JALISCO
El gobierno va por el dinero del INFONAVIT

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La declaración del senador Francisco Ramírez Acuña es lapidaria y contundente: “Ayer Morena (madrugada del pasado viernes) robó a los trabajadores de México más de 2 billones de pesos que son dinero depositados por los propios trabajadores para adquirir sus viviendas en el Infonavit”.
La bancada de Senadores del PAN expuso que “Acción Nacional está de acuerdo en la construcción de más de 2 millones de vivienda para la gente, pero se está contraviniendo el artículo 123 constitucional, que establece el acceso a una vivienda barata con base en el tripartidismo, esto es, la participación de los trabajadores, empleadores y el gobierno, a quienes no se les consultó para esta reforma.
UN PRESUPUESTO MUY COMPROMETIDO
Se vislumbra muy complicado el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum si consideramos el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2025 del gobierno federal y que frente al crecimiento desproporcionado del gasto en 2024 y la negativa a una reforma fiscal del gobierno de la 4T, que en términos reales tiene una reducción de (-)3.3% (En 2024 el gasto alcanzará los 9.22 billones de pesos y en el 2025, 9.30 billones).
El presupuesto del 2024 en relación al 2023 del gobierno federal tuvo un crecimiento en términos reales del 4.23% y que se reflejó en un crecimiento desproporcionado del gasto. Ahora la Secretaría de Hacienda se vio en la necesidad de reducir el déficit fiscal, esto significa que éste pasaría de 1.99 billones de pesos en 2024 a 1.43 billones en 2025 y como proporción del PIB, se reduciría del 5.9% al 3.9% entre estos dos años (Estudio del IMCO).
En cuanto al balance tradicional o presupuestario, que mide la diferencia entre gasto neto pagado y los ingresos presupuestarios, éste pasaría de un déficit de 1.69 billones a uno de 1.17 billones en 2025 (IMCO). Y como proporción del PIB, el déficit presupuestario pasaría de 5.0% en 2024 a 3.2% en 2025.
RECHAZÓ IR POR LA REFORMA FISCAL
La doctora Claudia Sheinbaum desaprovechó la oportunidad de impulsar en este primer año de gobierno la reforma fiscal tan necesaria para quitarse la presión de un presupuesto tan limitado por las pensiones y el pago por el servicio de la deuda. “Hay muchas formas de recaudación sin necesidad de una reforma fiscal profunda”, puntualizó recientemente.
Ricardo Monreal, propuso la reforma fiscal. “He sostenido previamente que México necesita una reforma fiscal de gran envergadura, es fundamental que quienes poseen mayores recursos contribuyan en mayor medida en beneficio de todos”, argumentó el diputado federal zacatecano.
VAN POR 2 BILLONES DEL INFONAVIT
Este fin de semana tronaron las principales organizaciones contra la reforma a la ley aprobada por Morena en el Senado durante la madrugada del viernes y que permite que el gobierno tenga supremacía en el Infonavit donde se tiene una reserva de más de 2 billones de pesos.
“Vulnerar o reducir el tripartidismo a una presencia testimonial pondría en riesgo entre otras cosas, la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y control de las inversiones -con la desaprobación de las entidades calificadoras-, debilitaría los consensos necesarios para la buena marcha e implementación de los programas y destruiría un ejercicio de construcción de una política pública única”, se precisa en un desplegado suscrito por 23 organizaciones de trabajadores (Reforma).
Las organizaciones que firmaron este desplegado están el Congreso del Trabajo, la CTM, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (SNTMM) que dirige el ex senador Napoleón Gómez Urrutia.
Y la exigencia es una: “(Solicitamos) atentamente que en todos los órganos colegiados de Gobierno se mantenga la paridad de representantes, esto es, el mismo número de votos por sector, elemento que le da vida al diálogo social que gobierna el Instituto.
Y advierten: “Hacerlo de otra manera implicaría romper con lo anterior, dando mayor peso a un solo sector, convirtiendo las decisiones que se toman en una imposición unilateral”. Y permitirlo, implica que el gobierno decida el manejo de los fondos de Infonavit.
El director general de Infonavit ya no será designado por la Asamblea, sino directamente por la Presidenta y la Dirección General tendrá el derecho de veto por si acaso alguno de estos comités de vigilancia se le saliera del huacal.
El senador del PAN, Gustavo Sánchez Vázquez, puso el dedo en la llaga al referirse a las cantidades atractivas a las que tendrá acceso un gobierno que está en crisis financiera lo que se dejó ver en el paquete económico con un endeudamiento que hizo el gobierno pasado de López Obrador de 8 billones de pesos. “La deuda pública creció un 80% y ahora hay que pagar los platos rotos, ahora hay que buscar de dónde sale el dinero, porque el presupuesto no alcanza y aquí hay una bolsa interesante, jugosa y atractiva de 2 billones de pesos”.
Esta semana las organizaciones sindicales mencionadas si no se frena esta reforma y se echa atrás, sacarán sus tambores de guerra y se enfrentarán, como no lo han hecho hasta hoy al gobierno de la 4T en estos más de seis años que han transcurrido.
El resultado es de pronósticos reservados. La situación es muy delicada y se podría llegar al choque de trenes.
JALISCO
Más de 3 mil 200 marcas de tequila dan sabor a las fiestas patrias

– Por Francisco Junco
En el marco de las celebraciones de septiembre, el tequila se convierte en protagonista indiscutible de la mesa mexicana. No solo es la bebida nacional por excelencia, sino un emblema de identidad, cultura y tradición que representa a México ante el mundo con la fuerza de su historia y el sabor de su tierra.
De acuerdo con cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT), actualmente existen 3 mil 211 marcas registradas, vinculadas a 213 productores autorizados, lo que demuestra la amplitud y versatilidad de esta bebida que acompaña con orgullo a la gastronomía nacional.
“De esta agroindustria tequilera dependen más de 100 mil familias; hoy es un producto que se comercializa en más de 120 países y, por supuesto, está sujeto a un cumplimiento normativo muy minucioso. Cada gota es inspeccionada, certificada y analizada por el Consejo Regulador del Tequila”, destacó María Bertha Becerra, responsable de aseguramiento de producto terminado en el CRT.
El recorrido del tequila es también una historia de manos mexicanas. Desde los campos de agave azul, pasando por las destilerías, envasadoras y centros de distribución, miles de trabajadores imprimen tradición, conocimiento y pasión en cada etapa de su producción.
“Tenemos cinco clases: blanco, joven, reposado, añejo y extra añejo, además de dos categorías: tequila y tequila 100% de agave”, explicó Becerra, al recordar la diversidad que ofrece esta bebida reconocida como la primera Denominación de Origen de México.
Además de ser un símbolo, es una de las bebidas más reguladas del planeta. Desde 1994, el CRT supervisa cada fase de su producción conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, garantizando calidad y autenticidad en cada botella que se consume dentro y fuera del país.
Con más de 200 municipios protegidos por la Denominación de Origen, repartidos entre Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato, el tequila es mucho más que un acompañante de las fiestas patrias: es el espíritu de México que une a generaciones y brinda al mundo un motivo más para decir: ¡Qué viva México y qué viva el tequila!
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez

– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.