-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

La reciente llamada de 40 minutos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump trajo un respiro temporal: la postergación por tres meses de aranceles a las exportaciones mexicanas.

Sin embargo, ¿disipa esto la incertidumbre que envuelve a México? ¿Beneficia a la economía? ¿Cómo lo reciben inversionistas y empresarios? ¿Persiste la incertidumbre?

Aunque la presidenta Sheinbaum mostró optimismo, la prórroga de 90 días es un alivio táctico, no una solución definitiva. Trump ha convertido los aranceles en una herramienta de presión volátil, usando temas como migración, narcotráfico y el déficit comercial para negociar.

Desde febrero de 2025, México vive bajo la sombra de aranceles del 25% o 30%, inicialmente pospuestos tras compromisos como el envío de 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera.

Sin un acuerdo claro o una renegociación sólida del TMEC, que inicia su revisión en 2026, la inestabilidad seguirá pesando sobre la economía mexicana, incluida la de Jalisco, un pilar exportador. ¿Ayuda a la economía mexicana?

La postergación protege, por ahora, a una economía que depende en un 80% de las exportaciones a EE.UU., especialmente en sectores clave para Jalisco como la cadena de suministro automotriz, la industria electrónica y la manufacturera.

En 2024, el comercio bilateral superó los 700 mil millones de dólares, y un arancel del 30% —aplicable al 28.6% de exportaciones que no cumplen las reglas de origen del TMEC, según Banamex— habría disparado costos para consumidores estadounidenses y desestabilizado cadenas de suministro integradas. No obstante, el beneficio es limitado.

La amenaza arancelaria frena la planeación a largo plazo.

Las proyecciones económicas son sombrías: Goldman Sachs estima un crecimiento del PIB de 0% para 2025; Gabriela Siller advierte una contracción de hasta 4% en un escenario extremo con aranceles del 25%; y la OCDE prevé una caída del 1.3%, agravada por la desaceleración de la inversión.

La prórroga evita un choque inmediato, pero no resuelve la dependencia del mercado estadounidense ni la incertidumbre estructural.

¿Cómo reaccionan inversionistas y empresarios?

El sector privado recibe la noticia con cautela. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ve esperanza en la prórroga, pero lamenta la parálisis de más de 60 mil millones de dólares en inversiones, reflejada en la caída del 39% en nueva inversión extranjera en 2024.

En Jalisco, los empresarios enfrentan un dilema: diversificar mercados o aguardar claridad en la relación con EE.UU. La prórroga da tiempo para fortalecer estrategias como el Plan México, que busca aumentar la producción nacional, pero la falta de certidumbre limita su entusiasmo.

Conclusión

La postergación de aranceles es un respiro, pero no elimina el juego de incertidumbre de Trump. México gana tiempo para negociar, pero sin un acuerdo permanente, la economía, los inversionistas y los empresarios seguirán en vilo.

En Jalisco, el optimismo es moderado: hay espacio para avanzar en proyectos estratégicos, pero la sombra de la volatilidad comercial persiste. Sheinbaum debe aprovechar estos meses para construir una estrategia sólida que blinde al país ante las tácticas impredecibles de su vecino del norte.

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

La política, en su versión más superficial, se ha convertido en un escenario de promesas vacías durante las campañas, donde los candidatos abordan los grandes problemas de la ciudad con discursos grandilocuentes que, una vez en el poder, se diluyen en selfies y mensajes huecos en redes sociales.

Este “empobrecimiento de la política” se refleja en la gestión del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), organismo responsable de abastecer de agua a cerca de seis millones de habitantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Sin embargo, lo que alguna vez fue un modelo eficiente de gestión intermunicipal ha sido desvirtuado por prácticas políticas irresponsables que lo han llevado al borde del colapso, dejando a la ciudad en una crisis hídrica que exige soluciones urgentes.

