ENTREVISTAS
«Venga del Poder Judicial o del Ejecutivo, un golpe de Estado técnico es un fraude a la Constitución»: Javier Hurtado
Por Mario Ávila //
El Partido Acción Nacional (PAN) lo propuso, luego se arrepintieron, bajaron el punto de acuerdo y hasta la desaparecieron de la Gaceta del Senado, pero ahí quedó el rastro de la intentona de un “golpe de Estado”, mediante la propuesta del senador Julen Rementería del Puerto, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, por la que exhortaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para destituir al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por desacato judicial.
El punto de acuerdo hablaba no solo de la destitución de su encargo y castigar penalmente a López Obrador, por abuso de autoridad, según la iniciativa, lo mismo se aplicaría en contra de del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
El hecho ocurrió en la sesión de la Comisión Permanente del pasado 24 de mayo, pero de inmediato se corrigió el hecho y se culpó del “error” al personal de apoyo de la fracción del PAN. El vocero del grupo parlamentario del PAN, Sergio Ramírez, aclaró que por un error del personal de apoyo fue enlistado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, un punto de acuerdo en ese sentido, sin el aval del coordinador Rementería, y por ello, cuando se detectó, éste ordenó que lo bajaran, ya que él no tenía conocimiento del mismo y tampoco iba a proponer nada en ese sentido.
Incluso para lavar el supuesto “error”, el grupo panista distribuyó una copia del oficio dirigido al presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, en la que el secretario técnico de la bancada blanquiazul, Juan Pablo Adame Alemán, le pide al morenista retirar de la orden del 24 de mayo y de todos los registros.
Por su parte el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador contestó a los panistas sobre su propuesta y en su conferencia de todos los días en Palacio Nacional, López Obrador dijo que no le preocupa el punto de acuerdo que se presentó en el Senado mexicano, porque argumentó que ya conoce a sus adversarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional, así como a la Suprema Corte del país.
Además, López Obrador comparó este intento con lo ocurrido en el año 2005 cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando intentaron desaforarlo por órdenes del entonces presidente panista Vicente Fox Quesada, al no cumplir una sentencia de la SCJN.
“Es como la declaración de non grato (en Perú); no me preocupa, ya los he enfrentado, el desafuero fue eso, se pusieron de acuerdo, se me acollaron el PRI, el PAN, Fox y la Suprema Corte, los enfrenté a todos ellos, ¿quién creen ustedes que me sacó a flote? el pueblo, que es mucha pieza, tuvieron que dar marcha atrás, los conozco muy bien”, expresó.
JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA O POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Pero el hecho ahí quedó registrado y fue analizado para los lectores del semanario Conciencia Pública, por el constitucionalista Javier Hurtado González, ex presidente del Colegio de Jalisco, quien de entrada se refirió así de los autores de la iniciativa: “Son unos irresponsables los panistas, porque si hacen eso, incendian al país, definitivamente, porque entonces sí van a conocer a los ‘chairos’, porque como decía López Obrador, ´que no suelten al tigre’. Ese fue un acto de extrema irresponsabilidad política”.
Se trata, según dijo el académico e investigador de la Universidad de Guadalajara, de una modalidad distinta a los golpes de Estado a los que habíamos estado acostumbrados en la década de los años 70 y 80 en América Latina, que eran estrictamente con el uso de las fuerzas armadas. También es diferente a los que se han registrado en los últimos años en donde se viven dilemas que enfrentan a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Ahora -dijo-, tenemos otra modalidad de golpe de estado, que yo creo que el presidente López Obrador tiene razón de que esté existiendo en México, es una realidad y se está dando mediante una confrontación ya no entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino entre el Ejecutivo y el Judicial, lo que el mandatario mexicano le ha dado en llamar, un golpe de estado técnico o bien podría llamarse un golpe de estado jurisdiccional, es decir derivado de la politización de la justicia, o bien de la judicialización de la política.
Explicó el politólogo Javier Hurtado que este tipo de confrontaciones Ejecutivo vs Judicial, son nuevas, “se trata de que la Corte a través de diversos instrumentos a su alcance, tanto en las leyes o en la Constitución, trata de frenar o paralizar al presidente o de plano hasta destituirlo”.
