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Un debate con muchas imprecisiones: La Suprema Corte ¿en jaque?
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Acalorado, intenso e impreciso ha sido el debate sobre la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que en los últimos días ha sido catalogado como un ataque a la división de poderes y a la autonomía del Poder Judicial.
Por ello, es que el propósito de la columna de esta semana es realizar algunas precisiones a título personal para tratar de esclarecer un poco dicha controversia.
Empecemos:
Lo primero que debemos preguntarnos respecto a este tema es: ¿Desaparecerlos es un atentado contra la independencia del Poder Judicial y contra la división de poderes?
La respuesta concreta es NO, y en ese sentido no podemos caer en el error de creer que desaparecerlos atenta con la independencia y con la división de poderes ya que la iniciativa en sí no plantea la desaparición de facultades y/o atribuciones al Poder Judicial para efecto de trasladarlas a otro poder o bien, a otra autoridad. (aún)
Dicho esto, tenemos que entonces, la verdadera pregunta no radica en autonomía e independencia, sino en prestaciones laborales y por ende lo que deberíamos de estarnos preguntando es: ¿La desaparición de los fideicomisos desaparecerá a la par prestaciones laborales? Desde un punto de vista estrictamente legal, tenemos que decir que la respuesta es NO.
¿Por qué no? Bueno, en primero lugar, porque, según la Auditoria Superior de la Federación, en 10 años la gran mayoría de los recursos de esos fideicomisos no se ha utilizado.
Es decir, el Poder Judicial de la Federación ha cumplido mayormente con el pago de las prestaciones de sus trabajadores al margen de los fideicomisos, esto a tal grado que el 95% de las pensiones del Consejo de la Judicatura y el 90% de las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han pagado con gasto ordinario, no con los fideicomisos.
En segundo lugar, todas esas prestaciones simplemente no pueden desaparecer ya que estas integran el salario de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y en ese orden de ideas, con o sin fideicomisos, el patrón está obligado a continuar realizando el pago de ellas puesto que derecho laboral adquirido, no puede ser rescindido.
¿Es cierto que todas estas prestaciones están destinadas a privilegios superfluos? No necesariamente, hay ciertas cantidades de dinero que están dirigidas a cosas sumamente necesarias y justificadas tales como la seguridad de los jueces y magistrados, la cual no puede pasar a segundo término, mucho menos en el contexto de inseguridad en el que vivimos inmersos actualmente y que hace fundamental salvaguardar la seguridad e integridad de los integrantes de los órganos garantes de justicia.
Por otro lado, creo que es importante precisar que el Poder Judicial de la Federación es el único órgano profesionalizado y cuya estructura garantiza que éste esté integrado (en su mayoría) por profesionistas preparados, actualizados y competentes, a quienes ciertamente se les debe de garantizar un salario competitivo como retribución por su contribución a mantener el estado de derecho.
Y este aspecto, es uno que no debemos de perder de vista ya que uno de los principales problemas que enfrenta el servicio público es la falta de salarios competitivos.
¿Por qué es importante este problema? Esto es así porque en la medida en la que no se garanticen salarios competitivos, la fuga de cerebros a la iniciativa privada (que sí los garantiza en mayor proporción que el sector público) continuará generando que el sector público pierda mentes valiosas y que, por lo tanto, la creación de soluciones a problemas públicos se estanque.
Pero visto desde otra perspectiva: ¿Es excesivo que a un funcionario del Poder Judicial de la Federación se le paguen $90,000.00, cada 4 meses para compra de ropa? Semánticamente hablando, en un país con índices de pobreza como el nuestro y con salarios tan bajos para la base de trabajadores que integran la clase media, claro que es un exceso y vale la pena analizar dicha prestación, entre otras que no mencionaré.
En medio de la acalorada controversia sobre la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, es imperativo discernir entre la protección de su independencia y la necesidad de revisar ciertas prestaciones. Es innegable que la autonomía del Poder Judicial debe ser salvaguardada, ya que es un pilar fundamental de nuestra democracia. Sin embargo, esto no significa que estemos exentos de cuestionar y replantear ciertos beneficios otorgados a sus funcionarios.
La integridad y competencia del Poder Judicial son esenciales para mantener el estado de derecho en nuestra sociedad. Garantizar salarios competitivos es un paso crucial para retener y atraer a profesionales altamente capacitados. No obstante, también es vital que dichos recursos se administren de manera responsable y que las prestaciones estén alineadas con las necesidades reales, evitando excesos que resulten desproporcionados en el contexto socioeconómico actual.
Defender al Poder Judicial no significa inmunizarlo de la rendición de cuentas y la reflexión crítica. Al contrario, implica fortalecerlo al cuestionar de manera constructiva y buscar mejoras que lo hagan más eficiente y accesible para la ciudadanía. En última instancia, la vitalidad de nuestra democracia depende de un Poder Judicial fuerte, transparente y conectado con las realidades de la sociedad a la que sirve.
Además, es esencial reconocer que la ciudadanía juega un papel fundamental en este proceso. El Poder Judicial, aunque ejerce una función principalmente jurídica, no debe permanecer distante de quienes representa. La transparencia y la comunicación efectiva con la sociedad son herramientas poderosas para construir la confianza en este órgano vital de nuestra democracia. La participación de la ciudadanía en la discusión y el escrutinio de estos temas contribuye a un sistema más robusto y equitativo. Debemos recordar que, en última instancia, el Poder Judicial emana de la soberanía popular y debe reflejar los valores y necesidades de la sociedad a la que sirve.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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