El declive del SIAPA comenzó hace años, cuando políticos voraces lo convirtieron en un botín político. Durante el gobierno de Emilio González Márquez, el organismo se transformó en una “agencia de colocaciones” para aliados del PAN. Junto con el entonces dirigente estatal del partido, González Márquez repartió gerencias y direcciones entre alcaldes y líderes políticos, priorizando lealtades sobre la competencia técnica.

Este modelo de “cuotas y cuates” se consolidó con los gobiernos posteriores, que continuaron usando al SIAPA como un espacio para colocar a allegados, sin importar su preparación. Un caso emblemático es el de la famosa publirrelacionista, quien, tras manejar relaciones públicas en el Instituto Jalisciense de Reinserción Social (INJANRESO) y firmar convenios para la venta de productos de reclusos, fue nombrada en una plaza directiva del SIAPA por decisión arbitraria de un aliado político.

Este tipo de prácticas refleja la frivolidad que ha caracterizado la gestión del organismo en las últimas décadas.

Como resultado, el SIAPA enfrenta una crisis multidimensional: administrativa, financiera y técnica. Está prácticamente en bancarrota, con un déficit estructural que lo ha dejado al borde de la quiebra.

Mientras tanto, la infraestructura hidráulica de la ZMG, con tuberías y colectores obsoletos, es incapaz de satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. Esta situación se agrava en temporadas de lluvias, cuando las inundaciones exponen el colapso de los sistemas de drenaje, poniendo en riesgo vidas y propiedades.

La irresponsabilidad de los políticos que han manejado al SIAPA con fines clientelares ha llevado al organismo a un punto crítico, donde la inacción ya no es una opción. Este escenario ha estallado en el mandato del gobernador Pablo Lemus, quien enfrenta una bomba de tiempo heredada por décadas de negligencia.

Inicialmente, la reestructuración del SIAPA no parecía estar en su agenda prioritaria. La reciente aprobación de un aumento tarifario, impulsada con el peso político del gobierno estatal y los votos de los alcaldes metropolitanos, se llevó a cabo sin un diagnóstico claro ni un plan concreto de reingeniería. Sin embargo, el caso de la publirrelacionista, que destapó las “miserias” del organismo, junto con las crecientes quejas de la ciudadanía y actores políticos por el deficiente servicio de agua, ha obligado a Lemus a actuar.

“Estamos trabajando en una reingeniería absoluta del SIAPA, que abarca desde recursos humanos, áreas administrativas, atención al cliente, hasta la mejora en el suministro de agua potable”, afirmó el gobernador el 27 de julio de 2025.

Subrayó que, tras el incremento de tarifas, el SIAPA está obligado a mejorar: “Lo dije desde el día que se aprobaron las tarifas: el SIAPA debe dar un mejor servicio”.

Lemus ha anunciado una inversión inicial de 9,000 millones de pesos para modernizar la red hidráulica de la ZMG, un esfuerzo crucial para reemplazar tuberías y colectores obsoletos. Este proyecto requiere la colaboración de los alcaldes metropolitanos, quienes forman parte del consejo de administración del SIAPA.

El gobernador ha prometido convocar a sectores clave —técnicos, académicos, empresarios, organizaciones civiles y medios de comunicación— para presentar un plan integral que aborde no solo la gestión del organismo, sino también la infraestructura subterránea de la ciudad.

Entre las soluciones propuestas está el drenaje profundo, una medida necesaria para mitigar el caos que las lluvias provocan en una metrópoli colapsada, donde las inundaciones representan un peligro constante.

La decisión de Lemus es una de las más trascendentes en Jalisco en las últimas cuatro décadas. Rescatar al SIAPA implica no solo sanear un organismo en crisis, sino también realizar una “cirugía mayor” a las entrañas de la ciudad.

Este desafío pone a prueba la capacidad del gobernador para superar las inercias de la frivolidad política que han marcado a la entidad. Si logra ejecutar un plan transparente y efectivo, demostrará el valor de una “buena política” que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses de grupo.

