OPINIÓN
Créditos quirografarios a corto plazo: Las deudas agobian a Jalisco
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
A los jaliscienses nos ha llovido en nuestra milpita. Ya no es el problemón de la pandemia que, siendo un mal universal, nos flagela particularmente: muchísimos son los hogares donde el luto, es el común denominador gracias a esa letal calamidad.
Lamentablemente, a esa formidable tribulación se le suman otros temas que son problemas de tal magnitud, que por decir lo menos, nos quitan el sueño: la inseguridad, la corrupción, las adicciones, el enorme adeudo del gobierno, la agresiva cuesta de enero y por si fuera poco, los forcejeos entre el gobernador con la universidad oficial y el presidente, el incumplimiento de promesas políticas y como cereza del pastel, los altercados entre diputados locales y las riñas que sostienen algunos munícipes tapatíos.
Para acreditar que la droga, los adeudos y las argucias nos agobian, comentaremos tres sucesos. En reciente sesión del Senado de la República, se enfrascaron en aguerrido debate varios miembros de la Cámara Alta, destacando en el enfrentamiento los senadores Clemente Castañeda, jalisciense de Movimiento Ciudadano (MC) frente al morenista César Cravioto Romero, que suple al titular Martí Batres, hoy por hoy, hombre fuerte del equipo de Claudia Sheinbaum en la ciudad de México.
Todo se generó por la irregular Comisión especial creada en la trastienda de la ley, por el instigador Dante Delgado y su colega Ricardo Monreal, quienes dolidos por la detención de un colaborador senatorial muy amigo de ambos, se lanzaron contra el gobernador jarocho Cuauhtémoc García; la Comisión de marras se conoce como de Veracruz y dijeron sus auspiciadores que, “era para investigar irregularidades y atropellos” que en ese Estado se cometen, y hasta amenazaron con llegar a la desaparición de poderes. Los correligionarios del mandatario veracruzano se unieron y echaron abajo, por ilegal, la mentada Comisión.
Ante ese hecho, tanto Dante Delgado como Clemente Castañeda se alteraron. Y ello ocasionó que el senador Cravioto les dijera que, si tan celosos de la ley son, porque no creaban Comisiónes para investigar hechos graves, que se registran en Guanajuato, Tamaulipas, y de pilón “el narcoestado de Jalisco”. Esta alusión enchiló a Clemente Castañeda, que ya sabemos, es un incondicional del gober Alfaro Ramírez; por lo tanto, le devolvió la pedrada a Cravioto, diciéndole que los problemas del país se deben al mal gobierno de MORENA y que ellos, los senadores morenistas, solapan a un gobierno corrupto. Entonces Cravioto anunció que invitará a los periodistas de Jalisco, que han sufrido el autoritarismo imperante, especialmente en la Perla de Occidente, para probar lo que sostiene: que en nuestra Entidad, hay droga por todos lados, incluyendo al gobierno.
Dejando el asunto de los narcos, leemos en el diario NTR de Guadalajara: «El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, volvió a contratar deuda. Al comenzar 2022, su administración dispuso de un crédito quirografario, o de corto plazo, por 600 millones de pesos (mdp). En los últimos dos años, el gobierno estatal ha adquirido siete adeudos de este tipo, los cuales suman 2 mil 900 mdp. El argumento para adquirirlos ha sido falta de liquidez».
Aunado a los créditos quirografarios, el Congreso del Estado le autorizó al Poder Ejecutivo dos megadeudas de largo plazo en 2019 y 2020: la del primer año fue por 5 mil 250 mdp y la del segundo, de 6 mil 200 mdp, con lo que Enrique Alfaro se ha convertido en el gobernador que más ha endeudado a Jalisco”. (Sonia Serrano Iñiguez, NTR, 4-02-2022). Al respecto, siempre se nos dijo que no gastar más de lo que se tiene de ingreso, es lo correcto; al respecto, el otrora candidato al gobierno del Estado, en su campaña aseguró que no endeudaría a Jalisco. Bien dicen que “prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila.” Ojalá nunca lleguemos a decir, “debo no niego, pago no tengo”, porque entonces tendremos fama de “drogueros”.
Una noticia que atrajo la atención de los habitantes de nuestro (a pesar de todo) hermosísimo Estado, fue la renuncia del Fiscal General, Gerardo Octavio Solís. La verdad es que eso ya se esperaba desde hace muchos meses, por su desempeño sin buenos resultados; sin embargo, el tozudo respaldo del gobernador impidió que el ahora exfiscal se fuera. Pero la cuestión no para en esa renuncia, sino en como se nombró al sucesor. Porque el ejecutivo lo propuso y con su aplanadora naranja en el Congreso local, con la adición de sus aliados panistas y priístas, más la suma de un diputado verde, alcanzaron la cifra mágica (27 votos) y se salieron con la suya.
El problema mayor es que desde que se emitieron reformas a la Constitución estatal, se estableció que la Fiscalía General (que sustituyó a la antigua Procuraduría de Justicia) sería un organismo autónomo, según previene el artículo 53, párrafo tercero: “La Fiscalía General del Estado es un Organismo Público Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios”. Y sigue diciendo ese numeral en su párrafo quinto, que, el nombramiento del Fiscal General, sería de una terna que propondría el Ejecutivo; y si de ésta no se escogía a dicho funcionario, se enviaría otra terna, y finalmente, si no se elegía en el plazo establecido, por la vía de insaculación se elegiría al Fiscal General.
Pero como solemos expresar los mexicanos, “para las leyes, las muelles”, y se sacaron los diputados (claro, por indicación de su jefe real) un transitorio que suspendió la vigencia de lo relativo a la Fiscalía General. Y aunque pusieron en ese entonces (diciembre de 2018) un punto para que esas reformas entraran en vigencia, resulta que cuando se emitió la Ley Orgánica de la Fiscalía, asentaron de nueva cuenta otro transitorio que alargó la triste situación de no entrar en vigencia la reforma; dice así la malhadada disposición: “Las modificaciones dispuestas en el presente decreto, no son las suficientes y necesarias para el cumplimiento y la implementación correspondiente, conforme los supuestos establecidos en el artículo Tercero Transitorio del decreto legislativo 26408/LXI/17, publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” en su edición de fecha 18 de julio de 2017, mediante el cual se reformó la Constitución Política del Estado de Jalisco, por lo que la reforma a los dispositivos que se citan en dicho artículo permanecen sin iniciar su vigencia”. Así pues, se cumplió el principio gatopardiano de reformar para seguir igual.
En conclusión, entre la droga, las deudas y las argucias, y desde luego, los políticos que tienen la sartén por el mango, nuestro Jalisco vive una situación de agobio que confiamos, no dure demasiado, para bien de las instituciones y personas que lo habitamos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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