JALISCO
Carrera judicial, la base de la excelencia en impartición de justicia
Por Luis Enrique Villanueva Gómez //
Las autoridades encargadas de la administración de justicia, tienen la obligación de dar cumplimiento a los postulados constitucionales en cuanto a que debe ser pronta, completa, expedita y gratuita, sin embargo, más allá de las estadísticas, reportes, índices y análisis de cumplimiento de esa función, la sociedad tiene una percepción negativa sobre el sistema de justicia y sus juzgadores, al asumirla con desconfianza en sus instituciones y tardada en emitir sus resoluciones, aun cuando reconoce su importancia para la existencia del Estado de derecho como detonador del desarrollo del país.
La calidad de las sentencias y la agilidad en la atención y despacho de los juicios, pasa invariablemente por la preparación y compromiso de la burocracia judicial, componente trascendental del que se desprenden diversas consideraciones.
La carrera judicial, como mecanismo de formación y reconocimiento de funcionarios judiciales, constituye un componente medular y estratégico en todo sistema de justicia en el mundo, virtud a que adicionalmente a su perfil profesional, el conocimiento, el pulso y compromiso humano y el perfeccionamiento de la técnica que proporciona la permanencia del personal en el sistema, no es posible adquirirlo en universidades u otras instituciones académicas.
Debe entenderse como carrera judicial, a la figura que comprende un conjunto de procesos de formación, profesionalización, capacitación y especialización, cuyo propósito es garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, promoción y permanencia en el desempeño de las diferentes actividades que integran la función jurisdiccional.
Busca además que los servidores públicos cuenten con perfiles profesionales permanentemente actualizados para desempeñarse con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, excelencia técnica, sentido del servicio público y respeto a los derechos humanos.
En ese sentido, el Poder Judicial del Estado de Jalisco debe promover el fortalecimiento normativo y asegurar el cumplimiento estricto de la carrera judicial, en la que cada nombramiento, adscripción y remoción de jueces y magistrados, este sustentado en reglas objetivas e imparciales que reconozcan su preparación y continuidad, que les dé seguridad en su empleo y su futuro, lo que traería como consecuencia que pondrían un esfuerzo mayor y más comprometido con la calidad y oportunidad de su desempeño.
Y es que la formación y capacitación de los funcionarios y empleados públicos se encuentra contenido en tres grupos de ordenamientos jurídicos: las normas constitucionales de la Federación y de las entidades; las leyes y decretos expedidos por el Congreso General o las Legislaturas de las entidades, y las normas expedidas por la autoridad administrativa.
En efecto, el fundamento primordial de este modelo, que es poco conocido, esta contenido en la fracción VII del Apartado B del Artículo 123 constitucional, cuyo texto prescribe:“…La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública…”.
Asimismo, incluye dos cuestiones fundamentales: la regulación y defensa de las garantías judiciales, las cuales son cinco: designación, autonomía, remuneración, responsabilidad, y publicidad, así como un régimen eficaz para el ejercicio de los derechos humanos, mismas que se encuentran contenidas, respectivamente, en los artículos 94 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57, 58, 59, 61 y 97 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Como corolario de lo anterior, es de desatacarse que efectivamente en el marco jurídico aplicable se encuentra prevista la necesidad de capacitar y actualizar a todo el personal del Estado de Jalisco, entre ellos, especialmente a los del Poder Judicial, pues de esta forma se desarrolla la capacidad de brindar un servicio de calidad a los gobernados y en beneficio del propio servidor público, pues se allega de herramientas y conocimientos que le permiten lograr un crecimiento laboral personal.
DUPLICIDAD DE INSTANCIAS
No obstante lo anterior, de un ejercicio básico de navegación por internet, es fácil percatarse que tanto los portales web del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia, así como la Ley Orgánica y diversos reglamentos, referentes al tema judicial, señalan diversas comisiones y direcciones, dedicadas a la escuela, capacitación y profesionalización judicial que resultan excesivas y dispendiosas.
El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, cuenta con una Comisión de Carrera Judicial, cuyas atribuciones se relacionan con el ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional; también cuenta con una Dirección del Instituto Judicial y una Dirección de Formación y Actualización Judicial, mismas que pueden ser consultadas en su página web y que realizan ambas las funciones de capacitación del Poder Judicial.
