OPINIÓN
De Salinas-Fox-Calderón a Lilly Tellez: La penosa manía de mostrar el cobre
Opinión por Pedro Vargas Ávalos //
En todos los ámbitos es frecuente que las personas dicen una cosa y cuando actúan, hacen otra. La gente que está al tanto de esas conductas, suelen exclamar que esos individuos, “mostraron el cobre”.
La frase tiene innegables raíces mexicanas: se asegura que surgió, porque siendo el país rico en plata, cuando un minero buscaba este valioso metal, y en vez de él encontraba cobre, la decepción era tremenda. De allí deriva que, al desengañarse uno de cualquiera persona, ésta lo que hace es “mostrar el cobre”. A veces la expresión registra ciertas variaciones, como la de “enseñar el cobre” o la de “sacar el cobre”, que a final de cuentas significan lo mismo: que alguien saca a relucir mañas o actitudes que escondía, y, por tanto, no sabíamos las tuviese.
Esas maneras de ser, suelen ser muy condenables, especialmente si las ponen en práctica los políticos, los servidores públicos, los empresarios, los intelectuales, los periodistas, y en general todo sujeto instruido o importante.
Entre los políticos es muy común que muestren el cobre. Y la gente suele concluir lacónicamente que esos personajes mentirosos, operan así porque “son políticos”. En pocas palabras, para el grueso de nuestro pueblo, los políticos son embusteros por sistema. Pero no se crea que solo tales tipos tienen tal calificación; también suele considerarse como mendaces habituales, a los potentados y a no pocos pensadores.
Entre los que viven del presupuesto, políticos y servidores públicos, como botones de modelo podemos citar a expresidentes como Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o políticos como Roberto Madrazo, Ricardo Anaya, Gabriel Quadri, Lilly Téllez, Germán Martínez y para no alargar demasiado la lista, cualesquiera de la veintena de exgobernadores de Estado, que unos en la cárcel y otros muy bien escondidos, gozan de tal evaluación y por sus abusos, cabalmente podemos afirmar que “mostraron el cobre”.
A Salinas, por la serie de atropellos que cometió, se le bautizó como “el villano favorito”, e incluso cientos de diputados y políticos priístas, pidieron hace muchos años, que se le expulsara de su partido; pero casi todos los tricolores de ese tiempo eran lobos de la misma loma, por lo que nada le hicieron.
Fox, el ignorante y frívolo mandatario que decepcionó a los mexicanos, ha sido catalogado como el “vendepatrias”, y como botón de muestra se recuerda su “Cenas y te vas”, que en la reunión cumbre de Monterrey (marzo de 2002) vergonzosamente le dijo a Fidel Castro, todo para no enojar a W presidente de Estados Unidos, y sumiendo a México en delicada crisis con la isla caribeña.
Calderón tiene motes a Dios dar. Desde que llegó al poder por una elección truculenta (haiga sido como haiga sido), luego su afamada gasolinera que terminó en impúdica barda; enseguida la estela de luz que significó carretadas de inversión y mentiras, y finalmente, su infame “guerra “contra el narco, que ensangrentó a la nación (de allí su apodo de “comandante Borolas”), sin mencionar su afición etílica, hizo que le llamaran “el licenciado del fraude”.
De Peña Nieto, el portaestandarte del nuevo priismo, se le sentencia como el “mandatario de la corrupción”. Y de su correligionario, Madrazo Pintado, se dice que fingía hasta cuando pensaba, no solo al hablar; y dio un tremendo ejemplo cuando participó en el maratón de Berlín (septiembre de 2007), donde alteró el tiempo y dizque un primer lugar de llegada, por lo que fue expulsado.
Del excandidato presidencial panista Anaya, señalado por sus mismos afines por enriquecimiento ilícito en Querétaro, y luego señalado como “maiceado” para respaldar la reforma de Peña Nieto en 2013, por lo que ahora anda prófugo, por relación con su apellido se le dice peyorativamente “canallín”.
De Quadri, ahora diputado panista, la verdad son muchos los casos en que “enseñó el cobre”. El más elocuente y lamentable, fue cuando sostuvo: “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería…potencia emergente”. (twitter de 11 de enero 2019). Este señor es pues, “Lord falacia”.
De María Lilly del Carmen Téllez García, alias Lilly Téllez, se sabe por todo mundo que logró ser senadora por el respaldo que le dio el actual presidente del país. Por ello MORENA la postuló y tras el triunfo electoral, se sumó inicialmente a la bancada senatorial guinda, de la que defeccionó por sus ideas conservadoras, dejándola para según dijo ser independiente, lo cual rompió en pocos días y se afilió al grupo blanquiazul, desde donde ha criticado acerbamente al mandatario, de quien ahora afirma nunca recibió apoyo. Además, se hizo célebre por una ambulancia que prometió en Ures, Sonora, en 2005, y nunca la entregó; en 2021 lo hizo, echando la culpa a MORENA por la tardanza; como el vehículo resultó ser usado, se le denominó a la senadora, “Lady Chatarra”.
Parecido a la anterior, es el senador Germán Martínez, exlíder del panismo en tiempos de Felipe Calderón, y luego sumado en 2018 a las huestes lopezobradoristas, arribó a la Cámara Alta. Se le distinguió como director del IMSS y a unos meses dimitió; ahora se salió de la bancada morenista y liderea una micro alianza de 5 senadores, desde donde se ha lanzado contra el presidente y la Cuatro T. Es pues taimado y por ello, enseña el cobre cada que puede, de donde se le apodó “el renegado”, pues desertó del calderonismo, traicionó al panismo y ahora mal paga a quien le tendió la mano.
De la hornada de gobernadores de estados de la república, todos con el común denominador de ladrones y arbitrarios, mejor ni hablar porque ocuparíamos un volumen para ello. Pero es del dominio público, tanto lo que perpetraron para enriquecerse indebidamente, como la serie de actos desmedidos que los caracterizaron en sus períodos de gobernantes, o sea: sacaron el cobre.
Finalmente señalaremos como ejemplo de los acaudalados, al dueño de TV Azteca y otros grandes negocios, que a diario da motivos para “mostrar el cobre” por sus modos impropios de conducirse. Y entre los “instruidos”, tomamos como prototipo el caso de Denise Dresser, la comentarista que se expresó en días pasados, de manera impublicable, por lo soez y obsceno, del primer magistrado de la nación. Este solo aludió el hecho, y tras plantear que debería dar disculpas por su vulgaridad, puntualizó: “ahora como son tiempos de definiciones, pues muchos -como Aguilar Camín o Loret de Mola- están mostrando el cobre”.
Así pues, concluimos, que los mexicanos deberíamos esforzarnos por nunca “enseñar el cobre”, y a cambio, elevar nuestros debates y mejorar la conducta, para colaborar en la cruzada por afianzar el destino nacional, papel que a todos los que vivimos o nacimos en esta bella república, nos corresponde.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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