ENTREVISTAS
Las deudas que Alfaro deja de herencia: Compromete 42.6% del gasto que pagará el sexenio de Pablo Lemus
Por Mario Ávila //
Producto de la contratación de deuda, pero también de contratos adicionales que suman más de 45 mil millones de pesos, el gobernador saliente, Enrique Alfaro Ramírez, le heredará al mandatario entrante, Jesús Pablo Lemus Navarro, pagos que se tendrán que hacer en el año 2025 del orden de los 73 mil 776 millones de pesos, es decir, no podrá disponer del 42.6% del presupuesto de egresos para el año entrante.
Esto implica, que Jalisco deberá destinar una gran parte de sus recursos a cubrir estas obligaciones, lo que evidentemente restringirá enormemente la capacidad del Estado de atender necesidades urgentes como en materia de salud, educación y seguridad.
Ello lo afirma el diputado, Alejandro Barragán Sánchez, quien señala que Alfaro Ramírez, quien deja el cargo el próximo viernes 6 de diciembre, cierra la administración estatal “dejando una estela de desastre, que los jaliscienses pagaremos en los años futuros, ya que el Estado queda sumido en una deuda alarmante, que puede poner en riesgo el futuro económico de Jalisco”.
Explicó el legislador que Enrique Alfaro recibió el gobierno con una deuda de aproximadamente 17 mil millones de pesos, pero al concluir su sexenio, la deuda rebasa los 28 mil millones de pesos.
Lo más preocupante -dijo-, no solamente es el incremento de la deuda, sino el manejo opaco de los recursos públicos, ya que, durante sus 6 años de gobierno, Alfaro ejerció un gasto de más de 827 mil millones de pesos, pero gastó casi 25 mil millones de pesos más, sin una justificación clara y transparente; esta situación puso entredicho la necesidad de contratar deuda para el Estado, ya que los excedentes anuales de recursos extraordinarios, solventaban la deuda que se contrató.
Sobre los compromisos que Enrique Alfaro adquirió para pagar 45 mil millones de pesos en el 2025, adicionales a la deuda, explica el diputado Alejandro Barragán, que el hecho de que no se catalogue como deuda, no significa que el estado no esté comprometido a pagar una mensualidad por una cantidad tan importante de dinero y reveló que en el futuro hay una serie amplia de contratos, de diferente índole, donde el gobierno del Estado se compromete a hacer esas erogaciones.
De ahí que de acuerdo a lo que ha revisado con se grupo de asesores, para el próximo año “de acuerdo a las cifras que nosotros tenemos, el gobierno del Estado estará comprometiendo el pago, en temas de deuda y de compromisos de otro tipo de pagos, alrededor del 40% del presupuesto de egresos; eso nos parece preocupante, por supuesto que sigo investigando más detalles al respecto, para poder precisar y hacer una nueva estrategia y un nuevo posicionamiento de cara al Presupuesto de Egresos 2025 del que estamos haciendo un análisis. Pero eso es lo que nos pareció importante hacer el señalamiento, junto con el equipo técnico y el equipo jurídico que me acompaña en la oficina de la diputación”.
Advierte que estos compromisos de pagos se encuentran detectados especialmente en temas de movilidad y de transporte, en donde, por un lado, “manejan el tema como si hubiera sido una gran inversión y se adjudican como si la obra hubiera sido ya terminada; sin embargo, hay una deuda muy importante que se estará pagando en los próximos años como el caso de obras de la Línea 4 del Tren Ligero”.
También recordó que ahí está el compromiso que se tiene, en el contrato con las empresas que hacen la verificación vehicular y que independientemente de que vaya o no un vehículo particular a realizar el procedimiento, estarán cobrando un monto pactado mensualmente que se obliga a apagar el Gobierno del Estado.
Y recalcó: “Estoy seguro que este tema dará motivo para que muchos de nosotros, yo principalmente, me comprometo a seguir investigando al respecto y que podemos seguir haciendo público, algo que desafortunadamente no se consultó con la ciudadanía, en el ánimo no solo de poder resolverlo, sino en el ánimo de que no vuelva a pasar en el futuro”.
