando el disenso se califica como traición y la crítica constructiva se desprecia como un ataque, se anula la posibilidad misma de la política democrática. Un país que aspira a la grandeza necesita pluralidad, debate técnico, deliberación informada y la capacidad de corregir el rumbo. La certidumbre jurídica, la confianza ciudadana y el respeto a las reglas del juego son el oxígeno de la inversión, la innovación y la cohesión social. Hoy, lamentablemente, ese oxígeno escasea en el ambiente público.

EL CAMINO DE REGRESO: FEDERALISMO, CONSENSO Y VISIÓN DE ESTADO

Entonces, ¿cuál es el rumbo? ¿Cómo podemos finalmente cumplir esa promesa de desarrollo que se nos escapa entre las manos? La solución no reside en fórmulas mágicas, atajos populistas ni en liderazgos mesiánicos. El camino de regreso está en retomar y fortalecer los principios fundamentales que nos dieron viabilidad como nación.

Primero, reconstruir nuestro pacto federal. Es urgente y prioritario convocar a una Convención Nacional Hacendaria seria y profunda, que rediseñe por completo la forma en que se recaudan y distribuyen los recursos públicos en México. Necesitamos un sistema más justo, transparente y equitativo, que otorgue a estados y municipios la autonomía y los fondos necesarios para impulsar sus vocaciones productivas, resolver sus problemas de seguridad y atender las necesidades de su gente. Solo así se podrá desatar el inmenso potencial que yace latente en cada rincón del país.

Segundo, recuperar la política como un espacio de consenso y visión de Estado. El desarrollo exige metas que trasciendan un sexenio. Es imperativo forjar un gran acuerdo nacional por la productividad, la innovación y la competitividad. En este acuerdo deben participar, sin exclusiones, gobiernos de todos los niveles, empresarios, trabajadores, académicos y la sociedad civil organizada. Necesitamos un plan con objetivos claros y medibles en áreas críticas como la educación de calidad, la infraestructura estratégica, el fortalecimiento del Estado de derecho y la ineludible transición energética.

Tercero, fortalecer nuestra democracia en toda su extensión. Esto significa defender activamente la división de poderes, la labor de los órganos autónomos y las libertades que tanto trabajo y sacrificio costaron conseguir a generaciones pasadas.

El momento político que vive México, tras el ciclo electoral, representa una oportunidad histórica para la generosidad y la visión de futuro. La invitación al G7 no debe ser un motivo para la autocomplacencia, sino un doloroso recordatorio de la enorme brecha que existe entre lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Dejar atrás la parálisis y el estancamiento no es una opción; es una obligación moral con las nuevas generaciones. Para lograrlo, es indispensable dejar de lado la polarización que nos envenena y empezar a construir, con la altura de miras que la historia demanda, el proyecto de un México próspero, justo y, finalmente, desarrollado.