Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

La importancia de darle continuidad a la transparencia en Jalisco será relevante para determinar el mejor modelo de quien sustituirá al órgano garante en el Estado. Habrá que establecer, entre lo pasado y lo presente del derecho al acceso a la información pública, qué se puede construir que no interfiera con la legislación, pero que definitivamente permita de manera certera que el ciudadano tenga acceso a la información pública y se garantice el derecho a saber.

Un reto sin duda importante en nuestra entidad federativa, pero que debe marcar la pauta en materia de transparencia gubernamental.

A menos de un mes para que sucumba el antiguo modelo de órganos garantes y transitemos a la transformación de la transparencia en México, Jalisco deberá aprovechar todo su bagaje histórico de más de dos décadas en los temas de transparencia para consolidar un nuevo modelo que permita el acceso y la garantía de acceso a la información pública.

Tendrá también que demostrar a sus ciudadanos que es un asunto de suma importancia para los poderes Legislativo y Ejecutivo participar propositivamente en mantener la transparencia accesible a todo ciudadano, cuidando de todas las formas posibles que en Jalisco se tenga acceso a la información gubernamental para cotejar las acciones de gobierno con la realidad de los discursos politiqueros.

En este sentido, cabe ser conscientes de que, ante la oportunidad de consolidar un modelo adecuado para abonar a la continuidad del acceso a la información pública, generando las condiciones que reúnan sin falta la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, se conserven y, mediante capacidades institucionales de responsabilidad gubernamental, la transparencia en Jalisco no disminuya los estándares de acceso a la información pública con los que durante dos décadas se ha cimentado.

La nueva reforma que nos deja un modelo distinto deberá marcar la diferencia entre las entidades federativas, como lo ha hecho Jalisco, en calidad de puntero en el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Es importante resaltar que esta construcción de un nuevo modelo estatal que garantice la transparencia debe ir de la mano de la participación ciudadana. Jalisco cuenta con una considerable cantidad de sociedad civil, instituciones y organizaciones de expertos transparentólogos que, sin duda, son parte importantísima de casi más de veinte años de aportar y construir la transparencia jalisciense, de los que se puede percibir la preocupación que generó el nuevo modelo de la federación en materia de transparencia, y que tiende a la opacidad y debilitó un sistema construido bajo el derecho humano a la información. Sin embargo, toca a todos en Jalisco ser proactivos en este corto espacio para generar el nuevo modelo de transparencia en Jalisco.

En este contexto y ante la oportunidad que tenemos en Jalisco, ahora que se discute la Nueva Ley de Transparencia del estado, se vuelve fundamental dar continuidad a la transparencia. Esta es la obligación de las autoridades y organismos públicos de poner a disposición de los ciudadanos la información relativa a sus acciones, decisiones, el uso de recursos públicos y cualquier otra actividad que realicen. Es un derecho esencial para la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la democracia.

Jalisco deberá tener la capacidad de enfrentar la regresión que implica el nuevo modelo de transparencia de esta administración federal y buscar las oportunidades para conseguir que se dé a la transparencia en nuestra entidad federativa un enfoque de absoluta garantía al acceso a la información pública, accesible y sobre todo útil.

Esperemos que el nuevo modelo de transparencia en Jalisco sea un acierto, producto de la unidad para abonar a la democracia y mantener las garantías constitucionales; dejando la política de lado para ver por la sociedad y la transparencia.

Opinión, por Iván Arrazola //

En México, revisar las noticias del día se ha convertido en un ejercicio de resistencia emocional. Día tras día, los titulares parecen repetirse: joven desaparecido, estudiante no localizado, funcionario ejecutado, hombre asesinado a plena luz del día.

Es un ciclo que no cesa y que, lejos de conmocionar, corre el riesgo de volverse rutina. La violencia se ha instalado como telón de fondo de la vida pública, mientras el discurso oficial insiste en minimizar su gravedad o en reducirla a estadísticas y casos aislados.

El reciente asesinato de dos personas en la Zona Real de Guadalajara volvió a evidenciar la dolorosa normalización de la violencia. El primer caso fue el de Luis Armando Córdova, secretario de Alianzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue ejecutado en una cafetería a plena luz del día, sin que nadie pudiera intervenir para evitarlo. Horas más tarde, el homicidio de la joven influencer Valeria Márquez, perpetrado dentro de su propio establecimiento, conmocionó aún más a la opinión pública.