Por su parte, dentro del organigrama del Supremo Tribunal de Justicia, figuran la Comisión Transitoria de Capacitación, Actualización y Profesionalización, siendo su finalidad, permitir la superación y mejora de la técnica jurídica; también cuenta con una Dirección de Estudio e Investigaciones Jurídicas y Legislativas, cuyas principales atribuciones son la capacitación, actualización y promoción del personal; y, por último, se encuentra la Dirección de Escuela Judicial, que es la encargada de preparar y mejorar la calidad de las funciones en el desempeño del trabajo de los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial.
De lo anterior resulta evidentemente que hay una duplicidad de instancias y funciones en cada uno de los órganos reseñados, lo que redunda a su vez en el presupuesto que ejerce el Poder Judicial, destacando además la falta de comunicación y coordinación entre los dos entes, es decir, entre el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia suman cuatro direcciones para la misma función.
Además, la existencia de las diversas instancias que atienden la capacitación y profesionalización provoca que el trabajo de coordinación sea complicado para elaborar programas, proyectos y capacitaciones de calidad, que cumplan con la exigencia y parámetros establecidos en la Ley.
Ejemplo de ello es que la página oficial del Supremo Tribunal de Justicia cuenta con el apartado de Convocatorias, donde existe registro que se han ofertado las mismas maestrías desde el año 2017 en Derecho Judicial y en el Sistema Acusatorio Adversaria.
Mientras que su última actualización respecto a cursos o seminarios, data del 7 de abril de 2014, cuando se ofreció el curso taller para fortalecer las escuelas de Derecho en Jalisco.
De acuerdo con el último informe presentado por el actual presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se encuentran cuatro generaciones de maestría activas, sumando así 107 alumnos (55 mujeres y 52 hombres), 60 de Sistema Acusatorio Adversarial y 47 de Derecho Judicial, lo cual deja de manifiesto que es mínimo el porcentaje del personal que labora en todos los ámbitos del Poder Judicial del Estado de Jalisco que busca una capacitación continua al no ser ésta, una obligación para quienes laboran en dicho poder y su abanico de posibilidades es sumamente limitado.
LOS EGRESADOS
Hasta el día de hoy, han egresado 294 alumnos (173 mujeres y 121 hombres) de las maestrías que se imparten en esta Escuela Judicial, de los cuales 206 son de la maestría en Sistema Acusatorio Adversarial (Juicios Orales; y 82 en Derecho Judicial. Números que se consideran muy bajos tomando en cuenta que el personal que labora tanto en el Consejo de la Judicatura como en el Supremo Tribunal de Justicia supera los dos mil servidores públicos.
Así las cosas, es de advertirse que a pesar del número de departamentos, direcciones, comisiones, personal y gastos destinados fundamentalmente a la capacitación y profesionalización del personal que labora en el Poder Judicial, los cursos, talleres, diplomados y, en general, programas de formación continua, son insuficientes o casi nulos.
Por su parte, en la página oficial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en el apartado de Cursos y Seminarios, se puede apreciar que datan de 2014 y 2017, es decir, el área del Consejo de la Judicatura encargada de la capacitación y actualización del personal tiene un mínimo de 3 años que no actualiza la oferta de cursos o talleres, o en caso contrario, lo que podemos advertir es una constante falla en materia de transparencia, actualización de plataformas digitales y uso de las tecnologías.
Sin embargo, como se aprecia en el portal de Facebook y Twitter, de los más actualizados del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, señala que han existido conferencias y charlas magisteriales en conjunto con otras dependencias, barras y colegios de abogados, pero que se encuentran lejos de lo que el Modelo de Gobernanza Judicial propone, ya que dichas conferencias y pequeños seminarios no cuentan con indicadores de desempeño cualitativo, logros e impacto que en los últimos años han tenido los eventos formativos convocados e impartidos tanto por el Consejo como por el Supremo Tribunal de Justicia, ambos del Estado de Jalisco y sus múltiples dependencias encargadas de la capacitación y profesionalización.
