ENTREVISTAS
«Fomentamos la cultura de combate a la corrupción, no nada más es persecución del delito»: Fiscal Anticorrupción Gerardo de la Cruz
Por Diego Morales Heredia //
A pesar de las críticas que han recibido, su labor no solamente está en la persecución del delito, sino también en la prevención y procesos de capacitación con servidores públicos para fomentar la cultura al combate a la corrupción y el comportamiento ético, así lo precisó Gerardo de la Cruz, titular de la Fiscalía Anticorrupción.
Entrevistado en los micrófonos del programa Tela de Juicio, el Fiscal Anticorrupción aseveró que si bien es cierto la sociedad espera que se vincule a proceso a quienes cometen un hecho de corrupción, se trabaja a fondo, ya sea en la reparación del daño o en los debidos procesos jurídicos, tal cual es el caso del ex secretario de salud, Antonio Cruces Mada.
“Esto ha sido producto de un trabajo constante de todo el equipo completo, entender un poco la dinámica con la que se entendieron los amparos para tratar de tener el momento oportuno para ejecutar una orden de comparecencia, que habíamos tenido muchas, habíamos tenido órdenes de aprehensión que no se lograban concretar, finalmente se dan los tiempos, el momento jurídico oportuno para que se ejecute. Hubo actitud de no comparecer, buscando refugios, que no tenía intención de comparecer, cuando logramos tenerlo vinculado logramos un resguardo domiciliario”.
Hay una gran cantidad de denuncias contra Antonio Cruces, pero lo logran retener por nombramiento de algunas personas…
“Son situaciones naturales, esa carpeta de origen es la denuncia que tenemos, pero abrimos más de veinte líneas de investigación, algunas ya las hemos cerrado considerando que no existía delito, otras se encaminaron a la Fiscalía General de la República, las que son nuestra competencia seguimos trabajando en ellas, seguimos trabajando tres carpetas de investigación, la tuvimos vinculado en dos, logró un amparo, en la tercera es donde obtenemos prisión preventiva. El hecho de que se trate de cuatro nombramientos, se puede decir que se habla de millones de pesos y logramos con un asunto de poca relevancia, pero esto es así”.
Hay tres carpetas y se le vinculó en dos, ¿existen más?
“Siempre he querido referir el tema como el tema de salud, en una de las carpetas hay otros dos ex secretarios vinculados, es el personaje que más se identifica mediáticamente, pero es un tema completo y complejo. En el tema de salud hemos abierto por lo menos 23 carpetas de investigación que se desprenden de la primera denuncia, cada una va teniendo su origen”.
¿Todos los implicados están arraigados?
“Por lo menos los ex secretarios están en resguardo, uno de ellos es Jaime Agustín, el otro Miguel. Están en su casa, tienen un proceso normal, al menos no han sido tan evidente, no se han exhibido como otros, es lo que también influye en el trato que se les da”.
Dicen que los carniceros de hoy, serán las reses de mañana… Se anunció que en la Secretaría de Salud se seguían cometiendo las mismas irregularidades que en el pasado. ¿Hay denuncias al respecto?
“No tengo una denuncia como tal, no obstante, cuando salieron notas y se habló de compras directas, oficiosamente revisamos qué nos decía la legislación de las compras, a mí no me toca justificar nada, pero encontramos que había excepciones en la propia ley que establecía que por eventualidades y por cuestiones de urgencia se podían hacer compras directas, enfrentando situaciones de riesgo como las que estaban en ese momento. Es una verificación que llevamos a cabo de una manera oficiosa, no motivada por una denuncia. El tema de los carniceros de hoy y reses de mañana, es cíclico, lo único que tendríamos que hacer es procurar que las instituciones que han nacido con independencia se les siga garantizando esa característica para que surta efectos, no ha sido sencillo pretender construir una institución con esas características, pero ahí podría estar el cambio en la cultura y la forma de hacer las cosas en el servicio público”.
¿El objetivo es que se pague por la falta cometida y se devuelvan los recursos?
“La reparación del daño es parte de la responsabilidad. Estamos en una situación interesante en el modelo de justicia, porque cuando estamos en el sistema tradicional, era una justicia retributiva, se pagaba el mal y basta con que te meta a la cárcel, en este caso sí se procura la reparación del daño, la ley tiene herramientas con las cuales no llevas a alguien a juicio si en el camino repara el daño, es algo que no se ve reflejado en una sentencia, pero ya tuvimos una recuperación en una denuncia que recibimos relacionado al SIAPA, se regresó el dinero a las arcas y se aplica lo que la ley considera un criterio de oportunidad”.
¿Cuál es el nivel de reparación del daño?
“En sentencias, ha habido suspensiones condición de la pena, ha ido evolucionando, nosotros empezamos con un agente del Ministerio Público en 2018, no judicializamos nada hasta 2019, en ese momento la reparación del daño más relevante que obtuvimos fue una de 30 mil pesos, finalmente se cubrieron 42 mil pesos como recuperación del daño, ya para 2021 fueron 740 mil pesos que se obtienen de reparaciones del daño”.
¿Se castigan también a las empresas?
“Se inhabilitan”.
¿Faltan en cuestión de salud y cuántos involucrados serían?
“Faltan, hay una situación que hemos procurado apuntar hacia arriba, podemos quedarnos con el encargado de almacén, pero no con quien toma decisiones, tan es así, que son ex secretarios los que tenemos vinculados”.
¿Cómo medir la eficiencia de la Fiscalía Anticorrupción?
“Hemos visto declaraciones que son simplistas, tenemos que ver primero qué es lo que la ley establece para la fiscalía, nos establece no únicamente la persecución del delito, también llevamos a cabo labores de prevención, aplicando procesos de capacitación con servidores públicos, para tratar de fomentar la cultura al combate a la corrupción y el comportamiento ético. De repente no se advierte así porque son cosas que haces abajo y estás construyendo”.
LOS AVANCES DE IPEJAL
¿Qué hay de avance en el tema de IPEJAL?
“Tenemos varios actores pero hay dos que interesan, pensiones doradas e inversiones, como Abengoa, una carpeta que venimos manejando, se habla de una inversión de 600 millones de pesos, se presentó una denuncia por una cantidad superior que interesa a una empresa diferente, ya tenemos judicializada una carpeta, estamos en espera que nos den fecha para la audiencia de vinculación. La otra, estamos en proceso de recabar información, tiene que ver con inversiones, hemos tenido de medicamentos, hemos judicializado de medicamentos, pero son cantidades menores, las dos más relevantes son las pensiones doradas y las inversiones».
En el caso de Transportes Marítimos Mexicanos, ¿Cómo van las investigaciones?
“Es la más reciente del tema de inversiones en Pensiones, la carpeta está en investigación inicial, estamos en proceso de recabar información, corroborar datos de la Contraloría. Debemos ser precisos en algo, cuando la denuncia se presenta se habla que son resultados preliminares de auditoría, se sigue investigando, si se encuentran irregularidades se hace del conocimiento de la fiscalía. Tenemos lo que va del año, fue a mediados de enero cuando se presentó la denuncia, la de Abengoa ya tiene más avances”.
¿El Consejo Directivo de IPEJAL tiene responsabilidad?
“En la de Abengoa encontramos que podíamos retribuir la responsabilidad hacia el comité de inversiones, en el tema de Transportes Marítimos Mexicanos podría ser diferente y acudir más arriba”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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