ENTREVISTAS
En Módulo Seguro se observa el respeto a los derechos: Fabiola Loya, subsecretaria de Derechos Humanos
Por Diego Morales Heredia //
La ciudadanía debe tener la certeza que en las volantas del programa “Modulo Seguro” se respetarán sus derechos humanos, siendo parte de un proyecto estratégico para bajar los índices delictivos en la metrópoli y por ello estarán presentes de manera permanente para que se cumpla este objetivo, así lo indicó Fabiola Loya, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco.
Entrevistada en los micrófonos del programa “Tela de Juicio”, la funcionaria estatal resaltó que la Subsecretaría de la cual es titular participa en los operativos, vigilante y garante de que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos.
“Están en el centro el respeto al derecho a la vida y la integridad persona. Es parte de una estrategia que pronto diferentes dependencias estarán socializando con la ciudadanía en materia de seguridad y prevención. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no se pronunció en contra, aunque reconoce que el estado necesita de una estrategia integral, eso estamos trabajando, se hace a un lado, pero el gobierno por mandato del gobernador, estamos siendo vigilantes que los operativos se lleven a cabo de acuerdo a una resolución de la Suprema Corte de Justicia en materia de detención en carros”.
Subrayó: “Se emitieron tres puntos de contacto con el ciudadano, el primero tiene que ver con una proximidad, está la Policía Vial haciendo el contacto con los ciudadanos, el segundo ya es revisión y el tercero es si existe un delito es la detención inmediata y se procede conforme a la norma”.
¿La CEDHJ no participa porque son anticonstitucionales?
“Así lo dijo en su comunicado, pero nosotros anteponiendo y precediendo el derecho a la vida es como estamos emitiendo esta estrategia integral, una de las primeras acciones es la campaña de Módulo Seguro. Hay que decirlo, están los tres niveles de gobierno, tanto la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Vial y las comisarías municipales en una coordinación en constante comunicación a través del Consejo Estatal de Seguridad. En mi carácter de titular, recibimos el mandato por acuerdo de ese consejo y del gobernador para estar observantes de forma aleatoria durante los días que se instalen los módulos en la ciudad”.
¿Qué han observado en estos días?
«Estamos desde el arranque, nosotros lo que pusimos en la mesa fueron una serie de lineamientos que atienden a un programa que ha sido exitoso como el de Salvando Vidas, nosotros solicitamos que cuando menos en cada uno de los módulos que se instalen haya una videocámara, también que mandos mixtos, nosotros solicitamos una comunicación constante y una coordinación con la Subsecretaría para que vean que estamos vigilantes pero también como un apoyo a las corporaciones en materia de derechos humanos».
«Lo importante es generar la confianza entre las corporaciones y la ciudadanía. Los últimos días hemos visto una serie de violencia por las armas que se encuentran dentro de la ciudad, armas ilegales, que son uso exclusivo para el ejército, nos toca a todos hacer nuestra tarea para que esos módulos empiecen a generar resultados».
¿Cuál es la labor que están haciendo y en caso de detectar alguna irregularidad cuál es el procedimiento?
“Lo que estamos haciendo es acompañándolos con un protocolo interno, llevamos nuestro gafete, hacemos la presentación a los oficiales que participan en el módulo, estamos en las revisiones y aproximaciones que hacen a los ciudadanos. Si llega a haber, que no ha pasado, algún tipo de acto tendiente a violar algún derecho humano podemos intervenir, si vemos alguna anomalía levantamos un formato que entregamos al coordinador, a la comisión ejecutiva y al gobernador”.
La población se pregunta si sólo le revisarán que no tengan armas, o les pueden revisar su documentación, pagos, multas…
“Al momento de tener la aproximación sí puede haber una solicitud de comprobación de identidad y de propiedad del automóvil, porque tenemos reportes de robo. Como se hace de forma aleatoria, se les pide a la ciudadanía que se va a revisar el automóvil, una vez con el consentimiento del ciudadano, se revisa el automóvil. La rendición de cuentas no me toca a mí como tal en ese sentido, lo último que sabemos es que hubo detenidos, siete armas que se incautaron, los reportes los estará dando la comisión ejecutiva a través del gobernador”.