Recordó también el legislador de Morena y exalcalde de Zapotlán el Grande, que todo ello ocurría, “mientras se quiso sostener una narrativa donde Alfaro acusaba al Gobierno Federal de un supuesto maltrato financiero, al tiempo que lanzaba una amenaza latente de separar a nuestro estado del Pacto Fiscal”.
Nada más falso que eso -expuso-, por el contrario, el crecimiento de las participaciones federales, que tuvieron un récord histórico en las aportaciones ordinarias; al mismo tiempo que en millones de jaliscienses se han visto beneficiados con programas sociales federales que tienen una incidencia muy positiva y directa en la economía local.
Justo en ese tema del federalismo, el diputado Barragán Sánchez, planteó como una postura hasta cierto punto “incongruente” de parte del mandatario jalisciense, al demandar un presunto maltrato de la Federación, pero al mismo tiempo desatender en Jalisco a los municipios que se encuentran fuera de la Zona Metropolitana.
Así es -sentenció-, yo fui alcalde de Zapotlán el Grande del 2021 al 2024 y efectivamente, a pesar de la gran relevancia que tiene Ciudad Guzmán como una capital económica del Sur de Jalisco muy productiva, no tuvimos una aportación de obras, ni de infraestructura, mucho menos apoyo de participaciones, entonces efectivamente cuando se discutía y se debatía el tema de la supuesta ‘injusta’ de redistribución según ellos del pacto fiscal, yo también hacía la referencia de que, Zapotlán el Grande, al ser un productor muy importante que genera enormes cantidades de divisas para el Estado de Jalisco, que es uno de los municipios que le da al Estado de Jalisco esa categoría de exportador agroalimentario, pues no recibió una cantidad proporcional a los ingresos a las divisas a los empleos que generaba.
Sin embargo -abundó-, no me metí yo a ese debate porque al ser yo un político que cree en el federalismo, yo ponía por el contrario, la reflexión de en mi municipio hay colonias que gozan de ciertas condiciones de buenos servicios públicos, de calles de condiciones muy favorables y que quizás las aportaciones que hacen por concepto de predial, pudieran ser, si separamos por colonias, las colonias que más aportan al municipio; sin embargo ese gobierno, en el ánimo de buscar un equilibrio social, trató de disminuir las brechas de desigualdad en las diferentes colonias y mucho de ese dinero se destinó para la atención de problemáticas y colonias mucho menos favorecidas. Un poco ese era el ejemplo que yo puse a lo largo de mi gestión como presidente municipal respecto a la intención que reiteradamente el gobernador Alfaro hizo, respecto a la abandonar el Pacto Fiscal.
Finalmente, sobre las estrategias o determinaciones, que a su juicio debería utilizar el gobernador electo, Pablo Lemus, el diputado Alejandro Barragán, expuso: “No sé si tenga algún día la oportunidad de públicamente o en privado, poder platicar con el señor Pablo Lemus, sin embargo, creo que la fórmula no es muy complicada, es importante reducir el gasto corriente, sobre todo aquellos conceptos que puedan resultar suntuosos, que puedan generar lujos; recomendarle al señor gobernador, que reduzcan los gastos que se hacen respecto a los viajes, las grandes caravanas de funcionarios que a veces acompañan al gobernador y que se concentre en hacer un gobierno austero, un gobierno responsable, que no siga ofendiendo la ya de por sí vapuleada economía de nuestro país y de nuestro estado.
No estoy por supuesto de acuerdo -remató-, en que se le haya comprometido tanto presupuesto para el próximo año, eso definitivamente tendrá una repercusión, no en el gobernador, sino en los servicios y en los proyectos que necesita Jalisco; pero lo que sí debe de hacer el gobierno del Estado, es un esfuerzo de apretarse el cinturón de hacer estrategias financieras que puedan maximizar los recursos y que el dinero se esté destinando principalmente atender los las obligaciones que tiene con la ciudadanía.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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