Sin embargo, el éxito dependerá de la coordinación con los municipios, la participación de la sociedad y la rendición de cuentas. La ciudadanía, cansada de promesas vacías y selfies, exige resultados concretos: un SIAPA eficiente y una ciudad que funcione, incluso en los días de temporal.

Este momento histórico puede ser un punto de inflexión para Jalisco, donde la gestión responsable del agua marque la diferencia entre el empobrecimiento de la política y un gobierno que cumpla con su mandato.

-Opinión, por Miguel Anaya

La historia de Irma Hernández es una tragedia mexicana con todas las letras: una maestra jubilada, convertida en taxista para sobrevivir, asesinada por no pagar “cuota de plaza” a un grupo criminal. No es una historia de ficción ni un capítulo más del realismo trágico nacional: es la vida —y la muerte— de miles que hoy, en este país, caminan la delgada línea entre sobrevivir y caer en la estadística.

Irma educó a generaciones enteras. Fue pilar de una comunidad, sembradora de futuro. Pero cuando llegó su retiro, el sistema la premió con una pensión que no alcanzaba para comer, menos aún para sobrellevar una enfermedad o vivir con dignidad. Y es así como la maestra, que durante décadas trabajó para el Estado, terminó su vida buscando ingresos en un volante ajeno, en una ciudad tomada por intereses que no son los de la ley, ni del pueblo, ni de la justicia.

Detrás de esta historia hay una cadena de fracasos: primero, la precarización del trabajo y la miseria disfrazada de pensión. Jubilados que deben seguir trabajando no por gusto, sino por necesidad, son un símbolo de un país que castiga a quienes entregaron su vida al servicio público, a ser productivos. El jubilado no pide riqueza sino dignidad.

Segundo, la inseguridad que se ha vuelto paisaje. No la inseguridad abstracta de cifras y reportes vacíos, sino la concreta: la que se siente en cada esquina, la que decide quién vive y quién muere, la que cobra derecho de piso como si se tratara de una tarifa institucional.

Tercero, el monstruo de la extorsión, esa epidemia silenciosa que arruina comercios, desaparece oficios, y también se cobra vidas. Hoy es más común de pago la cuota de plaza que la del impuesto predial. Se paga por miedo, se paga por costumbre, se paga porque ya no hay autoridad que proteja a nadie que no tenga escoltas, y a veces ni con ellos ajusta.

Y finalmente, el más devastador de todos: la normalización. Hemos dejado de conmovernos. A veces, ni siquiera nos indignamos. Solo registramos el hecho, lo compartimos un par de veces, y seguimos. Como si no se tratara de una tragedia nacional, sino de una rutina ineludible.

Pero en el fondo, lo más alarmante es esto: el crimen organizado ha ocupado las funciones del Estado. Cobran impuestos —llámese derecho de piso—, brindan “seguridad” —a cambio de sumisión—, y regulan el trabajo —con amenazas y violencia. Son, de facto, autoridades paralelas. No solo porque actúan con impunidad, sino porque llenan el vacío que los gobiernos, en todos los niveles, han dejado crecer por cobardía, complicidad o simple ineptitud.

El Estado ya no manda en vastas regiones del país. No gobierna, no protege, no impone justicia. Delegó su deber en el crimen, y este lo ha asumido con eficacia perversa. Las calles ya no responden a las leyes escritas en papel, sino a las que dictan los cárteles con plomo, miedo y silencio.

Irma no fue víctima del azar. Fue víctima de un sistema fallido, de un país que castiga al que trabaja y premia al que amenaza. Su asesinato no es un hecho aislado. Es una muestra de que, en México, hay zonas donde ser honesto y valiente puede costarte la vida.

Hoy Irma es nombre propio, pero mañana puede ser cualquier otro. Porque mientras no se recupere el control del territorio, mientras el Estado no asuma su deber de proteger, mientras no haya justicia ni condiciones de vida dignas para los más vulnerables, este país seguirá siendo eso: un territorio compartido entre los que mandan sin ley… y los que mueren sin voz.