SU LABOR AL FRENTE DE LA SUBSECRETARÍA
¿Cómo ves el escenario de los derechos humanos y la tarea que tienes enfrente?
“Hay esfuerzos aislados, a la entrada de una servidora en la Subsecretaría estamos por echar a andar un plan donde estemos trabajando de manera integral no solamente aquellas áreas que velan por el interés de los grupos vulnerables, sino por ese tema que tanto duele a Jalisco que es el fortalecimiento de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos que va de la mano de la Comisión de Atención a Víctimas. Tenemos una agenda que estamos desdoblando; que se hagan las reparaciones de forma integral, hay recomendaciones que atender y sobre eso tenemos que trabajar, Jalisco tiene un dolor que es el tema de las familias de aquellos que han desaparecido, sobre eso nosotros vamos a estar trabajando en el acompañamiento, hay mucho por hacer, tenemos pendiente una reforma a la Ley de Víctimas, tenemos pendientes instalar al Sistema de Atención a Víctimas”.
¿Cuál es el estatus del programa de atención a víctimas?
“Al día de hoy no está el programa, está pendiente la reforma, de ahí que ya esperemos se de pronto en el Congreso del Estado, nosotros ya tenemos una propuesta, hay que sentarnos con la Comisión de Derechos Humanos para tener una armonización de la Ley de Víctimas, una vez dado presentaremos al interior del sistema con una visión de enfoque de reparación integral”.
¿Cómo dar respuesta a tantas inquietudes que tienen?
“Tanto la Comisión de Búsqueda como la de Atención a Víctimas ya están de una forma organizada en comunicación de los diversos colectivos. Las primeras acciones que llegué a hacer por mandato del gobernador, es darle atención a todos los colectivos y sacar esa agenda pendiente para poder responderles a todos de una manera integral, no solamente la Comisión tiene la obligación de reparar de una forma económica o ayudar a aquellos que buscan sus familias, sino realmente atender al círculo familiar que afecta la situación de la víctima, hemos estado en diferentes reuniones organizándonos para que todos esos expedientes que están ya tengan una salida y un acuerdo, todo apegado a la norma y a los derechos humanos de las personas”.
¿No se está llegando tarde a las necesidades que se requieren de inmediato?
“Ya no es planeación, es algo que está presupuestado, aparte una de las obligaciones y facultades de la Subsecretaria es vigilar que haya presupuesto para atender este tipo de peticiones, todo el proyecto estratégico, toda la parte de la capacitación y sensibilización, esperamos que ya esté en marcha y tener resultados contundentes para los familiares, para los colectivos con los que hemos estado en pláticas desde que ingresé a la subsecretaría e implementar la agenda pendiente”.
¿Qué participación está teniendo la Subsecretaría para que los familiares de las víctimas tengan un trato humano?
“Es una arista importante la revictimización. Ya tenemos un programa que estamos por implementar para todos aquellos custodios que son el primer contacto de edificios, porque no existe la sensibilización, debemos capacitar en derechos humanos a todos aquellos oficiales de primer contacto en todas las instalaciones, para aquellas madres y padres buscadores.
El gobierno ya viene trabajando desde sus inicios en el fortalecimiento en materia de búsqueda, tenemos en puerta la creación del Centro de Identificación Humana, que se va a encargar con toda la tecnología y un padrón de la identificación de todos los cuerpos pendientes para que haya un acelere en este listado que hay en ciencias forenses. La otra es el fortalecimiento y capacitación a todas las áreas del gobierno para la coordinación entre la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía Especializada, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para el tratamiento de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, es una prioridad en este gobierno”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
Convención Estatal de MC: Asume Mirza Flores dirigencia estatal del partido naranja
Primer informe de labores legislativas de Claudia Salas: «La gente quiere resultados, no pleitos»
Presentan la Octava edición de Tecalitlán Los Sones
Vicealmirante solicita amparo ante indagatoria por huachicol fiscal
MC relanza iniciativa por igualdad salarial en el deporte
Impulsan campaña para prevenir el uso de taxis y plataformas pirata en Jalisco
