OPINIÓN
Educación en crisis
Entre Nos, por Alfredo Ponce //
Llegó el momento de regresar a clases y se ha convertido en una verdadera charlotada, la realidad, es que sin ser culpa de nadie, el coronavirus nos impacta en todos los asuntos del diario. Nadie estaba preparado para enfrentar la crisis del 2020 y esto incluye los asuntos de educación. Aparentemente, iba a ser muy fácil transmitir por la televisión las clases, pero se les olvidó que hay muchos hogares de México, que no cuentan con un aparato y peor tantito, mas de 20 millones de compatriotas ni siquiera tienen luz eléctrica en su casa, entonces, ni como conectarnos.
También se pensó que sería fácil que se transmitiera por internet, pero una cosa es que 80 millones de mexicanos usemos internet y otra que cada estudiante en México tenga un dispositivo para conectarse. Como siempre, especialmente salen afectados los que menos tienen. Las familias que tienen 5 hijos y no tienen ni siquiera una computadora, es mas, no tienen ni siquiera, la seguridad de que el día de hoy tendrán comida en la mesa.
Especial problema para las amas de casa, que tienen tres niños en la escuela y que tienen que estar ayudándoles a todos al mismo tiempo a hacer sus labores y lo peor es que algunos, por no decir casi todos los padres, no están preparados ni académicamente, ni emocionalmente, para tener la paciencia de estar apoyando a la educación de los niños.
Parece que por mas que planearon las autoridades de educación, no le encontraron la cuadratura al círculo, como decía Leonardo Da Vinci. Hay que partir de bases sólidas y aquí la base es que estamos en una crisis, que nos va a hacer sufrir y perder en muchos aspectos. No podemos pretender que los objetivos de la educación sigan iguales.
La educación, como la economía, como la salud y como todas las áreas de la vida, van a salir perdiendo y en este caso, el planteamiento debería ser, perder lo menos posible.
Deberían de haber pensado en la teoría de los 20. Sería muy fácil dividir cada grupo escolar en cinco partes, es decir el 20 por ciento, por ejemplo, un salón de clases que tenga 50 alumnos, se divide en 5 grupos de 10 y cada uno de estos grupos acude un día de la semana a recibir clases, a que sea instruido en la auto enseñanza, a que se le repartan objetivos a cumplir y tareas a realizar y estas deberían de presentarse la siguiente semana.
De esta manera, el siguiente día, se ve a los siguiente 10 alumnos y así sucesivamente. Con este modelo respetamos las sanas distancias y cambiamos el objetivo de informar y apadrinar la enseñanza, a tutelar y guiar para que los jóvenes mexicanos adquieran mas responsabilidad en sus estudios y al mismo tiempo, les quitamos el estrés a los padres de familia que andan jalándose los pelos, porque no entienden nada de nada, de lo que dicen los maestros. En fin, nuevamente, vemos un esfuerzo fallido por el momento, de ordenar una actividad que es esencial para el crecimiento de un país.
JUICIO A LOS EX PRESIDENTES
Se empieza a alborotar la gallera y parece que se les van a poner las peras a peso, a los ex presidentes. Por andar de bocones, especialmente Calderón y Fox, se les viene una tormenta encima. AMLO, ha pedido que la gente decida si quieren que vayan a juicio y los mexicanos, ni tardos ni perezosos andan ya recolectando firmas, para completar aproximadamente dos millones de interesados, en que se meta en cintura a los que dejaron cuentas turbias. Por supuesto, que bajo el entendido, que nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo mismo en un tribunal, pero la realidad es que si el rio suena es porque lleva agua.
De Fox, hay muchos pendientitos como las actividades extrañas que realizaban sus hijastros, por ejemplo la relación con un chinito que decía estar amenazado al son de “copelas o cuellos”, solo por mencionar algunas y de Calderón ni que decir, con los hechos claros y contundentes, que su secretario de seguridad estaba jugándole sucio a la nación, trabajando para la delincuencia y el inocente nunca se dio cuenta, así es que por lo menos fue negligente, pero en mala hora le empiezan a aparecer sus milagritos, por ejemplo, el libro de Felipe El Oscuro, escrito por la periodista Olga Wornat, quien fue una de las perseguidas por Felipillo y sus secuaces como García Luna.
De tal manera que la gente anda con la sangre caliente y quiere que por primera vez en la historia, se trate de hacer justicia, cobrándole las cuentas a los que un día juramentaron con la mano en la constitución cumplir y hacer cumplir, haciendo alarde de que en caso de fallar, que la nación se los demande, pues les llegó el tiempo por andar de bocones, a punto está la nación de demandarles, que fueron un fiasco total y unos traidores a la patria, en muchos sentidos, por lo menos, al dejar que sus amigotes se llenaran las bolsas de billetes que deberían de haber sido dirigidos a la justicia social, a la educación, a la salud, al desarrollo agrario y a muchas mas cosas.
Nos encontramos en una semana.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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