OPINIÓN
Bilderberg y los designios económicos recientes: La cumbre fue en Washington
Economía Global, por Alberto Gómez-R. //
Los giros más recientes en la economía occidental para tratar de paliar los ya devastadores efectos de la crisis económica en un importante número de países, así como las medidas que están tomando los bancos centrales para tratar de contener las presiones inflacionarias (¿?) coinciden en tiempos y formas con la más reciente reunión del llamado Club Bilderberg.
El Club Bilderberg, una cumbre anual en la que jefes de Estado, poderes ejecutivos, empresariales y mediáticos mayoritariamente de Occidente se reúnen a puerta cerrada en torno a una serie de temas considerados candentes.
Todo un gobierno mundial informal unificado por sus distintas clases dirigentes, como representación de la jerarquización de un mundo actual, en realidad, muy pequeño en su cumbre.
El primer encuentro Bilderberg se realizó entre el 29 y el 31 de mayo de 1954 en el hotel del mismo nombre en Oosterbeek, Holanda. En 1955 hubo dos encuentros, en Francia y en Alemania. En 1956 se desarrolló en Dinamarca.
Los temas tratados en esos primeros encuentros, que contaron con la presencia del patriarca petrolero David Rockefeller, fueron, entre otros: la actitud hacia la Unión Soviética y el comunismo; la actitud hacia la integración europea y la Comunidad de Defensa Europea; la infiltración comunista en países occidentales; las políticas y aspectos estratégicos de la energía nuclear; la reunificación de Alemania; el rol del anti-colonialismo en las relaciones entre asiáticos y occidentales; y una aproximación común hacia China.
Un fundador destacado del grupo fue Joseph Retinger, lobbista de origen judío-polaco, ex asesor del primer ministro del Gobierno de Polonia en el exilio en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, miembro del MI6 británico, promotor de entidades organizativas previas a la formación de la futura Unión Europea, como el Movimiento Europeo, el Congreso Europeo de la Haya y el Consejo de Europa, en las que conoció de manera cercana al entonces delegado Giovanni Montini, futuro papa Pablo VI.
El pasado domingo 5 de junio culminó en Washington D.C., en la mayor discreción, la 68ª reunión del elitista Club Bilderberg.
Tras dos años de impasse tras la emergencia global suscitada por el Covid-19, Bilderberg 2022 contó con la presencia de un nonagenario Henry Kissinger (ya con 99 años a cuestas), y cerca de 120 participantes de 21 países. Los invitados al selecto club incluyeron al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; al rey Guillermo Alejandro de Holanda; al director actual de la CIA, William Burns; al ex CEO e histórico ejecutivo de Google/Alphabet, Eric Schmidt; al presidente y CEO de Pfizer, Albert Bourla; al presidente de la junta supervisora del Deutsche Bank, Paul Achleitner; al presidente de Goldman Sachs International, José Manuel Barroso; a la editora en jefe de The Economist, Zanny Bedoes; a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin; al ex director de la CIA, David Petraeus; al editorialista del Financial Times, Gideon Rachman; al ex director del MI6 británico, John Sawers; al presidente de la histórica banca Wallenberg, Marcus Wallenberg; a la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland; y al presidente ejecutivo del grupo de medios PRISA, Carlos Núñez; entre otros. (perfil.com)
Las reuniones del Club Bilderberg son secretas, no se permite la asistencia de ningún medio de información, periodistas o nadie que no tenga específicamente una invitación para asistir al evento. Durante muchos años la existencia de este grupo fue considerada como una de las “teorías de la conspiración”, pero al pasar de los años se fue evidenciando a través de filtraciones la veracidad de ello a pesar de que se delimita una amplia zona de restricción de acceso donde se llevan a cabo las reuniones, vigiladas por feroces guardias privados y agentes de seguridad de distintas corporaciones internacionales y de inteligencia.
Como para tener una somera idea de los temas de discusión de Bilderberg 2022, los principales tópicos que se filtraron de su temario fueron:
1. Realineamientos geopolíticos
2. Desafíos de la OTAN
3. China
4. Realineamiento del Indo-Pacífico
5. Competencia tecnológica chino-estadounidense
6. Rusia
7. Continuidad del gobierno y la economía
8. Disrupción del Sistema Financiero Global
9. Desinformación
10. Seguridad y sostenibilidad energética
11. Salud pospandemia
12. Fragmentación de las sociedades democráticas
13. Comercio y desglobalización
14. Ucrania
Los temas que se abordan en las reuniones del Club Bilderberg son desdoblados en otros foros internacionales a la luz pública, como el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) de Davos Suiza, en el que se plantean los temas más relevantes en la economía mundial.
La semana pasada, el organismo que coordina los grandes bancos centrales del mundo, el Banco de Pagos Internacionales (BIS), ha pedido que las tasas de interés se eleven “rápida y decisivamente” para evitar que el avance de la inflación se convierta en asunto aún más problemático.
El organismo que coordina los grandes bancos centrales del mundo, el Banco de Pagos Internacionales (BIS), ha pedido que las tasas de interés se eleven “rápida y decisivamente” para evitar que el avance de la inflación se convierta en asunto aún más problemático.
Los aumentos de las tasas de interés desde los bancos centrales no se ha hecho esperar, elevando con ello el precio del dinero, tratando de su valor prevalezca ante un escenario adverso tanto en los hechos como en la credibilidad de monedas como el dólar.
Ante una alta demanda de productos pero con muy baja oferta debido a la crisis actual en las cadenas de suministros y la guerra en Ucrania, los precios de estos seguirán aumentando y, aunado al incremento al costo de los créditos –una medida económica para tratar de contrarrestar dicho incremento- que repercuten directamente en los sectores productivos además de desincentivar el consumo, es poco probable que la subida de las tasas de interés tenga un efecto positivo, al contrario, podría acelerar la llegada de una gran recesión económica, que probablemente haya sido planeada desde las altas élites mundiales.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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