El hecho, captado en video, muestra con crudeza los momentos de angustia e incertidumbre que vivió Valeria antes de ser asesinada. La secuencia de ambos crímenes, lejos de parecer fortuita, deja entrever una inquietante sensación de fatalidad.

Ambos crímenes detonaron una ola de críticas y señalamientos hacia las autoridades locales. Uno de los puntos más cuestionados fue la ineficacia del sistema de videovigilancia C5, cuya utilidad vuelve a ponerse en entredicho cada vez que un asesinato de alto perfil ocurre sin que las cámaras sirvan para identificar o detener a los agresores en tiempo real. ¿Qué tan funcional es este sistema? ¿Qué tan útil resulta cuando los crímenes suceden en lugares vigilados, a plena luz del día y, aun así, los responsables logran huir sin mayor problema?

La respuesta oficial no hizo más que agravar la indignación. El secretario general de Gobierno de Jalisco admitió: «Desafortunadamente no hubo la capacidad de velocidad, de reacción para poder aprehender a los responsables, pero hay que trabajar en eso». Por su parte, el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, señaló: «Dentro del margen de sus posibilidades, las unidades respondieron». Más que respuestas, estas declaraciones revelan la falta de coordinación, la debilidad de los protocolos de emergencia y la resignación institucional frente a una violencia que claramente los sobrepasa.

Las explicaciones técnicas ofrecidas por Alarcón —como la ventaja que otorgan las motocicletas a los criminales para escapar entre el tráfico— no hacen sino subrayar la incapacidad del Estado para adaptar sus métodos de respuesta a nuevas formas de operación del crimen. La falta de previsión y de capacidades tácticas, sumadas a una pobre inversión en inteligencia, terminan dejando a la población a merced de grupos criminales cada vez más audaces.

Este patrón no es exclusivo de Jalisco. En la Ciudad de México, el asesinato de dos funcionarios públicos a manos de un sicario en plena vía pública mostró una planificación criminal detallada, ejecutada sin obstáculos. Aunque en este caso las autoridades han logrado reconstruir parte de la operación, el hecho de que no se previniera evidencia nuevamente la fragilidad de los sistemas de inteligencia y protección, incluso para funcionarios públicos.

La violencia en México no discrimina, y la justicia pronta parece inalcanzable. La narrativa gubernamental que minimiza los crímenes, como los asesinatos en Zona Real de Guadalajara, profundiza la desconfianza ciudadana. Cada caso impune refuerza la percepción de un Estado incapaz o renuente a garantizar seguridad.

Surgen entonces preguntas urgentes: ¿están las autoridades realmente comprometidas a mejorar las capacidades de respuesta y prevención? ¿Funciona el C5 como debería o es solo una herramienta decorativa? ¿Están los gobiernos dispuestos a revisar sus protocolos de respuesta y a incrementar los recursos destinados a seguridad?

En el caso de la Ciudad de México, mientras los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación se resguardan bajo la narrativa de la “austeridad republicana”, resulta válido cuestionar si comprenden que invertir en inteligencia y seguridad no es un lujo, sino una necesidad. Los servicios de inteligencia no solo sirven para espiar a políticos—como ha sostenido su líder moral—, sino que pueden y deben desempeñar un papel clave en la prevención de delitos de alto impacto.

De no corregirse esta ruta, los crímenes seguirán ocurriendo, la impunidad se perpetuará y el discurso oficial continuará desdibujándose ante una realidad que lo contradice todos los días. Porque si algo queda después de cada asesinato, además del dolor, es una verdad incontestable: el Estado sigue fallando.

Opinión, por Gerardo Rico //

El cambio de régimen de partidos para la elección de representantes municipales al de usos y costumbres en el municipio de Bolaños marca un hito en la historia reciente de Jalisco. Esta decisión se enmarca en una lucha de muchos años de los pueblos indígenas en nuestro estado que simplemente no había sido escuchada a pesar de movilizaciones y protestas de la comunidad wixárika que habita en la región norte.