Por ejemplo -detalló-, en sistemas parlamentarios yo registro el caso de Hungría en donde se dio también un diferendo entre el Ejecutivo y el Judicial. Y en el caso de América Latina en estos momentos se está viviendo eso en otros dos países, es decir tenemos en estos momentos tres golpes de estado, en Colombia y lo que está ocurriendo en el Salvador, en donde el día 1 de mayo el presidente Nayib Bukele, que por cierto tiene una aprobación del 92% convertido en un fenómeno a nivel mundial y con una mayoría sobradísima en el Congreso, destituyó a todos los magistrados del Tribunal Constitucional del Poder Judicial y los acusó de haberle estado obstruyendo el gobierno durante la pandemia, que lo sujetaron de las manos para no enfrentar la pandemia como él hubiera querido y entonces se la cobró en esta nueva elección donde el pueblo le dio amplia mayoría y los destituyó. Y no solamente a los miembros del tribunal, sino que agarró parejo hasta con el Fiscal y los mandó a su casa.
Y a parte de ese, está viviéndose la situación en Colombia -abundó-, donde el presidente Petro atraviesa por una situación que tiende a agravarse porque el poder Judicial le ha anulado triunfos electorales de sus congresistas para quitarle la muy apretada mayoría que tenía en el Legislativo y aparte le destituyó al presidente del Senado al acusarlo de tener doble militancia partidaria, como que si eso fuera causal para ganarse la destitución. Ahí el presidente Petro ha estado diciendo que eso es un golpe de estado técnico, que le quieren modificar la correlación de fuerzas y el proceso está en curso.
Aquí en México -expuso Javier Hurtado-, el presidente de la República vio las decisiones de la Corte como un golpe de estado técnico, el que se hayan otorgado amparos otorgándole suspensiones a los quejosos con relación a las obras del Tren Maya. Pero también si bien el golpe de estado técnico puede considerarse de esta manera, como que el Judicial puede recurrir a argucias legales constitucionales, para obstaculizar, modificar la correlación de fuerzas o hasta quiera llegar a querer destituir al Ejecutivo, como ya lo propuso el PAN.
Y sentenció el politólogo Hurtado González: “Un golpe de Estado técnico, es un fraude a la Constitución, ya sea que lo haga el Poder Judicial o el Ejecutivo. Lo que se está viendo hoy es que en México tenemos esta situación de ida y vuelta, el Ejecutivo manda sus iniciativas de ley anticonstitucionales para ganar tiempo y la Corte le paraliza las obras. Estamos en una situación complicada”.
SÍ AL JUICIO POLÍTICO Y LA ELECCIÓN POR VOTO DE LOS MINISTROS
A manera de conclusión, Javier Hurtado expuso que el Ejecutivo tiene dos caminos para poder ponerle un freno al poder Judicial y a la SCJN, uno es a través del juicio político. “Los pueden destituir y desde cuando deberían haberlos destituido por estar violando la Constitución con el sueldo, esa es una violación abierta, descarada e impune, pero para que prospere tiene que tener dos terceras partes de la Cámara de Diputados; incluso Ricardo Monreal ya sacó la amenaza, pero no van lograr la mayoría requerida”.
Y la otra sería insistir en la elección de los ministros mediante el voto popular. «Esto puede ayudar a que tengas unos mejores ministros, pero no significa que vas a resolver el problema de la impartición de justicia en México, porque esa es multifactorial, y así solo estaríamos atacando el tema del máximo tribunal donde se interpreta la aplicación de las leyes».
«Pero en la procuración de justicia ahí está en primer lugar el Ministerio Público que necesita ser reformado, definitivamente, no podemos continuar así. También entran en luego las policías y las fuerzas armadas. No vamos a resolver el problema de justicia y de impunidad, solo cambiando la elección de los ministros de la corte, por supuesto que no. Pero yo sí soy de esa idea, de que por voto popular se podrían lograr mejores perfiles en la corte de los que actualmente tenemos».
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
Convención Estatal de MC: Asume Mirza Flores dirigencia estatal del partido naranja
Primer informe de labores legislativas de Claudia Salas: «La gente quiere resultados, no pleitos»
Pentágono revela el primer diseño del “Golden Dome”, escudo antimisiles de 175 mil millones de dólares
¿Se acabó la estabilidad en la UdeG?
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
