ENTREVISTAS
Corrupción en grúas; la ciudad ha perdido orden en su movilidad y transporte: David Gómez Álvarez
Por Mario Ávila //
Ante la creciente ola de denuncias de abusos, por parte de los agentes de vialidad en complicidad con los operadores de las grúas, que ejecutan intempestivamente operativos para levantar carros mal estacionados, pero esperan a los dueños ya con el vehículo sobre la grúa para llegar a un “arreglo”, abundan las voces que claman por resolver este dilema que va en aumento.
David Gómez Álvarez, integrante del Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, planteó que son dos rutas igual de necesarias, las que se necesitan para resolver este grave problema y para poder castigar la corrupción en la que toman parte los agentes viales y los empresarios del negocio de arrastre de vehículos, la voluntad política y la denuncia ciudadana.
Lo importante -dijo-, es incentivar la denuncia ciudadana para que la gente se queje de ese tipo de abusos, pero creo que también la Secretaría de Seguridad tendría que tomar cartas en el asunto para que estas denuncias ciudadanas tengan algunas consecuencias y se puedan seguir investigando los casos ya denunciados.
A la vez -abundó-, debemos exigirle a la Secretaría de Seguridad que a través de la Comisaría Vial, intente adoptar modelos de gestión de programas que sean más transparentes, más vigilados, que haya pares y contrapesos para que ocurra menos ese tipo de complicidad. Es un tema de voluntad política y creo que ahí el secretario y los altos mandos de la Policía tendrían que entender que es una realidad la mala percepción, que ya hay muchos casos denunciados, que no es un asunto totalmente aislado ni extraordinario, que es bastante frecuente y que tendría que haber un esfuerzo institucional para combatir la corrupción, revertir esa percepción y para sancionar los casos donde se haya documentado que efectivamente ocurrió un acto de corrupción.
La ola de muestras de inconformidad se manifiesta una vez que se han generalizado en distintas zonas del área metropolitana, operativos sorpresa en los que participan policías viales respaldados por grúas, para levantar vehículos presumiblemente mal estacionados y trasladarlos al corralón, sin embargo la estrategia consiste en hacer el operativo lo más espectacular posible para que aparezcan los dueños de los automóviles y lleguen a un acuerdo económico para que bajen de las grúas a los autos ya levantados, a cambio de una jugosa recompensa que regularmente fluctúa con el criterio de “según el sapo, la pedrada”.
Las zonas más frecuentes para realizar estos operativos, entre otros, son las inmediaciones de Punto Sao Paulo por avenida prolongación Américas y las calles perpendiculares; la zona de la avenida central a las fueras del SAT, la Secretaría de Educación Pública, el Club Deportivo de Pensiones del Estado y Palcco; así como las inmediaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en avenida de Las Palmas, incluso en este último punto disponen de un terreno (corralón pirata) sobre la calle R. Michel para resguardar los autos y facilitar de inmediato a los ciudadanos infraccionados, la devolución de su vehículo.
Estas denuncias a los operativos arbitrarios, se dan en el momento en el que se ratifica en Jalisco la percepción añeja de que los más corruptos en el servicio público, son justamente los agentes de vialidad, según lo confirmó recientemente la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2021), que ratifica el desprestigio popular que se han ganado a pulso los policías viales.
Así lo refiere en entrevista para el semanario Conciencia Pública, el propio consejero David Gómez Álvarez: “Sí, diversas encuestas recientes, incluida la del propio gobierno, la del INEGI habla de que los policías viales son las autoridades públicas que tienen la peor percepción en términos de corrupción para la ciudadanía y es una percepción que se ha acentuado a través del tiempo precisamente por este tipo de actuaciones incorrectas.
“Los agentes viales tienen otros espacios y otras oportunidades donde efectivamente se prestan más a la corrupción y hay casos que están documentados en donde hay agentes viales que lo que buscan justamente es abusar económicamente del ciudadano, de los particulares, en lugar de agilizar el tráfico, detenerse en un crucero donde haya un semáforo descompuesto, lo que hacen es ignorar la situación. No hemos logrado mejorar la percepción de esta corporación y hemos perdido una corporación que aunque era muy menor, se sentía que se hacía presente en la ciudad cuando pertenecía a la otra secretaría”.
“Vemos por ejemplo los famosos choques lamineros, los famosos alcances, son percances menores que obstaculizan por horas el tráfico, se quedan esperando a los ajustadores de las aseguradoras y la policía vial no hace nada, a veces tienen que entrar al quite los elementos de otras corporaciones de policías de seguridad privada, otras autoridades e incluso se puede ver a algunos particulares agilizando el tráfico y haciendo la función que debería hacer la Policía Vial, que muchas veces pasa por el sitio y se va de largo o de plano lo evita porque ahí no hay negocio, no pueden obtener un beneficio privado”, expone Gómez Álvarez.