Por los datos aquí señalados, es evidente el derroche de recursos en las diferentes áreas de capacitación, cuya actividad es casi nula; los planes y programas de corto y mediano plazo, contenida en fuentes impresas, electrónicas y redes sociales es insuficiente, ambigua y extemporánea; hay una inadecuada e insuficiente planeación y cobertura de programas y recursos para la capacitación y profesionalización de las distintas categorías y niveles inferiores del tabulador; y, existe una clara y evidente duplicidad de instancias competentes en el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia.
RETOS
En un primer momento lo más importante es contar con un diagnóstico actualizado con las necesidades de capacitación y profesionalización que los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Jalisco necesitan.
Además, el crear el Instituto de Capacitación y Profesionalización del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que englobe todas las direcciones, comisiones y escuela judicial, que en este diagnóstico se han abordado, con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia, trabajen en conjunto, para capacitar a todo el personal judicial, en actualizaciones constantes y formación permanente, para dar respuesta a los nuevos modelos judiciales en los cuales Jalisco muestra un gran rezago y del mismo modo que solo exista una dependencia por órgano.
Impartir cursos de capacitación de aplicación práctica para mejorar los conocimientos y habilidades relacionadas con la función jurisdiccional.
Contar con un sólido grupo de formadores altamente capacitados (entre otros ex jueces y ex magistrados) que repliquen su experiencia desde un enfoque teórico-práctico, centrado preferentemente en estudio de caso.
Generar y actualizar un programa de capacitación y profesionalización en los diversos ámbitos, instancias y modalidades, a partir de programas educativos virtuales, presenciales, semiescolarizados y mixtos, con un desarrollo exponencial de recursos informáticos y aplicativos en inteligencia artificial, este último basado en algoritmos para proyección y redacción de autos, acuerdos y sentencias en línea que aseguren el doble beneficio de garantizar al justiciable la continuidad expedita de la impartición y administración de justicia, aún en casos de grave contingencia, como la que actualmente enfrentamos, al mismo tiempo que se comparte la infraestructura necesaria para asegurar la calidad y la cobertura de los programas formativos dirigidos a los procesos de ingreso, promoción y permanencia para que se de seriedad y continuidad a la carrera judicial en Jalisco.
Por otra parte, urge reformar de la Ley Orgánica y demás ordenamiento judiciales que ordene las diferentes Direcciones, Comisiones y Escuelas Judiciales, para con ello combatir de fondo el uno de los problemas como lo es la duplicidad de instancias, lo cual no permite que se creen programas, cursos, talleres, conferencias, diplomados, que cumplan con la calidad requerida para tener funcionarios judiciales de excelencia que brinden servicio justo y expedito.
La capacitación y profesionalización debe ser integral, no sólo ofrecer cursos y conferencias, que si bien, son importantes, poco aportan a una verdadera capacitación y profesionalización judicial, más cuando no se cuenta con indicadores y métodos de evaluación idóneos.
Debe buscarse que la capacitación sea verdaderamente continua y obligatoria para todos los funcionarios judiciales, por lo menos para aquellos que aspiren a completar la carrera judicial, que por su parte es la base de la excelencia profesional que permitirá tener funcionarios judiciales verdaderamente de calidad que estén a la vanguardia con los nuevos retos tanto digitales, de criterios y aplicación de normas, leyes y reglamentos, porque el derecho es una ciencia cambiante, que se adapta a las nuevas necesidades de una sociedad.
JALISCO
Productores de maíz exigen precio de garantía y advierten posible colapso del campo mexicano
– Por Mario Ávila
Productores de maíz de diversos estados del país se manifestaron este jueves en Expo Guadalajara, sede del Congreso Internacional Agroalimentario 2025, en demanda un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada, freno a importaciones y ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al evento asistió el secretario de Agricultura, Julio Berdagué Sacristán, quién fue testigo del reclamo realizado con pancartas y consignas, exigieron al gobierno un precio de garantía al maíz, ante el riesgo de que el grano se desplome hasta en 4 pesos si se deja al libre mercado, lo que según advirtieron, provocaría el colapso del campo mexicano.
