ENTREVISTAS
«Usa el Estado a la Policía Vial con fines recaudatorios»: Alfaro sin voluntad política de hacer cambios
Por Mario Ávila //
Lo mejor que podría pasar para mejorar la movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sería que los municipios hagan valer el 115 Constitucional, recuperen sus facultades en la materia, integren a la Policía Vial a su corporación de seguridad y decidan también en temas como el transporte público y obras de impacto las ciclovías.
Así se expresó el profesor investigador del CUCIénega y miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Rubén Ortega Montes, quien expuso que “con determinaciones como las ciclovías, se ha ido reduciendo, en lugar de ampliando, la movilidad y las vías de circulación… y está bien que abran estos espacios para estas nuevas ideas de movilidad, pero qué nos dan a cambio, en la Ciudad de México se creó el Segundo Piso, pero aquí solamente se han ido achicando las calles, las avenidas, las calzadas y hasta el periférico”.
El académico, habló del tema polémico que se gestó a raíz de las protestas del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, en el sentido de que no veía a la Policía Vial por ningún lado, en particular por el caótico día en que la movilidad se atrofió por un concierto en el estadio Akron y sugirió que a los agentes se les quitara la pistola y se les regresara a la Secretaría de Transporte, antes Secretaría de Movilidad, dejando de depender de las corporaciones de seguridad.
Ante este reclamo, el gobernador Enrique Alfaro montó en cólera, regañó públicamente al alcalde zapopano, pero en respuesta el munícipe Juan José Frangie recibió el respaldo de sus compañeros de partido y munícipes, Jesús Pablo Lemus Navarro y Salvador Zamora de Guadalajara y Tlajomulco, respectivamente.
Ante el público revés, Alfaro Ramírez decidió llevar el tema a la mesa de la Junta de Coordinación Metropolitana, en una reunión a puerta cerrada y de cuyos resultados solo se conocieron mediante un video grabado en Casa Jalisco en donde, hablaron por unos segundos los cuatro personajes involucrados en la polémica.
El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sostuvo que los presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, reiteraron la disposición al diálogo por el bien del Área Metropolitana de Guadalajara y sentenció: “Vamos a abordar esta agenda con toda seriedad más allá del ruido en los medios, nosotros estamos muy claros de lo que tenemos que hacer, cerrando filas por la ciudad” señaló el Mandatario.
Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, agradeció la voluntad del gobernador y mencionó: “Estamos trabajando en equipo para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y así lo vamos a seguir haciendo, siempre con mucho respeto; hoy se abordaron varios temas de la agenda metropolitana, que se trabajarán en la junta de Coordinación Metropolitana con los demás compañeros alcaldes y también con la presidenta municipal de Tlaquepaque.
Salvador Zamora por su parte, alcalde del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, calificó la reunión como muy productiva; en tanto que el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, destacó que en el tema de movilidad “estamos trabajando en equipo y todo marchará por buen camino”, mencionó, al culminar el encuentro.
PUEDE MÁS LA TERQUEDAD DEL GOBERNADOR: RUBÉN ORTEGA
Sobre el hecho, el académico Rubén Ortega Montes, auguró que no pasará nada pese a la protesta de los tres alcaldes, “conozco la terquedad del gobernador y la falta de voluntad política cuando no es a él, al que se le ocurren las cosas; es un gobierno de ocurrencias y de inercia, y mientras no salga de su boca de manera primaria, no lo va a hacer. Deberían de prosperar las sugerencias, ya sea de regresar a los agentes a la Movilidad o de que los municipios asuman su responsabilidad, puesto que Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco tienen un gran significado político, tanto dentro como fuera de su partido”.
Ortega Montes planteó que en su opinión, cada municipio debería abrogarse de nueva cuenta la facultad de atraer la responsabilidad de la policía vial, “y para que esto se diera tuvo que haber primero un acuerdo, un convenio en donde los municipios cedían esas facultades al Estado y hay que recordar que los convenios se terminan cuando una de las partes ya no tiene la voluntad de seguir, es como los divorcios.
“En este caso, si un municipio ya no tiene la voluntad de seguir perteneciendo a este pacto, simple y llanamente se retira del mismo. Incluso el mismo gobernador ha puesto la muestra con el tema del Pacto Fiscal a nivel federal. Aquí en Jalisco un convenio tiene menor relevancia y no debemos perder de vista que los convenios tienen como función principal modificar o extinguir las relaciones y sus cláusulas.
“Y creo que sería lo mejor para una zona metropolitana caótica en la materia de movilidad como la que padecemos, porque entonces no tendrían el llamamiento a la recaudación de dinero para el estado como objetivo primordial, tendrían como objetivo la solución del problema de la movilidad, esto es movernos más y mejor”, expuso el investigador universitario.
Y remató, diciendo: “Al retomar las facultades de la movilidad, los municipios habrían de resolver de manera paralela muchas cuestiones que tienen que ver con el problema de la lenta circulación en las calles de cada ciudad y podrían atender temas como el transporte público o bien optar por la movilidad en bicicleta”.