Aunque aún falta la aprobación del Congreso del Estado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) informó que luego de la consulta ciudadana realizada el domingo 18 de mayo se obtuvieron los siguientes resultados: participaron tres mil 597 personas, de los cuales dos mil 129 habitantes del lugar votaron a favor, contra mil 468 que lo hicieron en contra y se registraron 468 abstenciones.

El derecho de los pueblos indígenas a votar según sus usos y costumbres, que además está reconocido en el artículo dos de la Constitución General de la República, significa que en el municipio de Bolaños, Jalisco, podrán elegir a sus propias autoridades y sistemas de gobierno de acuerdo a sus tradiciones, en lugar de los métodos convencionales que todos conocemos. Esto les permitirá ejercer su autonomía y autogobierno, respetando su identidad cultural y sistemas normativos propios.

Esta práctica reconoce la diversidad cultural y las formas de organización social propias de cada comunidad indígena, evitando la imposición de un modelo único. El voto, según sus usos y costumbres, no es una exclusión del sistema democrático, sino una forma alternativa de participar en la vida política, respetando sus propias formas de deliberación y toma de decisiones.

Los pueblos indígenas pueden elegir a sus autoridades y representantes sin necesidad de participar en el sistema de partidos políticos. El derecho a votar según usos y costumbres está íntimamente relacionado con el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, para que puedan decidir sobre su propio futuro.

Pueden utilizar diferentes formas de voto, como asambleas, votos a mano alzada o por consenso, dependiendo de sus tradiciones y costumbres. Los criterios de elegibilidad para ser candidato o elector pueden variar según la comunidad, pero suelen incluir aspectos como la edad, el conocimiento de la lengua, la experiencia en cargos comunitarios y el respeto a los valores comunitarios. En algunas comunidades, la participación femenina en la toma de decisiones puede ser limitada o inexistente, lo que requiere un esfuerzo para garantizar la igualdad de género en la aplicación de los usos y costumbres.

CARENCIA DE OFERTAS

La determinación de los pueblos indígenas en el país se da ante la falta de ofertas políticas reales de cualquiera de los partidos políticos con registro en la actualidad. Además, es común que, con el sistema vigente, sus gobernantes se designen a través de negociaciones caciquiles, sin alguna consulta previa o —como es costumbre— sean acarreados a mítines o concentraciones en su región o en la zona metropolitana de Guadalajara, como ha ocurrido en innumerables procesos electorales.

Ese hartazgo de los partidos políticos fue, sin duda alguna, uno de los motivos que llevaron a los habitantes de Bolaños a externar su opinión para volver a la elección de usos y costumbres. “Ante la negativa reiterada de autoridades tradicionales wixárikas para permitir la instalación de 12 casillas en su territorio durante los comicios del próximo domingo, las autoridades electorales federales y estatales van a respetar su decisión, aunque sí instalarían casillas especiales en el límite territorial para que quienes deseen participar en la elección sufragando, bajen de la sierra y lo hagan sin conflicto”, así lo consigna una nota informativa del periódico Excélsior del 26 de junio del 2018.

A nivel nacional son 421 los municipios gobernados por usos y costumbres; de estos, 406 están en Oaxaca y el resto en Guerrero, Chiapas y Michoacán. Estos municipios eligen a sus autoridades municipales basándose en sus propios sistemas y tradiciones.

En enero del 2012, Cherán, un pueblo indígena de la etnia purépecha en la región montañosa de Michoacán, se convirtió en ejemplo de organización ciudadana. Primero se organizaron para proteger a sus bosques de los taladores. Luego se atrincheraron, armados, para resistir a las bandas de delincuencia organizada que querían arrasar la comunidad. Y terminaron eligiendo bajo el concepto de usos y costumbres a sus autoridades municipales.

Un concepto simbólico que refleja cómo las comunidades indígenas se organizan de acuerdo a sus usos y costumbres es la cosmovisión, que es la forma particular de ver, entender y relacionarse con el mundo, tanto natural como espiritual, propio de cada pueblo. En muchos casos, las autoridades tradicionales (por ejemplo, los caciques, los ancianos, los chamanes) tienen un papel fundamental en la organización política de las comunidades indígenas.