Encabezados por Antonio Lizardi, de la agrupación Amigos por el Campo, los inconformes reclamaron incluso ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y señalaron que se ha incumplido la promesa de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, mientras que el campo enfrenta abandono y precios cada vez más injustos.
Los manifestantes también denunciaron que, pese a la prohibición para sembrar maíz transgénico en México, se sigue importando este grano, lo que genera una sobreoferta que desplaza a la producción nacional.
“Nos dejaron a la deriva de los precios internacionales, donde no somos competitivos; no tenemos seguros agrícolas, las tasas de interés son altísimas, el cambio climático nos golpea desde hace cinco años y ahora permiten la importación de maíz blanco transgénico”, subrayaron.
– Por Mario Ávila
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, otorgó la responsabilidad de presidir la Comisión de Marina al senador de Jalisco , Carlos Lomelí Bolaños.
El legislador jalisciense de Morena sustituye en la responsabilidad al priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, a partir de este jueves 18 de septiembre.
La Comisión de Marina tiene como responsabilidades ratificar nombramientos en la Armada de México, autorizar ascensos en las Fuerzas Armadas y avalar la salida o tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.
Además de agradecer la confianza depositada en él, Lomelí Bolaños, expuso: «Este cargo es un reconocimiento al pueblo de Jalisco y a la lucha colectiva que nos trajo hasta aquí. El mar es riqueza, frontera, trabajo y vida. Desde esta trinchera trabajaré para que nuestras y nuestros marinos, pescadores y comunidades costeras avancen con la justicia social que merecen».
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La Universidad de Guadalajara (UdeG), con más de 360 mil estudiantes, ha sido un pilar de estabilidad en el panorama educativo mexicano durante las últimas décadas, especialmente bajo la influencia de Raúl Padilla López, exrector y figura clave hasta su fallecimiento en 2023.
Sin embargo, las recientes protestas estudiantiles, marcadas por la confrontación y actos de violencia en centros universitarios como el CUCSH, donde encapuchados irrumpieron y dañaron instalaciones de la rectoría, han encendido las alarmas.
¿Estamos ante el fin de esa era de calma que caracterizó a la UdeG? ¿O es este un capítulo pasajero que la rectora Karla Planter, la primera mujer en el cargo, podrá resolver con liderazgo y diálogo?
Las movilizaciones estudiantiles, iniciadas el 10 de septiembre de 2025, recuerdan los turbulentos años 60 y 70, cuando movimientos de izquierda generaron inestabilidad en las universidades mexicanas, marcadas por huelgas, violencia, alta politización y enfrentamientos con autoridades y gobiernos estatales.
Aquella época de confrontación contrastó con el periodo de estabilidad que Raúl Padilla consolidó con su liderazgo, transformando a la UdeG en un referente académico y cultural. Su ausencia ha abierto interrogantes sobre el rumbo de la institución en un contexto de transición y nuevas demandas sociales.
Las protestas recientes, que incluyeron la exigencia de suspender las elecciones del Consejo General Universitario (CGU) y la creación de espacios para el consumo de cannabis, han puesto a prueba la capacidad de la rectora Planter para mantener la gobernabilidad.
En un mensaje claro, emitido este miércoles 17 de septiembre de 2025, la rectora general universitaria respondió con un enfoque conciliador pero firme. Aceptó revisar las demandas legítimas, como mejoras en infraestructura, seguridad y acceso a materias, muchas de las cuales ya están en proceso.
Sin embargo, fue contundente al rechazar propuestas que considera inviables o perjudiciales, como la suspensión de las elecciones del Consejo General Universitario (CGU), que calificó de ilegal por violar los derechos de la comunidad universitaria, y la tolerancia al consumo de cannabis en los campus, argumentando que la universidad debe priorizar la salud y el bienestar de los estudiantes.
Además, Planter advirtió contra la intervención de actores externos que podrían estar manipulando las protestas para fines políticos, un riesgo que ella se comprometió a evitar. “No permitiremos que actores ajenos se aprovechen de las causas legítimas de nuestros estudiantes”, afirmó, subrayando su compromiso con un diálogo abierto, pero dentro del marco normativo de la UdeG.
