NACIONALES
La calificación de la elección presidencial
Opinión, por Iván Arrazola //
Con la calificación de la elección presidencial por parte TEPJF está por concluir la etapa sustantiva del proceso electoral 2023-2024. El Tribunal revisa que las elecciones se lleven a cabo conforme a la ley y las impugnaciones que presenten los partidos políticos deben analizarse a fondo, esto incluye la revisión de temas como el financiamiento de las campañas, el uso de recursos públicos, la propaganda electoral, y la transparencia del proceso.
Todo este proceso se debe desarrollar dentro de un escenario de normalidad democrática en el que los miembros del Tribunal toman decisiones apegándose a la ley y libres de presiones políticas.
Es posible que este sea el último proceso que se desarrolle en condiciones relativamente democráticas; los cambios que están por darse en el país parecen orientarlos en una dirección en la cual las instituciones perderán autonomía, en un contexto dominado por una sola fuerza política.
Anteriormente la calificación de las elecciones presidenciales la realizaba el Poder Legislativo. Durante muchos años, en especial durante el periodo de partido hegemónico, este proceso era más una formalidad que una revisión exhaustiva de la elección. El PRI tenía un control sobre la política mexicana, y el Congreso dominado por una sola fuerza política validaba las elecciones sin cuestionarlas, incluso en medio de acusaciones de fraude o irregularidades. Cuando aumentaron las exigencias para democratizar fue necesario hacer un rediseño a las instituciones electorales.
Ese rediseño incluyó la incorporación de instituciones autónomas e independientes, libres de cualquier sesgo partidista que se encargaran de hacer respetar el voto de la ciudadanía. Para ello se crearon dos instituciones: el Instituto Nacional Electoral antes IFE que se encargó de organizar las elecciones y contar los votos, y el TEPJF que se encargó de emitir la calificación definitiva de la elección presidencial.
Este diseño institucional que hoy es objeto de críticas por parte de la Cuarta Transformación, es el que dotó de certeza el proceso electoral. Para desacreditar a las instituciones electorales, particularmente el INE, el movimiento de la 4T ha desarrollado una narrativa de supuestos fraudes, en las elecciones de 2006 y también en el 2012 según la presidenta electa, hechos que no han podido probar. Sobre las elecciones presidenciales de 2018 no hubo acusaciones de fraude porque Morena ganó de forma contunde la elección presidencial.
Para la calificación de la elección presidencial de 2024 se dieron situaciones atípicas al interior del Tribunal, que en los últimos años ha registrado cambios constantes en su presidencia. El último cambio se dio en una situación atípica, ante la falta de dos magistrados que la mayoría oficialista en el Congreso se ha negado a designar, tres de los cinco magistrados que integran el Tribunal exigieron la renuncia del magistrado presidente Reyes Rodríguez, alegando falta de confianza. Todo esto en medio de sospechas de que la exigencia de los magistrados estaba motivada más por cuestiones políticas que legales.
Esto se vio reflejado en los pronunciamientos de las magistraturas al momento de calificar la elección presidencial, mientras tres magistrados, los mismos que removieron a Reyes Rodríguez, no tuvieron ninguna observación sobre la forma en la que se llevó a cabo el proceso electoral, dos si lo hicieron, el magistrado Reyes Rodríguez señaló “La elección presidencial 2023-2024, fue un proceso de claros-oscuros que nos invita, como sociedad a repensar el tipo de democracia electoral que queremos para el futuro”
Por su parte la magistrada Janine Otálora señaló “Lo que nos corresponde como autoridades calificadoras del proceso electoral es poner en evidencia los pendientes, los problemas en el diseño de nuestro sistema electoral, las amenazas a nuestra democracia”.
La exigencia de los dos magistrados iba en el sentido de que, si bien no se podía anular la elección ante la contundencia del resultado, si se podía analizar y reflexionar sobre hechos graves que ocurrieron en las elecciones según el magistrado Reyes Rodríguez, “el uso y manipulación de los programas sociales para beneficiar a Morena, la intervención del crimen organizado, el quiebre de las condiciones de equidad con las conferencias mañaneras y la intervención del presidente de la República, los gobernadores y sindicatos”
Como en otros tantos episodios de la historia mexicana, se construirán dos narrativas en torno a la elección presidencial del 2024, los que alzaron la voz para señalar que el proceso electoral no se llevó en condiciones plenamente democráticas, señalando las irregularidades que afectaron el desarrollo de la contienda; y por otro lado, estarán los que prefirieron callar y ceñirse ante el poder político por conveniencia o por presión, cuando su labor es señalar y dejar constancia sobre lo que se debe de mejorar, al final la historia colocará a cada quien en la posición que le corresponde.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
