OPINIÓN
Desaparecidos sacuden a gobierno alfarista
Columna Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
¡Qué complicado se ha convertido el ejercicio de gobierno!
Hoy más que nunca se requiere además de inteligencia, de una alta sensibilidad y tolerancia. Sensibilidad para atender y ser solidario con la gente que se ha convertido en víctima de la violencia.
Sensibilidad para tener empatía con el dolor que significa la pérdida de un ser querido, de un hijo, hija, hermano, hermana, padre, madre, amigo, amiga…
El pasado viernes frente a Casa Jalisco, donde vive el gobernador Enrique Alfaro, se registró una manifestación en la que participaron familiares de desaparecidos, en especial de Karla y Nayeli. Con los gritos de “abran la puerta” (…) Señor Alfaro, no hay timbre. Tendremos que derrumbar la puerta para que salga usted”, la empezaron a patear. La consecuencia fue que pedazos de madera cayeran, lo que nunca antes se había visto.
¿Cómo gobernador qué le dices a una madre que grita con dolor e impotencia que se localice a su hija que no aparece? ¿Hizo lo correcto el gobernador de ignorarlos? ¿Quién debió atenderlos? ¿El Fiscal General del Estado? ¿La Fiscal para desaparecidos?
¡QUE SALGA ALFARO!
Vemos los videos y escuchamos los gritos de los familiares de los desaparecidos. Son estremecedores. Es el drama que vive el país y se acentúa en Jalisco, producto de esta violencia de décadas y que se hace añeja, que muestra lo que ha pasado y pasa en el país, cuando el gobierno institucional se nos va de las manos.
A Alfaro le toca ahora enfrentar estos problemas de la crudeza del dolor que sienten a quien le han arrebatado a un familiar. Hoy como gobierno le toca recibir los reclamos, que le exigen que encuentre a Nayeli, quiso ser gobernador y ahora tiene la obligación de responder. Los discursos para llegar a ser gobernador se le acabaron. Es hora de ofrecer resultados.
“¿Qué salga Alfaro? ¿Cuánto tenemos qué esperar? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez años? ¡Qué salga Alfaro! Nosotros no necesitamos de representantes…allí está la madre de Nayeli que no puede ni hablar…allí están los hijos de Nayeli, no queremos representantes, exigimos que aparezca Nayeli. ¿Debemos esperar a que desaparezcan nuestros hijos para unirnos a una causa?”
“No venimos a pedir un favor, venimos a exigir…¿Dónde está Nayeli, carajo? ¿Y dónde está Karla? ¿Y dónde están todas las personas que han desaparecido? Ahora, puedo pedir que levante la mano quién votó por Enrique Alfaro, puede ser que haya alguien que levante la mano y votó por él…Alfaro, tu no desapareciste a Nayeli pero es tu obligación buscarla, no puedes estar viviendo aquí sin hacer un carajo , sal y da la cara…”
Alfaro ni nadie de su equipo salieron, no hubo atención ni diálogo. Dicen que dos Secretarios atenderían a los manifestantes, pero no lo hicieron por la forma como se comportaron los quejosos. ¿Y por qué se tardaron tanto tiempo para escucharlos? -Preguntamos-.
¿VANDALISMO ORQUESTADO?
En forma por demás extraña llegarían varios sujetos con el rostro tapado que se dedicarían a cometer actos vandálicos, pintas en las paredes, actos muy reprobable, de los cuales las ONG’s participantes se deslindaron, aunque el jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, Hugo Luna, calificaría de “barbaridad”, como culpando a los familiares de desaparecidos de este tipo de actos que no dejan de ser recriminables y los mal pensados comentan que podría tratarse de un teatro armado producto del maquiavelismo para bloquear manifestaciones en Casa Jalisco.
Recordemos que en la anterior manifestación que se organizó en Casa Jalisco por el asesinato de Vanesa Gaytán Ochoa, Enrique Alfaro salió y habló con las manifestantes. Los reclamos y gritos se hicieron presentes. Alfaro las escuchó unos momentos y les aclaró que no quería pelear. Vaya que le batalló para aguantar los gritos y la forma como se lo plantearon. Su lenguaje corporal decía mucho del fuego que por dentro lo consumía.
Pero en esta ocasión prefirió ignorar a los manifestantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué tanto valor le da a los desaparecidos? ¿Dónde está esa forma diferente de hacer política? ¿Dónde está ese líder sensible que tiene el talante de escuchar a los gobernados?
EL COMUNICADO
Después el área de comunicación del Gobierno de Jalisco elaboraría un comunicado, con un recuento de reuniones y acciones de esta administración para la atención a los desaparecidos, pero el daño ya estaba hecho cuando no se quiso dialogar con los familiares de Nayeli y Karla
EL INFIERNO
Muy dramático lo que allí se vivió y que puede tener diversas interpretaciones. Hemos visto los debates en las redes y las recriminaciones que han recibido dos diarios locales por haber llevado la palabra “vandalismo” a sus portadas a quienes les echan en cara estar al servicio del Gobierno de Jalisco. El vandalismo existió, no podía pasar por alto. Son los hechos. Y no se justifica que las protestas terminen en actos vandálicos.
Está la posición que asume Hugo Luna, que no se distingue precisamente por el diálogo constructivo y la tolerancia. Su fama de dar manotazos y descalificar a tirios y troyanos crece, pero es el gurú del señor Alfaro. Su asesor de cabecera.
La espiral violenta que golpea a Jalisco va creciendo, basta advertir los cuerpos descubiertos en fosas clandestinas en diversos puntos de la metrópoli. Son desaparecidos. El Gobierno (federal-estatal-municipal) se ve desconcertado ante este poder destructor del crimen organizado.
Y el tiempo pasa, el reloj avanza. La exigencia cada vez es mayor para el gobierno actual que se comprometió a cambiar la historia, de regresar la paz a Jalisco.
El tema de los desaparecidos está desbordando al Gobierno de Jalisco. Hace crisis.
E-mail: gabriel.ibarrabourjac@gmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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