Esta postura refleja una intención de equilibrar la apertura a las demandas estudiantiles con la defensa de la autonomía y la estabilidad institucional. El manejo de esta crisis será determinante para el futuro de la UdeG.
La rectora, quien asumió el cargo el 1 de abril de 2025, se ha destacado por su trayectoria académica y su enfoque en la igualdad y la inclusión. Su elección marcó un hito al ser la primera mujer en liderar la institución en sus 232 años de historia, y ahora enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo en un momento de tensión.
Las protestas, aunque legítimas en algunos puntos, han incluido episodios de violencia, como los ocurridos en el CUCSH, que podrían escalar si no se gestionan con cuidado. La pregunta central es si estas movilizaciones son un síntoma pasajero o el preludio de una inestabilidad prolongada, similar a la de décadas pasadas registradas en otras universidades del país, donde los paros y las huelgas generaron mucho daño a la educación superior de México.
La respuesta dependerá de varios factores: la capacidad de Planter para canalizar las demandas viables, la voluntad de los estudiantes para dialogar dentro de los cauces institucionales y la habilidad de la universidad para evitar que intereses externos desestabilicen su comunidad.
La UdeG no es ajena a los retos, pero su historia reciente demuestra que puede superarlos con liderazgo firme y un compromiso con su misión educativa.
UN FUTURO EN JUEGO
La UdeG está en una encrucijada. Las declaraciones de Karla Planter muestran una disposición al diálogo, pero también una línea clara contra propuestas que comprometan la integridad de la institución. Si las demandas estudiantiles encuentran eco en soluciones concretas y la comunidad universitaria opta por la vía pacífica, la estabilidad que ha caracterizado a la UdeG podría mantenerse.
De lo contrario, el riesgo de una escalada de tensiones amenaza con revivir los fantasmas de las épocas de confrontación. La rectora, con su visión de una universidad más igualitaria e incluyente, tiene la oportunidad de forjar un nuevo capítulo de unidad.
– Por Francisco Junco
En el marco del Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco, la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, que preside Dolores Patricia Alvarado, entregó la presea La Paz hecha a mano.
El reconocimiento busca visibilizar proyectos comunitarios que fomentan la convivencia pacífica, la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa.
Entre las galardonadas se encuentra Cointa Sotomayor Reyna, distinguida por su proyecto Clan de Abus Excursionistas de Jalisco, iniciativa que promueve el derecho al esparcimiento y la vida plena de mujeres adultas mayores mediante viajes y actividades culturales, fortaleciendo con ello la convivencia pacífica y la participación activa.
También fue reconocida Josefina Acosta Rivera por su proyecto de arte por la paz Bodypaint en mujeres y hombres que luchan contra el cáncer de mama.
La iniciativa utiliza el arte corporal como herramienta de resiliencia, dignificando la vida de las personas que enfrentan esta enfermedad y proyectando un mensaje de esperanza y fortaleza.
La presea fue entregada igualmente a Liliana Pascual Bautista por su contribución a la paz a través de la confección del rebozo, símbolo de identidad, resistencia y memoria colectiva.
Su trabajo rescata la tradición textil mexicana como vehículo de cultura, dignidad y esperanza.
Otra de las galardonadas fue Epifanía Rosas Antonio, quien impulsa el proyecto Huipiles de mi pueblo. Esta propuesta resalta el arte textil indígena como un acto de resistencia e identidad, al tiempo que fortalece la economía de las artesanas y empodera a las comunidades a través de la revaloración de su patrimonio cultural.
También, el artista Enrique Chiu recibió el galardón por su proyecto Corazón Migrante, una obra de arte por la paz que busca recordar que la humanidad trasciende fronteras.
Con su propuesta, promueve el diálogo y la solidaridad, subrayando la necesidad de construir un mundo más justo e inclusivo.
Productores de maíz exigen precio de garantía y advierten posible colapso del campo mexicano
Designan al senador Carlos Lomelí presidente de la Comisión de Marina
Pentágono revela el primer diseño del “Golden Dome”, escudo antimisiles de 175 mil millones de dólares
¿Se acabó la estabilidad en la UdeG?
