ENTREVISTAS
Define alianza PAN-PRI-PRD candidaturas a diputaciones federales: «Necesitamos ganar no sólo la presidencia, sino las cámaras», Diana González

Por Francisco Junco //
La definición que se realizó para escoger los candidatos a diputados federales, quienes representarán a la alianza de PAN, PRI, PRD, llamada Fuerza y Corazón de México, tiene el sello no sólo para “caminar muy pegados” a la campaña de la candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, sino hacerle una compañía adecuada, que permita ganar las cámaras legislativas, tanto de diputados como senadores, aseguró Diana González, ex presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Jalisco y aspirante a la alcaldía en Guadalajara.
“En este momento es muy importante que la experiencia que puedan tener, que pueden aportar los diputados federales, por ejemplo, los que hoy se deciden reelegirse, va a ser trascendental en la vida democrática del país, para ahora sí, poder empezar a reconstruir este desastre de país que nos está dejando Morena. Viene un país muy destruido y al que hay que salvar y hay que defender con uñas y dientes”, expresó la panista.
Diana González, aspirante a la candidatura por Fuerza y Corazón por Jalisco a la alcaldía de Guadalajara, aseguró que, la lista de candidatos del PAN, están incluidas las “principales expresiones” de los grupos del panismo jalisciense, incluso, se le está dando espacio a la sociedad civil. Sin embargo, militantes del blanquiazul, aseguran que se privilegió, como viene ocurriendo desde hace varios años, a los grupos que hoy controlan el CEN del PAN Jalisco.
Las fuentes consultadas coinciden en que es una “pena” que Acción Nacional solamente le de posiciones a personajes que vienen arrastrando las derrotas del partido. “Son actores que no ganan o que no han ganado una sola elección en los últimos años y que lo que están haciendo, al final del día, es estar viéndose hacia el interior, estar repartiendo esas posiciones. Fueron posiciones repartidas a los amigos de los que encabezan los grupos en el poder”.
“Estamos dando espacio a la sociedad civil, por ejemplo a mí que me digan de quién es amiga Paula Espinosa. Acabo de conocer prácticamente a Luis Aguirre Lag, a lo mejor sí tiene una conexión con gente del partido, sin embargo, es un empresario, estamos incluyendo esta visión empresarial dentro de nuestros diputados federales y eso es importante”, argumentó Diana González.
Recordó que las convocatorias fueron abiertas, la militancia conoció de éstas y se estuvieron recibiendo todos los registros de quienes quisieron competir. Señaló, que hubo cargos para los que solamente se registró una persona, “inclusive, por ejemplo, en el (distrito) 1 tuvimos el tema de que la declararon desierta la primera vez, porque no hubo ningún registro. En principio, porque se había designado para una mujer, incluso hablamos con muchas compañeras, hablamos con personajes, líderes y nadie quiso ir”.
Por otro lado, comentó que es muy fácil hablar de “cuotas y cuates”, pero en la actualidad, ante la situación de inseguridad, sobre todo al interior del estado, nadie se quiere animar “y no cualquiera entiende que en esto de las campañas hay que meter la vida tres meses, es decir, te entregas todo el día”.
“Tienes que haber generado una estructura de personas que te van a acompañar en la campaña, debes tener una base sobre la que consideres que vas a poder ir a pelear el voto y no está fácil. Al final, la convocatoria fue abierta y cualquier persona se podía inscribir e intentar la nominación. Y te digo que, prácticamente, en el único distrito que recibimos más postulaciones fue en el distrito 2, donde hubo tres o cuatro anotados, anotadas, porque en este caso era mujer y, fuera de ahí prácticamente se registró solamente una persona”, subrayó Diana González a pregunta expresa sobre el tema de cuates y cuotas.
La militancia panista consultada, sin embargo, insiste en que el reparto de candidaturas de los diputados federales, se centró en dos principales grupos, que son Lalo Rosales, que representaba el extinto Octavio Esqueda y el grupo de los hermanos Cortés Berumen. Inclusive afirman que, las candidaturas son acuerdos que ya había “construido” Octavio Esqueda, “lo que queda muy claro, es que es el reparto de una mesa construida entre Miguel Monraz, Gustavo González, los hermanos Cortés Berumen, Juan Pablo Colín, Manuel Rojas y, en este caso, el dirigente en turno del Partido Nacional”.
Pero, más allá de estos acuerdos, señalaron, que el mensaje es que no se quiere ganar, “lo que quieren es que se siga administrando la derrota del PAN” y lamentan que hoy, que se tiene la gran oportunidad, con la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, que es una candidatura fuerte. “Nos damos cuenta, a nivel local, que desafortunadamente no hay un incentivo que pueda provocar que la alianza esté por encima de Morena o de MC”.
“Es muy fácil aventar declaraciones al aire y sin sustento, pero yo creo que se ha dado la oportunidad. Incluso viene un proceso para las candidaturas a diputación local y viene un proceso para los municipios, junto con regidores y va a ser un proceso abierto para que se puedan registrar quienes aspiren”, aseguró Diana González.
“No es fácil ser candidato. Es algo que requiere una cierta preparación y que requiere muchísimo compromiso y toda la responsabilidad de ir a ganar. No sólo es esperar que te lleve la ola de Xóchilt Gálvez. Más allá de pensar, ya me toca, o ellos que no vayan porque ya les tocó, tenemos que pensar en un tema de generosidad y en un tema de país”.
Explicó que tanto Paulina Rubio como Miguel Ángel Monraz, son legisladores que han demostrado que tienen toda la lealtad hacia la patria, hacia México y hacia el Grupo Parlamentario del PAN, “han votado consistentemente en contra de lo que afecta a México” y acotó que, prácticamente todos los legisladores federales, han sido objeto desde chantajes hasta compra de sus votos, por parte de Morena, pero ellos han demostrado que no tienen cola que les pisen, es decir, que no tienen un expediente por los que los puedan chantajear, y otra, que han estado ahí en la tribuna, para poner el cuerpo en defensa de los temas que le importan a México.
Y es que, desde hace tres años se estableció la Comisión Permanente Estatal, compuesta por 30 militantes del PAN, entre los que se encuentra el presidente estatal, en este caso, Juan Pablo Colín; el secretario General, Adenawer González Fierros, la coordinadora de Diputados locales, Claudia Murguía Torres, la coordinadora de diputados federales, Paulina Rubio Fernández, el coordinador de alcaldes, Alejandro De Anda Lozano y panistas que fueron nombrados por el Consejo del PAN.
Este es el órgano que propone las candidaturas que le corresponden al PAN, en la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, y son llevadas a la permanente nacional, donde Paulina Rubio y Diana González, son las comisionadas por Jalisco, y al final es el órgano que decide y asigna a los candidatos.
“Inclusive el registro es ajeno al propio presidente del partido. Se nombra una comisión electoral, que es la que está en funciones durante tres años, prácticamente, para todos los procesos internos del PAN, y ésta es la que decide las propuestas”, explicó Diana González.
Agregó que, la Comisión Estatal, está conformada por las diferentes expresiones del partido donde se llega a acuerdos políticos, por lo que “las listas de la propuesta de candidatos, quedaron plasmados los grupos más representativos del panismo jalisciense”.
BARRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez

– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva

– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.