REGRESAR LA POLICÍA VIAL A SUS ORÍGENES
A la pregunta de si abonaría en algo que la Policía Vial vuelva a sus orígenes y deje de pertenecer a la Secretaría de Seguridad, el también experto en políticas públicas y en análisis político, David Gómez Álvarez, se pronunció afirmativamente: “Yo creo que funcionaría mejor si regresara a los orígenes para la cual fue concebida. Yo no veo un argumento sólido para justificar que todas las policías estén concentradas en una sola secretaría, yo creo que Transporte y Movilidad siendo un área muy compleja y muy conflictiva tiene que tener una corporación policial que justamente permita que tenga personal uniformado, armado y capacitado, para en una situación determinada, poder intervenir”.
“Lo primero que habría que decir es que hay un problema de diseño sobre la Policía Vial, me parece que la decisión de haber cambiado a la Policía Vial de la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Seguridad, tuvo una implicación muy negativa para la ciudad en el sentido de que se perdió a una autoridad que ponía orden en la movilidad de la Zona Metropolitana. Era una autoridad que ponía orden en la vialidad, que agilizaba el tráfico, que se encargaba de los congestionamientos; ahora en cambio hemos visto un incremento considerable en los problemas de tráfico, de los embotellamientos, de las infracciones viales, en fin, la ciudad creo que ha perdido orden en su movilidad y en su transporte, desde que se pasó esta policía a la Secretaría de Seguridad.
“Pero además ha perdido presupuesto, ha perdido relevancia y ha perdido presencia, muchas autoridades, no solo ciudadanos y particulares, se han quejado de la ausencia de los elementos de la Policía Vial en eventos masivos y en circunstancias particulares que demanda la ciudad. Y para colmo salió este tema justamente de las grúas y el desplazamiento de coches mal estacionados, que evidentemente tiene implicaciones económicas, porque es una multa grande y el costo del servicio de arrastre es muy elevado y por supuesto se presta para la corrupción.
“Entonces ahí los agentes de la Policía Vial en general, en lugar de estar cuidando que la ciudad tenga mayor orden en vialidad y transporte, hoy están presionando a los ciudadanos que cometen alguna infracción haciendo un uso irregular de un espacio en donde está prohibido estacionarse, pero evidentemente algunos se aprovechan para sobornarlos, llevarse los coches, extorsionarlos y demás, lo que ha generado una enorme molestia en la ciudadanía”, denunció el consejero.
Finalmente planteó que con el caso de los grulleros que se coluden con los agentes para incurrir en actos de corrupción, David Gómez Álvarez dijo: “Habría que sancionarlos, revisar la concesión y los términos en los que ese servicio es contratado, si es subrogados o concesionado, no sé en qué términos esté, pero evidentemente manejan vehículos, manejan mucho dinero y este tema lo tendría que revisar Contraloría del Estado, el órgano interno de control de la propia Secretaría de Seguridad y en particular tendría que haber un esfuerzo muy a fondo y comprometido de la Comisaría de la Policía Vial, para evitar este tipo de abusos que han sido denunciados, que son frecuentes y que ya son muy comunes. Es un problema que está irritando mucho a la ciudadanía”, sentenció.
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN INTEGRÓ UNA CARPETA DE OFICIO
Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, dijo haber integrado ya “por oficio” una carpeta de investigación en contra de los agentes de la Comisaría Vial que se aliaron con operadores de grúas para extorsionar a conductores, sin embargo, el funcionario titular de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, dijo estar a la espera que las víctimas acudan a presentar formalmente sus testimonios para que se pueda enriquecer esta carpeta de investigación y llevar de alguna manera a los servidores públicos que estén obrando mal, a enfrentar la justicia. Además el Fiscal señala que no solamente se puede actuar contra los agentes de Vialidad, también sobre los particulares, si así se acredita en la indagatoria y reconoce que podrán ser grúas piratas, es decir sin pertenencia a una empresa formal, pero cada unidad tiene placa y formas de identificación, por ello siempre habrá quien deba asumir la responsabilidad.
EX AGENTE VIAL DENUNCIA EN REDES A AGRUJAL Y AGROMAC
En las redes sociales de una televisora local circula el video de una persona que se identifica como ex agente vial y quien asegura haber participado en el negocio de las grúas, confirma lo dicho por cientos de testimonios de extorción y revela: “Si, todo esto nace adentro de las oficinas operativas, el mando está coludido con el elemento, eso es real, el elemento no puede hacer esos operativos sin el respaldo del mando, es imposible sin el respaldo también del 04 de la Cabina y el 04 de la Calle, incluso refiere que estas grúas pertenecen a Agrujal y Agrumac, empresas creadas por ex agentes y ex comandantes de la extinta SVyT. Vale la pena recordar que Agrujal y Agrumac han luchado por muchos años por presionar al Gobierno del Estado para que les ceda el control y la operación de los corralones que antes manejaba el IJAS.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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