LO IDEAL, QUE REGRESE A LA RESPONSABILIDAD MUNICIPAL
Para el académico Rubén Ortega Montes, la Policía Vial bien puede pertenecer a la coordinación de seguridad de acuerdo a la legislación nacional, “pero ya cada estado toma sus propias decisiones y la incorpora a alguna de las secretarías y en el caso de Jalisco, habremos de recordar que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval unió en la Fiscalía del Estado a todas las fuerzas policías y por ello fue que determinó que la Policía Vial estuviera dentro de la Fiscalía y una vez que se le hizo notar por varios académicos, muchos de ellos de los que hoy pertenecemos al Observatorio de Seguridad y Justicia, en su momento le hicimos las observaciones al gobernador, que no era correcto el ‘frankeinstein’ que estaba creando”.
Y por ahí -recordó-, a los dos años y medio tomó la decisión de desincorporar a la Policía Vial y regresarla a la Secretaría de Movilidad. Esto se puede hacer claramente en base a la Ley de Seguridad del Estado. Y con base en el artículo 115 constitucional de hecho, debería de quedar el tema de la movilidad bajo la responsabilidad del municipio. En ciudades como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, que cuentan con el número suficiente de elementos policiacos y con la estructura suficiente para brindar entre otros temas el de la capacitación, ya que se cuenta con academias y por ende crear una policía vial acorde a la realidad que enmarca a una metrópoli, sobre todo si se compara con algún municipio pequeño del país.
El municipio de Ocotlán, por ejemplo -abundó-, que es mucho más pequeño y con mucho mayores limitaciones presupuestales, tiene su propia policía vial y con ello queda constatado que sí se puede y que legalmente la policía vial puede estar en una Dirección o bajo la directriz de la Comisaría Municipal. Sin embargo, faltaría la voluntad del gobernador del estado, para dejar de estarse escudando en que los comentarios que se hacen al respecto en torno a la seguridad, siempre van con la intención de querer hacer quedar mal al estado de Jalisco y a su gobierno en particular. Lo que pasa es que ni ve ni escucha a los académicos, a los profesionales, a los expertos en cada materia, él como ingeniero se cree experto en todo y lo único que ha mostrado es la incapacidad y la ineficacia y en el caso de la policía vial, la inacción.
UNA POLICÍA PERDIDA ENTRE MANDOS
Lamentó que en el caso de la Policía Vial, se haya tomado la determinación de concentrar a todos los oficiales de vialidad en el ya trasnochado operativo trastocado el Salvando Vidas, “que se convirtió prácticamente en un operativo recaudatorio, que lo único que tiene como objetivo es multar y si sacamos porcentajes de cada 100 vehículos que revisan o conductores a los que les practican la alcoholemia y a los miles de vehículos que les impiden movilizarse normalmente por la ciudad, entonces es más caro el caldo que las albóndigas”.
Insistió en que lo ideal es que la responsabilidad pase a la facultad de los municipios y aclaró: “Legalmente se puede y si hubiera voluntad debería de hacerse, se lo están pidiendo no solamente los que él cataloga como opinólogos, los periodistas o los medios, sino ya también los propios alcaldes de la Zona Metropolitana, tres de los más grandes municipio como es Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, más algunos diputados.
“Yo creo que el gobernador es el que está aquí desentendido de lo que todos los demás estamos viendo y debería de dar un paso hacia atrás para poder avanzar, escuchar a la sociedad, atender a todas estas voces y al fin hacer algo que sirva en Jalisco, porque su policía no ha servicio y ninguna, la metropolitana le falló, esa ya está inamovible, no tiene acción alguna; el caso de la policía a la que trató de darle fuerza a nivel estatal, realmente lo que hizo fue desarmar lo que eran la Fuerza Única Regional y la Fuerza Única Metropolitana, ahora se perdieron en la policía estatal y son utilizados solo para otras cosas muy diferentes a la intención para la que fueron creados, que era atender responder a mandos en una sola dirección, ya que hoy se han creado mando mandos, super mandos y manditos, tenemos incluso al comisario Alarcón, un buen comisario, pero ahora que es bimunicipal, realmente lo vemos desaparecido porque no está como tal en un esquema entre Zapopan y Guadalajara, en medio de un pacto político y respondiendo a dos actores políticos que responden a una misma línea dentro del partido gobernante.
“Nos enredamos en un mar de policías, la metropolitana, la estatal, la vial, la bimunicipal y esto de no querer ceder a lo que la sociedad está viendo, creo que es un error de tino del gobernador, encaprichado siempre en ver las cosas solo desde su punto de vista; él nos dice que estamos bien en seguridad, nos enseña cifras maquilladas y nos quiere convencer de que estamos bien, mientras le siguen encontrando muertos en el closet, en las casas y en los patios de todo Jalisco; a la vez le siguen matando personas y su operativo de seguridad sigue totalmente oscuro y opaco, no nos ha dicho qué resultados han dado sus retenes, cuántas armas han decomisado, a cuántos delincuentes han detenido; seguramente no a muchos porque es presuntuoso y le gusta en sus redes decir a cuántas gentes a vinculado y si en caso de estos operativos novedosos de seguridad no nos ha presumido vinculaciones a proceso en los módulos de seguridad”, concluyó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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